Communia

Seguimos en el debate sobre los youtubers y Andorra. En la primera parte de este artículo demolimos el discurso que hace de los propietarios de capital y organizadores de la explotación del trabajo, creadores de riqueza. Al desmontar la ideología sobre el valor, el capital y la riqueza, pudimos acabar viendo a los youtubers profesionales como lo que son: un subproducto menor de un capitalismo ya antihistórico. Sus ingresos aparecen como el resultado de una competencia deformada por la insuficiencia relativa de mercados. Insuficiencia relativa que lastra sistemáticamente la producción de ineficiencias obligando a restar recursos a la producción en sí para dedicarlos a la lucha por ganar cuotas a todos los niveles: desde el militarismo entre capitales nacionales a la publicidad en la competencia entre empresas oligopólicas.

En esta segunda parte, criticaremos la ideología usada por los detractores del Rubius. Según afirman, eludir impuestos sería insolidario porque el gasto social depende de la recaudación impositiva y porque, además, los impuestos permiten una redistribución de riqueza capaz de domeñar la tendencia hacia la concentración de rentas en el capital.

¿Para qué está el estado?

El estado es una forma social relativamente nueva en la historia de nuestra especie. Durante cientos de miles de años, la Humanidad vivió sin ella, organizada bajo un modo de producción que llamamos comunismo primitivo que llegó a organizar a grandes cantidades de personas en territorios extensos y construir ciudades para miles de ellas. Hoy la arqueología nos demuestra que el estado no nació de la agricultura y las primeras ciudades, sino de la fractura de esa sociedad comunitaria y clánica en clases sociales enfrentadas hace apenas unos 8.000 años. Es el resultado de la lucha de clases desde sus orígenes. Es una institución cuyo objetivo es constreñir las contradicciones de la sociedad de clases apuntalando el mantenimiento del sistema de explotación y el poder de la clase dominante en cada época.

Cuando un modo de producción entra en crisis histórica el estado tiende a hipertrofiarse para dar respuesta al nivel creciente de contradicciones y conflictos que un sistema ya anti-histórico produce en la sociedad.

Es característico en esos periodos de crisis de civilización, el aumento del control social y la cantidad de recursos dedicados a la preparación bélica, la concentración de poder y la reorganización de la clase dominante en y alrededor del estado. La decadencia imperial romana en el esclavismo, el estado moderno y el absolutista en la feudalidad y el capitalismo de estado en la decadencia del sistema actual, lo muestran bien.

No, ni ahora ni nunca la función del estado ha sido garantizar el bienestar ni el bien común. Es un aparato que intenta mantener el sistema en marcha asegurando por distintos medios la cohesión de la clase dominante, el desarrollo de sus intereses y la aceptación social -vestida de interés general- de su dominación sobre el conjunto de la sociedad. Resulta extraño tener que recordarlo en un momento en el que el estado demuestra cada día que pone los intereses de las inversiones por encima de las vidas humanas dando vía libre a sucesivas oleadas de matanza pandémica.

¿Qué es el gasto social?

Conforme el capitalismo fue encontrando límites objetivos a su libre crecimiento y cerrando por tanto la época en que era progresivo para la Humanidad, las contradicciones implícitas al sistema comenzaron a manifestarse con creciente violencia. Tendemos a poner el foco en las consecuencias del imperialismo para la competencia entre capitales nacionales. Tiene lógica: propiciaron el reparto colonial, dos guerras mundiales, una guerra fría y siguen bien presentes hoy amenazando a la Humanidad con nuevas guerras. Pero dentro de cada capital nacional no fueron menos dramáticas.

Desde los primeros momentos de la que entonces era una fase histórica nueva, los capitales industriales y comerciales comenzaron a fusionarse en y a través de los bancos. Nacía el capital financiero como lo conocemos hoy. Los distintos intentos de planificación monopolista, el desarrollo del militarismo y la guerra, la necesidad de reforzar el control y la represión social, impulsaron una relación cada vez más estrecha con la burocracia estatal. Aparecieron distintas formas de fusión y coordinación entre las distintas capas burguesas en las primeras décadas del siglo XX, cada vez más necesitadas del estado para mantener el sistema en marcha. El resultado fue la extensión bajo distintos modelos -desde el stalinista al liberal estadounidense- del capitalismo de estado. Hoy, esta estatalización de la dirección del capital y de la clase dirigente es la forma universal de organización de capital y la burguesía.

