Hacia una estrategia sanchista de ataque a las pensiones
El gobierno Sánchez estrena un ministerio para la Seguridad Social separado del ministerio de Trabajo. Bajo la división de tareas se esconde una voluntad de «reforma» que representa un peligro directo para las actuales generaciones de trabajadores en activo.
El ministro de Seguridad Social del nuevo gobierno Sánchez viene con una receta de reforma de las pensiones bajo el brazo... complementaria de la «mochila austriaca» y con elementos propios de a la de Macron en Francia. Tras una semana de bombardeo en los medios públicos sobre las bondades del sistema propuesto por el gobierno francés -olvidando curiosamente la resistencia social- el editorial de El País de ayer recordaba al gobierno que «lo más importante ahora es poner en marcha el diálogo social como marco para resolver los problemas que aquejan al mercado laboral y a las prestaciones públicas». Es decir, que hace falta la complicidad de los sindicatos y el espectáculo de una negociación entre ellos y las empresas mediada por el estado para poder empezar a «meter mano» en serio a las jubilaciones.
Si seguimos la receta del nuevo ministro en sus publicaciones para la AIReF («Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal»), el primer paso sería cargar los costes de gestión del sistema a la administración del estado, salvar las cuentas a corto y, entrar en un juego con los sindicatos para empezar a erosionar el núcleo de los derechos de los trabajadores:
- Reduciendo las jubilaciones anticipadas y alargando la vida laboral «voluntaria» de los trabajadores.
- Ampliando el periodo de cálculo de 25 a 35 años, añadiendo además un tope al aporte contabilizado en los últimos años. La bajada de las pensiones consiguiente aumentaría en el tiempo conforme se jubilara la primera generación precarizada.
La «cuestión vasca» y las pensiones
La AIReF calcula que las medidas anteriores supondrían un «ahorro» de entre 1,8% y un 4,7% del PIB a largo plazo, una cantidad de capital gigantesca extraída directamente de las rentas del trabajo y suficiente, en todo caso, para mantener el sistema intacto sin déficits. Pero la cuestión es que Sánchez no puede quedarse ahí. Por un lado tiene el «compromiso» de salvar la banca «apoyando» unos fondos de pensiones privados que con los tipos de interés en negativo solo pueden ofrecer pérdidas, por otro tiene el «compromiso» con el PNV de territorializar las pensiones sin romper la «caja única» de la Seguridad Social. La salida se entrevió ya en el debate de investidura.
No hay territorialización posible de las pensiones, que ya de por sí sería terriblemente regresiva, sin «mochila austriaca». Por lo mismo, en los equilibrios internos de los puestos en el gobierno es especialmente llamativo que al ministerio de Trabajo, que cae a Podemos, se le quiten las competencias en Seguridad Social y pensiones. Sánchez está ahí protegiendo más que controlando a Iglesias y sus ministros. Parece que Sánchez nadará entre intentar vender el carácter «complementario» de la «mochila», apuntándose el tanto ante la banca y la UE y «echarle el muerto» de lo más regresivo al PNV y las derechas regionales.
«El nuevo pacto social bajo el gobierno Sánchez», enero de 2019
Hacia un modelo sanchista de ataque a las pensiones
¿Hacia dónde apunta todo ésto? Hacia una reedición, aplicada ahora a las pensiones, de la misma estrategia que el felipismo jugó en su día contra la seguridad en el empleo. Aquel «éxito» histórico contra los trabajadores, que ha deformado la sociedad española desde la raíz desde entonces, consistió en «dualizar» el mercado generacionalmente. A la gran mayoría de la generación activa entonces se les mantenían las condiciones laborales o se les pre-jubilaba o despedía con los sindicatos como enterradores «generosos». A sus hijos en cambio, y en principio apelando a una urgencia ante el desempleo, se les aplicaban normas de excepción (contratos «de obra», despidos baratos, etc) y unos sistemas de organización de trabajo (ETTs, movilidad obligatoria, subcontratas, etc.) que no hubieran podido imponer a la generalidad de los trabajadores sin provocar un estallido de movilizaciones. Evitaban la batalla posponiendo su propio triunfo pero haciéndolo, al mismo tiempo, inexorable.
Ahora aquella generación, los sufridores del «Plan de empleo juvenil» de la huelga general de 1989, que rondan ya los cincuenta, se aproxima a la jubilación. El plan, es reducir sus pensiones de forma no excesivamente traumática (alrededor de un 7% si extrapolamos los cálculos de AIRef) pero incorporando los mecanismos de «complementariedad» que irán reduciéndola paulatinamente para las generaciones siguientes, privatizando y territorializando su gestión.
La combinación de una «reforma AIReF» con la «mochila austriaca» lleva al final, como está pasando con los salarios, a una concentración de las pensiones de los trabajadores entorno a la pensión mínima... y lo que ella significa: la insuficiencia de la pensión para cubrir las necesidades básicas tras la jubilación y la dependencia de los jubilados de una multiplicidad de «programas sociales» de las administraciones locales y del aporte de sus hijos y familiares... cada vez más precarizados.
¿La alternativa? Plantar cara. No hay otra. Y no para «buscar alternativas» a una contabilidad que nos es tan ajena como tramposa. Luchar para imponer de una vez pensiones de acuerdo a las necesidades de cada pensionista, con independencia del «estado de caja» y los años cotizados.