La nueva austeridad
El gobierno Sánchez, mano a mano con la Comisión Europea está culminando el diseño de la «nueva austeridad» que seguirá a la breve bonanza de los fondos europeos. La estrategia iniciada con la Reforma Laboral y de pensiones culminará con un recorte del llamado «gasto social». Recorte agravado por el caballo de batalla del gobierno español en Bruselas: que las reglas de austeridad no afecten a las grandes transferencias directas de dinero público al capital ligadas al Pacto Verde y la digitalización de las empresas.
La reforma tributaria: primer pilar de la nueva austeridad
En abril del año pasado un coro de think tanks financieros, con el Banco de España a la cabeza, puso sobre la mesa la «consolidación fiscal». Todavía no se había liberado el grueso de los pagos de ERTEs y subsidios para casos extremos y ya estaban pensando en cómo compensarlos. Dejado claro que era una estrategia de conjunto, perfectamente coreografiada, el gobierno presentó inmediatamente un «grupo de expertos» al que se encargó trazar las líneas de una nueva reforma tributaria.
La nueva reforma, que se aprobará éste año y entrará en vigor en 2023 será el primer pilar de la nueva austeridad: eliminará los IVAs super-reducidos para consumos básicos e implantará los nuevos impuestos del Pacto Verde que gravarán las emisiones de viviendas, calefacción y transportes. Por mucho que fijen un impuesto de Sociedades mínimo y aumenten los tipos de las rentas salariales, el efecto global no puede ser sino regresivo: los trabajadores verán succionada una parte aún mayor de su renta.
Las reglas del gasto: pilar europeo de la nueva austeridad, caballo de batalla del gobierno español
Pero la clave de la nueva austeridad, lo que va a diferenciarla de la austeridad de Rajoy para hacerla aún más redistributiva -a favor del capital- es el rediseño de las reglas de austeridad.
La semana pasada, el gobierno dio a conocer a través de El País, su frente común con Francia e Italia para redefinir las reglas fiscales europeas para que el cómputo no afecte a las transferencias directas de dinero público a los grandes proyectos de inversión de capital. Es decir, a la hora de contar déficit y endeudamiento y por tanto a la hora de «consolidar» para revertirlo, se contabilizaría sólamente los gastos corrientes: en su gran mayoría empleos públicos y «gasto social».
El objetivo explícito es mantener el flujo de transferencias directas a los grandes proyectos de inversión ligados al Pacto Verde y la digitalización... y que el «gasto social» arree con los recortes de gasto público que vienen a partir de 2023. Y va a ser drástico. A fin de cuentas, el objetivo de deuda era que no pasara del 60% del PIB, pero ahora supera el 100% en la eurozona y algunos países como Italia (156%) o Grecia (207%) lo sobrepasan de largo.
Los planes del gobierno para 2022
En el año que ahora comenzamos no vamos a «disfrutar» sin embargo las delicias de la nueva austeridad. Este es el año en el que los grandes proyectos pagados con fondos europeos tienen que «pagar» en términos de empleo. Evidentemente, esos empleos serán un espejismo: si bien miles de trabajadores pueden ser contratados para instalar un gran parque eólico o solar, solo hacen falta unas decenas para mantenerlo una vez está construido.
La idea del gobierno es aprovechar el año de «bonanza» para aprobar buena parte de las 30 leyes de «reforma» a las que se ha comprometido con Bruselas y consolidarse en los sondeos electorales, para a finales de este año convocar elecciones y renovar el bloque del gobierno de coalición. Con cuatro años por delante, afrontarían ya la segunda parte de la reforma de pensiones, nuevos cambios en las normas laborales y... se abriría una nueva austeridad... que no tocaría las ayudas directas a las empresas.