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Alemania aumenta sus objetivos climáticos. Cambia su Ley del Clima comprometiéndose que en 2030 la reducción de emisiones será del 65%. La causa formal, una resolución del Tribunal Constitucional. La real: la competencia con EEUU. Lo importante: cada acelerón del Pacto Verde aumenta las contradicciones económicas, lastra la producción e impone un horizonte cada vez más negro a las condiciones de vida y de trabajo. En la competencia acrecentada, el estado centraliza y busca nuevas formas de nacionalizar. Nada de progresista en ello. No estamos más cerca del socialismo, sino de la economía de guerra.

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Los objetivos climáticos alemanes y el Tribunal Constitucional

Todo empezó hace año y medio. Merkel empujaba entonces a los Jovenes por el Clima, a los que había apadrinado, contra sus críticos en la industria alemana y los más reticentes a acelerar el Pacto Verde dentro de la Gran Coalición. Louise Neubauer, la Greta alemana, verdadera ahijada política de la canciller, ponía entonces una demanda contra el gobierno en el Constitucional con un argumento enrevesado: los objetivos climáticos, al fiar la mayor parte de la reducción de emisiones de CO2 más allá de 2030 y no establecer un programa de acción claro entre esa fecha y 2050, restaban libertades de las generaciones más jóvenes, que tendrían que encarar lo que el gobierno actual no hizo.

Sorpresa. El Tribunal Constitucional dio la razón a Jóvenes por el Clima, o lo que es lo mismo, a Merkel frente a sus aliados. Y además en el momento preciso en que el Pacto Verde de Biden amenaza con desplazar a las inversiones europeas del mercado de capitales.

Objetivos climáticos y competencia por capitales

El Pacto Verde es en realidad una reestructuración global del mercado de capitales que reorienta los flujos de inversión hacia las empresas que realicen un cambio tecnológico concreto: la generación de energías y la producción industrial sin emisiones netas de CO2.

Son tecnologías con una menor productividad física y menos intensivas en mano de obra. Lo que obliga a que la gigantesca transferencia de rentas del trabajo al capital que se persigue tenga que producirse en términos absolutos, es decir, que empobrezca materialmente a los trabajadores. Lo estamos viendo ya en los precios de la energía y en el paro verde que empieza a emerger en las industrias a la cabeza del cambio: energía y automóvil.

La clave para asegurar la rentabilidad del capital invertido en ellas es todo el aparato regulatorio que mediante prohibiciones (obligatoriedad de coches con emisiones cero), sobrecostes (derechos de emisión, impuestos al CO2, etc) y barreras arancelarias (ajustes de CO2 en la frontera) hacen obligatorio consumir los productos verdes al tiempo que compensan a las empresas con un práctico monopolio.

¿Qué significa esto? Que una vez parece segura la perspectiva de que el Pacto Verde va a ser un fenómeno global, el capital nacional que tenga los objetivos climáticos más estrictos y trate de hacer la transición antes obtendrá un mayor trozo del pastel de flujos de capital. Por ejemplo: ¿Dónde se invertirá antes en una fábrica de baterías en la UE o en Gran Bretaña? Lógicamente donde la venta de coches eléctricos alcance escala masiva antes. Por eso, Boris Johnson cambió la legislación para prohibir la venta de automóviles y furgonetas con motores de diésel o gasolina a partir de 2030, diez años antes de lo previsto originalmente.

Por eso, la puesta en marcha del Green Deal de Biden ha resultado en... las prisas por aprobar la nueva Ley Europea del Clima, con objetivos climáticos más ambiciosos, y ahora, la nueva Ley alemana, convenientemente empujada por el corazón mismo del estado alemán: su Tribunal Constitucional. Poco importa que, como dicen los críticos de la canciller, no haya manera de llegar a cumplirlos, lo importante ahora es mandar una señal a los mercados... y ya veremos como se consigue, apretando aun más a los trabajadores y buscando como zafar las contradicciones crecientes.

Las contradicciones crecientes del Pacto Verde

La aceleración de objetivos climáticos significa que Alemania y la UE están apostando con toda la fuerza por hacer de la transición ecológica el motor principal para dar aire al capital nacional y zafar lo peor de la crisis. El problema es que, como no podía ser de otro modo, en vez de superar las contradicciones de un capitalismo con capitales sobre-acumulados y mercados insuficientes, las agrava.

A fin de cuentas, están reduciendo el mercado por un lado -reduciendo el poder de compra del conjunto de los trabajadores y echando gente a la calle- y por otro elevando el nivel general de precios. Es decir empujan la inflación con una mano y con la otra ponen lastre a las ventas... cuando la producción apenas empieza a recuperarse.

De ahí el pánico a que EEUU, que sufre las mismas tensiones inflacionarias, aumente los tipos de interés para frenar los precios. Si el BCE responde subiendo los tipos también, la supuesta recuperación puede alargarse durante años hasta recuperar los niveles de 2019. Si no lo hacen... los flujos de capital por los que compiten volarán hacia EEUU.

Una nueva forma de nacionalizar

Si fuera poco difícil la situación de la gran industria, Alemania tiene un tejido de empresas industriales exportadoras medianas -que serían consideradas grandes en prácticamente toda Europa- que se ve amenazado cada vez más con el nuevo acelerón de la crisis... lo que es un problema para el sector financiero. Por eso, lo que se inició en 2019 como un debate sobre la nacionalización de algunas grandes industrias se convirtió en 2020, en el primer paquete económico de la pandemia, en una puerta abierta a nacionalizaciones generalizadas.