Una de las características de todo este movimiento gigantesco de concentración y centralización del capital en torno al estado ha sido la homogeneización de las condiciones de explotación y la mutualización de una parte de sus costes. Fijando las condiciones de explotación del trabajo, el estado respondía a varias necesidades. Por un lado reducía la competencia entre capitales e igualaba las condiciones de las distintas aplicaciones de capital, facilitando que el capital se moviera con más fluidez hacia las más eficientes desde el punto de vista de la generación de ganancias. Por otro, le permitía absorber definitivamente a los sindicatos como un monopolio más, vendiendo la racionalización de sus reglas de juego como conquistas sociales.

El origen de la jugada y que no tienen nada que ver con conquistas obreras, queda clara cuando comprobamos que los grandes sistemas de protección social fueron impuestos tras catastróficas derrotas de los trabajadores: en España, nada más y nada menos que por el franquismo; en Europa tras dos guerras mundiales y el aplastamiento de los movimientos revolucionarios de los trabajadores; en EEUU el New Deal no fue la respuesta a un movimiento emergente de clase, sino la expresión de su impotencia durante la crisis del 29, impotencia que se proyectó durante los movimientos huelguísticos de los años de guerra permitiendo al capital estadounidense orillar a los mismos sindicatos con los que había contado en el New Deal, para crear su propio modelo de bienestar en la posguerra.

La extensión e imposición legal de los convenios de aplicación general en un sector o un país, las protecciones contractuales de los trabajadores, el desarrollo de la legislación de riesgos laborales, etc. expresaban por su lado formas de racionalización y reducción de una competencia que se había vuelto demasiado caótica y contraproducente. Parte del mismo movimiento racionalizador fue la implantación de sistemas sanitarios tendentes a la universalización, la obligatoriedad de la enseñanza, la seguridad social... todo lo que pomposamente llamaron justicia social. ¿Pero qué era en realidad? La mutualización en el estado, de los costes generales de explotación del trabajo.

Si volvemos a elevar la vista y entendemos que el capitalismo es fundamentalmente un sistema de explotación de una clase -la clase trabajadora- por otra que posee o gestiona el capital, el gasto social no es más que una parte del coste de la fuerza de trabajo total para el capital como un todo. La parte que provee a través del estado o en un marco fuertemente controlado por éste.

Al hacerse cargo colectivamente de esos costes generales de explotación a través del estado, el capital nacional intenta asegurar que las condiciones para la explotación eficiente de la fuerza de trabajo se den de manera homogénea facilitando la colocación de capitales y una competencia eficiente entre ellos. Dejarlo en manos de las empresas y el mercado tendría un coste mayor. Lo vemos en el paraíso liberal estadounidense, que optó por formas relativamente más laxas que las europeas. La degradación de la enseñanza pública desde los 80 es la causa generalmente citada para explicar los problemas y costes que para el capital norteamericano supone la descualificación de una parte significativa de la fuerza de trabajo. Y sobre el sistema sanitario, ni hablemos: si el impacto del Covid ha sido más desestabilizador para las empresas estadounidenses que para las europeas ha sido precisamente por la ausencia de un sistema hospitalario suficientemente universal y asequible.

No es casual que Biden haya llegado a la presidencia con un programa centrado en acercarse al modelo social europeo: sindicatos, extensión del sistema sanitario, mejora del nivel de la enseñanza pública... medidas con las que espera fortalecer al capital nacional y que al contrario de lo que dice la propaganda están muy lejos de suponer una mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores en aquel país.

¿Los impuestos redistribuyen la producción hacia los trabajadores?

La idea de que son los impuestos los que permiten pagar el gasto social y que toda mejora o mantenimiento de la atención sanitaria o la escuela pública requiere aumentar los impuestos es una herencia de las ideologías de la austeridad. El no se puede gastar lo que no se tiene de los Merkel y los Rajoy, fue una herramienta ideológica para imponer recortes en los costes generales de explotación del trabajo. Dicho de otro modo, para transferir rentas del trabajo al capital.

