Communia

El pasado febrero el Tribunal Supremo español falló que los gastos de constituir una hipoteca debían de correr por parte de aquel que la pedía. La sentencia fue recurrida y el pasado jueves a sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo volvió a fallar... pero en sentido contrario. Inmediatamente la banca se desplomó en la bolsa. Al día siguiente, el presidente de la misma sala, dejó en suspenso todos los recursos y convocó un pleno especial del Supremo como un todo que se celebrará finalmente el 5 de noviembre. La prensa apunta hoy mismo que Picazo y un pequeño grupo de jueces habrían tomado esta decisión inédita por su cuenta para «enmendar la plana» de la nueva jurisprudencia en formación y no habría tal «giro» sino más bien, un golpe de timón a favor del capital financiero en medio de una batalla entre sectores de la judicatura.

No es la primera fractura del corazón del aparato del ‎estado‎ que emerge en estos meses del gobierno Sánchez. Si el Parlamento pidió la dimisión de la Ministra de Justicia hace quince días fue porque los famosos «audios» del comisario Villarejo apuntaban cuando menos al conocimiento si no a la participación de fiscales y jueces en una trama corrupta al servicio de grandes empresarios que habría vendido al menos el bloqueo de un proceso de extradición. Pero sobre todo, el escándalo mostró que la Audiencia Nacional estaba fracturada en verdaderos «partidos» que involucraban a jueces y fiscales y que al menos tres ministros del actual gobierno (Defensa, Justicia e Interior) habían formado parte de esos bandos en guerra... lo que iluminaría la acusación previa, que a su vez motivó una reprobación del Senado a la ministra, según la cual ésta habría «abandonado» al juez Llarena en su batalla legal contra Puigdemont y la justicia de Bélgica.

El ‎capitalismo de estado‎ no es, ni nunca ha sido, monolítico. Que el capital financiero, sintiéndose en peligro ante una sentencia, presione para su revisión es parte del juego; que la alta burguesía cuente con «mecanismos» fuera del procedimiento en situaciones difíciles, también. Que jueces y fiscales formen grupos de poder más o menos ligados a unos u otros intereses y se coordinen con «las cloacas» al tiempo que juegan sus cartas en los partidos y entran en los gobiernos, forma parte de los mecanismos «informales» de cohesión entre los aparatos del estado. Esa es la naturaleza «orgánica» del ‎capitalismo de estado‎. Siempre estuvo ahí. Lo que ha cambiado es que el grado de conflicto entre esas facciones se ha multiplicado. La crisis del aparato político de la burguesía española se está desarrollando hasta amenazar con convertirse en crisis del conjunto del estado.

En el fondo, como siempre, una década de crisis, un aparato político disfuncional y la presión de la pequeña burguesía en revuelta. El «llarenazo» fue un golpe en la mesa del corazón del aparato estatal ante la impotencia del aparato político para enfrentar al independentismo catalán. Pero sus resultados están siendo contraproducentes. Ya no solo son los independentistas, sino Podemos, tras actuar por cuenta de Sánchez, los que hablan abiertamente de que el ejecutivo debe, y por tanto puede, «ablandar» a los fiscales de la causa contra el gobierno catalán que hizo el referendum de independencia hace un año. En ese marco, la conversión en algo público y notorio de los disensos dentro del núcleo duro del estado, solo sirve para transmitir la idea de que el ‎estado‎ mismo amenaza con desgarrarse por sus costuras y que lejos de afianzarse puede llegar a no ser capaz de asegurar su propia conservación sin quiebres. Estamos lejos todavía tanto de un Bolsonaro como de un Salvini, pero ya se dibujan, en el horizonte, como posibles «soluciones» a la crisis de los aparatos del ‎capitalismo de estado‎ español. La burguesía es consciente de que de la debilidad a la fragilidad solo hay un paso.