El estado alemán, como cualquier gran fondo de inversión, es reacio sin embargo a entrar en el capital de estas empresas... incluso para salvarlas. La razón principal es que entrar en la gestión de miles de empresas tiene un coste que no se justificaría en las cantidades requeridas por cada una. Las formas tradicionales de nacionalización no serían rentables a la larga para el capital nacional y producirían distorsiones en la orientación y relación entre el estado y la burguesía alemana.

Al final salvaron a base de créditos y avales que llevaron al estado alemán a lanzar sucesivas emisiones de deuda para poder financiar los apuros de esas industrias volcadas a la exportación con grandes plantillas y facturaciones... pero en general fuera de las bolsas y los grandes mercados de capitales. Hay que decir que si se les considera fuera del grupo de grandes empresas es en parte porque muchas siguen siendo empresas familiares o tienen accionariados muy concentrados. Es decir, una capacidad de financiación que ya les ponía difícil invertir en adaptarse a los objetivos climáticos, pero que con la restricción de mercados externos se ha tornado asfixiante.

El hecho es que muchas de estas empresas querían ser parcialmente nacionalizadas porque, al final, el coste de los créditos y refinanciaciones es mayor para ellas que el de tomar al estado como socio. Y siendo industriales, a cada aumento de objetivos climáticos, más necesidad de inversión. Así que ante la perspectiva de acabar siendo zombis dependientes crónicos de líneas de crédito, muchos de los dueños de estas fábricas y negocios, algunos de ellos estratégicos, optaron por vender a inversores de China y EEUU.

Nuevo problema: no haber nacionalizado se estaba convirtiendo en una cuestión de defensa del mercado interno y de control del capital nacional. Palabras mayores.

Así que la campaña electoral alemana, que ya ha empezado aunque las elecciones no sean hasta el otoño, está escenificando un curioso debate entre partidos y empresas. La excusa: la creación de una nueva forma empresarial, las _empresas de propiedad vinculada_.

La idea: permitir que esta pequeña burguesía industrial venda sus empresas... a sus propias empresas mediante algún tipo de sistema de ayudas públicas. Las empresas pasaría legalmente a ser propiedad de sí mismas y no podrían venderse. Se regirían por una carta social en la que se comprometan a reinvertir todos los dividendos y someter la gestión a una serie de directrices, de momento, objetivos climáticos. Y, a partir de ciertos tamaños, contarían con algún tipo de consejo social formado por sindicatos, ONGs e instituciones estatales. Un patronato.

Lo llamativo: los empresarios más rancios del Ruhr y Baviera cierran filas con verdes y socialdemócratas deseosos de abrazar esta figura como alternativa a complejos procesos de venta accionarial, mientras la CDU y los liberales reparten promesas de medios alternativos para evitar que sean comprados por langostas [la plaga no el marisco] estadounidenses o capitalistas estatales chinos.

Este estatuto daría acceso a créditos fiscales y otros tratamientos preferenciales y otorgaría poder de veto a sindicatos y ONGs e instituciones medioambientales si creen que pueden verse puestos en cuestión los objetivos climáticos o la política social. Estas empresas tendrían además preferencia en la adjudicación de contratos públicos, para los que puntuarán, prometen los verdes, estándares ecológicos y sociales (genero).

La esperanza del vicepresidente y ministro de Economía en la sombra de los Verdes, Robert Habeck, es que sirva además para que los trabajadores sean más productivos y aporten más al capital nacional sin subirse sueldos.

Si trabajas para una empresa que se pertenece y no por las expectativas de retorno de alguien más que sea dueño de la empresa, se puede suponer que la plantilla, los compañeros invertirán más, estarán más comprometidos y por tanto el desempeño de la empresa aumentará, es decir, la empresa preparará y presentará nuevos productos, nuevo valor agregado para el mercado.

El mundo que emerge del Pacto Verde

Las empresas de capital vinculado son solo una opción de las que veremos desarrollarse en los próximos años. El objetivo, poco disimulado, es la disolución de la pequeña burguesía industrial en el estado y sus lineamientos. Ahora son objetivos climáticos, mañana pueden ser otros -la guerra por ejemplo- y tomar otra forma.

Lo que está claro es que la necesidad de disciplinar al conjunto de la industria en las grandes apuesta del capital nacional lleva a la aparición de formas jurídicas de propiedad capitalista estatal cuyo objetivo es desarrollar un paso más allá el capitalismo de estado porque el capital nacional siente la crisis actual y la competencia por capitales del pacto verde como una oportunidad sí, pero también como un riesgo existencial.

Y llevan razón. El mundo que inaugura el Pacto Verde no es más pacífico ni social, no viene acompañado de trabajos de calidad ni de un nuevo estado del bienestar. Por el contrario, es un mundo de competencia acelerada, empobrecimiento generalizado de los trabajadores y aun más centralización y concentración del poder en torno al estado. No hay nada progresista aquí. Como todo avance del capitalismo de estado, no nos acerca un milímetro al socialismo, sino que acorta la distancia con la economía de guerra.