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El mito del Tribunal Supremo de EEUU

03/08/2022 | EEUU
El mito del Tribunal Supremo de EEUU

Tras la anulación de Roe contra Wade el 24 de junio y las sentencias del Tribunal Supremo que obstaculizan la capacidad de Biden para imponer el Green Deal y el control de armas, los demócratas se plantean cambiar la composición y las reglas del Tribunal Supremo, dominado por los republicanos.

El Tribunal Supremo de EEUU suele presentarse como una institución cuasi sagrada, neutral en la batalla partidaria y guardiana de las esencias constitucionales. El corazón latiente del impulso de los padres fundadores. Su historia, sin embargo, no sostiene el mito. Desde sus comienzos, como no podía ser de otra manera, ha sido al mismo tiempo el objetivo de luchas descarnadas entre las facciones del poder y, frente a los trabajadores, una herramienta vital para imponer los intereses de conjunto de la clase dirigente.

Lucha de clases, Constitución y partidos en el nacimiento de los EEUU

Firma de la Constitución de EEUU en la Convención de Filadelfia

Convención de Filadelfia en la que se aprobó la Constitución de EEUU

En 1801 Jefferson gana las elecciones presidenciales. Fue la primera presidencia demócrata-republicana tras los once años de gobierno federalista de Washington y Adams. Federalistas y democrata-republicanos eran la expresión partidaria de las tensiones entre las clases que habían confluido en la creación de la nación. Tensiones que llegaron a amenazar la firma de la Constitución en 1787.

El documento fundacional original, los Artículos de la Confederación, no permitía al estado federal imponer impuestos, regular el comercio, levantar un ejército, ni establecer un banco central. La Constitución, en cambio, prometía corregir estas lagunas además de establecer un poder ejecutivo y judicial centralizado. Es decir, plantear los fundamentos del Estado estadounidense propiamente dicho.

Los defensores de la Constitución pensaban ya en la lógica de un gran mercado único de dimensiones equivalentes a los grandes estados europeos. Estaban vinculados al capital bancario y a los intereses manufactureros y mercantiles.

Los opositores, que defendían la soberanía de cada una de las antiguas colonias, estaban por contra unidos a los entonces pujantes mercados locales. Representaban a la pequeña burguesía y los pequeños propietarios agrícolas que no participaban de las grandes rutas comerciales.

Los plantadores esclavistas, que producían para la exportación pero se veían tentados por la perspectiva de la apertura de un mercado nacional norteamericano, estaban divididos entre los que apoyaban la Constitución y los que no, aunque en su mayoría tendían a oponerse a ella. Intuían ya las contradicciones que se generarían inevitablemente entre el desarrollo industrial norteño y sus propios intereses, que acabarían en la guerra civil. Guerra que de hecho sería una guerra de secesión, un movimiento independentista que atrincheraría a la burguesía esclavista tras la soberanía de sus estados como forma de defenderse de la formación de un verdadero mercado nacional, que exigía el fin de la esclavitud.

Los sectores que apoyaron la firma de la Constitución acabarían formando el partido federalista, mientras que las resistencias locales, que condicionaron su apoyo a que la Constitución adoptara una Carta de Derechos, crearían el partido demócrata-republicano alrededor de Jefferson.

Para los demócrata-republicanos, la presidencia era una herramienta para frenar o cuando menos acompasar la aparición de un mercado y una burguesía nacional a los intereses de las clases propietarias locales. Limitar el poder del gobierno federal era la consecuencia obvia y su caballo de batalla establecer la supremacía de los derechos de las instituciones de los estados sobre los del gobierno federal.

Para los federalistas, en cambio, como su proyecto era la creación de un mercado nacional unificado, era de suma importancia establecer un fuerte poder ejecutivo.

La batalla permanente alrededor de la idea de un «gobierno limitado» no tenía nada que ver con la concepción de la «libertad individual» aunque se expresara en ese lenguaje porque era el más útil a Jefferson para suscitar la desconfianza sobre la centralización inherente a todo proceso de construcción [de un mercado] nacional.

En realidad, la retórica de los derechos reflejaba ideológicamente el tironeo constante entre las fuerzas que querían ampliar y homogeneizar las bases políticas necesarias para impulsar la acumulación del capital aumentando la escala del mercado (los federalistas), y la resistencia de las clases propietarias que temían el resultado de perder el control directo sobre la administración colonial que habían arrebatado a la corona británica (republicano-demócratas).

