Communia

Un año después del referendum no es la policía nacional bajo órdenes de Saenz de Santamaría, sino los «mossos d'esquadra» bajo órdenes de Torra los que cargan contra los independentistas. La prensa española, iletrada como siempre, comparaba con deleite la trifulca en la puerta del Parlamento catalán con «la toma del Instituto Smolny por las turbas bolcheviques en 1917». La CUP negaba que hubiera sido realmente un intento de «tomar el Parlament» quejándose del «descontento» ante el estancamiento, doce meses más tarde, de la estrategia independentista.

El retrato que Marx hiciera de las revoluciones pequeñoburguesas y sus «repúblicas de papel» es hoy más evidente que nunca: la pequeña burguesía radicalizada es «insurreccional en el parlamento y parlamentarista en la calle». Enfrentada a los costes de un conflicto de verdad «busca ávidamente pretextos de derrota» porque su estrategia es una pura expresión de impotencia política. La estrategia del 1-O, hace ahora un año, solo hubiera podido culminar en lo que decía pretender, la independencia catalana, en caso de un desarrollo de los acontecimientos «a la eslovena»... es decir, una guerra que hubiera dado pie a una intervención política -aunque no solo- de algún imperialismo rival del eje franco-alemán. El problema es que les faltaban las fuerzas: ni los «mossos» estaban por arriesgarse a protagonizar una rebelión armada ni los trabajadores estaban por hacer de carne de cañón. El resultado una «independencia fake».

Un año después, lo que hubiera podido convertirse en una tragedia se repite como una farsa frustrada. Ya no es el gobierno y el bloque ERC-PDCat-Puigdemont; ahora son la CUP, los CDR y la base militante del independentismo. El aniversario del 1-O se convirtió en otra insurrección simulada e inconsecuente. Nada podía retratar mejor las contradicciones de esa política «insurreccional en el parlamento y parlamentarista en la calle» que un asalto que se detiene ante una puerta cerrada y se disuelve, pasivamente, a la primera carga policial. El periodista lo describe así:

La gente apenas responde, levanta los brazos y recibe los palos resignada. «¡Pero qué hacéis! ¡Dejadnos salir de aquí, desgraciados!», gritan los manifestantes, desde jóvenes encapuchados a muchachas en tirantes y señores de pelo blanco.

Los opinadores del «govern» piden a sus bases «un poco de confianza por favor», es decir, tiempo para que la correlación de fuerzas cambie por factores externos. Recuerdan que la campaña de imagen a partir de las cargas de la policía el 1-O, la fracasada extradición de Puigdemont, la caída de Rajoy y la fragilidad del gobierno Sánchez, muestran que lo mejor es seguir con la ofensiva pasivo-agresiva. Creen que si son capaces de mantenerla en el tiempo obligarán al estado español a pactar con tal de no asumir más costes... ni mantener más tiempo el riesgo de que «el contexto de favores y complicidades internacionales vire» a favor del independentismo.

Seguramente el riesgo de una ruptura por frustración entre las propias bases del independentismo que temen, con razón, que todo pueda acabar en una negociación de compentencias y financiación, haya empujado a Torra a amenazar a Sánchez con dejar caer su gobierno. Sánchez, que a estas alturas tiene ya a su gobierno al borde del KO viviendo en «libertad vigilada» por nacionalistas vascos, ha dado firmemente una respuesta blanda: negociar más competencias y fondos a cambio del fin de las veleidades independentistas.

No podía hacer otra cosa: la burguesía española se ve cada vez más tentada por el camino rápido al disciplinamiento de la pequeña burguesía regional que promete «Ciudadanos», entre otras cosas porque teme como una vara verde que la propuesta de nuevo estatuto vasco derive en la apertura de un segundo frente territorial, prácticamente al mismo tiempo que el Supremo juzga a los que fueron dirigentes del gobierno catalán durante el referéndum.