España

Desde España a Japón, buena parte de las últimas monarquías están en una crisis que no es ajena a la que durante el último lustro ha azotado a los aparatos políticos de la clase dominante. Pero a diferencia de otras en el núcleo del estado, la monarquía en Europa es hoy una institución prescindible del estado. La pregunta es… ¿para qué sirve a la clase dirigente? ¿Por qué la conserva? Y un extra: ¿Qué quiere hacer la clase dirigente española con la monarquía?

La nueva ley de aborto que ultima el gobierno español incorpora bajas laborales de tres días, ampliables a cinco, para aquellas mujeres que tengan reglas dolorosas. Los medios se han puesto a hacer ruido alrededor del tema: unos quejándose de la carga que supondrá para la pequeña burguesía que tendrá que pagar esas bajas en las PYMEs, otros tomando hipócritamente la bandera del dolor menstrual y el reconocimiento de «las mujeres». Un nuevo debate trampa que nos invita a mirar a otro lado mientras el elefante de las condiciones laborales hace estragos en la habitación.

Según Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, el gobierno está haciendo «cosas chulísimas». La re-estructuración del mercado de trabajo sería la más significativa de ellas, un verdadero «milagro español». La realidad: ilusiones estadísticas, desempleo sin prestaciones, mayor poder para las empresas y menores salarios hora para los trabajadores.

Pegasus, el software de espionaje telefónico más potente del momento, entra en la agenda española. El gobierno intenta rebajar las tensiones con el independentismo catalán, cuyos líderes fueron espiados mediante este programa, confesando haber sido víctima de él en los mismos meses y declarándose incapaz de señalar un culpable. Se trata sin embargo de un intento de equilibrismo peligroso. En aquel momento sólo Marruecos tenía intereses y acceso a Pegasus. ¿El gobierno español azuza de nuevo el conflicto imperialista en el Magreb para salir de un atolladero interno?

La «fiesta de los sindicatos» ha dejado sus mensajes: apoyo a la guerra y celebración del capitalismo de guerra que nos están imponiendo y que comienza por un ataque directo a la capacidad de compra de los salarios.

Las ministras de Economía de España y Holanda, Kaag y Calviño, han presentado una propuesta conjunta a la Comisión para modificar las reglas fiscales de la UE. Bruselas se ha felicitado por esta aparente «unión de opuestos» y gobiernos «frugales» como el de Austria dicen apoyarlo «en gran parte». Pero ¿en qué consiste la propuesta? Y sobre todo: ¿Cómo afectaría a los trabajadores?

El gobierno presentará hoy su «Plan de Choque en respuesta a la guerra»: 6.000 millones de euros que irán en su mayoría a las grandes empresas energéticas y de comunicaciones, una parte a calmar a la pequeña burguesía y finalmente, en menor medida, a poner una tirita a los sectores más empobrecidos de los trabajadores, que están ya en una situación insostenible. Para el grueso de los trabajadores una lección: las guerras y sus consecuencias se pagan con la vida de los trabajadores que las sufren directamente pero también con las condiciones de vida de los del resto del mundo.

De la noche a la mañana, España ha dado un giro de 180 grados sobre el Sáhara. Sánchez ha comprometido el apoyo español a la ocupación marroquí de la antigua colonia española. Un nuevo equilibrio imposible del imperialismo español en el Magreb que azuza peligrosamente las tensiones que mantienen permanentemente al borde de la guerra a Argelia y Marruecos.

La situación de emergencia económica que estamos viviendo -inflación general de precios, escalada de precios de la energía y alimentos básicos, reducción de salarios reales y capacidad de compra- es una versión acelerada de lo que el gobierno y la clase dirigente española esperaban del Pacto Verde. Lo que viene ahora es la caída de la actividad económica y un «pacto de rentas» que, con tal de parar la inflación -que no fue causada por los salarios sino por los márgenes exagerados de las eléctricas, el desastre ucraniano y el bloqueo a Rusia- va a comerse casi un 20% del poder de compra de un salario típico.

El estallido del PP coloca de nuevo la crisis del aparato político español al borde de la crisis de estado.

Elecciones en Castilla y León 2022. La revuelta electoral de la pequeña burguesía española cambia definitivamente de curso, del «ciudadanismo» de C’s y Podemos hacia la ultraderecha y el localismo, sin que los partidos de estado acierten a contenerla y absorberla.

Mientras Costa deglutía a sus aliados de la jerigonça y la izquierda francesa se desvanecía del panorama electoral francés dividida entre un decadente Melenchon y unas complejas «primarias populares» sin casi participación, la izquierda española lo ponía todo en un agónico Götterdämmerung: Benidorm Fest, fase local de Eurovisión 2022. Si hacemos caso a sus propios lamentos, fue más doloroso y trascendente que los 14 diputados (de 19) perdidos por «O Bloco» en Portugal. Años de Gramsci, «teoría de marcos» y «espíritu 15M», colapsaban de la forma más banal posible.

La propaganda gubernamental está pletórica con los datos de empleo y crecimiento: en 2021 el PIB creció un 5%, el mayor crecimiento en 21 años, se crearon 840.600 nuevos empleos, la cifra más alta desde 2005, y la tasa de paro cayó al 13,33%, la más baja desde 2008 con aparentemente el único pero de la temporalidad. Y sin embargo… algo no cuadra, ¿verdad?

En España la despoblación rural es noticia. El paso de los movimientos de protesta provinciales a la aparición de candidaturas localistas en las elecciones ha elevado aun más la sensación de urgencia que transmiten los medios. Sin embargo, la famosa «España vaciada» no es el producto de un «problema español» ni empezó a existir en estos años. La cuestión es que está llegando a un punto crítico.

El gobierno Sánchez, mano a mano con la Comisión Europea está culminando del diseño de la «nueva austeridad» que seguirá a la breve bonanza de los fondos europeos. La estrategia iniciada con la Reforma Laboral y de pensiones culminará con un recorte del llamado «gasto social». Recorte agravado por el caballo de batalla del gobierno español en Bruselas: que las reglas de austeridad no afecten a las grandes transferencias directas de dinero público al capital ligadas al Pacto Verde y la digitalización de las empresas.

Llegamos a fin de 2021 con la pandemia desbocada, los precios de la electricidad batiendo récords hasta en fin de semana y los medios económicos aplaudiendo la «barra libre para la temporalidad» en la que han acabado las promesas gubernamentales sobre la reforma laboral. La crisis del aparato político tampoco pierde el compás acelerado que han tomado los datos económicos: Ivan Redondo, que hasta julio fuera principal figura del gobierno, es ahora su trol oficial y la revuelta electoral de la pequeña burguesía periférica se extiende ahora al conjunto de la «España Vaciada». Todo viene con fecha de caducidad en 2022 dando por hecho un adelanto electoral antes de noviembre.

Los datos de empleo de noviembre han desatado la euforia de los medios gubernamentales y, con ellos, de una parte de la burguesía española. Sin embargo, incluso los más entusiastas no pueden ocultar la contradicción de fondo en la que se asienta la «recuperación»: la caída salarial de los trabajadores en la que se basa, reduce al mismo tiempo el mercado en el que las mismas empresas quieren vender sus productos. ¿Qué proponen entonces? Acelerar el Pacto Verde y multiplicar el endeudamiento de las familias. Es decir, elevar de grado la misma contradicción en vez de enfrentarla.

El estado presume haber eliminado la Revolución del 36 de la «memoria histórica» tras la desaparición de la generación que la vivió. La fórmula: bombardeo ideológico y «premios» de aprobación social y mediática para quien adapte las memorias familiares al cuento oficial tendente a una nueva variante de la «reconciliación nacional». Ahora quiere intentarlo con dos generaciones de mujeres trabajadoras implantando una «memoria democrática y feminista» en los textos escolares y universitarios. No es casualidad que borren de paso a Orwell.

Sacar lecciones del fin de huelga en Cádiz es fundamental para las luchas que vienen. No es que unas mejores condiciones hayan propiciado un acuerdo entre patronal y sindicatos y que los trabajadores hayan aceptado. Es que la dirección sindical de la huelga ha evitado que los trabajadores tomaran el control de la lucha haciendo inevitable aceptar las condiciones ofrecidas por la patronal.

La huelga del metal en Cádiz nos muestra que tenemos que luchar de otra manera. Y eso significa, desde ya, tomar el control de las asambleas hoy monopolizadas por los sindicatos. Y hacerlo para extender las luchas, abrir las asambleas y hacer reivindicaciones conjuntas que salten por encima de todas las divisiones de sector, provincia, región o forma de contrato.

La aparición de una plataforma electoral de la «España Vaciada» es vista con esperanza por todo un sector de la burguesía española con el gobierno Sánchez a la cabeza. Este nuevo «Partido Agrario», esperan, serviría para erosionar el poder parlamentario de nacionalistas regionales, independentistas y hasta de la extrema derecha. El PP en cambio es más que reticente a perder una parte de su base entre la pequeña burguesía rural.

Salarios, despidos, pensiones… El gobierno está lanzando un ataque general e inmediato contra las condiciones de vida y de trabajo mientras prepara una nueva oleada de «reformas» para seccionar lo que quede.

Puro espectáculo al mejor estilo sanchista. No habrá derogación de la reforma laboral de Rajoy, en ningún caso se tocará el elemento central: los costes de despido. Y la temporalidad… seguirá igual aunque escondida bajo nuevas categorías y ETTs.

En mitad de un bombardeo informativo sobre lo mucho que crece el total de pensiones pagadas y el anuncio de subidas mínimas para las no contributivas, el gobierno lleva al Parlamento la primera fase de su reforma de pensiones. Todo adelanto sobre la edad de la jubilación es penado con recortes de pensiones. Algunas de hasta el 30%… en un país donde encontrar trabajo después de los 50 es extremadamente difícil si no imposible. Objetivo: retrasar la edad de jubilación efectiva.

