Communia

Los agricultores y ganaderos vuelven a las protestas que estallaron el pasado febrero y prosiguieron hasta verse interrumpidas por la pandemia. Esta vez sin embargo, estarán concentradas en Andalucía. No es menor: la región tiene el 34% de los propietarios agrícolas y es el origen del 40% de las exportaciones agrarias españolas. Dos temas nuevos en primera línea: las consecuencias para el campo del Pacto Verde y el supuesto estatus colonial de las regiones meridionales de España.

La rama agropecuaria del Pacto Verde

No todo el Pacto Verde europeo es generación eléctrica. La Política Agraria Común (PAC) ha sido, hasta la puesta en marcha de los fondos de recuperación, la principal partida de gasto de la UE. No podía quedar al margen. El pasado 20 de Octubre el Consejo Europeo -es decir, los gobiernos de los países- acordaron el paquete de reformas de la PAC que tiene que empezar a aplicarse ya este año.

La PAC se basa en dos pilares que son en realidad dos conjuntos de sistemas de ayudas. El primero son los precios garantizados de ciertos productos (las OMC) y las ayudas directas; el segundo las ayudas al desarrollo rural.

El objetivo de la reforma es supeditar el sistema de ayudas a las transformaciones verdes. En lo que hace al primer pilar, las ayudas directas se reducen en casi 40.000 millones para el conjunto de Europa, en parte como consecuencia del Brexit -hay uno menos a pagar- y en parte como forma de aumentar los recursos disponibles para políticas condicionadas. En el segundo pilar -ayudas para la transformación de explotaciones- una buena parte de ellas estarán condicionadas a la introducción de una serie de prácticas -los llamados _regímenes ecológicos_- tendentes a transformar la producción hacia lo bio y lo eco.

Y eso aplicado en Andalucía significa...

Cuando el acuerdo se ha traducido por el gobierno en una implementación concreta ha quedado claro que eso significa incrementar la parte de las ayudas totales que se destina a las grandes explotaciones. Primero porque las ayudas directas han pasado a estar condicionadas a la superficie en vez de a la producción. Y para rematar porque las ayudas del segundo pilar pasaban a hacer lo mismo. Lo cual no deja de ser lógico si aquello por lo que se paga es introducir leguminosas para recuperar tierras o introducir elementos de biodiversidad para controlar plagas.

Pero si sumamos todo el resultado es, según las organizaciones de agricultores andaluces, que el total de ayudas que cobrarían pasaría de 1.500 a poco más de 900 millones. La causa: la explotación media andaluza tiene 17,5 hectáreas y se dedica al cultivo intensivo. La media española tiene, por contra 50 hectáreas.

La adaptación española de la reforma de la PAC, viene a agravar a la concentración, y por tanto la contradicción entre pequeños y grandes capitales, y entre regiones de pequeña propiedad intensiva y regiones de gran propiedad extensiva.

El drama de la pequeña burguesía agraria

Ya vimos cómo la escasa capacidad para atraer capitales de los pequeños propietarios agrarios -en comparación con la industria y los servicios- lleva a los agricultores a pagar salarios de miseria como forma característica de resistir a la concentración. Que poco después reaccionaran violentamente contra la subida del salario mínimo y que esa fuera su principal bandera al estallar las movilizaciones no hizo más que confirmar lo sabido. El confinamiento que siguió en los meses posteriores, nos enseñó además cómo la misma fuerza que empuja necesariamente al pequeño propietario contra las necesidades más básicas de sus trabajadores -la lógica de la acumulación- lleva a un sistema alimentario cada vez más derrochador e insano.

De fondo, una y otra vez los datos que se van publicando confirman el análisis: la pequeña burguesía agraria está quedando al margen del grueso de los incrementos de rentabilidad del sector porque aumentar la capitalización de manera rentable solo es viable a partir de ciertas escalas que no alcanzan. La resistencia y las ayudas estatales para mantenerlos en el campo solo han servido para concentrar la rentabilidad en las grandes empresas sin concentrar la propiedad de la tierra, que sigue distribuida entre muchos pequeños propietarios.

