Crisis de abastecimientos en Gran Bretaña, gasolineras cerrando, estantes vacíos, quiebras en el sector eléctrico, el sector cárnico al borde del colapso. El despilfarro y la escasez innecesaria campan por todos lados conforme las contradicciones del capital se exacerban.
En una entrevista en TVE este lunes, la ministra de economía Nadia Calviño aseguró que la subida del SMI 2021 se aprobará en octubre y no tendrá efectos retroactivos. Ayer martes los periódicos abrían con las quejas airadas de la pequeña burguesía doctrinaria que, junto a la patronal se niega en redondo a cualquier subida de los salarios más bajos dada la menor rentabilidad de su capital. Mientras, la ministra de trabajo prometía que «pondría de acuerdo» a patronal y sindicatos durante septiembre. ¿Qué hay bajo el ruido? ¿Qué impacto real tendrá en los salarios?
Hoy toda la prensa económica comenta la publicación de un estudio de FEDEA sobre las tendencias salariales y de empleo de los jóvenes trabajadores durante los 30 años anteriores a la pandemia y la recesión actual. De sus conclusiones podemos aprender mucho sobre lo que viene y lo que seguirá tras los peores momentos de la recesión actual.
El Pacto Verde promete ser una solución para el paro. No es verdad. Las cifras dicen lo contrario: es una solución para el capital, las grandes empresas energéticas y automotrices, los latifundistas y hasta para los pequeños propietarios agrarios. Pero, desde el primer momento deja un rastro de despidos, paro y pérdida de poder de compra de los salarios.
Basta recoger los titulares de la semana para ver con claridad que tanto la política de salud pública y reducción de contagios como la legislación laboral, las coberturas de jubilación y la distribución de rentas e ingresos se doblegan ante el ansia por mejorar los resultados inmediatos de las inversiones puestas en las empresas. Lo que el capital exige para recuperar rentabilidad prima sobre las necesidades más básicas y urgentes de los trabajadores, que son sistemáticamente invisibilizadas.
El escaso volumen de los fondos de «recuperación» hace de ellos una mera cobertura de la «austeridad» que la UE impulsa, con todo lo que significa para los trabajadores en tanto que reducción forzada de los costes generales de explotación la fuerza de trabajo: menos servicios de salud, educación, cohesión social, etc. Pero esta «austeridad» se quedaría en mero aperitivo de la ofensiva general contra las condiciones de los trabajadores que suponen las «reformas» a las que van «condicionados».