Communia

No, no es menos grave que mueran los viejos. No cuando era perfectamente evitable, al menos en estas proporciones. Estamos viviendo una auténtica masacre en la que las residencias de ancianos ocupan el lugar de batallones de castigo. Al entrar en ellas para desinfectar los soldados están encontrando imágenes dantescas de muerte y abandono. Una residencia cuesta al mes bastante más que el salario mediano español, pagarla es un esfuerzo de toda la familia. Y sin embargo, las familias descubren ahora que las empresas que les sangraban mensualmente no fueron capaces de dar una mínima protección a sus padres y abuelos al estallar la epidemia, de establecer un protocolo para hospitalizarlos y en muchos casos ni siquiera de atenderlos medicamente cuando enfermaban. La verdad es que no parece que en casi ningún lado se hiciera nada para prevenir los contagios y en muchos se dejó morir a los enfermos primero y se abandonaron luego los cadáveres tirados en las camas. Hay algo evidentemente mal, muy mal, criminalmente mal.

¿Quién se hace cargo de las residencias?

Las residencias son un negocio de miles de millones de euros. Detrás de las residencias en las que hemos visto apilarse fallecimientos estos días hay grandes grupos de capital. Basta echar un ojo a la estructura de propiedad para darse cuenta. En el «Vitalia Home» de Leganés llevaban ya 60 muertos a 30 de marzo. La UME encontró allí 11 cadáveres abandonados. La empresa había recibido del Banco Europeo de Inversiones 57.5 millones de euros para construir 19 residencias. La propiedad fue adquirida hace dos años por un fondo de capital riesgo británico accionista de Naturgy y dueño de la universidad Alfonso X el Sabio y de Deoleo -el monopolio de distribución del aceite de oliva.

Sigamos con algunas de las intervenidas in extremis por el estado. Fue en una de ellas, propiedad de Orpea donde saltaron algunas de las primeras alarmas cuando los trabajadores denunciaron que la empresa estaba ocultando muertes. La empresa, una multinacional francesa con un valor en libros de 6.000 millones de euros, es el vehículo de una decena de grandes fondos de pensiones.

No son casos sueltos. La historia de las grandes empresas del sector es un culebrón de fusiones, adquisiciones y flujos de capital arriba y abajo. La mayor de todas en España, DomusVi, una fiesta de capitales franceses, británicos y españoles danzando en operaciones corporativas, tuvo en Espartales el caso mas grave -la residencia ha sido intervenida ahora ante la magnitud del desastre- es la dueña también de la residendcia de Aldán, Pontevedra, donde sumaron ayer 5 muertes en un solo día y hay 108 mayores infectados.

Por supuesto, aunque la parte del león del mercado esté en grandes fondos, siempre queda un huequito para la pequeña burguesía emprendedora lo suficientemente relacionada con la política regional como para captar fondos públicos. Sus resultados no se han demostrado mejores. Basta ojear los titulares sobre empresas como Aralia que gestiona la residencia Isabel la Católica, un desastre cruel en estos días o «los Miami» propietarios de la residencia Monte Carmelo en la que primero 19 y luego 26 muertes -y las que vendrán- fueron seguidas de denuncias de cadáveres abandonados, falta de higiene y una investigación de la fiscalía.

¿Por qué no funcionan ni las grandes empresas ni las pequeñas?

Es evidente que ni las grandes empresas, ni las pequeñas, ni la contratación de unas u otras para la gestión han producido otra cosa que un horror. Pero es que una vez, bajo el lenguaje mentiroso y narcotizante de la industria de «los cuidados», se esconde la realidad de una contradicción básica entre la lógica del capital y las necesidades humanas. Una empresa vale tanto para un fondo como capaz sea de utilizar más capital de manera rentable. ¿Qué son las residencias? Inversiones inmobiliarias -que requieren grandes volúmenes de capital- con un retorno calculable estadísiticamente, baja morosidad y ocupación segura. Un «caramelito para los fondos»:

Los inversores ven en los centros para la tercera edad una oportunidad de oro porque se trata de «negocios recurrentes» o de ingresos fijos o periódicos que, además, presentan una baja morosidad (no llega al 1%, cuando la bancaria supera el 10%), y por la existencia de una demanda in crescendo a tenor de las cifras de casi plena ocupación que muestra el sector. La estimación de la curva vegetativa española es negativa, por lo que cada vez será mayor la proporción de de ancianos entre la población.

Una manera estupenda de incrementar su ‎tasa de ganancia‎ media. El capital recala feliz. Sobre todo si el negocio en sí lo conoce de sobra: una inversión inmobiliaria especialmente segura y de gran rentabilidad en un negocio hostelero. Ambas dimensiones son de sobra conocidas. Y como en todo negocio hostelero vienen con una coda de ‎precarización‎, carencia de personal e imprevisión calculada para ahorrar costes a base de despreciar imprevistos. No, la carencia de trabajadores, la falta de medidas de protección y su descualificación para enfrentar la epidemia no fue algo «imprevisible» sino rutinario al punto de estar incorporado al cálculo de la ‎tasa de ganancia‎: antes de la llegada del covid, la ratio de personal era del 0,47%, cuando en Francia por ejemplo, donde ya es a todas luces insuficiente, era del 0,61%. La sobre-explotación de los trabajadores y la falta de recursos suficientes en la atención eran pan nuestro de cada día y servían al retorno acelerado de las inversiones.

Y si el capital estaba a la suya, y es obvio que la suya no pasa por la necesidad de sus propios clientes más que mientras están dentro de lo estadísticamente calculable -todo lo demás es malo para la rentabilidad-, el estado despreció sistemáticamente el riesgo de propagación y no se molestó en hacer un plan de contingencia para ayudar a unas residencias que suponían la mayor concentración de personas en situación de riesgo de todo el país. Es más, solo a día de hoy, después de dos semanas de confinamiento, en medio de denuncias diarias y situaciones dantescas, sigue sin haber un plan de actuación, solo la intervención de las residencias por varias comunidades autónomas supone que estas se hacen cargo de la responsabilidad y quitan la gestión a las empresas.

La masacre de las residencias es una expresión clarísima de cómo los objetivos e incentivos de la ‎acumulación‎ se oponen a las necesidades humanas más básicas. El resultado es de una incompetencia sangrante desde el punto de vista de algo tan básico como la protección de vidas humanas, pero en realidad ha sido «ejemplar» desde el punto de vista de la colocación de capitales y su rentabilización. El covid ha campado y arrasado en ellas precisamente porque eran eficientes a los fines para los que se habían creado.

La cuestión es que, para algo tan evidente como proteger la vida de nuestras familias, no podemos permitir que servicios básicos como la atención en los últimos años de la vida sean organizados desde esos criterios ni dirigidos por una clase para la que salvar vidas es menos relevante que salvar inversiones.