Communia

La pandemia no acaba, las cifras de muertes se difuminan y confunden, las fronteras se abren y se da por hecho un rebrote masivo en otoño. Pero eso -los contagios, las muertes- son algo tan abiertamente menor para el capital nacional y sus políticos que ya prácticamente ni ocupa espacio informativo. Lo importante para ellos es que tanto la OCDE como el Banco de España pronostican una caída superior al 11% del PIB este año. Al capital español no le salen las cuentas ni le responde adecuadamente el aparato político. El tono general, en todos los ámbitos, va de «salvar los trastos» de las inversiones y los beneficios empresariales así se hunda el mundo. Las grandes empresas y bancos lo tienen claro y empujan hacia la «nueva normalidad». Hoy mismo, dieron una gran representación pública del rumbo que quieren marcar. Tan convencidos están de que debe pasarse página sobre la dimensión médica de la epidemia que la mayor parte de los grandes directores corporativos intervinieron por videoconferencia. Da igual. Lo importante era llamar al orden a los políticos para un plan en tres ejes: «pacto verde» empezando por la transición energética, ayudas indirectas a la rentabilidad de la banca y alianza con los sindicatos para precarizar aun más el mercado de trabajo.

«Salvar los trastos» del capital

El gobierno sacaba hoy mismo el plan de ayudas al sector automotriz. A pesar de la fanfarria, los números se quedan, ya a simple vista, cortos. El capital español perdió el tren del coche eléctrico por haber abandonado los primeros pasos hacia el pacto verde durante la crisis de 2009. Los modelos que hoy se fabrican en las plantas españolas quedarán obsoletos en una década o antes. Si quieren tener argumentos para convencer a las grandes marcas europeas y japonesas para que produzcan coches sin motor de explosión tienen que aumentar el consumo local mucho más que lo que se puede esperar con 550 millones en subvenciones a la renovación de vehículos. Pero ni siquiera la industria se atreve a pedir más cuando la deuda pública ha batido su récord histórico. Tal cual está hoy, el plan solo servirá para aligerar los stocks masivos de vehículos no vendidos que hoy por hoy están a punto de saturar la capacidad de almacenamiento de las fábricas.

En mayo la Seguridad Social registró 26.000 nuevas empresas... lo que fue festejado como el principio de la recuperación. En realidad significaba apenas un 30% de las empresas cerradas durante el confinamiento y los datos de empleo «recuperado» eran aun peores. Solo en hostelería se espera que el número de puestos de trabajo destruidos llegue a los 400.000 este año, es decir, uno de cada cuatro no se recuperará incluso aunque los ERTEs por fuerza mayor se mantengan, como mínimo, hasta noviembre y bajo el supuesto de que no habrá rebrotes masivos de la epidemia.

Pero lo que importa al capital y al estado no es ese 99,9% de empresas en las que tiene difícil invertir por falta de escala ni, de momento, lo que ello supone en empleo. El tono es tan falsamente optimista que celebran por ejemplo que la gestión de la CNMV, vetando las apuestas a la baja sobre valor de las empresas durante los momentos álgidos del confinamiento, haya servido para mantener el valor de las acciones. No deja de tener gracia, si como parece ha sido así, demostraría la falsedad de toda la teoría oficial sobre el carácter de los mercados especulativos. Si las jugadas a corto modifican los valores a largo, la especulación no sería simplemente una mediación en precios entre presentes y futuros, sino que repercutiría directamente en la ‎acumulación‎ determinando el destino del capital y la productividad del trabajo. Es decir, los famosos «mercados» no optimizarían los destinos de capital como enseñan desde la secundaria para explicar por qué contradecirlos sería causar una catástrofe. Pero ¿quién va a reparar en éso? Lo que importa al gran capital en toda Europa a día de hoy es evitar que los precios de las grandes empresas y monopolios caiga y que otros capitales, más fuertes, en especial el chino, se hagan con ellas privándoles de destinos de inversión en su propio suelo en el futuro. Por eso presentan las trabas estatales a compradores extranjeros como grandes éxitos anti-crisis. ¿Éxitos para quién?

Si miramos a la banca, una de las «víctimas» potenciales de compras «hostiles» a los intereses ‎ imperialistas‎ españoles, la situación del capital financiero español es, cuando menos, frágil. Viene de una larga crisis de rentabilidad, azuzada desde 2017 por los tipos de interés negativos. Han entrado en una nueva etapa de la crisis con el nivel de capitalización más bajo de la banca europea y solo en mayo incrementaron su propio endeudamiento en un 5%. Así que mientras reconvienen al estado por endeudarse, exigen que no les suba los impuestos para no perder aun más rentabilidad y con ella inversiones.

La realidad es que el capital español está caminando sobre el vacío. El estado por sí mismo, sin soberanía monetaria y endeudado mucho más de lo que la UE le permitiría, podría ir poco más allá de la «Estrategia nacional de la bicicleta» para animar el consumo interno. Si el capital quiere que el estado pueda transferir el volumen de recursos que necesita a la velocidad que necesita, depende del dinero europeo. Y no es en absoluto probable que vaya a ser tanto ni tan libre de contrapartidas como la propuesta franco-alemana. De ahí el interés en hacer de Calviño, la ministra de Economía, presidenta del Eurogrupo y el Ecofin. Ayuda, préstamo o transferencia, la inyección desde los presupuestos europeos sería en realidad la fase cero de un plan de ajuste dirigido desde Bruselas.