Las eléctricas, la CEOE, la banca… la burguesía corporativa se radicaliza, al menos aparentemente: carga contra las tibias medidas paliativas de los precios eléctricos, contra una subida por debajo de la inflación del SMI y hasta con que el reparto de los fondos de recuperación lo decida el gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la clase dirigente hace amago de abandonar a Sánchez y tomar el volante por sí misma?

El gobierno aprobó ayer su segundo «plan de choque» contra la subida desbocada de la factura eléctrica. No es que la nueva factura eléctrica les haya salido mal. Al contrario salió «demasiado» bien para sus objetivos, tanto que les está destrozando los indicadores de inflación y mermando expectativas electorales. Por eso el nuevo plan es básicamente igual al primero y su objetivo es tan sólo reducir la factura un 22%… después de que subiera más del 60%. Por supuesto no falta el ruido: las eléctricas no quieren soltar presa ni reducir beneficios extraordinarios y eso permite al gobierno presentarse como adalid de los consumidores sin tocar las bases de la escalada de precios.

Una semana después de publicarse la ley que establece la nueva Formación Profesional (FP). Los informativos públicos nos prometen que «por primera vez en la Historia la FP va a dejar de ser el pariente pobre» y el gobierno repite hipócritamente que las nuevas formaciones crearán puestos de trabajo. No es cierto. Pero no dejan otra opción. La nueva FP transforma todo el mercado de trabajo y ningún trabajador va a poder quedar fuera. Por eso las solicitudes de matrícula han crecido un 51% y ya está claro que en muchas comunidades autónomas no habrá plazas suficientes este curso. No por error de cálculo, sino por diseño. Y eso solo es la punta del iceberg.

En una entrevista en TVE este lunes, la ministra de economía Nadia Calviño aseguró que la subida del SMI 2021 se aprobará en octubre y no tendrá efectos retroactivos. Ayer martes los periódicos abrían con las quejas airadas de la pequeña burguesía doctrinaria que, junto a la patronal se niega en redondo a cualquier subida de los salarios más bajos dada la menor rentabilidad de su capital. Mientras, la ministra de trabajo prometía que «pondría de acuerdo» a patronal y sindicatos durante septiembre. ¿Qué hay bajo el ruido? ¿Qué impacto real tendrá en los salarios?

La política ante los refugiados afganos devuelve el protagonismo al feminismo. Tras la conquista de Kabul por los talibanes los principales países de la UE dejaron claro que solo darían refugio a unos cuantos colaboradores directos y a lo más granado de la burguesía afgana. Sin embargo pronto empezó a hacerse hegemónico entre los políticos un mensaje claro: incluso dentro del afortunado grupo de élites locales habría diferencias por sexo.

Tras poner toda la carne diplomática en el asador, el gobierno español consiguió que España no entrara en la última tanda de restricciones de viajes del gobierno británico. Un balón de oxígeno para el turismo, un sector que ha sido el pilar de la acumulación en España desde los años sesenta y por cuyos resultados se han sucedido desescaladas precipitadas y nuevas olas pandémicas. Pero esta vez, año y medio después, parece que la «normalidad» queda más lejos que nunca. Buena parte de los empleos del turismo no volverán ya.

El gobierno cerró el curso político presentando a la prensa su rendición de cuentas, elevando la previsión de gasto y montando una conferencia de presidentes autonómicos. El mensaje machacado a través de los tres eventos: que la vacunación es un éxito, que el crecimiento es «sólido» y que el paro asfixia ya a «sólo» el 15,26% de los trabajadores. «Váyanse tranquilos de vacaciones en agosto», nos vienen a decir, que «a la vuelta todo va a ser mejor». Pero ¿de verdad la situación está mejorando?

Sánchez presenta «el Gobierno de la recuperación para superar definitivamente la peor calamidad vivida en décadas» y «consolidar la recuperación económica». Pero ni las cifras de la pandemia permiten darla por cerrada ni los datos y perspectivas económicas ponen por delante otra cosa que una «mini-burbuja» a cuenta de los fondos europeos. El nuevo gobierno Sánchez tiene, como mucho, oxígeno para año y medio. Y eso es lo que cuentan en primer lugar las nuevas incorporaciones y las bajas del Consejo de Ministros: el nuevo gobierno es la personalización de una estrategia para ir a elecciones antes del 27 de noviembre de 2022 reforzando unos apoyos y prescindiendo de otros.

La semana política en España ha girado entre el anuncio de los indultos a los dirigentes independentistas presos y la salida de estos de prisión. ¿Qué viene ahora? ¿«Normalización» o «radicalización»? ¿«Diálogo» o «negociación»?

España tiene ahora la electricidad más cara de Europa. El mecanismo de succión de rentas del trabajo llamado Pacto Verde ya funciona a plena máquina… y con un plus: el imperialismo español se resarce de sus fracasos europeos en tu factura.

En el convenio que acaba de cerrar, Telefónica propone una reducción de jornada y establece una prueba piloto a partir de otoño. Tiene todo el aspecto de un primer ensayo con apoyo del gran capital español a lo que ya se venía preparando ideológicamente desde 2019, la jornada laboral de 4 días de Errejón, en realidad una reducción de jornada y salarios argumentada como parte del Pacto Verde.

Hoy aterriza el presidente Sánchez en Argentina. Lo que originalmente se había pensado como el acto inaugural de un relanzamiento del imperialismo español en Iberoamérica se ha convertido sin embargo en un «salir del paso» diplomático, una confesión de incompetencia económica y una estampa de soledad política.

Tras la toma de posesión de Pere Aragonès como Presidente de la Generalitat vino la reapertura de comunicación entre Sánchez y Aragonès. Y acto seguido una cierta coreografía política: una carta abierta de Junqueras y la escenificación de una reconciliación apadrinada por la gran patronal catalana. Se abre oficialmente una fase de diálogo que supuestamente debería servir para cerrar la crisis de estado abierta por el referendum de independencia y la declaración de independencia fake de 2017.

El Pacto Verde, el coste creciente de la energía doméstica y la falta de aplicaciones rentables para el capital están concentrando inversiones de nuevo en la especulación con la vivienda y la construcción, transformando casas, barrios y estructuras urbanas.

Tras la salida del autoproclado presidente saharaui de la mano de los servicios secretos argelinos y españoles solo cabe esperar una guerra fría con Marruecos… que como todas las guerras frías no solo tendrá consecuencias para los capitales invertidos en Africa, sino para la seguridad y la vida de cientos de miles de personas.

Hoy a las doce de la noche entra en vigor la nueva factura de la luz. Aunque el Pacto Verde se deja sentir ya en la subida general de precios, esta es la primera medida directa que une la transición energética a la pérdida de capacidad de compra de los trabajadores. Nos la presentan como una bajada de precios hecha posible por las renovables. En realidad es todo lo contrario.

La crisis económica no da tregua y cada avance hacia una situación de mayor gobernabilidad se ve pronto contrariada por las consecuencias de la crisis. A cada paso se ponen en marcha con fuerza redoblada las tendencias centrífugas y localistas de una pequeña burguesía que se ve atacada cada vez más abiertamente. El tiempo de la renovación se agota y con un margen de maniobra político crecientemente estrecho el gobierno intenta apaciguar el resurgir de la revuelta de la pequeña burguesía. Sin éxito.

Después de casi 36 horas de crisis con Marruecos y tras una movilización general del estado todo vuelve aparentemente a la normalidad… pero solo después de que la Audiencia Nacional reabriera una causa por genocidio contra el líder del Polisario refugiado clandestinamente por España, que quedara claro que el apoyo europeo no pasaría de lo declarativo y que EEUU apoyaba a Marruecos y se desentendía de Sánchez. Un triunfo en toda regla del simulacro marroquí que bastó para hacer emerger una crisis de estado y evidenciar la soledad internacional del capital español. Ahora buena parte de los intereses españoles exigen un «momento Perejil» a Sánchez, un cambio de rumbo en el imperialismo español.

Los sucesos que vemos desarrollarse en Ceuta no son ninguna «crisis migratoria». Se trata de un evento animado y organizado por el estado marroquí. No estamos ante un drama de refugiados sino ante un happening que sirve de presión política en el contexto del conflicto imperialista entre España y Marruecos. Un conflicto que cada vez se torna más peligroso.

El Pacto Verde en Alemania tiene un nuevo totem: acabar con los vuelos baratos a Mallorca. Al mismo tiempo, los nuevos aranceles del gobierno Biden al zapato amenazan al buque insignia de las exportaciones de bienes de consumo. Y por si fuera poco, el incremento de la tensión con Marruecos está empujando al cierre a las empresas y fábricas deslocalizadas allí por el capital español en las últimas décadas. El modelo imperialista español hace aguas y arrastra a las industrias. El imperialismo español mira de nuevo hacia Argentina y México buscando por primera vez no solo mercados, sino capitales a los que ofrece una cabeza de playa en la UE.

Empieza el fin de ciclo del sanchismo, marcado por la reaparición del TS en la gobernanza cotidiana, las encuestas, los cambios en las grandes empresas, las batallas internas en el PSOE, las trampas del Pacto Verde y el ataque directo a las condiciones de los trabajadores bajo la forma de Reforma laboral y de pensiones.

El aparato político de la burguesía española da un paso de gigante hacia su renovación. En mitad de la crisis económica, las elecciones en Madrid prometen ser el comienzo de una «vuelta al orden» después de una década de revuelta infructuosa de la pequeña burguesía que fue del 15M a Vox, pasando por el independentismo y la eclosión de partidos localistas en el Parlamento. Los dos partidos de estado, PP y PSOE están más cerca que nunca de recuperar la capacidad de articular sin muletas mayorías parlamentarias, superar la crisis política de la burguesía española e imponer las reformas precarizadoras y empobrecedoras que el capital nacional necesita para tomar aire. Y sin embargo…

Los horizontes en los que trabajan el gobierno, el Banco Central y Bruselas no ponen una salida de la crisis a la vista. Desde luego no para los trabajadores.

