Communia

El «registro de jornada» es el último ejemplo de la habilidad del gobierno Sánchez para imponer «reformas» en línea con las necesidades de conjunto del capital nacional y utilizarlas para legitimar al estado y el gobierno ante los trabajadores.

¿Qué espera el estado del registro de jornada?

1. Que las medianas y grandes empresas pasen a reconocer una cierta cantidad de horas extraordinarias ahora impagadas, aumentando las cotizaciones de Seguridad Social y dando un alivio a las cuentas del estado
2. Que la oportunidad de reducir la ‎ explotación en términos absolutos‎ en los sectores de capitalización más débil, las micro-pymes, anime a los trabajadores a recurrir a los sindicatos. Estas empresas, las de menos de 10 trabajadores, emplean a casi un cuarto del total de asalariados y los sindicatos en ellas están muy poco presentes.

¿Qué significa para la pequeña burguesía empresarial?

Durante estos días hemos escuchado en los medios las críticas airadas de sectores de la pequeña-burguesía más explotadora -pequeño comercio, comerciales, mensajería, construcción, agricultores...- que aunque por lo general invocaban sus particularidades, venían a decir directa o indirectamente que registrar la jornada les llevaría a un aumento del salario-hora real pagado a sus trabajadores. Es decir, confesaban que consiguen pagar las horas reales trabajadas por debajo de los mínimos legales y los convenios, a base de alargar la jornada y que... es eso lo que les hace competitivos.

¿Qué significa en las grandes empresas?

Las grandes empresas y los sectores centrales del capital nacional, como la banca, también se han beneficiado de extender las jornadas durante los años de crisis... y el estado -sindicatos y sistema judicial de la mano- lleva unos años intentando redisciplinarlos. Para ellos, en un marco de reducciones constantes de plantilla y aumentos de productividad por la robotización de los servicios, no va a ser dramático reducir las horas reales trabajadas por los empleados de a pie hasta los límites que las propias entidades firmaron.

De hecho, la guía de aplicación del ministerio da a entender que los que se beneficiarán de un recuento de horas extra son los cuadros medios, la pequeña burguesía corporativa que, una y otra vez, resulta la principal beneficiaria de los cambios en la estructura salarial de la llamada «salida de la crisis».

¿Qué significa para el capital nacional y el estado como un todo?

Uno de los objetivos permanentes del ‎capitalismo de estado‎ es aumentar la «fluidez» del capital entre «aplicaciones alternativas». Si la burguesía se transformó en su día de clase empresarial -dueña individual de las industrias- a clase burocrática, gestora y financiera, no fue solo para «mutualizar» riesgos en y a través del sector financiero y el estado, sino para facilitar la ‎acumulación‎ haciendo más fluida la circulación. Dicho de modo sencillo: cuanto más fácil y rápido sea mover el capital de una aplicación a otra, más fácil será para el capital optimizar sus resultados. Eso es lo que hay bajo la tensión permanente a homogeneizar las condiciones de explotación.

De forma general, los «abusos laborales» se persiguen en tanto que «competencia desleal» cuando vienen de la pequeña burguesía porque la capacidad de absorción de inversiones de sus empresas es demasiado pequeña para que el capital pueda sacar partido general de ellas -si es que puede convertirlas en un estándar sin azuzar la temida ‎lucha de clases‎. Sin embargo, cuando toman una forma generalizable -como las ETTs en su día o las «empresas multiservicio» ahora- son celebradas como «innovación».

A partir de 2008, con el episodio más violento de crisis en décadas y en medio de una verdadera explosión del desempleo, la burguesía española «relajó» los mecanismos estatales de homogeneización para salvar al mayor número posible de pequeñas y medianas empresas. La forma más clara de esta estrategia consistió en dar prioridad a los convenios de empresa sobre los de sector en menoscavo de los grandes sindicatos. Además, la presión habitual del estado hacia las pymes a que aumenten de escala comprando tecnología para que puedan convertirse en colocaciones productivas del capital, también aflojó. Sencillamente con el sistema financiero roto, con los bancos sin dar préstamos y con la demanda de sectores enteros en mínimos, hubiera sido utópico. El camino de la ‎plusvalía relativa‎ estaba cerrado. Quedaba el de la ‎ absoluta‎. Las jornadas además se «flexibilizaron», es decir, se permitió cuando no se alentó a las empresas en peor situación, a aumentar jornadas de trabajo.

Las medidas «socialdemócratas» de Sánchez, como la subida del salario mínimo o ahora el registro de jornada, se presentan como una «vuelta a la normalidad», vendiendo la igualación de las condiciones de explotación -a un nivel relativamente peor que antes del 2008- como «justicia social».

¿Qué significa para los trabajadores?

Es cierto que en las grandes empresas, especialmente en las oficinas, la jornada real tenderá a parecerse más a la firmada. Pero por los números que está manejando el Ministerio no parece que vaya a traducirse en un aumento real de la masa salarial pagada a los trabajadores. Como vimos, los cuadros medios y altos, la pequeña burguesía corporativa, serán los principales beneficiarios. La curva de distribución de salarios por tanto, reforzará la tendencia, ya ampliamente marcada por el nuevo salario mínimo, a formar una «U», agrupando a la mayor parte de los trabajadores en torno al SMI y dando nuevas alegrías a la pequeña burguesía asalariada (mandos, cuadros, etc.).

En las pequeñas empresas tampoco tenemos que hacernos demasiadas ilusiones. La propia inspección de trabajo anima a la denuncia avisando que no va a actuar de oficio. En todo caso, el registro sería «la prueba». Y como se bromeaba durante estos días incluso en la prensa y sus viñetas, la «prueba» se manipulará tan rutinariamente como hasta ahora en las grandes empresas en las que el registro ya existe. Las empresas «prohibirán» a los trabajadores exceder el límite de jornada al mismo tiempo que valorarán su «productividad» por resultados. Consecuencia: si quieres sobrevivir en la plantilla, tu mismo ficharás la salida... para poder seguir trabajando. Eso sí, el registro servirá a las empresas para «demostrar» absentismo y tomar medidas disciplinarias. Y ahí si que no hay vuelta de hoja.

Pero no es solo el control directo de los trabajadores en la empresa lo que se agrava con el registro. Se agrava políticamente. En primer lugar impulsando a los sindicatos como «garantes» de nuestras condiciones en las pequeñas y muy pequeñas empresas. Y sobre todo a través de la inspección, reforzando esa idea de que el estado es ese «amigo de los trabajadores» al que hay que recurrir ante los abusos... y si no lo hacemos, ¿de qué nos quejamos? En realidad «los abusos», el abuso permanente que es la explotación, es organizada y estandarizada por el estado y el registro es solo una expresión más. No es a través de la inspección de trabajo ni de las medidas que Sánchez llama de «justicia social» como conseguiremos hacer valer nuestras necesidades humanas, sino plantando cara.

Actualización 23 de mayo

El gobierno propone unir todas las pausas en horas que ni se paguen ni coticen. Es decir, al final, como en el sistema de haciendas, lejos de cobrar las horas extras hoy no remuneradas, resultará que acabaremos debiendo horas a la empresa y trabajando más horas reales sin remuneración. ¿No es sorprendente en su mezquindad tramposa la socialdemocracia?