Communia

El Ayuntamiento de Madrid abre el servicio de entrega a domicilio en bicicleta en los mercados de Vallecas y Puente de Vallecas. Se trata de la primera prueba piloto de ciclologística que el Ayuntamiento lleva a cabo, respaldando esta iniciativa en el carácter ecológico de bicicletas y triciclos. El proyecto responde a la implicación del Ayuntamiento en la huelga de repartidores de Deliveroo tras la cual se ofreció a ayudar a los trabajadores a organizar su propia plataforma de transporte y se vende como un «impulso para el comercio tradicional» que busca «mejorar la vida de los barrios y avanzar en sistemas de transporte limpios que aumenten la calidad del aire y de los espacios públicos». Si le preguntáramos al Ayuntamiento hacia quién se dirige este servicio la respuesta sería «hacia los ciudadanos». Una figura, la del ciudadano, que en los últimos años ha pasado a ser de forma habitual el «ciudadano-consumidor» bajo un discurso que le adjudica cada vez mayor influencia social y política en base a las decisiones de consumo. Se configuran así, la «ciudadanía» y el consumo como la base desde la que se piensan los servicios y las iniciativas tanto en el espectro público como en el privado.

Pleno del ayuntamiento de Madrid[/caption]

Pero ¿quién es este «ciudadano consumidor» tan «influyente»? Obviamente es una abstracción, un «individuo tipo» que se define por lo que compra -y nada más- en el mercado de bienes y servicios y en el de opiniones políticas. El ciudadano es tal porque decide individualmente sin que el trabajo o la producción entren en su vida o sus criterios. Es decir, el famoso ciudadano es un rentista, y cuando se nos invita a ser ciudadanos, a «hacer ciudadanía» se nos está invitando en realidad, a pensar como rentistas... y apoyar desde nuestro «poder de compra» a las fracciones más débiles, menos productivas y rentables de la pequeña burguesía urbana: «el comercio tradicional».

La ciclologística devuelve al trabajador a la condición de animal de carga cuando la tecnología hace un siglo que lo había superado. ¿Para qué? Para reducir los costes de capital del pequeño comercio.[/caption]

Ese apoyo, con el ayuntamiento como impulsor, se piensa desde «el consumo». Eso quiere decir que se piensa desde la reducción de costes para el pequeño comerciante. Por eso toma las mismas formas que las empresas de «economía colaborativa»: sustituir capital y tecnología por puro trabajo no remunerado. Ni furgoneta, ni moto ni bici eléctrica siquiera, a explotación multiplicada a golpe de puro pedal y a precio irrisorio para que el consumidor no se retraiga y el tendero sea por fin «competitivo». Si el servicio se pensara desde el trabajo o la calidad de vida de los trabajadores difícilmente pivotaria sobre la creación de un nuevo sector, la ciclolgística que, por su escasa capitalización, solo puede sobrevivir en el mercado sobre condiciones laborales humillantes, precariedad máxima y remuneración por debajo de la logística tradicional.

No es Madrid la única ciudad en la que se está trabajando por la creación de servicios de reparto en bicis y triciclos. San Sebastián, Zaragoza o Barcelona en España apuntan también en esta dirección. DHL y GeoPost (Francia) ya han incorporado bicis y triciclos a sus flotas de transporte, alimentando de paso con ello a un nuevo incipiente sector de fabricantes.

De las dos estrategias del capital para revalorizarse empresas y estado apuestan a esta escala municipal por la más burda, aumentar el trabajo no remunerado, la plusvalía, con la menor inversión posible de capital. Si hay un ejemplo del hasta qué punto es reaccionario el «anticapitalismo» de la pequeñaburguesía es éste.

El ricshaw, símbolo de la explotación y humillación del trabajo en la época colonialista.[/caption]

A lo largo de la historia, los seres humanos han utilizado su ingenio para crear máquinas que aliviaran la dureza del trabajo. Ni desde la comunión más extrema con el cuidado del ambiente se puede defender la vuelta atrás, la renuncia al transporte de carga y la vuelta al músculo humano. La precarización de las vidas de los trabajadores, la reconversión literal en bestias de carga bajo la excusa de un bien mayor, el aire, no puede producir adhesión ni complicidad ninguna. Ni aún cuando se presente como una iniciativa cooperativa, pues nada tiene que ver la fórmula jurídica con la capacidad o propuesta de explotación. Que una administración pública se presente como garante de una iniciativa de este tipo y dedique recursos a su análisis e implementación es un descaro más de una burguesía de estado, en este caso madrileña, «progre» y podemita, que no siente el menor respeto por nuestra fuerza de trabajo, arrojándonos una vez más a la precariedad, el atraso y la miseria.