Con el anuncio del «Plan de Recuperación y Resiliencia» comienzan a desgranarse las reformas que se integran en él. Y en primera línea, como no podía ser de otra manera, las líneas maestras del ataque a las pensiones.

El «Plan de Recuperación y Resiliencia» se ha convertido en inviable antes de aprobarse por el fallo de las previsiones. Ahora el gobierno tiene que elegir entre pegar un hachazo a los subsidios de desempleo, pagos de ERTE, etc. retrasando pagos aun más e incluso modificando la legislación… o dejar a las grandes empresas que diseñan la política industrial del capital español a «tiro de OPA».

Al anunciar el fin del estado de alarma, el gobierno da el pistoletazo de salida a una carrera entre contagios y vacunaciones dejando meses de ventaja a las nuevas variantes. ¿Cálculo científico o pensamiento mágico?

Hoy toda la prensa económica comenta la publicación de un estudio de FEDEA sobre las tendencias salariales y de empleo de los jóvenes trabajadores durante los 30 años anteriores a la pandemia y la recesión actual. De sus conclusiones podemos aprender mucho sobre lo que viene y lo que seguirá tras los peores momentos de la recesión actual.

Al colapso que arrastraban los organismos de los que depende que los trabajadores en peor situación por la crisis cobren sus subsidios se ha agregado ahora un ataque informático al SEPE. Al menos 3,6 millones de trabajadores al quedado en el limbo burocrático esperando cobrar ERTE o desempleo mientras la administración intenta recomponer las bases de datos. Pero pinta mal: el último backup es de noviembre. Y el INSS, sin necesidad de sufrir ataques no está en mucho mejor situación: 463.000 esperan respuesta sobre el IMV. Es lo que faltaba para despejar dudas a quién le quedaran: el cacareado escudo social del gobierno ha demostrado ser de cartón.

La noticia saltaba a media mañana a partir de un video subido a twitter por Pablo Iglesias. Abandonaba la vicepresidencia del gobierno, coronaba como sucesora en el liderazgo de Podemos a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz y anunciaba su intención de presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid al frente de una coalición con Más Madrid.

Durante meses, incluso en las semanas más duras de la segunda y la tercera olas, los gobiernos han intentado escabullir la insuficiencia de las medidas contra el Covid haciendo llamamientos a la responsabilidad personal. Pero la responsabilidad personal sin confinamientos suficientes se ha demostrado impotente una y otra vez, país tras país. Con una población mucho más aislada que de costumbre y más vulnerable ante los medios, el hincapié en la supuesta irresponsabilidad de los jóvenes solo ha servido, según los datos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para atomizarnos y generar un inédito sentimiento de desconfianza ante los demás.

Si el juego político fuera sencillamente honesto, por muchas escoras de clase que tuviera, un indicador confuso y que invisibiliza las divisiones sociales más elementales, como la brecha de género tendría un uso muy limitado. Sin embargo está en el centro del programa del gobierno español y es una de las principales banderas del 8M. El discurso sobre la brecha de género ha servido para ocultar lo que estaba pasando en el mercado de trabajo y «asaltar los cielos» de los consejos de administración por una parte de la pequeña burguesía femenina. Ahora comienza a mutar… a aun peor.

No parece haber salida a la crisis a la vista. Las estadísticas oficiales son desastrosas y el paro está cerca de batir el récord histórico. El gobierno y la Unión Europa proponen una salida keynesiana a través de los fondos de recuperación, la digitalización y sobre todo, el Pacto Verde. ¿Puede funcionar?

8M y Covid estarán ligados por mucho tiempo en España. Hace ahora un año, priorizar la liturgia del 8M sobre la epidemia Covid que arrancaba significó la aceleración de una matanza de la que todavía hoy estamos lejos de librarnos y que nos siguen envolviendo con peligrosas medias verdades.

Necesitada de reencauzar la rebelión territorial y al mismo dependiente de sus expresiones parlamentarias, la burguesía española consigue a duras penas reforzar a los partidos de estado (PP y PSOE), pero no salir del día de la marmota. La operación Illa es el último ejemplo de la cortedad de sus ambiciones y la insuficiencia de sus logros. Por delante quedan nuevos episodios de crisis institucional y nuevas fracturas en el estado.

Cae la firma de hipotecas, los fondos llegan a un récord de propiedades en alquiler y la construcción se reanima con sus demandas: quieren más porque consideran que una buena parte de los trabajadores vivirán en alquiler a partir de ahora. La recesión y los fondos especulativos están dado forma a tu vida y a tu ciudad en las próximas décadas. Ambas serán más precarias y tendrán menos sitio para ti.

Los agricultores y ganaderos vuelven a las protestas que estallaron el pasado febrero y prosiguieron hasta verse interrumpidas por la pandemia. Esta vez sin embargo, estarán concentradas en Andalucía. No es menor: la región tiene el 34% de los propietarios agrícolas y es el origen del 40% de las exportaciones agrarias españolas. Dos temas nuevos en primera línea: las consecuencias para el campo del Pacto Verde y el supuesto estatus colonial de las regiones meridionales de España.

La nevada ha hecho más por darle un alto a la matanza Covid que las medidas intencionalmente limitadas de las regiones y el gobierno. Sin embargo, el consejo de ministros saca pecho como si fuera lo más normal del mundo que una nevada no excepcionalmente dramática paralice el país durante días. Bajo el hielo la triste verdad del capital español normalizando lo inaceptable.

Las fronteras del capital español se están achicando. Y con ellas, sus fronteras políticas -en las Américas y en Bruselas- e incluso físicas -en Gibraltar y Africa- empiezan a verse en cuestión.

El gobierno cierra 2020 cargando frontalmente contra la condición de jubilados y trabajadores fijos. Es un aviso de lo que nos viene en 2021 y de lo que quieren decir cuando hablan de reformas.

Mientras los gobiernos renuncian a parar la tercera ola que cargan a nuestras espaldas y venden una ley de eutanasia cuyo contexto social es realmente obsceno, el capital se centraliza y concentra asaltando nuestras rentas, que caen en picado. Mientras el ruido ideológico tapa los cambios de fondo, los sindicatos «se reservan». ¿Para qué?

No nos han ahorrado nada. Al revés, las grandes empresas industriales y el oligopolio eléctrico salen ganando. Y entre los que cubriremos el coste en la factura de nuestros hogares, los trabajadores, especialmente los precarios, y las familias numerosas, lo sentirán más en sus presupuestos totales. Bienvenidos al primer acto del Pacto verde y lo que significará para nosotros.

Cualquiera que siga los medios españoles diría que la situación del régimen político es de verdadera descomposición. Y sin embargo…

Basta recoger los titulares de la semana para ver con claridad que tanto la política de salud pública y reducción de contagios como la legislación laboral, las coberturas de jubilación y la distribución de rentas e ingresos se doblegan ante el ansia por mejorar los resultados inmediatos de las inversiones puestas en las empresas. Lo que el capital exige para recuperar rentabilidad prima sobre las necesidades más básicas y urgentes de los trabajadores, que son sistemáticamente invisibilizadas.

La discusión sobre la lengua vehicular sigue capturada, «politizada», por una pequeña burguesía que ve la lengua como una herramienta para mantener una posición social imposible frente a una clase trabajadora a la que niega hasta en lo más básico: que sus hijos puedan aprender en la lengua en que la que piensan.

Los Presupuestos Generales del Estado confirman que no llegará el prometido «giro social». Cuanto más rápido intenta huir el gobierno hacia delante, con más fuerza pisa un hielo que a duras penas se mantiene sólido.

La masacre está en marcha. Más de 150 muertos al día cada día y tasas de incidencia de hasta 1000 por 100.000 en algunas regiones. ¿Espectáculos grotescos en el parlamento? Los que hagan falta. ¡¡Barra libre!! ¿Confinar? Ni de casualidad. Es malo para las ventas y como dice Roig (Mercadona) no van a «desviarse» por la salud y la vida de nadie de lo único que importa de verdad, «la economía», es decir, recuperar los beneficios.

Los medios empiezan a recoger la situación de verdadera crisis humanitaria que se vive en Canarias y Melilla. Lo que no cuentan es por qué se produce ahora una oleada de llegadas de personas dispuestas a jugarse la vida con tal de llegar a la España continental europea, por qué el hacinamiento y qué hay bajo las protestas de los vecinos de los barrios en los que ahora se instalan de mala manera a refugiados y migrantes.

La burguesía y los políticos españoles están preocupados, son solidarios con el florista, el tendero, el hostelero, la pequeña pensión y hasta el antro nocturno. ¡¡Que no cierren!! ¡¡Que no baje más el consumo!! Pero que nadie vaya a pensar tampoco que van a compartir el botín estatal, las subvenciones masivas o los grandes proyectos financiados con fondos europeos. Una cosa es ser solidario y otra perder volumen de ingresos. No, el gran capital es «solidario» con sus hermanos pequeños de la PYME a su modo: para su propio beneficio y poniendo las vidas de los trabajadores bajo el fuego.

El capitalismo moviliza cada vez más recursos para hacernos más pobres en términos relativos. Pero cuando la crisis devalúa el capital, nos empobrece en términos absolutos para recuperar ritmo. Y como en cada ciclo le cuesta cada vez más recuperarse, empalmamos precarización con empobrecimiento desde hace más de diez años sin recuperarnos jamás. Todos los planes de recuperación del capital son planes de empeoramiento de la situación global de los trabajadores.

El problema para el estado y la burguesía española es reinventar el PP, su discurso y su entorno, no Vox. Su debilidad es que el PP es un mamotreto de relaciones entre cacicazgos locales, estado, grandes empresas y redes clientelares aun más difícil de rehacer y reinventar que el PSOE. Por eso la crisis de la derecha apunta a largo.

