Communia

El gobierno aprobó ayer su segundo «plan de choque» contra la subida desbocada de la factura eléctrica. No es que la nueva factura eléctrica les haya salido mal. Al contrario salió «demasiado» bien para sus objetivos, tanto que les está destrozando los indicadores de inflación y mermando expectativas electorales. Por eso el nuevo plan es básicamente igual al primero y su objetivo se limita a reducir la factura un 22%... después de que subiera más del 60%. Por supuesto no falta el ruido: las eléctricas no quieren soltar presa ni reducir beneficios extraordinarios y eso permite al gobierno presentarse como adalid de los consumidores pasando de puntillas por las causas de la escalada de precios.

¿Qué tira hacia arriba de la factura eléctrica?

En dos palabras: Pacto Verde... y por varios frentes.

1. El mercado especulativo de CO2 que es la principal palanca del Pacto Verde

Uno de sus mecanismos principales es el mercado de derechos de emisión de CO2. Para producir electricidad mediante gas natural u otro combustible fósil las eléctricas tienen que recurrir al mercado especulativo regulado por la UE para comprar derechos.

Este mercado está constreñido y lo estará aun más para cumplir los nuevos objetivos 2030, así que los especuladores tienen todos los incentivos a comprar y subir los precios. Por eso, como adelantamos, el precio de la tonelada de CO2 ha pasado de 33,69€ por tonelada en enero a instalarse ahora solidamente por encima de los 60€.

Bajo las condiciones del Pacto Verde, bastan unos días de poco viento para que el gas -y sus derechos de emisión de CO2- tomen más peso en la cesta de fuentes energéticas y los precios escalen. El resultado inevitable es una subida brutal de la factura eléctrica en toda Europa. En Italia por ejemplo, anuncian ya un incremento del 40% en la del próximo trimestre.

2. Los precios al alza del gas natural, producto del Pacto Verde -fin del recurso al carbón- y del cierre de las nucleares alemanas

Pero además está el precio del gas natural. Y ahí es un puro reflejo de la batalla imperialista en Europa. Por un lado Rusia ha cerrado el grifo y restringido las exportaciones de gas natural como forma de presionar a Alemania para que resista la presión y las sanciones de EEUU y ponga en marcha el nuevo gasoducto NordStream2 cuya última tubería acaba de colocarse.

La misma construcción y el carácter estratégico del Nordstream 2 es el resultado de la importancia creciente del gas natural en el cambio de matriz energética diseñado por la UE: tiene que servir como primer paso para que los países del Este puedan abandonar el carbón... y para respaldar la producción industrial alemana después de que Merkel cerrara las centrales nucleares. Rusia actúa como lo haría cualquier especulador cuando se presentan incentivos así.

3. Las debilidades y desastres del imperialismo español en el Magreb y la UE

España en ese mercado tiene además su propio juego. El sistema gasístico español se alimenta de Argelia a través de dos gasoductos: el MedGaz que une directamente los pozos argelinos con la costa valenciana, y el gasoducto del Magreb que une ambos países a través de Marruecos.

La incapacidad del gobierno para gestionar las presiones marroquíes sin levantar las iras argelinas culminó con el numerito de este verano con el jefe del Polisario y una guerra fría con Marruecos en el que la amenaza de no renovar el contrato del gasoducto del Magreb se hizo explícita.

Como resultado, Argelia declaró que dejaría de enviar a España gas natural por ese conducto, alimentando una escalada entre los dos países magrebíes y la fragilidad del sistema gasístico y eléctrico español.

Porque por el otro lado, la conexión al mercado europeo tanto eléctrica como gasística española es insuficiente porque Francia bloquea históricamente el desarrollo de las interconexiones. Se trata de un fracaso histórico para el imperialismo español dentro de la UE y tiene su reflejo inmediato en la diferencia de precios de producción y en la factura eléctrica.

Y por supuesto, el Pacto Verde y las expectativas de las industrias energéticas francesas ante las demandas de la industria alemana, enrocan aun más la posición de París. Francia no quiere que el gas argelino y la solar y eólica española erosionen su papel de resguardo del sistema eléctrico que sostiene a la industria alemana.

Es decir, la debilidad del imperialismo español y la incompetencia de sus representantes políticos, tanto en la UE como en el Magreb, contribuyen a aislar el mercado energético español, fragilizando suministros y, bajo las condiciones actuales, produciendo mayores subidas de precios.

