Communia

Pasada la campaña de euforia impostada, con los papeles y los números en la mano: ¿aliviará la crisis el Fondo de Recuperación europeo? ¿Nos ahorrará otros diez años de reformas precarizadoras, salarios a la baja y austeridad?

Las necesidades de financiación van a crecer a cuenta de lo que el estado está dejando de ingresar por la reducción de la actividad económica. Según el FMI el déficit español podría subir hasta casi el 14% en 2020. Los cálculos de la Airef, la autoridad fiscal española en materia de déficit, dan una horquilla entre el 11 y el 14% también. Grecia e Italia no pueden esperar nada mejor que España.

Pero la presión por equilibrar las cuentas y reducir deficit es esencial en la arquitectura extractiva del euro. No va a reducirse y parece que es de las pocas cosas en la que están de acuerdo todos los presidentes y primeros ministros: en 2021 todos impondrán reducciones del deficit.

¿Supondrán al menos un alivio los fondos europeos? Según el gobernador del Banco de España las necesidades de financiación por la crisis son mucho mayores que las que este fondo va a cubrir. Los datos que se han publicado lo dan por cierto, siendo generosos el fondo solo cubre el 10% de las necesidades de financiación del estado hasta 2026, año en que hay que empezar a pagar los créditos.

¿Y las subvenciones directas? ¿No ayudan todos esos millones que el estado recibirá sin tener que devolver? Ayer Yanis Varoufakis, ex-ministro de economía griego, proponía calcular las subvenciones netas, es decir, la diferencia entre lo que los países van a recibir como ayudas directas y el dinero que tienen que aportar al fondo.

Italia ha asignado alrededor de 80 mil millones y Grecia 23 mil millones de euros. Sin embargo, cada estado miembro debe asumir parte de la nueva deuda de la UE de 750 mil millones. Italia, por ejemplo, es responsable de poco menos del 13% de esta deuda, mientras que Grecia, más pobre, es responsable del 1,4%. Una vez que restamos estas nuevas deudas, las donaciones netas de Italia y Grecia ascienden a poco más de 30 mil millones de euros y 12 mil millones de euros respectivamente, o 0.6% y 2% del PIB anual entre 2021 y 2023. En comparación con la perspectiva de austeridad equivalente al 9% del PIB, que se requerirá para equilibrar sus presupuestos, estas son sumas insignificantes.

El dinero del fondo de recuperación viene condicionado a reformas. Es cierto que, como ha dicho la vicepresidenta Calviño, esas reformas ya estaban en la agenda del gobierno y las condiciones van a servir para implementarlas disfrazadas de imposición europea. La CEOE y la burguesía corporativa lo tuvieron claro muy pronto fijando una nueva hoja de ruta. Las reformas no son otra cosa que transferencias masivas del trabajo al capital. El Consejo Europeo subrayó una y otra vez señalando las reformas fiscalizables: el pacto verde, la digitalización, flexibilizar (=precarizar) aun más el mercado de trabajo y acabar con el déficit de Seguridad Social.

Pensiones y nueva reforma laboral, son un evidente ataque directo a los trabajadores. El pacto verde por sí mismo significaría la mayor transferencia de rentas del trabajo al capital desde la guerra mundial. Y a la digitalización le adjudican una tremenda ganancia de productividad... a costa del ingreso total percibido por los trabajadores: producir lo previsto con 7 millones menos de puestos de trabajo. Es decir, transferencias del trabajo al capital en volúmenes masivos y en todos los frentes.

Resumiendo: El escaso volumen de los fondos de recuperación hace de ellos una mera cobertura de la austeridad que la UE impulsa, con todo lo que significa para los trabajadores en tanto que reducción forzada de los costes generales de explotación la ‎fuerza de trabajo‎: menos servicios de salud, educación, cohesión social, etc. Pero esta austeridad se quedaría en mero aperitivo de la ofensiva general contra las condiciones de los trabajadores que suponen las reformas a las que van condicionados.