Communia

Alemania y Francia presentaron ayer un plan de gasto público a ejecutar desde Bruselas con la mitad del volumen propuesto por España e Italia, un cuarto del solicitado por el Parlamento europeo. Pero aun con tan sustancial recorte, a día de hoy, es poco más que un brindis al sol: Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia se han cerrado en banda ante el anuncio, que necesita de la unanimidad de los 26 para aprobarse. La clase dirigente española sabe que no puede esperar de los mecanismos europeos un atajo en la crisis y empieza a esbozar una estrategia para lo que llaman «reconstrucción económica y social».

Cierre de empresas y desempleo

La apuesta del gobierno al declarar el estado de alarma y generalizar los ERTEs era evitar el fin de los contratos, colocando «en suspenso» el mercado de trabajo. La idea era que para el estado era más barato pagar el subsidio de desempleo temporalmente a cientos de miles de trabajadores y dar avales a las empresas para financiar la tesorería mientras estuvieran inactivas, que ayudar luego a las empresas a recuperar actividad si despedían a sus plantillas. Los ERTEs «taparían» el paro real y ganarían tiempo. ¿Cuánto? Dependería del coste de financiación de la Seguridad Social.

¿Qué ha pasado? Los avales estatales han arrastrado solo la mitad del crédito privado que el gobierno esperaba. Los bancos tienen miedo ante la recesión que comienza y lo que han pedido al Banco Central supera el récord de los últimos tres años. Añadamos a éso que las actividades más hundidas están en su mayoría en sectores de baja concentración de capital (PYMEs) que son los que mayor volumen de ‎fuerza de trabajo‎ utilizan.

Resultado: un 40% de paro real contando parados oficiales, ERTEs y autónomos que han quedado inactivos. Lo que es peor, las previsiones oficiales rondan el 20% de desempleo para el final del año y un retroceso del PIB del 9,4%. La producción no se recuperaría a los niveles de diciembre antes de 2023

Consecuencia: los números de la estrategia ERTE no salen porque las empresas no tienen ni mercado ni posibilidad de endeudarse más. El estado tampoco, así que el gobierno se abre a convertir los ERTEs en despidos permanentes después de julio. No es por capricho de los trabajadores que el temor al desempleo supera ya al del peor momento de la crisis financiera de 2009.

Salarios y pensiones

Nada más fácil que bajar salarios en mitad de un miedo generalizado al desempleo. De momento se congelarían las pensiones y los convenios de las grandes empresas al menos durante 2021. La realidad es que la masa salarial va a bajar y mucho en un cuadro lleno de particularidades. Las empresas en dificultades conseguirán reducir convenios, la tendencia a sustituir trabajadores fijos por precarios pagados con el salario mínimo se acelerará, las jornadas pagadas como jornadas parciales se multiplicarán...

Pero incluso los que mantengan el salario y las horas cotizadas, verán reducirse su poder de compra. De momento el petróleo ya está subiendo, pero lo que es más importante, todos dan por hecha una subida de impuestos. No es solo que la mayoría de la nueva carga impositiva recaiga, como siempre, sobre los trabajadores vía precios e impuestos indirectos. Es que la perspectiva a medio plazo de los economistas y los think tanks apunta a un «paquete de reformas» que reduciría la pensión máxima al SMI, ahondaría los recortes en los servicios públicos, aumentaría de forma generalizada los impuestos de la base de la pirámide de rentas y reduciría el empleo público:

España necesita un Bravo Murillo o un Raimundo Fernández Villaverde que haga un reforma fiscal que aumente los ingresos un 2% del PIB en los próximos años. Y que recorte el gasto público estructural mínimo otro 2% del PIB. El problema principal está en las pensiones, que este año tendrán un agujero superior a los 30.000 millones. Las pensiones se crearon para proteger de la pobreza y el 70% de los pensionistas cobra menos de 1.000 euros y están en ese umbral, el resto son insostenibles. La Administración necesita un plan de transformación digital completo y aumentar la productividad de los funcionarios. El confinamiento ha demostrado que teletrabajar con muchos menos empleados públicos es posible.

¿Qué fue de la «Justicia Social»?

Estamos ante una reconfiguración de la «hoja de ruta» de la burguesía española y no solo ante una aceleración de sus objetivos. Las pensiones están bajo fuego abierto, pero el centro de la estrategia no es ya una paulatina introducción de la «mochila austriaca», sino un ataque directo al monto de la pensión mediana y una reforma fiscal estructural que incluirá una redefinición de los servicios públicos, es decir, que perseguirá reducir los costes generales de explotación del capital nacional transformando la estructura de ingresos y gastos del estado.

Con esos objetivos, el papel de la izquierda, no solo en España sino en todo el Sur de Europa, va a ser vendernos como avances sociales nuevas formas de reducción del gasto en cohesión social. Ya han empezado: el discurso sobre la «renta mínima europea» o el «ingreso mínimo vital» en España son una primera muestra.

La estrategia es realmente cínica, muy parecida a la del SMI: reforzar y elevar ligeramente los salarios, pensiones y ayudas sociales mínimas sin tocar el marco de ‎precarización‎ y «flexibilidad» del mercado de trabajo ni el objetivo del «equilibrio presupuestario». De ese modo los salarios, pensiones y ayudas sociales cobrados por la mayor parte de los trabajadores, caen «por sí mismos», acelerando la caída del porcentaje de la renta nacional que va a los trabajadores y aumentando la que va al capital.

Al final la «justicia social» no es otra cosa que invocar la «solidaridad con los más vulnerables» para imponer nuevos sacrificios al grueso de los trabajadores que permitan una revalorización acelerada del capital. Si alguna novedad nos viene es que ahora, junto a los más vulnerables, se agregará el clima y el medio ambiente al argumentario de falsas razones para nuestro ‎ empobrecimiento‎. Que la «Ley del Clima» se colara entre las medidas de «desescalada» nos avisa que otra pata de la estrategia del gobierno -en línea con toda la UE- va a ser pisar el acelerador de la «Transición verde» como forma de transferir aun más rentas del trabajo al capital.

Junto con la recesión se abre un periodo de ataques directos a nuestras condiciones de trabajo, de jubilación y de vida en general. Salarios, pensiones y condiciones laborales van a estar en primera línea de fuego. Es más importante que nunca no caer en las trampas que pretenden que nos solidaricemos con los dividendos a costa de nuestras necesidades vitales, sea en nombre de la «reconstrucción», la «justicia social» o el «cambio climático».