En ese marco, los derechos del ciudadano -es decir del pequeño propietario abstracto- se confundían de forma natural con los derechos de los estados y entraban en conflicto con los del gobierno... federal. Por eso ni a Jefferson ni a ninguno de sus aliados se le cruzó que obreros, braceros o esclavos se vieran cubiertos por derechos ciudadanos.

El Supremo entra en escena

En los primeros años de existencia del estado, tras la firma de la Constitución, el Tribunal Supremo había desempeñado un papel marginal. Se reunía en una sala prestada y se ocupaba sobre todo de cuestiones relacionadas con el transporte marítimo. Pero en 1803, dos años después de que Thomas Jefferson se convirtiera en presidente de los Estados Unidos, una crisis política lo convertiría en la cima del aparato estatal.

John Adams, el presidente federalista que precedió a Jefferson, maniobró a finales de su presidencia para reducir el numero de jueces en el Tribunal Supremo y crear docenas de nuevos puestos judiciales para luego cubrirlos con federalistas.

En 1801 John Marshall, que había sido Secretario de Estado bajo la presidencia de John Adams, se convirtió en Presidente del Tribunal Supremo, el mismo año en que Jefferson se convirtió en el tercer presidente del país.

Marshall se encargó de finalizar los trámites de los nombramientos judiciales, pero cuatro de ellos quedaron en el aire. Cuando Jefferson tomó el poder, ordenó al nuevo Secretario de Estado, James Madison, a rechazar estos cuatros nombramientos. Además, el Congreso, también controlado por el partido demócrata-republicano, inició un proceso de destitución contra los jueces federalistas. Por si fuera poco, en 1802 el Congreso anuló los cambios que Adams efectuó en el sistema judicial.

Acto seguido, Marbury, una de las personas cuyo nombramiento judicial fue rechazado por James Madison, decidió solicitar al Tribunal Supremo un writ of mandamus para recuperar su puesto. El resultado del caso, llamado Marbury contra Madison (1803), fue significativo porque fue la primera vez que el Tribunal Supremo anuló una ley del Congreso.

Es decir, en lugar de hacer una sentencia a favor de Marbury, el Tribunal Supremo dirigido por Marshall decidió utilizar el caso para demostrar su capacidad de contrarrestar el poder del órgano legislativo.

Al mismo tiempo, el Tribunal dirigido por Marshall estableció muchos otros precedentes que reforzaron el papel tanto del Tribunal Supremo como del gobierno federal. Por ejemplo, la sentencia de Martin versus Hunter's Lessee (1816) estableció la capacidad de Tribunal Supremo para imponerse sobre los tribunales estatales y McCulloch v. Maryland (1819) estableció la superioridad del gobierno federal sobre los estados.

Es decir, en una situación en la que los demócratas-republicanos dominaban tanto el aparato legislativo como el ejecutivo, los federalistas reaccionaron maniobrando para controlar y potenciar el corazón judicial del estado. Se trataba de facultar al máximo tribunal del país para reforzar a los bancos y enfrentar la descentralización del país que la presidencia de Jefferson impulsaba.

Fue la primera vez en que el Tribunal Supremo se convirtió en un campo de batalla entre los distintos sectores de la clase dominante.

El Tribunal Supremo hasta el final de la Guerra Civil

Comercio de esclavos

Si Marshall fortaleció el Tribunal para proteger a los intereses de los sectores ligados al partido Federalista, las transformaciones del Tribunal Supremo que se produjeron después de su muerte reflejaron por igual cambios en los equilibrios de poder dentro de la clase dirigente y las cambiantes exigencias del capital nacional.

Después de Marshall, el Tribunal Supremo fue dirigido por Roger Taney. Roger Taney entró en escena después de que el partido demócrata-republicano se dividiera en dos durante la campaña de Andrew Jackson entre Whigs por un lado y Demócratas por otro. Bajo los nuevos nombres se escondía en realidad la misma división presente desde la guerra de independencia. Los Whigs representaban a la burguesía industrial y los comerciantes y los demócratas representaban a los plantadores esclavistas y la pequeña burguesía rural.

