Communia

Distintos grupos y amigos de distintos países nos están preguntando cómo vemos la evolución de la «crisis catalana» y la posible intervención de los órganos del estado en Cataluña por la administración central.

Para entender la situación en su conjunto es importante entender previamente el proceso de constitución de la burguesía española en el estado a partir de la Primera Guerra Mundial. Y «estado» aquí no es sustitutivo de España como usan los nacionalistas: la burguesía española se constituye como clase dirigente en el estado, fusionando a sus fracciones regionales y a otras clases con el estado mismo. Este proceso tuvo por protagonistas a las clases terratenientes (en principio no burguesas) de las regiones agrarias de la meseta y el Sur, a las burguesías industriales cantábricas (Vizcaya/Euskadi y Santander) y a la burguesía catalana. Esta última, que exportó a los ejércitos contendientes textil en vez de siderurgia, carbón y barcos, no pudo convertir los beneficios de la guerra en núcleo de una acumulación financiera como vascos y santanderinos. En consecuencia, la burguesía catalana por un lado se integró en menor media en la burocracia del estado y por otro mantuvo una importante industria (la «empresa familiar» catalana) al margen de las carteras industriales de los bancos.

La fusión completa de la burguesía catalana en la burocracia estatal y empresarial dirigente española, y por tanto en su proyecto imperialista, no se produjo hasta muy recientemente. Podemos enmarcar el paso final entre los años 1992 (Olimpiadas de Barcelona) y 2004 (toma del poder en Repsol -buque insignia del imperialismo globalista español, durante una época 5ª empresa industrial del mundo- por la Caixa con apoyo del gobierno central). No hay duda hoy de que la burguesía catalana es parte de la burguesía española.

Pero la burguesía catalana no es la que está al mando de las principales estructuras del estado español en Cataluña (la «Generalitat»), sino sus primos de la pequeña burguesía y burguesía media. Estos llevan tiempo (recordemos a Pujol y Banca Catalana, o los orígenes de «Omnium» durante el franquismo) intentando constituirse como burguesía nacional al margen de los otros. El fracaso de Banca Catalana y la incorporación del Banco de Sabadell a la burguesía española por sus propias necesidades de crecimiento, marcaron hasta la crisis los límites de semejante proyecto.

El proyecto sin embargo dio tres décadas de felicidad y «paz social» a los tres protagonistas de ésto: burguesía española, catalana incluida, y pequeña burguesía nacionalista. El «contrato social» significó en la interna, eso sí, una política activa de negación de la clase trabajadora, muy etnificada por efecto de las migraciones masivas de la posguerra, a la que se negaron sus derechos culturales básicos (como la educación en lengua materna) y a la que ostentosamente se le cerró el ascensor social pues se reservaba, a través de la política lingüística, la exclusión cultural y el juego de los apellidos, para los hijos de la pequeña burguesía catalanoparlante. Esta pequeña burguesía, mayoritariamente de los entornos rurales, mediante una ley electoral que duplicaba el valor de sus votos respecto al de las provincias industriales, aseguró casi 30 años de hegemonía nacionalista en el Parlament.

La crisis económica y la austeridad presupuestaria no produjeron un divorcio entre la burguesía catalana y la española, por el contrario, dirigían el proceso al alimón. Pero la pequeña burguesía catalana si comenzó a divorciarse de un aparato estatal, la Generalitat, que ahora le negaba rentas y le recortaba servicios básicos. El alienante velo de la «superioridad cultural» y la diferenciación social trenzado durante años por las políticas identitarias nacionalistas amezaba romperse, acercando a las clases medias de la «Catalunya interior» a una clase trabajadora a la que se había invitado a despreciar y cuyo más tímido despertar era temido por todos.

