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La disputada extradición del President Puigdemont

05/04/2018 | España

Mientras la maquinaria judicial procesaba a Trapero y la cúpula de los Mossos por sedición, siguiendo la lógica del «llarenazo», la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein dejaba en libertad bajo fianza a Puigdemont y declaraba inadmisible la petición de extradición por el delito de rebelión. Eso no quiere decir que vaya a negarse a extraditar al expresidente, aun no se ha pronunciado sobre el presunto delito de malversación de fondos públicos y es muy posible que cuando lo haga sea para entregárselo a la justicia española.

El argumento jurídico estaba ya contemplado en las reflexiones del mismo auto de Llarena: no hubo insurrección armada ni violencia suficiente como para hacer capitular al estado, por lo tanto no se trataría de un delito de «alta traición» según las leyes alemanas, sino en todo caso de sedición. Por supuesto, podría haber aceptado el argumento del juez, inspirado por la lectura de los historiadores de la Transición sobre el golpismo en la II República. Pero no lo hizo. Y sin embargo, a pesar de las celebraciones, estamos muy lejos de un triunfo del independentismo. La muy probable extradición de Puigdemont por malversación de fondos públicos elimina esa opción.

Al caer sobre el estado alemán la decisión sobre el futuro de Puigdemont, éste ha tenido la potestad legal de actuar como un meta-estado de España y poner un techo a la respuesta del aparato de estado español. Lo ha hecho en los mismos términos en que pensaba hacerlo Bélgica y lo hubiera hecho, posiblemente cualquier jurado europeo. España tiene que poner fin a su propio estancamiento cuanto antes y poder incorporarse al plan europeo del eje franco-alemán; pero no mediante un procedimiento excesivamente dramático, sin vuelta atrás y fácilmente instrumentalizable en su propia contra por los británicos y otros «aliados» deseosos de utilizar la situación catalana para poner palos en la rueda alemana.

Procesar a Puigdemont por los gastos hechos con dinero público en la preparación del referendum da ya suficiente superioridad al gobierno de Rajoy sin ofrecer flancos innecesarios. Parece que Rajoy también pensaba así y que fue el primero al que el auto de Llarena «cogió con el pie cambiado». Que España esté gastando bazas tan valiosas como Falciani a cambio de la extradición de personajes secundarios del «procés» no puede gustar ni al aparato político, ni a los servicios de inteligencia, ni siquiera a los cuerpos de seguridad. Seguramente no le guste ni a Hacienda que se ve contradicha, o algo peor, en sus acuerdos con el famoso soplón. Pero es la consecuencia inevitable de la toma de control de la situación por el núcleo del estado. Todo eso es lo que se ve en cuestión ahora.

La cuestión ahora es que si bien el camino abierto por el Supremo se hace fundamentalmente insostenible en su objetivo de ejemplaridad política, la situación no puede sino volver a la casilla de salida: en estancamiento político. Estancamiento del que solo pueden salir si resuelven o encauzan la cuestión catalana. Parece la pescadilla que se muerde la cola. Eso sí tanto el aparato del estado como los grupos centrales de la burguesía de estado española están de acuerdo que la salida pasa por el disciplinamiento de la pequeña burguesía en general y de la catalana en particular. No les vale cualquier salida a la parálisis. Necesitan las que les permitan renovar el aparato político con C's como revulsivo y aumentar su centralización.

Alemania y Francia, y en general los aliados del eje franco-alemán en la UE, lo entienden así. Quieren una solución pronto pero no a toda costa. Les desespera que Rajoy no sepa liderarla pero se dan cuenta del peligro de la alternativa judicial dejada a su propio albedrío y actuando por encima de los criterios políticos en un marco internacional tan volatil. Desde luego tampoco están por buscar una «solución negociada», como propone interesadamente la prensa británica. Saben que a medio plazo abriría un gigantesco Gibraltar que debilitaría drásticamente todo el plan franco-alemán para Europa. Si el independentismo cree que tiene en Alemania un aval para el «diálogo entre iguales» con el gobierno, se equivoca.

Cuando Rajoy venga a despertar, el estancamiento seguirá ahí. Eso es lo desesperante para la burguesía española y el peligro del que son cada vez más conscientes sus aliados internacionales. Lo que hemos visto estos días es al estado alemán forzando al Supremo español a no proseguir por un camino ejemplarizante pero frágil y sin retorno... y a Rajoy y al aparato político en en su conjuntom a buscar un liderazgo propio y no lavarse las manos dejando a la represión judicial no atender criterios de oportunidad política. Lo que viene no es una «solución negociada» sino la negociación de una solución sin excesivos peligros para los aliados internacionales entre el maltrecho aparato político de la burguesía española y el corazón judicial del aparato del estado.


Actualización viernes, seis de abril. Según recoge la prensa griega, un portavoz del ministerio de exteriores alemán asegura que el objetivo del gobierno alemán es que acabe la parálisis política en España, se forme un gobierno en Cataluña y «el conflicto» encuentre «solución política» en un marco en el que los dirigentes catalanes sean juzgados por «malversación de fondos públicos» por los gastos realizados en el referéndum del uno de octubre, pero no por rebelión.


Actualización lunes, nueve de abril. El tribunal alemán pide más datos al Supremo sobre la acusación de malversación, reinterpretando las euroórdenes con tal de subrayar el carácter exagerado del «llarenazo».