Taney presidió el caso Dred Scott contra Sandford, que concluyó que los negros estadounidenses no tienen derechos de ciudadanía, ya fueran libres o estuvieran esclavizados. También es significativo que esta sentencia considerara inconstitucional el Compromiso de Missouri, un acuerdo que limitaba la esclavitud en los futuros nuevos estados que se crearan con la expansión hacia el Oeste a aquellos territorios al Sur del paralelo 36. El Tribunal presidido por Taney consideró que tales limitaciones a la propiedad no podían acordarse políticamente.

Durante toda la presidencia del Tribunal Supremo por Taney, los presidentes del país fueron en su mayoría demócratas. Es más, los presidentes que fueron whigs durante este período son conocidos por su débil liderazgo o incluso por su acercamiento al partido demócrata. Sin embargo, fue también el periodo cuando se formó el partido antiesclavista republicano y que precedió a la Guerra Civil.

Dado que los demócratas dominaban los tribunales, no es de extrañar que Abraham Lincoln y los republicanos adoptaran una estrategia para transformar los tribunales durante la Guerra Civil.

Tampoco es de extrañar que el partido demócrata utilizara a los tribunales para avanzar su contrarrevolución al finalizar la Guerra Civil... Es la época del caso de Plessy contra Ferguson que estableció que la segregación racial era constitucional.

Hay innumerables ejemplos más. Pero el centro no estaba puesto únicamente en el tironeo sobre competencias de estados frente a gobierno federal ni en los privilegios de la burguesía esclavista. Había elementos de consenso como... contener el naciente movimiento de los trabajadores.

El Tribunal Supremo contra los trabajadores

Represión de la huelga ferroviaria de 1877

Represión de la huelga ferroviaria de 1877

Las últimas décadas del siglo XIX y la década de 1900 serán los años de la sindicalización vertiginosa, de las grandes huelgas, del auge de los partidos socialistas y del nacimiento de la IWW... En cada caso ahí estaba el aparato judicial para respaldar e imponer los intereses de la clase dirigente cuando el aparato político cedía demasiado o demasiado pronto ante el movimiento de clase.

Durante todo este periodo los tribunales anularon sistemáticamente las leyes estatales que regulaban el salario mínimo o la jornada laboral máxima. La justificación judicial: tales leyes violan la libertad de contratación, es decir, la libertad del trabajador individual de vender su fuerza de trabajo al precio que le ofrezcan, incluso si no llega al mínimo de subistencia.

Además, el Supremo dejaría pronto bien claro que el ciudadano no tenía libertad para oponerse a la participación del estado en la Primera Guerra Mundial ni a su reclutamiento forzoso. Básicamente, el aparato judicial, con el Supremo a la cabeza, declaraban ilegales los objetivos inmediatos del movimiento de clase.

Además, cuando estalló la Primera Guerra Mundial los sindicatos se pusieron al servicio del reclutamiento y la economía de guerra. Así que tribunales, encontraron apoyo sindical a las nuevas sentencias que derogaban las leyes estatales que fijaban salarios mínimos.

Pero, al entrar en escena Franklin D. Roosevelt, que pretendía acelerar la constitución de un capitalismo de estado con su New Deal, el Tribunal tuvo que cambiar su forma de interpretar ciertas leyes.

Del «New Deal» al aborto, el Supremo creó nuevas «teorías jurídicas» para adaptarse a los cambios que exigía el capital nacional

Roosevelt firma la «Carta Magna del Trabajo»

Roosevelt firma la «Carta Magna» del Trabajo.

Construir un capitalismo de estado capaz de superar los flecos de la crisis del 29 y convertir a EEUU en potencia global hegemónica implicaba homogenizar las condiciones de explotación apoyándose en sindicatos de industria, y establecer la regulación federal de las condiciones de contratación y trabajo.

El Supremo se resisitió. Pero sucumbió a la amenaza de Roosevelt de imponer la jubilación obligatoria de los jueces del Supremo de más de setenta años, lo que le habría llevado a nombrar seis de ellos, así como cuarenta y cuatro jueces en los tribunales inferiores. Nada sorprendentemente, el Tribunal Supremo cambió repentinamente de opinión sobre el New Deal.