La pandemia crece de nuevo en España. Pero los gobiernos no quieren que la temamos, ni siquiera que la veamos. Solo que pensemos en lo que pretenden que signifique para nosotros la crisis, su crisis. El capitalismo ya no libera a la Humanidad de viejos miedos a la Naturaleza. Ahora compite por crear aun más miedo a sus reflejos empobrecedores, a su capacidad destructiva.

La derecha en Madrid ha demostrado su cinismo más criminal. Pero junto a ella, y no con menor cinismo, la izquierda ha sido la primera en tomar partido por las necesidades de rentabilidad de las inversiones frente a las necesidades universales de los trabajadores, la primera de ellas, no contagiarse ni contagiar.

Tenemos una epidemia al alza y una crisis acelerada. Se apunta a que el paro llegará a un 23%. ¿Verán en la situación de los trabajadores una necesidad humana a satisfacer o verán en ella las fuerzas de la escasez preparando el camino para que «libremente» aceptemos las «reformas» que llevan años intentando imponer?

El gobierno comunicó ayer 156 muertes por covid en las últimas 24 horas. La atención primaria está ya desbordada. Este otoño será fundamental que el descontento que empieza a aflorar en las huelgas educativas se haga innegable, se manifieste abiertamente y plantee el terreno firme de las necesidades humanas universales. Fundamental para parar la matanza en ascenso. Fundamental para encarar el empobrecimiento en masa de los trabajadores que exigen para revivir al capital nacional, sus empresas y sus finanzas.

La fusión, anunciada hoy, de Bankia y Caixabank, marca las formas en que el capital español se reorganizará ante la crisis, apunta sus consecuencias para el empleo y avanza cambios en su orientación imperialista e incluso ante el independentismo catalán.

La «noticia» del día en España es un evento organizado por el gobierno al que se espera que asistan las grandes espadas de la burguesía y el aparato político español. No tiene realmente nombre sino consigna: «España puede». Toda una confesión del ambiente que reina en la clase dirigente: impotencia. Y no es para menos.

Cuando se dobla una apuesta y al mismo tiempo se dobla el seguro con el que se cubren las pérdidas, no se puede decir que el resultado previsible sea el mismo. En caso de que la pierdan la apuesta, el resultado será aun más catastrófico.

Con los contagios en escalada y cada vez más camas ocupadas y pacientes en UCI, la situación se acerca ya a la de principios de marzo. La apertura de los colegios en septiembre amenaza con desencadenar una nueva etapa de transmisión comunitaria en masa. Y lo único que la burguesía y el estado españoles han dejado claro es una línea roja: «no más confinamientos, que perdemos dividendos y tributos». Solo un fuerte movimiento de huelgas puede forzar a unos y a otros a poner las vidas, nuestras vidas, por delante de sus ganancias.

El rey Juan Carlos I abandona España. ¿Estamos ante una crisis institucional? ¿Qué fuerzas la precipitan? ¿A qué reacciona la burguesía y el estado español y con qué horizonte?

El capital español cierra el curso político con la espada de la mentira en alto. Quiere difuminar la realidad de la epidemia, del paro, de la situación de sus propias empresas, de lo que significan los fondos europeos y sobre todo su plan de «salida». Al menos hasta septiembre, cuando las mentiras de hoy se convertirán en guillotina sobre nuestras condiciones de vida y necesidades más básicas.

El fin de la etapa de las «confluencias» alrededor de Podemos es el fin de las posibilidades de un encaje de la revuelta pequeñoburguesa en el aparato político del estado. La forma que queda abierta apunta a una crisis de régimen.

Hoy se ha publicado el argumentario con el que la ministra de Economía española, Nadia Calviño, busca convencer a grandes fondos de capital de que inviertan en deuda del estado. Es decir, les explica por qué apostar por el resultado global del capital nacional es una buena inversión. El conjunto permite entender bien la continuidad de la «hoja de ruta» de la burguesía española y lo que considera sus «logros». Logros que, por supuesto, el gobierno de PSOE-IU-Podemos, hace suyos y pretende llevar «más allá».

Ayer una historiadora publicaba en su cuenta de twitter: «¿Cómo se puede recomendar a alguien que dedique media vida a investigar si con 31 años cobro 800€ y he vuelto a vivir con mi familia?». El mensaje ganó rápidamente miles de adhesiones porque daba palabras a un ánimo que abunda por las universidades. Otra generación de estudiantes defraudada. ¿Pero qué denuncia exactamente? ¿Hacia dónde apunta esa denuncia? ¿Mira hacia delante o hacia atrás?

El capital español será uno de los más castigados del mundo en 2020. Las «soluciones» que aportan los gestores del capital y los sindicatos no pueden producir ninguna esperanza.

Mientras la derecha saca al doberman envuelto en la bandera rojigualda y la izquierda disfruta discutiendo el sexo de los niños y el futuro de las princesas, la realidad de los trabajadores ya ha empezado el «ajuste».

El gobierno se prepara para presentar el mayor ataque directo en más de una década a las condiciones de trabajo y jubilación de los trabajadores, como una imposición europea.

El sanchismo necesita de la reforma laboral de Rajoy para hacer su alquimia y que, por ejemplo, cada subida del SMI reduzca la masa salarial total percibida por los trabajadores. Y si la deroga será para volver a enunciarla acto seguido con otro nombre… e igual sustancia.

Junto con la recesión se abre un periodo de ataques directos a nuestras condiciones de trabajo, de jubilación y de vida en general. Salarios, pensiones y condiciones laborales van a estar en primera línea de fuego. Es más importante que nunca no caer en las trampas que pretenden que nos solidaricemos con los dividendos a costa de nuestras necesidades vitales, sea en nombre de la «reconstrucción», la «justicia social» o el «cambio climático».

La pequeña burguesía se está radicalizando. Las primeras secciones de ella que lo hacen expresan los intereses de sus pequeños capitales cargando contra la necesidad más básica de todas: la salud pública en mitad de una pandemia. A la pequeña burguesía industrial, comercial, financiera y agraria, seguirán más que probablemente otros sectores de la misma clase -academia, burocracias regionales, cuadros corporativos- con aun mayores exuberancias ideológicas… pero no mejores intenciones para con los trabajadores.

Para el capital español la caída del turismo no es un «problema social»… es perder una pierna e ir de cabeza hacia un deficit en la balanza comercial que acelerará la tendencia a su devaluación, como pasó en 2009.

Que el incremento de nuevos casos sea más bajo, no quiere decir ni que haya menos casos nuevos que cuando se inició el confinamiento ni que España esté en un nivel comparable de nuevos contagios al que ha servido de señal para la desescalada en otros países. De hecho comparando con el 14 de marzo hubo más hoy y el número de nuevos enfermos es sensiblemente mayor que en Italia, Francia y Alemania, que tienen una población mayor. Y que sea posible «desescalar» sin que exista un desbordamiento del sistema sanitario, no es lo mismo que decir que el desconfinamiento no vaya a producir más contagios y muertes, ni que sea recomendable desde un punto de vista sanitario.

Ni el nordismo holandés, danés o alemán, ni el soberanismo anti-UE español caen del cielo. Pero para entenderlos hay que descubrir primero el particular lugar del imperialismo español entre Europa e Iberoamérica.

Hay que luchar por el cierre de toda la producción no esencial mientras no se pueda asegurar la seguridad en el transporte y los centros de trabajo.

El gobierno ofrece unos «nuevos pactos de la Moncloa» porque la recesión que viene es, según aseguran, un «desafío igual de importante que en 1977». ¿Se trata de otra metáfora mal traída o antecede algo real? Un vistazo a la recesión en marcha y su comparación con la situación de 1977 puede darnos algunas pistas.

La masacre de las residencias es una expresión clarísima de cómo los objetivos e incentivos de la acumulación se oponen a las necesidades humanas más básicas. El resultado es de una incompetencia sangrante desde el punto de vista de algo tan básico como la protección de vidas humanas, pero en realidad ha sido «ejemplar» desde el punto de vista de la colocación de capitales y su rentabilización. El covid ha campado y arrasado en ellas precisamente porque eran eficientes a los fines para los que se habían creado.

Sánchez anuncia un plan de 200.000 millones de euros. Pero el gobierno asegura que el conjunto de medidas le costarán solo 5.000 millones el primer mes y otros tantos el segundo. ¿Cómo puede ser éso? ¿Cuánto dinero piensan gastar de verdad, en quién y qué corresponderá a los trabajadores?

Demasiado tarde y demasiado poco, es la fórmula para que esta epidemia acabe diezmando a los trabajadores y sus familias. Tenemos que parar toda la producción no esencial para que el confinamiento sirva para algo. Y tenemos que parar los despidos disfrazados de «medidas de urgencia».

Cuatro mentiras y medias verdades que nos desarman y frente a ellas, algunas lecciones importantes para los trabajadores como clase.

Imperialismo en caída hacia las terceras y cuartas filas de un juego global cada vez más violento, el capital español está en una posición crecientemente incómoda entre sus pares, buscando el paraguas de una potencia mayor y sufriendo cada vez más fracturas y luchas internas.

¿Por qué una parte tan importante de la revuelta pequeñoburguesa se orienta hacia el regionalismo y el provincialismo?

La gran lección de este conflicto es que la reacción de los pequeños capitales es la misma que la de todo el capital frente a la crisis.

Las cifras de empleo hablan de una crisis en marcha. Las primeras respuestas gubernamentales de la puesta en marcha de transferencias masivas de ingresos de nuestros salarios al un capital renqueante. Y vienen más.

La huelga de hoy nada que ver con los intereses de los trabajadores y menos aun con la lucha por las pensiones.

Tanto para el encono de la oposición como para el embrollo del gobierno hay razones de fondo que muestran los límites, las contradicciones y las tentaciones del imperialismo español en Sudamérica.

El gobierno Sánchez esboza una estrategia de ataque a las pensiones desde sus primeros días.

El «pacto social» que hoy surge acentuará la «visión de tunel» como método frente al estancamiento. Y que al final de ese tunel, su luz es nuestra precarización y su objetivo nuestras pensiones.

