Communia

Adjetivos grandilocuentes sobre el acuerdo europeo, números estratosféricos, Sánchez recibido entre aplausos por los ministros cual César que vuelve triunfante de la Galia... y dos verdades. La primera que las condiciones de acceso a los fondos establecen un protectorado similar, si no peor, que el sufrido por Grecia hace diez años; porque al final, los programas de ayudas directas están condicionados a una mayor precarización del trabajo, el ataque directo a las pensiones y el desmantelamiento de la Seguridad Social. La segunda que como ha dicho la vicepresidenta Calviño, esas reformas ya estaban en la agenda del gobierno y las condiciones van a servir para implementarlas disfrazadas de imposición europea.

El problema de España

La realidad del acuerdo es que el estado recibirá 140.000 millones de euros, el equivalente al 11% del PIB de un año a lo largo de seis años. De esta cantidad, poco más de la mitad, 72.700 millones, serán ayudas directas y el resto préstamos.

El problema de los préstamos es que aunque no tengan interés, aumentan la deuda del estado. Y al aumentar la deuda, especialmente cuando la acumulada ya ronda el valor de la producción de un año entero, aumenta la probabilidad que los mercados especulativos adjudican a que el estado español pueda llegar a no pagar sus bonos. Esa probabilidad, se mide como un extra en el coste de financiación que sufre el propio estado, extra que es lo que aproxima el famoso riesgo país. Es decir, aunque los créditos no tengan interés, aumentan el coste financiero del estado.

Las ayudas directas son para objetivos concretos vinculadas mayoritariamente a la inversión directa y el apoyo a la inversión privada en digitalización y pacto verde. En ningún caso pueden emplearse para pagar gastos corrientes. Y si no pueden utilizarse para gastos corrientes y aumentan los costes financieros, la conclusión inevitable es que los créditos son recortes.

Por otro lado, las ayudas directas, la otra mitad del paquete al que accederá el gobierno español, están condicionadas a un aumento de la flexibilidad (=precarización) del mercado de trabajo y la reforma de las pensiones y la Seguridad Social. Es decir, van un paso más allá de los recortes y bajo una fiscalización que no puede dejar de ser problemática:

El precio a pagar por el dinero de la UE es que las condiciones serán muy similares a las de un rescate completo. Las ayudas se entregarán por tramos y el desembolso se supedita a la aplicación de las reformas prometidas. Cualquier Gobierno europeo podrá paralizar los pagos si cree que Sánchez no cumple. La única diferencia es que no habrá visitas a Madrid de los hombres de negro de la troika. Se trata de una intervención de facto de la economía española desde la UE, tal y como ha exigido desde el principio el primer ministro holandés, Mark Rutte.

Resumiendo: recortes de gasto y asalto directo a las condiciones de vida, trabajo y jubilación. Dice Calviño, y por su boca habla la burguesía española, que hay que verlo como una gran oportunidad de un proceso de transformación de nuestro país que teníamos que haber abordado hace años. No puede cabernos duda de que llevaban esperando esto años, es la hoja de ruta de burguesía española, ahora con refuerzo político externo y fondos para financiar un rearmado integral de las fuentes de acumulación, es decir una transferencia masiva de rentas del trabajo al capital.

¿Un histórico renacer de la UE?

Cuando Francia y Alemania presentaron su propuesta original, basada en transferencias y sin condicionalidad expresa, nos vendieron que se trataba de un nuevo comienzo de la UE: las transferencias, financiadas por deuda tomada por la UE como tal, y dirigidas por el Parlamento y la Comisión hubieran significado que el conglomerado, lejos de verse en cuestión, era capaz de adoptar las herramientas de un estado federal para corregir las desigualdades territoriales y crisis cíclicas de deuda en los países menos capitalizados producidas por la moneda única. Parecía imposible y así ha sido.

El estallido no anduvo lejos. En un momento parece que Macron llegó a amenazar con marcharse inmediatamente y renunciar a un acuerdo. No lo hizo, pero el resultado está muy lejos de la federalización a la que aspiraba. La UE establece una suerte de protectorado conjunto sobre los países receptores. Y Francia es el cuarto que más recibe. Aunque no tenga el grado de dependencia de Italia, España, Portugal o Grecia, la posibilidad de mantener una política propia en la UE se ve muy recortada. Cualquier enfrentamiento negociador con uno de los países acreedores puede poner en cuestión sus presupuestos en cualquier momento. Solo con que un rival planteara la queja de que el gobierno francés no está implementando la reforma de las pensiones con suficiente profundidad y celeridad, los fondos directos se retrasarían como mínimo tres meses. La pregunta no es si la burguesía francesa va a llevar eso de buen grado, sino cuánto tiempo tarda en convertirse en una proliferación de disensos y crisis políticas acrecentadas en su propio suelo y en todo el Sur europeo que aspiraba a articular.

Es cierto que la UE ha salido reforzada como mecanismo de homogeneización e imposición de condiciones de acuerdo a las necesidades del capital. No es de extrañar que tanto Lagarde como la burguesía alemana estén exultantes: no solo van a mantener a flote una parte de la demanda interna europea, sino que han ampliado las oportunidades de inversión para los ‎ capitales sin aplicación productiva de los países centrales‎ y de paso... la idea de un eje franco-alemán, si sobrevive lo hace bajo la clara supeditación de Francia y sus aliados. El mayor estado díscolo, Italia, queda en la mayor de las precariedades y, con un protectorado de facto aun más férreo que el de España.

Pero, así como Rutte podía afirmar que a pesar de las transferencias la UE no ha cambiado su naturaleza hacia la federalización, la idea de que pueda llegar a convertirse en una unión política mínima, al nivel de un bloque político-militar, ha quedado claramente atrás, a penas disimulada en los discursos triunfales. Orbán, escueto lo subrayaba con un _¡lo echamos atrás!_ en twitter. Lo que echaron atrás es, sencillamente, algo tan básico como que la recepción de ayudas estuviera condicionada a ciertas garantías como Estado de Derecho. Es difícil pensar un nivel de homogeneización político-institucional más básico para la UE si quiere dotarse de una ideología de bloque.

Y remachando esa debilidad política, resulta que mientras la cumbre, absorta en la negociación interna, dejaba para septiembre una toma de posición sobre los avances turcos en el Mediterráneo Oriental y el Magreb... el desarrollo bélico de la crisis ha dado un salto cualitativo con la aprobación por el parlamento egipcio de la invasión de Libia por su ejército.

La UE sobrevive pues como herramienta de imposición conjunta de las necesidades del capital en un mercado común, supeditando de paso unos capitales nacionales a otros por mecanismos de mercado azuzados por una moneda compartida y reforzadas por mecanismos de crédito y transferencias puntuales. Pero cuanto más se reafirma como conglomerado de capitales, menos viable es como base de un posible bloque imperialista y mayores son las tensiones políticas con las que carga a sus miembros. Cada renacer europeo reproduce las contradicciones de tal desequilibrio a un nivel mayor.

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Balance desde la perspectiva de los trabajadores

1. Para los trabajadores de los países socorridos los créditos son recortes y las ayudas directas que reciban sus estados solo servirán para acelerar la transferencia de rentas del trabajo al capital.
2. Si alguien esperaba que el Consejo Europeo podía servir para evitar la escalada de la guerra en el Mediterráneo y el horizonte de barbarie que abre, se equivocaba profundamente.

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