De modo similar, durante la guerra fría, el movimiento por los derechos civiles, que se desarrolló sobre todo a través de los tribunales y el feminismo, que articulaba las aspiraciones de las mujeres de la pequeña burguesía se encontraban en un momento en el que sus peticiones de integración y ascenso social eran más que bienvenidas por un capital nacional en transformación.

A lo largo de todas esas transformaciones en las exigencias del capital nacional, los tribunales tuvieron que cambiar su forma de interpretar la ley y descubrir nuevas teorías jurídicas. Por ejemplo, en Roe contra Wade, el Tribunal concluyó que el derecho a abortar no estaba expresamente recogido en la Constitución, pero podía estar amparado por el derecho a la intimidad que ésta concedía.

La Federalist Society y la conquista de los tribunales por los republicanos

Thatcher y Reagan

Nixon, fue el presidente de Roe vs Wade y el Watergate, pero sobre todo el del fin del patrón oro y la crisis del petróleo. Son los años en los que el capitalismo estadounidense empezó a mostrar las primeras vías de agua serias desde el fin de la guerra. Para el fin de la década la recesión está arrasando las industrias señeras del país. Cientos de miles de trabajadores de la automoción pierden sus trabajos.

En 1981 Ronald Reagan gana la presidencia con la promesa de bajar los impuestos para restaurar la economía. También prometió que aprobaría una enmienda constitucional que prohibiera el aborto si fuera necesario.

Fue la época de los Demócratas por Reagan, es decir, de los demócratas que se cambiaron de partido para votar a Ronald Reagan, muchos de los cuales eran trabajadores del sector del automovil del Rust Belt, la megalópolis industrial que incluía centros como Detroit o Pittsburgh.

Los republicanos entendieron que el movimiento contra el aborto estaba impulsando el abandono del partido demócrata por una parte significativa de su base tradicional. De hecho, el movimiento anti-aborto recogía a sectores de la población que no tenían nada en común. Unió a la pequeña burguesía del Sur y a los pequeños granjeros del Norte, a los cuadros corporativos y académicos que sufrían las consecuencias de la discriminación positiva y a los trabajadores que rechazaban la política clasista y racista del movimiento pro-aborto y control de la natalidad, y temían el feminismo por su efecto sobre los lazos familiares y comunitarios de los que dependían para sobrevivir a la crisis.

El discurso de los valores, de Dios y de la sacralidad de la vida, sirvió para cohesionar un discurso que pretendía unificar a todos estos grupos dispares hasta en la religión que practicaban. Y así como los abogados del movimiento por los derechos civiles o del movimiento feminista buscaban ganar casos que les aseguraran visibilidad social, los abogados que se unirían a la derecha cristiana harán lo mismo a partir de los años 80.

La Sociedad Federalista se creó en 1982. Comenzó como una organización estudiantil republicana que agrupaba a estudiantes y a profesores de Derecho. Antonin Scalia era uno de ellos. Las implicaciones y oportunidades políticas eran claras. La Sociedad Federalista empezó a construir una red que promocionaba a los estudiantes republicanos de Derecho en los tribunales.

Si lo conseguían, los estudiantes tendrían garantizado trabajo como abogados y, con el tiempo, algunos ascenderían a jueces, aumentando la influencia republicana en los tribunales.

El Tribunal Supremo durante ese periodo estaba dirigido por Warren E. Burger. Nombrado por Nixon, fue el autor del fallo de Roe contra Wade. Pero con Ronald Reagan como presidente, Roe contra Wade corría peligro de ser anulado.

Reagan desde el comienzo de su presidencia tuvo una política de nombramientos muy agresiva: nombró al mismísimo Antonin Scalia, el profesor de la Sociedad Federalista, juez en el Circuito de la capital. También nombró a Sandra Day O'Connor como jueza asociada. Y en 1986 a William Rehnquist, el miembro más conservador del Tribunal, al que quería para Presidente del Tribunal Supremo. Y entonces llegó el gran momento... en 1986, Ronald Reagan promovió a Antonin Scalia al puesto de Juez Asociado del Supremo.

Sin embargo, no era suficiente. Sobre todo porque Reagan no consiguió nombrar a Robert Bork para el Supremo debido a la feroz oposición demócrata. Así que optó por el republicano moderado Anthony Kennedy. De ahí la reticencia de los jueces a anular a Roe contra Wade mediante el caso Webster contra los Servicios de Reproducción (1989) y la llamada traición de Kennedy en 1992.