La implosión controlada del aparato político es un «mal necesario» para una burguesía que ante todo quiere reflotar el «pacto social» extrayendo nuevas rentas del trabajo.

Las dos claves de este discurso han sido el reconocimiento de la «fragilidad» del aparato político del estado y la constatación de que «el tiempo no se detiene»

Anguita y Abascal tienen algo más en común que la barba: son útiles a la burguesía por lo que son, pero aun más útiles por lo que les pueden hacer parecer que son, aun contra su voluntad subjetiva.

La liberalización del transporte ferroviario y la «agenda climática» hacen pinza para precarizar las condiciones de servicio y de transporte.

Los resultados electorales muestran un resurgir de la revuelta de la pequeña burguesía que nos trajo hasta aquí. Buena parte de los asesores de la burguesía española piden ya una «gran coalición» para retomar cuanto antes su hoja de ruta aun a costa de acercar aun más el colapso definitivo de su aparato político..

Debate electoral tras debate electoral ha quedado claro que ningún candidato quiere acabar con la precariedad, sino, como mucho, engañar la estadística. Los más lanzados haciendo precarios de facto a todos los contratos indefinidos. Lo mismo pasa con la derogación de la reforma laboral de Rajoy. Hasta los que aun declaran que debería hacerse, no lo ponen de «línea roja».

Cuando el «sanchismo» empieza a tener vías de agua, Errejón llega al rescate más sanchista que Sánchez. Plantea la reducción de jornada a 32 horas semanales. Lo importante es mantener con vida la «ilusión», que es como llaman a los trucos de ilusionista de la «nueva socialdemocracia».

En realidad, todo apunta a que la sentencia del juicio que se ha hecho pública hoy no es más que un nuevo cierre en falso. Aun si el independentismo «pincha» de nuevo en su llamado a la movilización, aunque su exhumación no lo resucite inmediatamente, sería pensamiento mágico pensar lo contrario. Las bases que lo impulsaron hasta convertirse en un peligro existencial para el estado, no solo siguen ahí, sino que no pueden sino agravarse.

Hace unas semanas todo parecía apuntar a la descomposición social del independentismo y la aceptación tácita de que la Generalitat como «autonomía fallida». Y sin embargo, en días, si no en horas, la marea está volviendo a cambiar y la maquinaria nacionalista parece tomar nuevo brío. ¿Vamos hacia otra declaración de independencia y la reaparición de la crisis catalana a un nuevo nivel?

¿Qué fuerzas están en juego para determinar si habrá nuevas elecciones o no?

Si ayer dimos un vistazo en siete graficos a la situación global del capital, hoy vamos a ver en otros cinco cómo se materializa en España y sus consecuencias para los trabajadores.

Volvemos de unas vacaciones precarizadas para enfrentarnos a un capitalismo en zozobra. La alta burguesía corporativa ha dado orden de vender sus activos en bolsa. Como en vísperas de todos los grandes cracks bursátiles. Si miramos para Alemania están esperando que su propio crack comience por Kommerzbank. ¿Y en España?

La vivienda, el alquiler, es un punto más donde el capital puede realizar su exacción económicamente, poner la responsabilidad al mercado -que es el mero traductor de sus intereses- y echar mano del estado para asegurar las condiciones de una explotación ampliada.

Conforme se sube el salario mínimo, los salarios se concentran en tres niveles: los trabajadores que tienden a homogeneizarse en torno al salario mínimo, la pequeña burguesía corporativa (mandos intermedios) que aumentan en mucho sus salarios y la gran burguesía que cobra una parte de las rentas del capital -aunque ni siquiera tenga acciones- bajo la forma de salario.

Diez años de crisis ya han cambiado, para mal, la forma de vida de la gran mayoría de las familias trabajadoras. No, no eras solo tú y tus amigos. La máquina no funciona

Si Sánchez escucha los pedidos de las empresas de ciclologística hasta el punto de incluir el tema en su discurso de investidura y darlo de ejemplo de la necesidad de reformar el Estatuto del Trabajador es porque la tendencia al cronometraje, el destajo y la ultraprecarización no se limita a los riders. Por eso a los riders les toca luchar y hacerlo con asambleas abiertas… porque los demás, si no queremos acabar como ellos, debemos unirnos a la lucha.

¿Dónde quedaron las urgencias por ir a votar y «frenar el peligro de Vox»? El peligro de Vox se ha transformado en la realidad de la socialdemocracia, una versión más inteligente del mismo programa: Sánchez, es decir, más precarización, menos salarios totales y puertas bien abiertas a la privatización de las pensiones a través de las «mochilas». ¿Dónde quedó Unidas Podemos como «guardián» de la palabra del PSOE? En un arrastrarse -eso sí, a cara de perro- para conseguir puestos ministeriales; casi todos ellos ligados, curiosamente, a la posibilidad de crear redes de «jefecillos» y «técnicos»: de «igualdad», de «impacto ecológico», en la universidad de la que vienen, etc…

Queriendo coaccionar a Podemos y bajarle los humos a los «muchachos», Sánchez ha acabado irritando a la bestia que pretende cabalgar.

Tras la «renuncia» de Pablo Iglesias -un nombre nada inocente en una negociación de vicepresidencias cuando tiene un jefe de gabinete peronista– PSOE y Podemos negocian ya ministros. Es muy posible que Pedro Sánchez sea investido en la próxima semana y que se forme un gobierno PSOE-Podemos este mismo verano. ¿Sorpresa?

Los trabajadores no tenemos nada que ganar con nuevas elecciones, pero tampoco con ninguna investidura exitosa que pudiera salir del Parlamento. El objetivo del próximo gobierno, no puede ser otro que seguir concentrando los salarios a la baja, vestir de indefinidos contratos aun más precarios, reducir los gastos «sociales» básicos (salud, educación, servicios urbanos) y comenzar la privatización de las pensiones. Ese es el interés nacional, es decir, el de un capital nacional que siente ya el oleaje de las guerras comerciales y el distanciamiento de sus aliados imperialistas históricos.

En un mundo al que el capitalismo no ofrece futuro alguno, los barrios de clase trabajadora se ven empujados a una espiral de pauperización, violencia y decadencia. No van a ser unos ayuntamientos con alcaldes elegidos por compadreo y toma-y-daca, los que cambien nada. Plantar cara a lo que precariza, envenena y destruye nuestros barrios exige entender qué los está destruyendo y cómo organizarnos en ellos.

Hoy la Universidad es la expresión de un capitalismo incapaz de ofrecer verdadero desarrollo, un contenedor de trabajadores jóvenes sin destino, un momento en el proceso general de precarización. Y sobre todo, a falta de destinos y «empleabilidad», un centro de adoctrinamiento que enseña a buscar «brechas» e invisibilizar abismos.

En España la deflación es ya un dato oficial. Los fondos globales apuestan por más crisis y compran deuda a tipos negativos porque esperan tipos aun peores en el futuro. La crisis acentúa las tendencias al desempleo y la precarización a velocidad acelerada.

El gobierno Sánchez no pierde un minuto, pone al día a Bruselas y comienza a reunirse con el empresariado para alinear posiciones de cara a una gran campaña por «la mochila austriaca». ¿Qué es? ¿Adónde lleva en términos inmediatos? ¿Libre despido y precarización total o más seguridad para los trabajadores?

En el día de ayer se conformaron las Cortes. En el Congreso de los Diputados, los nuevos fichajes del Estado han ofrecido su primera actuación, un esperpento presidido por un sosías de Valle-Inclán. La legislatura se abre con promesas de… nuevos ataques a los trabajadores.

El «registro de jornada» es el último ejemplo de la habilidad del gobierno Sánchez para imponer «reformas» en línea con las necesidades de conjunto del capital nacional y utilizarlas para legitimar al estado y el gobierno ante los trabajadores.

¿Deberíamos celebrar el «colapso político» que el resultado de estas elecciones avanzan?

Aun si realmente se tratara de una elección y no de unas maniobras masivas de movilización de opinión a una ceremonia de comunión masiva en el estado, de una eucaristía con urnas, no se elegiría otra cosa que el envoltorio de una nueva ofensiva contra los trabajadores para salvar la rentabilidad del capital. La verdadera decisión no está en las elecciones y sus falsas opciones, sino si nos ponemos en marcha para plantar cara a las necesidades antihumanas del capital o no.

Acaba la primera fase de la que se apunta ya como la campaña electoral más larga desde 1979: desde el 15 de febrero al 26 de mayo. Un esfuerzo de movilización de masas… que, al parecer, no acaba de darles fruto. «El País» daba la alarma ayer: los «aliados europeos» temen que la burguesía española quede, una vez más estancada tras estas elecciones. Pero, ¿es verdad o solo un reclamo más a la movilización electoral? ¿Teme tanto la burguesía española no salir del estancamiento? Y lo que es más importante ¿estancamiento para hacer qué?

El capital español inicia una nueva estrategia oliendo los efectos del Brexit y un potencial ataque de la crisis: redoblar la exportación de capitales a Iberoamérica, adoptar una posición activamente defensiva frente a Europa, invertir en mejoras de productividad a través de la robotización de los servicios y tomar el feminismo como bandera. Leído de otro modo: conflictos y roces imperialistas crecientes, despidos y una ofensiva ideológica intensificada. Las cosas que se descubren en el «Investor’s day»…

Conforme avanza la campaña electoral, más fácil parece que la apuesta de la burguesía española por renovar su aparato político desde la derecha no cuaje y el tiro le salga por la culata con un nuevo gobierno sin mayoría.

En este juicio no hay nadie, absolutamente nadie, inocente. Acusadores y acusados persiguen dominar sobre nuestra vida y explotar nuestro trabajo. El capital, ese vampiro centenario, cada vez reclama sangre con más ansia.

Toda «huelga» que sustituya a la clase por un sujeto interclasista, que solo convoque a una parte de la plantilla y que divida hasta los cortejos de manifestación… solo puede reforzar las causas de aquello contra lo que dice luchar.