Fuentes del PSOE y también de la oposición admiten que si Calviño se hace con el cargo, el control «encubierto» de la UE sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez se hará inevitable. Para estas fuentes, se acerca un plan de ajuste al estilo portugués durante la crisis del coronavirus.

La idea trajo paz a los bancos y las grandes empresas que entendieron que:

Su posible ascenso a este puesto tan influyente obligaría a España a cumplir con las órdenes de Bruselas, lo que implica para el país la aprobación de unos Presupuestos muy austeros.

Es decir, el gobierno del PSOE se prepara para una reedición del primer gobierno Rajoy, el de los «recortes sociales», los impuestos indirectos por las nubes y la reforma laboral. Las «colas del hambre» que no salen en los telediarios españoles pero sí en toda la prensa europea, van a estar lejos de desaparecer. Pero lo que les preocupa, llegados a ésto, no es el coste para los trabajadores sino como organizar el aparato político para llevar el ataque a las condiciones de vida, trabajo y jubilación, que ya está en marcha, hasta sus últimas consecuencias.

La crisis del aparato político

En un primer movimiento, las últimas semanas del confinamiento azuzaron de nuevo la revuelta de la pequeña burguesía. Pero, a costa de una violencia verbal que en realidad erosiona al aparato político como un todo, el PP consiguió absorber la parte que le tocaba. Casado consiguió igualar en las encuestas al PSOE de Sánchez, y lo que parecía más difícil, colocar a Vox en la indecisión entre el ultranacionalismo económico tipo Salvini y el neoliberalismo bruto de sus raíces aznaritas... por el que al final se decantó en la votación del ingreso mínimo dejando al PP el papel de derecha con conciencia social.

Por la izquierda el PSOE hacía lo propio con Podemos aprovechando la nueva ley de protección de la infancia. El fondo: las batallas feministas. Al convertir el feminismo en ideología de estado el PSOE importó sus conflictos y disputas. La ley sirvió para mostrar en público la diferencia entre el feminismo podemita y el socialista que ya había generado peleas físicas en el último y aciago ocho de marzo sobre una base que erosiona a los de Iglesias electoralmente. La disputa, de indudables tonos teológico-sectarios se resumía en «¿existe diferencia entre el sexo y el género o el sexo es algo meramente subjetivo?». La vicepresidenta Calvo llevó al aparato del PSOE y del gobierno a una batalla delirante de argumentos con los portavoces podemitas para definir la ortodoxia feminista en el estado... mientras Pedro Sánchez jugaba en twitter con Miley Cirus para mostrarse como la imagen de la España que «no deja a nadie atrás».

Pero más allá del extravío y la farándula, el aparato político sigue estando fundamentalmente roto. El parlamento sigue siendo un puzle imposible de las distintas manifestaciones de la revuelta territorial de la pequeña burguesía. La presión sigue ahí, en parte como un difuso anti-madrileñismo, en parte como furia centralista en Vox y en parte como nacionalismos periféricos. En cualquier caso las fuerzas centrífugas son lo suficientemente fuertes como para obligar a Sánchez a filtrar que «estudia» trocear el esperado pero indefinido rescate europeo entre las regiones. Es dudoso que sea vaya a ser finalmente así, pero intenta ganar tiempo. El ambiente político es turbio y no le conviene otra cosa. En Madrid y Barcelona se prodigan las intrigas para reorganizar el gobierno y la presión para un gabinete formado o al menos sostenido solo por los dos partidos de estado. Y aunque parece poco más que ruido, el cierre sin pena ni gloria del caso 8M apunta a movimientos de fondo entre el estado y los aparatos de PP y PSOE para hacerse con la situación.

Por otro lado las investigaciones de los jueces suizos sobre el rey Juan Carlos y sus corruptelas ha reanimado los mitos republicanistas de cierta pequeña burguesía anclada en los mitos stalinistas. Pero significativamente, ésta vez ni siquiera los partidos de estado han defendido al monarca emérito e incluso la prensa afín propone «borbonearle» y le invita a «dejar España». La crisis de fondo del aparato político y sus relaciones con el estado sigue ahí y la erosión de la monarquía es una parte más de ella.

Los trabajadores

Mientras la derecha saca al doberman envuelto en la bandera rojigualda y la izquierda disfruta discutiendo el sexo de los niños y el futuro de las princesas, la realidad de los trabajadores ya ha empezado el «ajuste». Los alquileres han subido un 7% y el 38% de las familias se ven agobiadas para pagarlo. La cesta de la compra ha subido 32,5%. Y todo mientras casi 400.000 trabajadores esperan desde marzo cobrar los ERTEs.

Y este es solo el aperitivo del menú que nos preparan. No podemos estar callados... ni quietos.