Sin embargo, tras el fin de la presidencia Reagan, George H. W. Bush nombró a Clarence Thomas y Samuel Alito para los tribunales de apelación. Los dos eran miembros de la Sociedad Federalista. Cuando el juez William Brennan Jr. se retiró en 1990, Bush nombró a Clarence Thomas juez asociado del Supremo.

El cambio de mayorías siguió lenta e inexorablemente tras la presidencia demócrata de Bill Clinton. Bush jr. nombró a John Roberts, otro miembro de la Sociedad Federalista, como presidente del Tribunal Supremo y ascendió a Samuel Alito al puesto de juez asociado para reemplazar a O' Connor que se retiró. Brett Kavanaugh, otro miembro de la Sociedad Federalista, que más tarde sería nombrado juez asociado bajo Donald Trump, fue nombrado por primera vez bajo George Bush como juez de la corte de apelaciones D.C.

Y cuando Barack Obama entró en escena, acabó nombrando a dos demócratas moderados para el Tribunal Supremo. Además, para esquivar las prácticas de filibusterismo de los republicanos contra los cargos que promovía, cambiaron las reglas de aprobación senatorial para que sólo fuera necesaria una mayoría simple... lo que fue aprovechado después por Trump para convertir a tres jueces de la Sociedad Federalista -Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett- en miembros del Tribunal Supremo.

No es de extrañar que el veredicto de Roe contra Wade acabara siendo anulado. La lucha no sólo consistía en lograr el predominio de los republicanos en los tribunales... sino también en romper la oposición de los republicanos moderados al llenar los tribunales con miembros de la Sociedad Federalista.

El mito del Tribunal Supremo y los trabajadores

Los jueces en general, y los del Tribunal Supremo en particular, son loados por su supuesta imparcialidad. El juez sería una especie de monje con túnica negra que estudia aislado para estar protegido de la influencia contaminante de la política.

Pero, como hemos visto, el Tribunal Supremo, no es otra cosa que un órgano de dirección del estado. Y como tal nunca ha dejado de estar en liza entre las distintas facciones de la clase dirigente y sus intereses. Unas veces es una batalla abierta. Otras veces en una larga guerra de posiciones. La composición del Supremo es el resultado de equilibrios y luchas políticas. Y la tarea del Supremo es una tarea política.

Como el propio estado, el Supremo alimenta el mito de su imparcialidad, pero no hay imparcialidad alguna en servir a la ley. Significa defender activamente el sistema que la produce poniendo por delante sus necesidades en cada momento, equilibrando los intereses contradictorios de las distintas capas de la clase dominante e interpretando el texto legal en función de los intereses de conjunto de la clase dominante en cada momento. En nada de eso los trabajadores son nada más que la masa a explotar y contener.

El Supremo sostuvo la esclavitud mientras fue funcional al primer capital nacional, la condenó cuando después de tornarse un un obstáculo para el desarrollo industrial y provocar una guerra, llegó la hora de construir un proletariado nacional. Pero entonces sostuvo la segregación, crucial a la burguesía sureña para evitar que se formara un gran movimiento obrero... y de nuevo, cambió de posición cuando la lógica de la Guerra Fría exigió superar la segregación.

Vimos como primero negó salarios mínimos y contratos colectivos, para luego, cuando la propia burguesía fue consciente de la necesidad de reorganizarse en torno al capitalismo de estado, girar 180 grados y convertirse en el puntal del New Deal. Frente a las mujeres trabajadoras los bandazos no han sido menores ni seguido en menor medida el compas que dictaban los intereses generales del sistema y sus equilibrios de poder.

Sólo ha habido un punto fijo para el Supremo: llegada la hora de la guerra, hay que sacrificarse e ir al matadero sin rechistar para satisfacer las necesidades del capital nacional.

No hay nada en las batallas por el poder judicial ni en su ejercicio para los trabajadores. La lucha por un mundo realmente humano, sin explotación, fronteras y guerras, sin discriminación, opresión y violencia no puede librarse en los tribunales sino contra el mundo y las clases que los producen y los imponen.