Communia

Por primera vez dos partidos, y no menores, han anunciado que votarán contra el cupo vasco en el Parlamento: Ciudadanos, cada vez más claramente el «PP del futuro», y Compromís, la «confluencia» valenciana de Podemos y seguramente, el modelo del Podemos que se consolidará en el tiempo.

La ruptura de uno de los consensos básicos del régimen del 78, no cuestionar la independencia e insolidaridad fiscal de vascos y navarros, supone la primera grieta grave en el sistema instituido por la Constitución y anuncia el sentido hegemónico entre las fuerzas que lideran ya hoy su transformación.

En la base están las lecciones que la burguesía española ha sacado de la «independencia fake» catalana. Un proceso en el que ha sentido amenazada su propia integridad y de hecho, aun la siente y nos lo recuerda cada día.

Pero no nos equivoquemos: «la» burguesía española ha pasado la prueba. No podía ser de otro modo en una clase que, aunque más tarde que en otros países europeos, culminó hace tiempo su fusión alrededor del capital financiero y el estado.

No, si hacemos memoria, el problema comenzó con las dificultades del aparato del estado en Cataluña -la Generalitat y los partidos a su cargo- para mantener el sistema de rentas a la pequeña burguesía que había sido el «pujolismo». La «independencia» fue, desde aquella diada de 2012 en que apareció por primera vez como consigna institucional de masas, el ariete de una campaña de coacción al estado cuyo objetivo -dicho por activa y por pasiva- no era otro que negociar una independencia fiscal como la vasca o la navarra. Dicho de otro modo, no hacerse cargo de la solidaridad con el resto de autonomías del estado, aumentar así los presupuestos y sostener la base del sistema político regional sin modificar los términos del «pacto social» implícito entre la pequeña burguesía catalana -fundamentalmente rural- y «sus» instituciones.

No toca ahora recordar lo que ese «pacto» significó durante décadas para los trabajadores: opresión cultural, invisibilización, negación y ejecución regional de las políticas neoliberales siempre aprobadas en el Parlamento de España con los votos nacionalistas catalanes, han erosionado cuanto han podido las condiciones de vida y de trabajo del proletariado español como un todo.

¿Qué es lo que ha aprendido la burguesía española de todo esto?

Aunque puede soportar tensiones fuertes, eso no quiere decir que no tengan coste. Costes de los cuales la pérdida de la sede de la EMEA (Agencia Europea del Medicamento), es algo más que un símbolo. Las facturas internas, en especial a los bancos catalanes, por su papel cerrando filas con el estado al mover sus sedes fiscales, tampoco serán menores.

Si en la interna es un coste, en el juego inter-imperialista es un riesgo que supone la entrada de España en un tablero más amplio y poco conocido que va más allá del habitual escenario de una jugada oportunista marroquí. Escenario, que dicho sea de paso, está transformándose y agravándose de manera muy preocupante para los intereses imperialistas españoles. Este nuevo marco inquieta, por el riesgo a que algunas fracciones descontentas de la burguesía española decidan buscar apoyos en alianzas exteriores que pongan en cuestión alineamientos estratégicos del estado y la clase dirigente española como un todo. Los primeros avisos han ido a Podemos, a fin de cuentas el grupo más novedoso y de financiadores más atrabiliarios, pero muy posiblemente los miedos principales no apunten hacia ellos sino a sectores con bases económicas más sólidas y profundas.

¿Qué viene ahora?

Como adelantamos antes de la declaración de independencia:

Lo que se ha hecho evidente para la burguesía española como un todo es que el sistema federal de administración del estado, que infla a los caciques, entrona a las pequeñas burocracias locales y da alas a una pequeña burguesía tan pagada de sí misma como poco sensata, no le es ya útil para mantener la cohesión territorial ni la unidad de mercado.

Ahora comienza el despliegue. El mismo día, ayer lunes, la campaña se abrió con el anuncio de Ciudadanos y Compromís de votar en contra del cupo vasco por parecer igualmente injusto a la «nueva derecha» y a la «nueva izquierda». La jugada vino acompañada de la presentación de un documento de propuestas de reforma constitucional elaborado por una decena de catedráticos de Derecho Constitucional. Una de cal y dos de arena, porque parece que una parte importante de la burocracia española preferiría tocar lo menos posible por mucho que se duela de la «deslealtad».

El problema es que entregar a las pequeñas burguesías locales -versión contemporánea del viejo «caciquismo» de la Restauración- la gestión del 70% del presupuesto del estado genera todos los incentivos necesarios a la «deslealtad» pequeñoburguesa en todas las regiones. Más aun cuando dos de las regiones más ricas solo pagan una cuota proporcional a la parte del PIB que representaban hace casi cuarenta años. Y ahora, al menos el PIB del País Vasco, tiene un porcentaje mayor del PIB total. Es decir, en el peor de los casos no tienen que hacerse cargo de paliar las diferencias de desarrollo regional, en el mejor, sus balancen fiscales netos equivaldrían a una subvención por parte de la hacienda del resto del estado. Como hoy mismo recordaban los representantes valencianos, el gobierno vasco cuenta con 2000€ por ciudadano más que su equivalente valenciano.

La burguesía española tiene un problema grave para encajar a la pequeña burguesía, no menos «estatalizada», no menos dependiente de las rentas del estado que ella misma, pero localizada, regionalizada siguiendo las fronteras, por absurdas que históricamente pudieran parecer, de las administraciones autonómicas.

Ha llegado el momento en el que la burguesía española necesita remozar la estructura del estado para dar un encaje a las pequeñas burguesías locales sin que pongan en cuestión su unidad. No va a resultarle fácil y es muy posible que oigamos crujir el andamiaje de su propia cohesión interna.

¿Y nosotros?

Bajos los cantos de la democracia, los llamados a «procesos constituyentes» y los gritos a la resistencia regionalista, se esconde el mismo programa de siempre: más precarización, peores condiciones de vida, más desigualdad... y cada vez más claramente el ataque directo del capital financiero a las pensiones.

No es que la organización territorial del estado no sea un tema importante. Lo es para la burguesía desde luego, porque necesita disciplinar su casa y alinear a esa pequeña burguesía que administra el estado «en proximidad». Pero no olvidemos para qué lo necesita: para poder someternos a una nueva ofensiva contra nuestras condiciones de vida.

Viene un verdadero diluvio de consignas «democráticas». Pretenderán alistarnos en la «república federal», la «monarquía autonómica», el centralismo racionalista, el «derecho a decidir» y a saber cuántas cosas más. Aceptar cualquier bandera de cualquiera de las partes en el juego significa darlo por perdido, y perderlo, en el primer movimiento. La única opción que ofrece un futuro es tomar nuestra propia bandera independiente: la de la lucha por nuestras necesidades como trabajadores.