Madrid realiza un programa piloto de reducción de horas de asistencia en consulta de atención primaria. Sólo el 51% de la población de Madrid consigue cita en atención primaria en las primeras 48 horas tras la petición, y existen demoras de hasta diez días. El piloto madrileño no solo hará más difícil los horarios, reduciría en un 25% la asistencia

El «planazo» independentista para los trabajadores es que pongamos el cuerpo para que la pequeña burguesía pueda disfrutar de un estado en propiedad con el que explotarnos. Emocionante. El plan pasa por crear una situación lo suficientemente violenta que el estado reprima con violencia suficiente para que un padrino imperialista tenga la oportunidad de actuar o forzar, al menos, una «mediación». Nos convocan en realidad a un cierre patronal, a encuadrarnos bajo banderas nacionales para ejercitarnos en poner el cuerpo para proclamar un estado que promete… explotarnos aun más.

La burguesía española se encontró en las andaluzas con un milagro: gracias al sistema proporcional, si la derecha se dividía en tres partidos y los tres pasaban cierto umbral, podían hacer gobierno sin necesitar del independentismo. Pero para que «salga bien» Vox necesita pasar cierto umbral. Se trata de crear a toda costa la imagen de que Vox compite con la izquierda, que Abascal está en el lugar que querría ocupar Anguita. Por eso feministas e izquierda reverdecen ahora la vieja trampa antifascista.

El fracaso de Sánchez es el de la burguesía española. Con una recesión en ciernes y la parálisis política en camino de gangrena, ha esbozado la renovación de las formas socialdemócratas de cargar la asfixia del capital sobre los trabajadores. Sánchez se postuló hoy para capitanear la tarea pendiente de la burguesía española en caso de que el tripartito consiga mayoría absoluta: «reinventar la izquierda», opar a podemos y dar algo de credibilidad a lo que salga.

El juicio del procés es una batalla entre dos facciones que compiten por explotarnos más. Su interés común siempre pasará por dividirnos para conseguir hacerlo con la menor resistencia posible de nuestra parte.

El gobierno Sánchez parece llegar a su ocaso. Vienen elecciones. Pero ni derecha ni izquierda van a solucionar la crisis y las frustraciones sociales crecientes, al contrario, las exacerbarán. Como en el resto del mundo, el problema es el capital y su dirección de la sociedad, eso que llamamos nación.

Sánchez se pone en valor comenzando la privatización a la chilena del sistema de pensiones y demostrando que sabe cómo seguir aumentando la participación del capital en la renta a costa del trabajo sin conflictividad. Su «manual» es sospechosamente parecido al de Salvini: retórica socializante, debates en falso y, al final, salarios más bajos, contratos más precarios y pensiones en el pasillo de la muerte.

Sánchez anuncia que hará obligatoria la contribución a fondos de pensiones privados en algunos sectores. Es el primer paso en firme a la privatización de la Seguridad Social. El gobierno usa el término «mochila austriaca» para ocultar que el modelo que plantea es el mismo que impuso Pinochet durante la dictadura y que ha significado un gran negocio para los bancos, pero pobreza para los jubilados.

No hay un conflicto entre trabajadores, sino entre facciones del capital apoyadas por sindicatos y partidos. No va de tomar bando, va de afirmar que los trabajadores tenemos uno propio frente a la precarización que imponen unos y otros.

No puede separarse la crisis en Podemos de las dificultades que la burguesía española arrastra en la renovación de su aparato político, del que la izquierda es una pata fundamental.

PP y Vox llegaron finalmente a un acuerdo en Andalucia. La prensa en toda Europa ha dado la noticia como un triunfo de la extrema derecha y el PSOE agitaba el fantasma de un acuerdo secreto entre los partidos derechistas. ¿Qué hay debajo? ¿Estamos ante un ascenso histórico de la ultraderecha al estilo de la Italia de Salvini?

Cuando el rey centra su discurso de estado anual en alertar al aparato político sobre la desafección de los jóvenes, es que la maquinaria estatal ha descubierto corrientes de fondo que la inquietan realmente.

Los últimos meses han convertido las divisiones de la burguesía española en fracturas dentro del estado y sus aparatos. El peor resultado posible de la presidencia Sánchez. Y sin embargo, parece emerger un consenso sobre la primera fase de la hoja de ruta de la burguesía española: la forma que tomará el aparato político y el juego de partidos a partir de ahora.

El gobierno encarga cinco fragatas, casi 350 blindados y varias modernizaciones de aviones de combate. En total 7300 millones de euros que representan el mayor esfuerzo armamentístico desde el final de la guerra fría. ¿Por qué? ¿Contra quién?

El activismo independentista está en una de sus escaladas. Trata de mantener a las bases nacionalistas movilizadas hasta el juicio a los políticos presos. Pero sobre todo recuperar espacio en la agenda mediática internacional. De ahí la visita de Torra al presidente de Eslovenia, uno de los pocos países europeos donde la declaración unilateral de independencia fake encontró apoyos partidarios relevantes. E inmediatamente después: la presentación del fantasmal «Consell per la República» en Bruselas que ha abierto la caja de Pandora.

Intentar mantener el aparato político tal cual tiene cada vez más coste para la burguesía española, multiplicando las expresiones centrífugas de la pequeña burguesía en todo el territorio. Estamos ante las primeras señales de colapso del aparato político de la burguesía española. Lo que está muy lejos de significar un colapso de su dominio. La pequeña burguesía es un palo en la rueda, no su antagonista.

Las elecciones andaluzas marcan el paso de la crisis al colapso del aparato político de la burguesía española. Pero no será ningún consuelo. Nada real cambiará si no rechazamos tomar parte en las batallas internas de los que quieren perpetuar el sistema. Nada real cambiará si no luchamos por nosotros mismos por nuestros propios objetivos.

La burguesía española no dice la verdad ni cuando deja de mentir. La «apertura a China» no es una promesa de prosperidad. Cada apertura de juego del capital nacional implica necesaria y simultáneamente un ataque directo a las condiciones de vida de los trabajadores y un incremento de las tensiones imperialistas, cada vez con más repercusiones militares.

Hemos pasado de una batalla entre jueces que se proyectaba en un aparato político roto, a una fragmentación general que enfrenta, entre otros muchos ejes de ruptura al aparato político y al judicial, pero que también divide a los propios partidos, emergiendo como un verdadero autosabotaje. Adelantar elecciones en mayo es un intento desesperado por frenar la fragmentación del estado en una guerra de taifas generalizada que cruza ya partidos, instituciones y aparatos.

La máquina de fabricar opiniones ya no sabe producir más que resignación o resentimiento. En eso fue en lo que quedó la ilusión democrática y éso es todo que puede salir de las elecciones.

Los márgenes políticos reflejan con una propensión creciente a la violencia, la deriva enloquecida de la pequeña burguesía y las fracturas de la burguesía española. Un rebrote del terrorismo no sería de extrañar. El aumento de «lobos solitarios», acosadores, locos y toda esa parada de monstruos «solitarios» es un síntoma de un todo que construye a sus partes a su imagen y semejanza. Y es cada vez más peligroso.

Que la burguesía española siga «reconciliándose» décadas después no es nuestro asunto. Bien conciliados están cada vez que el capital nacional necesita atacar nuestras condiciones de vida, bien que toma cada cual su papel para hacerlo tragable y para reprimir si llega el caso. El «Valle de los Caídos», con su brutalidad esculpida en piedra y con los cadáveres fundidos en el mortero, es el símbolo de toda la burguesía española, sea con curas y basílicas o con historiadores y centros de interpretación. Es el símbolo de toda una clase que no tiene reforma o reinterpretación posible. Solo cabe demoler.

El Parlamento catalán y el Ayuntamiento de Barcelona han aprobado declaraciones a favor de la «abolición de la monarquía», el gobierno las ha impugnado. ¿Hay una IIIª República a la vista? ¿Qué significaría esa bandera para los trabajadores?

El grado de conflicto entre las facciones de la burguesía española se ha multiplicado. La crisis del aparato político de la burguesía española se está desarrollando hasta amenazar con convertirse en crisis del conjunto del estado.

Si Sánchez entiende que no tiene otra opción y que tiene suficientes fuerzas para afrontarla, nos esperan meses de impúdico compadreo y chalaneo nacionalista alrededor de un nuevo estatuto de autonomía.

Un año después del referendum no es la policía nacional bajo órdenes de Saenz de Santamaría, sino los «mossos d’esquadra» bajo órdenes de Torra los que cargan contra los independentistas. Mientras, la burguesía española se ve cada vez más tentada de romper la baraja y disciplinar a las pequeñas burguesías nacionalistas por el camino rápido que propone «Ciudadanos».

Colau aprueba en el Ayuntamiento de Barcelona que el 30% de la vivienda de nueva construcción tenga obligatoriamente «precios asequibles». Según la alcaldesa «decimos al sector privado que no puede enriquecerse sin límites». Pero ¿es cierto? ¿puede hacerse? ¿llevará a algún lado?

La batalla de los taxistas contra la reorganización del sector por el gran capital está convirtiéndose en un verdadero manual de cómo funciona el capitalismo de estado y que papel reserva para los trabajadores. Como cuando la guerra se da entre capitales nacionales y estados a bloque solo cabe afirmar una cosa: el enemigo no es el trabajador del otro lado de la barricada, el enemigo está en el propio país… y en la propia empresa.

Sánchez acelera para seguir en la carrera a costa de erosionar su propia posición equilibrista cada vez más rápidamente. La renovación del aparato político de la burguesía española corre contrarreloj con cada vez menos opciones.

Anguita y Monereo anuncian un «Vox de izquierda» para octubre mientras Iglesias se sitúa cada vez más abiertamente como muleta de Sánchez e intenta contener la tendencia de los suyos en Madrid, Cataluña, Galicia y Andalucía a cantolizarse. ¿Empieza la descomposición de la izquierda? ¿Dan por cerrada la fase identitaria posmoderna? ¿Qué hay tras la batalla entre «culturalistas» y «obreristas»? Entre ellos y con la derecha hay sin embargo un consenso fundamental: las necesidades humanas deben «esperar» a la rentabilidad del capital… y pueden esperar sentadas.