4. El carácter monopólico y el especial estatuto de las eléctricas para el capitalismo español

El sector eléctrico español es seguramente el único ámbito en el que la burguesía española ha funcionado «a piñón» desde los primeros momentos del capitalismo de estado español durante la dictadura de Primo. Está pensado como un monopolio capaz de servir de asidero al corazón del capital nacional en los peores momentos de crisis.

El sacrosanto mercado eléctrico que supuestamente hay que tocar con pinzas y cuidado extremo por ser un modelo de «libre competencia» que garantiza los precios más bajos posibles... es una broma de mal gusto.

Endesa, Iberdrola y Naturgy suponen, ellas solas, el 85% de la generación en España.

Por el lado de la demanda, hay un centenar de empresas que a su vez venden la electricidad al usuario final. Pero su coste principal es el alquiler de la infraestructura de baja tensión, propiedad en un 100% de Endesa, Iberdrola y Naturgy. Estos alquileres son tan altos que reducen a casi nada el impacto de la competencia entre comercializadoras. De hecho cada vez más comercializadoras venden al usuario final al precio de mercado más un fijo de 3 o 4€ de gastos de gestión, lo que nos da idea del escaso impacto que tienen sus márgenes en la factura eléctrica.

Finalmente, el 100% redes de alta tensión son propiedad de un monopolio, Red Eléctrica.

Es decir, el mercado eléctrico español es un monopolio tanto en la oferta como en la demanda en la que tres empresas producen y se compran a sí mismas, a través de una infraestructura también en monopolio, la práctica totalidad de la energía eléctrica producida.

Los ahora discutidos «beneficios caídos del cielo», son el producto del sistema de subastas de precios entre los miembros de este monopolio a tres.

El mercado eléctrico se basa en las estimaciones de consumo que realiza Red Eléctrica Española. Cada día subasta una cierta cantidad de Megavatios. Los precios van subiendo en la subasta. Los que aceptan un precio más bajo colocan toda su producción antes. Al final, los más caros -que ahora gracias al Pacto Verde son los ciclos combinados de gas natural- se quedan con menos producción y fijan el precio para todos.

Esto quiere decir que todos los demás centros de producción cobran por encima del precio al que estarían dispuestos a vender, obteniendo beneficios extraordinarios que nacen del diseño mismo de la subasta.

Al capital español no le basta con que haya monopolio. Paga el precio de monopolio al que se llega por colusión espontánea en la subasta, a la energía más cara. Y a todos los demás beneficios extraordinarios sobre ese precio.

Cuidado: estos beneficios extraordinarios no son los «beneficios caídos del cielo» que el gobierno quiere limitar. Solo se consideran «caídos del cielo» los de las centrales construidas antes del diseño del sistema actual de subastas e incentivos, es decir, los de las viejas presas y centrales nucleares amortizadas hace mucho.

¿De qué van las eléctricas?

El verdadero estratega del sector, Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, entendió pronto la oportunidad que el Pacto Verde representaba. Este «pionero de las renovables», mimado por los gobiernos y los fondos europeos y cabeza de playa del capital español en el Green Deal de Biden, que se mantiene a los mandos a pesar del cerco judicial a los «trabajos» que le hizo un policía corrupto, se ha cerrado en banda a la reducción de los beneficios extraordinarios que supondría eliminar o reducir los «beneficios caídos del cielo».

Bastaron las pobres medidas del primer «plan de choque» del gobierno para que encabezara una verdadera guerrilla de acciones de dudosa legalidad vaciando embalses a costa de destrozar el cauce del Tajo. Siguieron parones «técnicos» en las nucleares. Según datos del Consejo de Seguridad Nuclear, que abrió una investigación, en 2018 se sumaron apenas 230 horas de descenso de la actividad en el parque nuclear español por esta causa. En 2019 fueron 350. Pero en 2020 se dispararon hasta 2650. Y este año, sólo en enero y febrero, sumaron ya casi 800.

Ahora, ante el segundo «plan de choque» amenazan con dar un parón definitivo a las nucleares, lo que en principio no subiría los precios pero haría mucho más inestable y polucionante el sistema.

Lo importante: ni los impuestos -como pretenden las eléctricas- ni los «beneficios caídos del cielo» -como pretende el gobierno- son los causantes de la subida eléctrica. Ya estaban antes. Aunque se eliminaran los «beneficios caídos del cielo», su impacto en la factura eléctrica sería parcial y no compensaría la subida que ya llevamos. Ambas partes se están peleando a cuchillo solo por el destino -impuestos o dividendos- de una parte menor de la transferencia de rentas que la factura de la luz del Pacto Verde arranca de nuestros salarios.

