Communia

Las ministras de Economía de España y Holanda, Kaag y Calviño, han presentado una propuesta conjunta a la Comisión para modificar las reglas fiscales de la UE. Bruselas se ha felicitado por esta aparente «unión de opuestos» y gobiernos «frugales» como el de Austria dicen apoyarlo «en gran parte». Pero ¿en qué consiste la propuesta? Y sobre todo: ¿Cómo afectaría a los trabajadores?

Los ejes de la propuesta

1 Las reglas fiscales UE seguirían suspendidas durante 2023. Estas reglas fueron aprobadas como parte del proceso de implantación del euro con el tratado de Maastrich dentro de los «Criterios de convergencia». Fijan el déficit máximo del presupuesto público en el 3% y la deuda máxima acumulada en un 60%. Posteriormente se estableció que los países que superaran el déficit sin sobrepasar el límite de deuda tendrían que pagar multas gigantescas. Los que sobrepasasen estos niveles de deuda debían reducirla -a base de superavits presupuestarios- a razón de un 5% anual.

Esta última condición era draconiana, pero como han confesado los redactores y negociadores de entonces, los números concretos no respondían a ninguna lógica sino más bien al fetichismo de los números redondos y la necesidad de fijar objetivos.

Las reglas fiscales tienen su propia historia y fue atribulada desde el principio: España fue el primer país en romper estos límites en tiempos de Aznar, lo que le valió una multa milmillonaria... que fue perdonada después a Alemania y Francia cuando los violaron. Durante la crisis de los 2010 se convirtieron en el fetiche de Alemania y sus aliados, que las agitaron frente a Grecia y obligaron a realizar reformas constitucionales a países más tocados por la crisis. Pero con el empeoramiento de la crisis durante la pandemia, se suspendieron... hasta ahora.

2 La propuesta retoma la inclusión de la «regla de oro» defendida por España, Francia y Portugal el año pasado en Bruselas. Se trata de que las inversiones en Pacto Verde, digitalización -y ahora gasto militar- no puntúen o puntúen menos de cara al cómputo de déficit. Aparece ya como un «deseo» sin perfilar porque se da por hecho que es uno de los ejes del trabajo de la Comisión.

3 Se incorporan las «sendas individualizadas» por país de reducción de deuda para evitar la inevitable recesión de los países más débiles de cumplirse la norma de reducción del 5% anual.

La idea es evitar «nuevas grecias», o mejor dicho, evitar que países mayores como Italia, España o Francia se vean sometidos a largas y artificiales recesiones y descapitalizaciones por primar el pago de deuda sobre el sostenimiento de la acumulación.

Siempre se supo que algo así era inimaginable en países con burguesías y capitales más potentes que los griegos... pero no hacía falta explicitarlo porque no se contemplaba llegar a ese punto y se consideraba que la amenaza facilitaba la aceptación de la «austeridad» y las bajadas salariales. Pero ya no es el caso. Las 3 grandes economías mediterráneas, que son además la segunda, tercera y cuarta economías de la UE, superan de largo el 60% que marca el límite. Y no es coyuntural.

4 Se refuerza la exigencia de «reformas estructurales», es decir profundizar el camino de la reforma laboral, de pensiones y tributaria.

Se trata de una vieja exigencia de los países «nordistas» frente a los del Sur en general, que ha sido usado como ariete más de una vez como parte de los roces imperialistas dentro de la UE entre el gobierno español y sus competidores. Conflicto que tiene sus propias bases, aunque en los últimos años se estén diluyendo por la creciente debilidad del capital español en las Américas.

¿Qué significa para los trabajadores en España?

Basicamente significa el primer paso hacia la europeización del modo sanchista de transferir rentas del trabajo a un capital renqueante. La idea es que, como la «mochila austriaca», haga un discreto viaje de Madrid a Bruselas y una vuelta triunfal desde allí, ya como imposición de bloque, que la convierta en mandato supuestamente inapelable.

El plan que se dibuja no es otro que el de la segunda vuelta de las reformas laboral y de pensiones en el marco de una nueva austeridad confundida ya con el armazón de una verdadera economía de guerra.

Por ejemplo, la «regla de oro» que salvaría las inversiones verdes y digitales seguramente se ampliará más o menos abiertamente para contemplar gastos derivados del militarismo sin perder su objetivo inicial:

El objetivo explícito es mantener el flujo de transferencias directas a los grandes proyectos de inversión ligados al Pacto Verde y la digitalización… y que el «gasto social» arree con los recortes de gasto público que vienen a partir de 2023. Y va a ser drástico. A fin de cuentas, el objetivo de deuda era que no pasara del 60% del PIB, pero ahora supera el 100% en la eurozona y algunos países como Italia (156%) o Grecia (207%) lo sobrepasan de largo.

La nueva austeridad, 10/1/2022

Lo que no está claro son los tiempos. Es marca de la casa sanchista supeditar la estrategia de fondo al calendario electoral. La idea original del gobierno era aprovechar el año de «bonanza» para aprobar buena parte de las 30 leyes de «reforma» a las que se ha comprometido ya con Bruselas y consolidarse en los sondeos electorales. Pero las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania para el capital español y la reestructuración acelerada del mercado mundial reintroducen un sentido de urgencia que el estallido del PP había relajado.

A día de hoy el juego sanchista y sus malabares están abiertos. Y con ellos el calendario. Pero los objetivos -que pasan por profundizar una pauperización ya en marcha- y los medios -que incluyen la nueva austeridad que Calviño teje en Bruselas- están claros.