Es obvio que el llamado gasto social representa solo entre un 20 y un 30% de los presupuestos estatales, pero eso no es lo importante. No vale con decir que el estado podría aumentar el gasto social a costa del gasto militar o las subvenciones y ayudas a la banca o la industria por ejemplo. Desde el punto de vista del capital, todos esos gastos, el presupuesto estatal prácticamente entero, también es parte de los gastos generales necesarios para mantener la acumulación en pie y competir con sus rivales sin que sus contradicciones internas se radicalicen al punto de poner en peligro la acumulación.

Lo importante es entender de dónde salen esos recursos que el estado emplea. Y en realidad solo pueden salir de las rentas del capital o de las del trabajo. Como vemos en el gráfico de arriba, el pedazo de la producción total que los trabajadores percibieron a través de su trabajo ha disminuido desde los años setenta. Antes del golpe actual de la crisis, había disminuido un 20%. Dicho de otra manera, el pedazo de la producción que el capital se apropia como dividendos creció un 20%. La disminución es casi constante y solo se transforma momentáneamente durante los primeros momentos de las grandes crisis y recesiones cuando el estado todavía no ha reaccionado y las empresas quiebran o tienen pérdidas pero las condiciones laborales del período anterior permanecen.

Ahora comparémoslo con la presión fiscal, es decir, el porcentaje de la producción total que fue dedicado a impuestos.

Lo que vemos es que en la década de los Pactos de la Moncloa y la gran reconversión (78-88) la presión fiscal sube sin parar -son los años en que se va implantando el IRPF y el sistema fiscal actual- mientras en paralelo cae el porcentaje de la producción que llega a los trabajadores. Una nueva crisis, que tiene su punto álgido en el 92, lleva al gobierno de González a una bajada de impuestos moderada que acompaña a una pérdida del poder de compra del trabajo acelerada. Luego, la presión impositiva vuelve a subir durante los gobiernos de Aznar y Zapatero mientras los ingresos de los trabajadores siguen perdiendo participación en la producción. Nueva crisis en 2009, bajada espectacular de recaudación y en paralelo bajada también de las rentas relativas del trabajo.

Pero para poder sacar conclusiones nos hace falta al menos un elemento más. El balance entre impuestos directos -progresivos- como el IRPF y los impuestos indirectos -regresivos- como el IVA.

A lo largo del período, tanto la recaudación como el número de declaraciones de IRPF ha subido casi constantemente. Lo que el monto recaudado representó del PIB osciló entre el 4,2% y el 7,9%. Se ve el efecto recaudatorio de las distintas políticas fiscales -con Aznar llegó a bajar hasta el 6,3% del PIB.

En conjunto, los ingresos tributarios han seguido más o menos al PIB, pero hay ciertas variaciones, con efectos puntuales sobre el reparto capital-trabajo, en la relación entre impuestos directos e indirectos, y en el peso del impuesto de Sociedades, que se cobra sobre el beneficio de las empresas.

No solo se debe a las caídas de beneficios -y consumo- durante las crisis. En general, como vemos en el siguiente gráfico, los estados europeos han tendido a reducir el porcentaje que cobran en impuestos a las empresas para dar aliento a la acumulación ante las crisis.

Resumiendo: los impuestos no han modificado la tendencia del reparto de la tarta de la producción entre capital y trabajo. El trabajo pierde porcentaje. La lógica de la acumulación no se corrige con impuestos. Eso sí, los cambios impositivos -más IVA, menos Sociedades- han servido en las épocas de crisis como desfibrilador para el capital: sirven para recuperar la tendencia, interrumpida por la crisis, poniendo en marcha la transferencia de rentas del trabajo al capital y por tanto ayudando a las inversiones a recuperar rentabilidad a corto plazo a costa de los trabajadores. Algo parecido ha ocurrido con la austeridad, es decir, con la reducción forzosa del gasto que el capital realiza, a través del estado, en las condiciones generales de explotación.

¿Es verdad que el nivel de gasto social depende de la recaudación fiscal?

No, claro que no. Como podemos deducir fácilmente de los gráficos anteriores, la recuperación de la capacidad recaudatoria del estado tras las recesiones no se ha traducido en incrementos sostenidos del gasto público en servicios sociales, educación o sanidad.

Para el capital y su estado, el gasto social, es una parte fundamental de esos costes generales necesarios para la explotación del trabajo. Y en una fase histórica como la que vivimos, en la que la tendencia a la crisis está presente de forma permanente, aspira continuamente a reducirlos en la medida de lo posible para aumentar su rentabilidad global. No hay tregua.

Continuará....