Communia

En España dos miradas erradas tienden a menospreciar la «cuestión gibraltareña». La primera no puede escapar del fetiche en el que la propaganda franquista y el nacionalismo más rancio convirtieron al peñón. La segunda reduce la pugna entre gobiernos a un roce rutinario entre estados fronterizos por la gestión de infraestructuras y puestos de trabajo vinculados al contrabando.

Pero, desde que comenzó la negociación del Brexit, lo que hemos visto nos habla de una realidad muy diferente. Desde el principio ha sido una «línea roja» innegociable por la UE. Es el único elemento de la negociación que ha suscitado amenazas bélicas directas y llevado a plantear el apoyo británico al independentismo catalán como «leverage». Y el intento español de plantear lo que el ministro de Exteriores llama «los temas incómodos» ha venido acompañado casi inmediatamente, y no es casualidad, de una crisis de nuevo tipo: la pérdida efectiva del control del estado sobre el territorio circundante a cuenta del narcotráfico.

Una base militar venida a menos, un aeropuerto de bolsillo y los resabios del ultranacionalismo español y británico no bastan para explicar el despliegue de las tensiones imperialistas entre los dos estados a este nivel. Hay que buscar en otro lado, en aquello que la UE ha invisibilizado mientras Gran Bretaña tuvo poder interno y que los numerosos buffetes de abogados gibraltareños proclaman como verdadera industria local: el «off shoring», el gran negocio de los paraísos fiscales que es consustancial al poder financiero del capital británico y su aparato político. Con más de 15.000 sociedades virtuales, el peñón, atrae flujos de capital cuya fiscalidad superaría solo para el estado español los 1.000 millones anuales. Eso sin contar los 1.200 millones de fraude en tabaco y lo que es la parte del león: los fondos pertenecientes a no residentes españoles que ni siquiera tienen una estimación aproximada. Una pista: Gibraltar no cobra impuestos a los extranjeros que mueven su dinero allí, solo vende servicios de abogados y domicilios virtuales... y a pesar de eso su PIB per cápita es casi el doble del de la región que le circunda.

Gibraltar es, como tantas otras colonias y semicolonias británicas un punto en la gran red a través de la que el poder financiero británico atrae, gestiona y libera del control de otros estados los fondos del dinero de las mafias internacionales y de los patrimonios de sus propias burguesías. El verdadero «casus belli» es la inclusión de Gibraltar en la lista de paraísos fiscales prometida tras el Brexit.

Pero no nos equivoquemos tampoco. La UE y España no representan en todo esto la honestidad y la probidad. Todos son muy conscientes aquí de que la corrupción y la necesidad del «off shoring» son consustanciales a la forma contemporánea de la burguesía. Nadie pretende acabar con ellos. Si fuera así, el borrador del Brexit que atiende a todo lo concerniente a Gibraltar y a la relación entre la «City» de Londres y los mercados financieros europeos no se habría encargado a Luxemburgo, el Gibraltar franco-alemán.