Un 7% de macro-empresas agrarias acapara ya la mitad del incremento del valor productivo. A pesar de la subida de un 3,6% de la Renta Agraria el sector ha perdido 67.000 activos en 2020, un descenso del 7,9% respecto a 2019.Desde 2003, el sector agrario acumula una pérdida de renta de un 12,2% y una reducción de 235.000 ocupados, muchos de ellos profesionales autónomos que han tenido que abandonar la actividad ante la quiebra técnica de su explotación. La agricultura va bien, pero sólo para algunos. Las cifras 'macro' enmascaran la delicada situación micro . La extrema volatilidad de los precios, la espiral alcista de los costes (+31,6% en última década) y las importaciones sin control de terceros países, hipotecan la rentabilidad y la capacidad de creación de empleo de las pequeñas y medianas explotaciones familiares.

La Información

¿Es Andalucía un país semicolonial?

Cada vez que las contradicciones entre la pequeña burguesía y la dinámica general de la acumulación se manifiestan en diferencias territoriales, como en este caso, aparecen indefectiblemente las denuncias del supuesto papel colonial de las regiones meridionales -y africanas- de España en la estructura del mercado y el capital nacional.

De entrada es un despropósito conceptual. El régimen colonial como tal solo existió allí donde la imposición del dominio político permitió al capital absorber e incorporar al mercado metropolitano una producción pre-capitalista en un territorio exterior. Es un proceso de implantación del capitalismo -y formación de un cierto mercado nacional- en el cual -en algunos casos- se acabó desarrollando una burguesía nacional con intereses propios y opuestos a los de la metrópoli. No es el caso, ni de lejos, en la Andalucía de los últimos doscientos años y menos aun en la de hoy.

Las contradicciones de la economía andaluza tampoco se parecen demasiado a la de los países semicoloniales. Ni el estado grava exportaciones, ni desvía rentas del sector exportador para mantener artificialmente la industria, ni sufre una tensión permanente entre fugas de capital y devaluación de la divisa.

Y sin embargo persiste esa idea de la contradicción territorial tanto con las potencias europeas como con las regiones más capitalizadas del tercio Norte peninsular. Oímos hablar del supuesto carácter extractivo de las industrias y del capital foráneo que no reinvierte en el territorio los beneficios que genera en nuestra tierra, etc etc.

Fundamentalmente, bajo esa queja está la perspectiva de la pequeña burguesía regional -especialmente la agraria- que querría que la administración autonómica capturara ingresos desde algunas industrias en forma de impuestos locales y nacionales (la financiación autonómica) y los convirtiera en rentas para sus propias explotaciones. ¿Recuerdan cuando Anguita pedía un impuesto especial contra Alcampo y otros hipermercados que según él decía se llevan cada día la recaudación a Francia? Aunque parezca una paradoja, el sueño de buena parte de la pequeña burguesía regional -no solo andaluza- es que las comunidades autónomas se comporten como el gobierno de un estado semicolonial.

Pero hay un elemento de verdad también: las balanzas de capital de las distintas regiones de un mercado unificado nunca están equilibradas. La lógica de la acumulación del capital se expresa como leyes potenciales que dan ventajas relativas crecientes a los capitales que toman delantera. Esto aplica en la competencia por capitales entre unos sectores y otros, es lo que sufre el campo en su conjunto en relación a la industria y los servicios; es también lo que margina de las ganancias de productividad a los pequeños propietarios frente a los grandes; y por las mismas razones, tiende a hacer acumulativas las diferencias de rentas entre los territorios más industrializados y los menos.

Dentro de España, como de cualquier estado europeo, esta tendencia se contrarresta en parte mediante el gasto del estado, que garantiza una elevación relativa del consumo de las regiones menos capitalizadas. Dentro de la UE, donde hasta ahora las transferencias internas a través de gastos comunes han sido insignificantes en relación al PIB conjunto, exacerba las tensiones imperialistas entre unos estados y otros.

Pero aunque, por necesidades de cohesión, el estado palíe el atraso relativo de las regiones con fuerte peso del sector agrario, no va a solventarlo. Lo que se llama atraso es atraso en la acumulación de capital, un proceso que se caracteriza como hemos visto por generar la concentración de recursos productivos. La concentración en unos sectores, dimensiones y regiones es el atraso relativo de las demás.

El atraso relativo de las regiones meridionales de España, como de las italianas o las griegas, es una tendencia inserta en la lógica del capital que no va a revertir ni el aumento del gasto público ni las transferencias a los agricultores y el resto de la pequeña burguesía regional. Solo la superación del sistema puede hacerlo. Y para que ocurra hay que buscar el horizonte en la dirección opuesta a la que miran los agricultores y los andalucistas.