¿Qué hace ese fondo de inversiones en mi recibo de la luz?

16 de diciembre, 2020

despliegue renovables

El mensaje oficial es que el gobierno ha obligado a las empresas energéticas a pagar los costes del despliegue de las renovables y que el resultado será que el precio de la electricidad en los hogares bajará un 13%.

Pero algo no cuadra. En primer lugar, son 7.000 millones de euros en contribuciones a un fondo, cuando todos los días se anuncian inversiones y pujas en una escala mucho mayor en nuevas infraestructuras. Por ejemplo, esta misma semana, la última puja por la capacidad productiva de los restos de parques solares de Isolux levantó ella solita 1.500 millones de un fondo canadiense. ¿Qué es lo que va a pagarse que solo cuesta 7.000 millones?

Por otro lado, simultáneamente, el gobierno aprueba el famoso Estatuto del consumidor electrointensivo, una subvención vía precios eléctricos a la gran industria. Los gigantes industriales tendrán un descuento de hasta el 85% en la parte fija del recibo. Precisamente la que incluía su aporte a los incentivos para renovables.

¿De qué costes estamos hablando?

Estamos en el arranque de la transición energética. Es decir, del proceso mediante el cual las fuentes de generación del sistema eléctrico pasarán a ser mayoritariamente limpias (lo que incluye paradojicamente a la nuclear). La principal forma de impulsar el proceso es subastar una cantidad cada vez mayor de producción renovable para la red a lo largo de los próximos cinco años. En estos eventos lo que se subasta es potencia instalada: los dueños de centrales y plantas de producción pujan ofertando el precio que están dispuestos a cobrar a la red eléctrica por la energía que le aporten sus centrales, el que ofrezca precios menores colocará antes su propia producción. Las subastas tienen correctores específicos para cada sistema -no cuesta lo mismo un MegaWatio producido con energía solar que con eólica y se complementan con una serie de incentivos que no son sino ayudas específicas para cada tipo de producción. Por ejemplo, como la electricidad producida por paneles solares es más cara, para que produzca una ganancia económica equiparable a la de otras fuentes a los inversores, se subvenciona la instalación... reduciendo así el coste de inversión y los tiempos de rentabilización desde un principio.

Como se trata de inversiones a medio y largo plazo, el gobierno lo que trata es de dar un marco estable que permita a los inversores calcular costes sin riegos para movilizar cantidades suficientes. Es decir, se compromete de hecho a asegurar la rentabilidad, incorporando ajustes (nuevas subvenciones) que vistos los resultados de las subastas aumenten la ganancia del capital. Estos correctores pueden llegar a un 25% en eólica y un 5% en solar.

Resumiendo: el precio de mercado de la electricidad para las comercializadoras es el resultado de una subasta entre productores -que en buena medida está copada por las mismas grandes eléctricas y energéticas- que es corregida en origen por subvenciones a la instalación de parques y centrales y en resultados por subvenciones presupuestarias directas. El gobierno asegura así que producir energías limpias sea rentable para los inversores en el grado suficiente como para que estos pongan los fondos suficientes como para que el parque de producción sea como el gobierno previamente ha decidido y moldeado en sus negociaciones con el oligopolio que domina el sector. En esto consiste el mercado en el capitalismo de estado, ninguna novedad.

¿Qué es lo que ha hecho el gobierno?

Como hemos visto, todo este festival de ayudas y correcciones tiene una parte que sale de los impuestos y que se decide en función de los precios obtenidos en cada subasta, y otra que se conoce previamente: las ayudas a instalación de nuevas plantas y centrales renovables. Esta parte de ayudas a la instalación son los famosos 7.000 millones que se gastarán en los próximos 5 años y que hasta ahora se pagaban directamente en la parte fija de la factura de empresas y hogares. No es, como nos han dicho, el coste del cambio de matriz productiva, sino lo que los consumidores pagan de más para que se repartan esas ayudas a la instalación.

Entonces... ¿ahora no las pagaremos? No. No es eso, tampoco. Lo que el gobierno ha hecho ha sido pasarlas a un fondo que llenarán proporcionalmente a sus ventas las comercializadoras. Las comercializadoras ven sus costes aumentar y, es de suponer, aumentarán el precio que cobran a sus clientes para mantener sus propias ganancias y la rentabilidad de lo invertido en ellas. Pero cuidado, no repartirán esos costes del mismo modo que hasta ahora ni entre los mismos.

Para empezar, la industria electrointensiva, los grandes consumidores de electricidad, se ve liberada de pagarlo. Así que tocamos a más entre el resto. Y para rematar, las comercializadoras dejarán de cobrarlo en la cuota fija y pasarán a diluirlo en la parte variable, es decir, a repartirla en función del consumo.

Y entonces ¿quién gana y quién pierde?

El conjunto sigue igual, pero unos pagarán más y otros pagarán menos, es decir, la nueva jugada del gobierno lo que ha creado es una transferencia de rentas.

¿De quién a quién? En primer lugar del conjunto de consumidores a los consumidores electrointensivos, es decir, a la gran industria de transformación.

En segundo lugar, dentro de las comercializadoras, y dados sus sistemas de cobro, reduce la diferencia de precio entre las pequeñas comercializadoras -que cobran una cuota fija y el resto a coste de adquisición- y las comercializadoras de las grandes compañías eléctricas, es decir, favorece al oligopolio eléctrico.

Y en tercer lugar también produce efectos dentro de los consumidores al menor: al pasar previsiblemente a repartirse en función del consumo. Todos los consumidores no intensivos pagarán más, pero no todos salen perjudicados de la misma manera.

Entre las empresas, las PYMEs de servicios saldrán menos tocadas que las PYMEs industriales y los talleres.

Y entre los consumidores domésticos, la factura eléctrica de los hogares será aun más regresiva, afectando en mayor medida a las rentas bajas, en su gran mayoría de familias trabajadoras, que a las altas. ¿Por qué? Porque lo que representa la factura de la luz sobre el total de ingresos de una familia es mayor en las rentas bajas, aunque consuman un poco menos en términos absolutos.

Resumiendo: No nos han ahorrado nada. Al revés, las grandes empresas industriales han sido exoneradas de pagar su parte de esos 7.000 millones y el oligopolio eléctrico obtiene alguna ventaja competitiva. Ambos salen ganando. Entre los que cubriremos el coste en la factura de nuestros hogares, los trabajadores, especialmente los precarios, y las familias numerosas, lo sentiremos más en nuestros presupuestos totales. Bienvenidos al primer acto del Pacto verde y lo que significará para nosotros.