¿Aportaría algo a la factura eléctrica una empresa pública de electricidad?

Cuando los precios comenzaron a escalar escandalosamente y las eléctricas se resistían a todo cambio en el sistema que les hiciera perder un euro de sus beneficios extraordinarios, la ministra Ribera las «amenazó» con crear una empresa pública no renovando la concesión de las centrales hidroeléctricas. Dijo que el gobierno se plantearía...

Disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema de concesión distinto o a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía.

Rápidamente Podemos e IU se sumaron al carro y lo hicieron propio. Se trataba en realidad de un apoyo a la ministra dentro del habitual juego del gobierno de coalición cuyo objetivo era simplemente apuntar a una reducción de los «beneficios caídos del cielo» para disciplinar a las eléctricas. Finalmente, la ministra Ribera «descartó» crear tal empresa y los mensajes nacionalizadores se guardaron hasta siguiente aviso o campaña electoral.

Pero ¿qué impacto tendría una empresa pública de producción que se hiciera cargo de las hidroeléctricas e incluso de las nucleares españolas?

Estas centrales como son las de menores costes colocan toda su producción, así que de entrada podemos asegurar que no aumentaría el volumen de fuentes libres de CO2 del sistema eléctrico. Y en cuanto a precios... dado el sistema que describimos antes, en principio no reducirían en nada la factura eléctrica. Eso sí, el gobierno podría eliminar los «beneficios caídos del cielo» a costa de sus ingresos fiscales sin que nadie protestara.

No es de extrañar que la ministra lo «descarte» y Podemos e IU lo dejen pasar. El impacto máximo en la factura eléctrica que podría producir sería el mismo que el de transformar el sistema de subasta para eliminar los «beneficios caídos del cielo».

Y en todo caso, si se eliminaran, ya fuera cambiando la ley o nacionalizando el precio, para el capital español significaría eliminar una parte de los beneficios extraordinarios a las eléctricas, restando atractivo para el capital internacional a los «campeones nacionales» en mitad de la crisis.

Por eso Ribera insiste en «medidas temporales» para aliviar la factura eléctrica y Podemos e IU dejan claro que colocan la famosa empresa pública hidroeléctrica en un futuro indeterminado, cuando la crisis haya pasado o las hidroeléctricas no sean necesarias al dividendo de Iberdrola, Endesa y Naturgy. Para ellos el capital nacional va por delante de las necesidades humanas y de los trabajadores. Por eso se llaman, con justicia, patriotas.

El segundo plan de choque «para bajar la factura eléctrica»: ni compensará la subida, ni toca las causas, ni tendrá continuidad después de mayo

Este pasado lunes Pedro Sánchez apareció en la TV pública para contarnos que iba a solucionar la escalada de precios y la subida de la factura eléctrica. Ayer, tras el Consejo de ministros, se presentaron las medidas mientras el mercado eléctrico producía el enésimo récord de precios.

¿Las medidas? Una ligera ampliación de las reducciones temporales de impuestos que sumarían unos 2.000 millones para el estado y una reducción temporal de los «beneficios caídos del cielo» que bajaría costes de producción en 2.600 millones.

Total: una reducción de ingresos sobre lo que ganarían de seguir el gas y el CO2 al alza de eléctricas y estado de 4.600 millones. Eso sí, con fecha límite: el 31 de marzo de 2022. Esperan que el gas ruso vuelva entonces a fluir hacia Alemania y bajen los precios.

Mientras tanto, crean además, una subasta especial para grandes consumidores, esta sí permanente. Obliga a las tres productoras a ir a una subasta anual de contratos a largo plazo (un año o más) con «grandes consumidores». Obviamente se trata de garantizar una bajada de costes a las grandes empresas y de dar un poco de margen de juego -y beneficios- a las comercializadoras, entre ellas las de las tres grandes.

Resumiendo: el plan de choque ni toca las causas, ni tendrá continuidad después de mayo. Y según lo que dice el propio gobierno, que calcula un efecto del 22% sobre la factura actual, ni siquiera compensaría la subida ya acumulada.

Son en realidad medidas de amortigüamiento parcial y temporal. La factura eléctrica sigue dependiendo del mercado especulativo de derechos de emisión, siguen los beneficios extraordinarios de eólicas y solares, y después de mayo volverán los «beneficios caídos del cielo» de la nuclear y las hidroeléctricas.

El gobierno no quiere parar la subida, que seguirá siendo la tendencia hasta 2030 como mínimo, solo amortiguarla cuando como ahora, produzca asaltos demasiado bruscos en la factura eléctrica.