El resultado es bien conocido. La Generalitat pujolista (Artur Mas) buscaba nuevas rentas que repartir pero para conseguirlas tenía que enfrentarse a un gobierno central al que la austeridad había convertido en el croupier de un juego de suma negativa: cada nuevo reparto había menos para todos. Así que Mas aumentó una y otra vez las apuestas hasta amenazar con la independencia... y poner en marcha un proceso «como si» realmente la quisiera.

Mientras las referencias a la independencia fueron consideradas un mero farol, la burguesía catalana actuó como mediadora, presionando al PSOE y al gobierno del PP para que mostraran «paciencia» y «comprensión», y ofrecieran «diálogo». La burguesía catalana no quería ni quiere independencia, su proyecto es el imperialismo español. Pero en un juego venenoso, con una pequeña burguesía sin proyecto de futuro ni perspectiva, la impasibilidad del gobierno central acabó llevando a Mas y luego a Puigdemont del farol al órdago. Y no fue con el «referendum» del día uno de octubre, sino el día 3 cuando se vieron las cartas.

Si el día tres la pequeña burguesía nacionalista llega a mostrar Cataluña como un bloque, si hubiera sido capaz de liderar a esa clase obrera hispanófona de las grandes concentraciones dentro del frente independentista, los caminos se hubieran abierto hacia un conflicto agudo e incluso a una guerra civil. No fue así.

Un par de días después la burguesía catalana comenzó a mover sus sedes sociales y fiscales fuera de Cataluña. Podría habérselo pensado ante una movilización que hubiera arrastrado a los trabajadores, pero no está dispuesta a arriesgarlo todo en una lucha que consideraba perdida y peligrosa: mientras la Generalitat no encuadre a los obreros no hay manera de que la independencia sea viable y provechosa para ellos... y aun así necesitarían un aliado internacional capaz de ofrecerles una alternativa a todo aquello que España les provee, desde presencia internacional a acceso prioritario a ciertos mercados. Ahora siguen jugando de mediadores pero para invitar a Puigdemont a «retomar la institucionalidad y la ley».

En el bloque independentista mientras tanto, abandonaron el escenario de las calles tomadas por los estudiantes y la pequeña burguesía y volvieron al Parlamento. No se atrevieron a declarar la independencia tras el fracaso del día tres. E intentaron ganar tiempo en busca de una «mediación» que era en realidad el llamado a una injerencia imperialista que colocara al mismo nivel a la Generalitat y al gobierno español, es decir, al estado español y sus delegados rebeldes en Cataluña. Es obvio que la posibilidad de un «Maidan catalán» existió y así lo advirtieron los grandes think tanks del estado, pero parece hoy que las propias dudas del grupo dirigente en la Generalitat y en el fondo, la falta de apoyos en la burguesía y el proletariado catalanes, inhibieron tal respuesta.

Solo después, cuando ya es obvio que el «procés» no tiene fuerza para imponerse por sí mismo, el gobierno anuncia que va a solicitar al Senado la intervención en Cataluña de acuerdo al artículo 155 de la Constitución... pero deja pasar el tiempo con un largo proceso parlamentario y un fin de semana en el medio «a ver si el gobierno de la Generalitat vuelve a la legalidad».

Por supuesto una parte del bloque independentista apuesta y presiona ahora por un «bello desastre» a la numantina, una declaración de independencia en minoría que lleve a un conflicto civil abierto. Un «Alzamiento de Pascua» pretendidamente no violento que «obligue a una intervención internacional». Este cuadro parece hoy _pensamiento cargo_ y así debe verlo también el President Puigdemont pues cada vez parece más dispuesto a tomar por sí mismo el camino que le marca Madrid: convocar elecciones, driblar la intervención del Gobierno central y... ya veremos después.

Porque lo que se ha hecho evidente para la burguesía española como un todo es que el sistema federal de administración del estado, que infla a los caciques, entrona a las pequeñas burocracias locales y da alas a una pequeña burguesía tan pagada de sí misma como poco sensata, no le es ya útil para mantener la cohesión territorial ni la unidad de mercado.