La sucesión de escándalos sobre los «masters» se ha convertido en una amenaza directa a la presidencia de Sánchez ¿Acabado el verano vuelve la crisis política? ¿Habrá elecciones anticipadas? ¿Una purga general del aparato político?

¿Por qué los «másters» producen tanta mortandad política en España? ¿Qué se oculta tras la sucesión de escándalos en el PP y el PSOE? ¿Qué hace diferentes a estos escándalos del resto de los escándalos de corrupción?

Cien días después de la elección de Pedro Sánchez por el Parlamento, los problemas de la burguesía española siguen ahí. Pero también sigue ahí su decisión de salvar la crisis y su previsible recrudecimiento a nuestra costa.

Todo el «debate» sobre Navantia y los contratos saudíes ha sido una escenificación perversa en la que nos decían que «los trabajadores» estaban interesados en vender armas a uno de los imperialismos contendientes en Yemen y aceptaban de partida que sus necesidades debían supeditarse a la «carga de trabajo» de la empresa.

Entendiendo a Sánchez en el contraste con los últimos 40 años de imperialismo español en América, cuando ya es claro que los sueños imperialistas en español, llámense «Patria Grande» o «Iberoamérica», no tienen «una segunda oportunidad sobre la tierra».

Ultimamente los taxistas, es decir, los propietarios de licencias de taxi, aparecen como una parte especialmente combativa de la pequeña burguesía. En la medida en que se enfrentan a gigantes globales como «Uber», asociados a la precarización de sus trabajadores, suscitan apoyos sociales crecientes y diversos. Pero ¿Qué son? ¿Cuál es su proyecto? ¿Por qué se movilizan? ¿Deberíamos apoyarles?

El PP se «renueva» girando a la derecha para reforzar una eventual una coalición con Ciudadanos. Para la burguesía española todos estos movimientos son parte de una acumulación de fuerzas que requiere para hacer frente a la recesión inminente del único modo que sabe: empobreciéndonos aun más.

La «nueva izquierda» pretende hacer de su propia impotencia virtud, vendiendo ilusiones electorales inconducentes desde la cómoda poltrona de oposición interna de los bloques de gobierno. «Villa Podemos» no fue un desliz sino un ensayo escénico.

La única independencia por la que merece la pena luchar hoy en todo el mundo es la independencia política de los trabajadores frente al encuadramiento nacional que prepara nuevos ataques a nuestras condiciones… y abre la perspectiva de una guerra.

Sánchez se presenta de cara a la cumbre europea de mañana, según la prensa alemana como «merkenario» (juego de palabras en alemán entre «amigo de Merkel» y «mercenario»). Fronteras a dentro, nos venden un supuestamente «progresista» consenso sobre su ley de eutanasia y la promesa de un sistema ampliado de permisos de paternidad, mientras nos quedamos horrorizados por la exaltación mediática de «la nueva manada».

La polarización a la que se ha intentado someter a la sociedad catalana ha sido extrema. Amplias capas del proletariado se han visto machadadas por mensajes patrioteros de ambos nacionalismos… que al final se han demostrado impotentes. Pero tampoco hemos salido indemnes y si ahora o en el futuro nos colocamos bajo banderas nacionales pagaremos con miseria y acabaremos siendo carne de cañón para la guerra.

Sánchez abre un camino nuevo… para llegar al mismo sitio: el ataque frontal a las condiciones laborales y las pensiones que la burguesía española reclama antes de que el nuevo empellón de la crisis, acelerado por una guerra comercial que se agrava por días, vuelva a poner sus rentabilidad en números rojos.

¿La moción de censura de Sánchez es un «gol robado» o un cambio de estrategia de la burguesía española? En realidad Sánchez está jugando a ser un pequeño Bonaparte, aprovechando oportunidades rocambolescas, haciendo equilibrios entre fuerzas antagónicas y usando el poder para generar una ilusión reformista atada a su propia persona.

El nacionalismo español no cuaja ni con Rivera envuelto en la bandera rojigualda, ni con iu desempolvando la tricolor ni con Torra diciendo barbaridades supremacistas… y eso es una noticia esperanzadora. El primer paso hacia la «vuelta» consciente de la clase trabajadora al escenario histórico, lo único que puede parar la generalización de la guerra, es el rechazo a toda alianza con el capital nacional.

La gran mayoría de las mujeres desearían tener hijos entre los 26 y los 31 años, pero el 70% no ha podido tener ninguno a los 35. Los que dan el paso dependen cada vez más de unos abuelos que hacen lo que pueden para sustituir unos servicios públicos solo al alcance del 20% de las familias. A día de hoy, lo mejor que puedes hacer por defender a tu familia o incluso por defender tu deseo de poder tener y criar hijos, es enfrentar a un sistema que los está convirtiendo en una mercancía de lujo.

La situación en el Campo de Gibraltar es significativa del momento de la burguesía y el estado en España. La descomposición social, alimentada por la crisis amenazaba ya con el colapso del estado en una frontera cada vez más caliente. El vector de la aceleración ha sido el crecimiento explosivo del narco, crecimiento que está de una manera u otra ligado a la batalla imperialista por el futuro de la Roca. La parálisis del aparato político, su incapacidad para enfrentar la situación, ha tensado lo indecible las relaciones entre el gobierno y estado en un nuevo frente. Y si en Cataluña han sido los jueces del Tribunal Supremo, en Algeciras han sido los cuerpos de seguridad del estado los que han ensayado la respuesta política que Moncloa no daba, paralizada en la batalla del frente del Brexit y temerosa de la injerencia británica ya insinuada en Cataluña.

La crisis catalana, elemento central de la crisis de la burguesía española, se juega a partir de ahora en una contrarreloj. El nuevo repunte de la crisis económica y los «sustos» de la guerra comercial pueden dar al traste con las expectativas de reforma del aparato político y recentralización del estado, que necesitan para atacar de forma directa y clara pensiones, condiciones de vida y el marco legal del trabajo.

Cambiando los jueces e incluso cambiando las leyes, el estado no va a dejar de juzgar de manera cruel, injusta y discriminatoria. La cuestión no es solo que prime a los violadores sobre sus víctimas. La cuestión es que para lo que está es para defender a víctimas que en ningún caso seremos nosotros, seamos mujeres u hombres, nos violen o esclavicen, mientras no representemos al propio estado o al capital nacional que articula.

La burguesía española ha iniciado la renovación de su aparato político ante una situación catalana que ha comenzado a pudrirse y descomponer tanto al partido de gobierno como al independentismo. Tras la aprobación de los presupuestos se abre una fase de «implosión controlada» del PP y redefinición de bloques en Cataluña que ha de acabar con «Ciudadanos» como partido de gobierno y una izquierda «reinventada».

¿Qué racionalidad hay en endurecer una legislación que coloca a los trabajadores en una posición de debilidad que les condena la explotación extrema y al mismo tiempo reprimir a los patrones «que se pasan»? La función de la legislación laboral -y del día a día sindical- es asegurar que no hay sectores de la burguesía que, aprovechándose de la debilidad de un grupo concreto de trabajadores, compiten con ventaja desequilibrando el sistema.

Las necesidades de la burguesía española pasan por una reconfiguración de la estructura territorial del estado, por eso no le basta con remozar la «derecha de gobierno. La apuesta por renovar su aparato político no va a parar en «Ciudadanos», van a «reinventar la izquierda» y vendérnosla, una vez más, como «el cambio» para que todo avance… a peor para el trabajo.

Que el ayuntamiento de Madrid se presente como garante de la «ciclologística» y dedique recursos a su análisis e implementación es un descaro más de una burguesía de estado, en este caso madrileña, «progre» y podemita, que no siente el menor respeto por nuestra fuerza de trabajo, arrojándonos una vez más a la precariedad, el atraso y la miseria.

La burguesía española está por el desguace de su viejo aparato político. No cree poder confiar a Rajoy una situación que se está pudriendo. Ante el vacío, el núcleo judicial del estado reprime para crear en falso «normalidad institucional». El desarrollo autoritario en la interpretación judicial de las leyes, nos constriñe y pone en peligro a todos, pero no por eso debemos tomar partido por ninguna facción. Nuestro futuro pasa por nuestras propias luchas.

La burguesía española parece entender que la forma de salir de su estancamiento político no pasa ya por Rajoy. Han descubierto que ni siquiera pueden esperar a que la reacción del núcleo judicial del estado, el «llarenazo», permita un fin pronto a una crisis catalana que les debilita y pone en riesgo creciente el control de las grandes empresas del IBEX. Comparado con eso, un gobierno Rivera es un riesgo menor. Viene una auténtica «operación Rivera».

Cuando Rajoy venga a despertar, el estancamiento seguirá ahí. Eso es lo desesperante para la burguesía española y el peligro del que son cada vez más conscientes sus aliados internacionales. Lo que viene no es una «solución negociada» sino la negociación de una solución entre el maltrecho aparato político de la burguesía española y el aparato judicial del estado.

La turistificación cumplió ya su función para el capital, ahora el estado le dará «su lugar» a medida de comerciantes y pequeños especuladores, pero nuestros salarios seguirán sin llegar para pagar el alquiler de una casa decente.

La famosa «internacionalización» de la cuestión catalana es el independentismo ofreciéndose como corsario de cualquier imperialismo deseoso de poner un palo en la rueda del eje franco-alemán. Paradójicamente, la burguesía española ve una oportunidad perversa en la situación: acelerar la renovación de su aparato político y vender nacionalismo al victimismo de la pequeña burguesía

Tanto PP como el bloque independentista, principales víctimas del auto del Supremo, han adolecido de la misma confianza legalista y subestimado dramáticamente la capacidad de autodefensa del estado y sus automatismos. El tiempo corre en contra de la burguesía española y el estado no podía esperar más. La reacción apuntala la recentralización, acelera el desarrollo autoritario, impulsa la «renovación» del aparato político y deja al PP de Rajoy en la picota.

El «milagro industrial» en las regiones rurales no coincide por casualidad con las bolsas de precariedad y sobre-explotación más sangrantes. El capital que lo alimenta es el producto de condiciones de vida infames de los jornaleros sin papeles. La esclavitud de estos jornaleros no es un problema «particular», una «situación», es un indicador de lo que el capital impulsa para todos los trabajadores. «El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza»… y así es en cada lugar donde se desarrolla.

Lavapiés es el corazón de «la izquierda» madrileña y expresa bien lo que ésta significa para los trabajadores: invisibilización de la explotación, hipocresía rabiosa respecto a la opresión, entrega de los trabajadores a mafias y bandas, precariedad sin límites y la promesa de movilizaciones destinadas a culpabilizar y dividir a la clase.

La burguesía española está estancada. Su agenda no avanza ni en Cataluña ni en ningún lado. Nada teme más en este momento que la aparición de luchas de trabajadores con posibilidad de extenderse. Saben que el descontento es grande y se sienten débiles mientras no alineen a la pequeña burguesía y remocen su aparato político, dos cosas que están íntimamente relacionadas. Es un momento de oportunidad. Aprovecharlo significa en primer lugar romper con la trampa de las banderas nacionales y levantar reivindicaciones que representen los intereses del conjunto de la clase.

La burguesía de estado española, incluyendo sus ramas catalanas -La Caixa, Sabadell, etc.- se pone al mando para «poner en su sitio» a la pequeña burguesía díscola.

El terrorismo es una peste que el marxismo repudió desde sus orígenes. Que Pablo Hásel se defina orgulloso como «comunista», mientras defiende como «ejemplos de resistencia» a terroristas solo sirve para generar confusión y criminalizar el comunismo.

Las batallas internas en la burguesía y la pequeña burguesía se van a multiplicar. Esa clase social de verdaderos «troles», nos intentará vender sus batallas por contratos y prevendas como nobles causas. No podemos dejarnos engañar.

El desarrollo del pandillerismo y la violencia, la soledad asesina de ancianos, la desesperación y la enfermedad mental no son «hechos aislados», son parte de la cruel cotidianidad del capitalismo actual para los trabajadores. Las cicatrices de una sociedad estancada se ven en los barrios. Son las costuras de una sociedad que se descompone y que no va a recomponerse a base de martillazos policiales.

El capital español quiere entrar en la «gran fusión» franco-alemana que viene. A este lado de la frontera de clases significará, para empezar, unos cuantos miles de despidos y prejubilaciones. Y en el gran marco del imperialismo, nuevas cargas sobre los trabajadores para soportar una «construcción europea» que pasa por el desarrollo del militarismo y lo que trae tras de sí. El incremento de gastos de defensa en un 80%, es solo el primer plato de una larga lista de «sacrificios» que pretenden imponernos. Bajo la niebla de mil Tabarnias y Europas imaginarias, no hay otra cosa que el gris y miserable futuro de una fusión de capitales condenada inevitablemente a destruir las condiciones de vida del trabajo y aumentar la tensión bélica.

La burguesía española nos invita, medio en broma medio en serio, a colocarnos bajo la bandera de una ocurrencia publicitaria para insinuar su propia «guerra de independencia». Es un rasgo de debilidad. Significa que no puede ni llamarnos por nuestro nombre ni espera que tomemos fácilmente su bandera. «Es solo un chiste», nos dice entre las risas pregrabadas de una mala comedia de situación. La verdad es que el chiste no tiene ninguna gracia.

Elliot escribió que el mundo no termina con una explosión, sino con un gemido. Hasta cierto punto es verdad. Con un gemido termina la época en la que la burguesía sabía ocultar su incapacidad para seguir dirigiendo esta sociedad. Hoy gime. Gimen los miserables burgueses españoles. Gime la burguesía en todo el mundo. Ante Trump, ante el Brexit, ante el cambio climático. Gimen al ver su naturaleza monstruosa en el espejo de sus productos. Con un gemido confiesan la mentira. Acabó su tiempo pero no acaba su mundo todavía. Es hora de que la explosión del trabajo de paso a un mundo nuevo.

El modelo laboral español se basa en salarios cada vez más bajos con porcentajes absurdos de temporalidad y contratación a tiempo parcial. Por eso la Seguridad Social es deficitaria aunque tenga más cotizantes.

El mensaje del Rey ha cambiado la orientación general de una burguesía que se sentía derrotada. Ahora apuesta por quitarle autonomía a las pequeñas burguesías locales y duda sobre un recambio de partidos. Para enfrentar las fuerzas centrífugas de la pequeña burguesía, la burguesía de estado española va a tener que apelar de forma cada vez más directa a los trabajadores cuyas condiciones de vida quiere atacar

Ningún partido del Parlament va a defendernos del machaque, la precarización y la exclusión. No es cuestión de lenguas ni de patrias, es cuestión de clase. Para salir del día de la marmota en el que viven la burguesía española y la pequeña burguesía independentista catalana, tenemos que salir del redil de la nación, el «pueblo» y la «ciudadanía».

Nos dice el gobierno que «España vuelve a crecer, recupera empleos a pesar de que el paro seguirá siendo abrumador mucho tiempo y atrae inversiones». Pero en realidad lo que dicen las cifras es que el consumo baja, el trabajo es cada vez más precario, que las «grandes esperanzas» industriales españolas se han ido al garete, que los bancos siguen todavía en la cuerda floja y que el capital que llega no pretende tener un uso productivo. El «milagro español» no es más que la combinación de una precarización galopante, el empobrecimiento de capas cada vez más amplias de la población y la venta a saldo de los trastos de una burguesía cuyo próximo objetivo es sacrificar las pensiones en el altar de un tejido financiero exhausto,

Puigdemont tira la piedra contra la UE y el euro… para luego esconder la mano. ¿Tiene opciones reales de usar el rechazo del euro para ganar fuerza política? Es difícil que el independentismo quiera meterse en una aventura tan arriesgada. Y si los trabajadores no teníamos nada que ganar en la batalla entre independentistas y unionistas, en los cantos de sirena para ponernos del lado del euro o contra él, tampoco.

¿Por qué los mismos medios que invisibilizan suicidios, accidentes laborales y crímenes imperialistas de todo tipo se desgarran por 44 mujeres asesinadas? Invisibilizar la matanza cotidiana y apuntar al «patriarcado» sirve para que el capitalismo salga de rositas sin que se cuestione su carácter criminal e inhumano.

Ha llegado el momento en el que la burguesía española necesita remozar la estructura del estado para dar un encaje a las pequeñas burguesías locales sin que pongan en cuestión su unidad. No va a resultarle fácil y es muy posible que oigamos crujir el andamiaje de su propia cohesión interna. Pero si caemos bajo las banderas de la «reforma democrática» o de las «identidades», sean cuales sean, estaremos perdidos.

La burguesía no cree ni por un instante que con twits y bots pueda cambiarse el estado de opinión al que tantos recursos destina y que tan bien sabe controlar. Pero manda una señal a sus propias filas y a los aspirantes a ser incluidos en ella: no van a aceptar alianzas que pongan en cuestión los grandes compromisos y alineamientos imperialistas.

El triunfo de huelgas como las de las trabajadoras de residencias, Ciut’Art o -esperamos que en breve- Udon, prepara las condiciones para que puedan darse huelgas masivas triunfadoras. ¡Avanzamos!

Tan peligroso es para los trabajadores aceptar el encuadramiento de la burguesía que le llama a poner el cuerpo en sus batallas, como solidarizarse con una parte de ella cuando es derrotada por otra. Donde nos la jugamos no es en los juzgados, ni en la reforma de la organización territorial del estado.

La última autoparodia de Puigdemont sirvió para que el gobierno presentara fuera del foco informativo, unos presupuestos con el mínimo histórico de gasto en sanidad y educación.

Se aproxima una tremenda campaña patriótica, pero sobre todo «democrática». Si lo consiguen, ya sabemos que viene: la «unidad nacional democrática» nunca va acompañada de una subida de sueldo precisamente. En el mejor de los casos un nuevo «estatuto del trabajador» a la francesa que consagre la precariedad y una nueva vuelta de tuerca a la «ley mordaza», en el más probable si consiguen movilizar electoralmente a los trabajadores como en «los viejos tiempos» de los «pactos de la Moncloa», una reforma privatizadora y desmanteladora de la Seguridad Social que «compense» a los bancos su «compromiso» con el estado.

Una «independencia» que es en realidad, reconocimiento por la pequeña burguesía catalana independentista de su incapacidad para sostener un estado nacional propio. Una «intervención estatal» que finge no escuchar lo que le piden realmente: una nueva ración de rentas y privilegios. El resultado no es bonito. No puede serlo en una sociedad en la que las clases dirigentes y el sistema económico que les sostiene son el principal freno para el desarrollo.

Se ha hecho evidente para la burguesía española como un todo que el sistema federal de administración del estado, que infla a los caciques, entrona a las pequeñas burocracias locales y da alas a una pequeña burguesía tan pagada de sí misma como poco sensata, no le es ya útil para mantener la cohesión territorial ni la unidad de mercado.

La resistencia de los trabajadores al encuadramiento nacionalista está siendo lo mejor de estos días, en Cataluña y en el resto de España. De momento ha forzado al «paro país» del 3-O a mostrarse como lo que es: una huelga patronal organizada entre el estado y las patronales locales.

Perjeñada por la CUP e instada desde la Generalitat, su objetivo principal es mostrar a los trabajadores cerrando filas con el gobierno de la Generalitat en su enfrentamiento con el gobierno de España. Si lo consiguieran sería un «win win» para ambos bandos burgueses. Habrían dividido a la clase en dos.