Communia

La semana se cierra con equilibrios imposibles en Bolivia y España, pero también con un nuevo avance de movilizaciones sobre reivindicaciones de clase en Francia... ante las que Macron cede en cuanto ganan masividad y visibilidad.

Bolivia

En Bolivia, la marcha al exilio de Evo Morales y Alvaro García de Linera dejaba la llave de la situación en un Parlamento de mayoría masista. El paralelo con lo que había pasado en Perú con el fujimorismo se reproducía una vez más. Y sin embargo, el curso de los acontecimientos divergió a partir de ahí. Las claves: el contexto de revuelta al que no son ajenas las propias bases del masismo y la creciente polarización en torno a las nacientes alianzas imperialistas regionales.

Para empezar, las negociaciones entre la oposición y la bancada del MAS no llevaron a ningún lado porque, autodescabezado, el masismo solo podía intentar ganar tiempo forzando la falta de quorum. Precisamente lo que la oposición sabía que tenía que evitar. Resultado: Jeanine Áñez, por carambola, se convierte en presidenta.

Si a partir de ahí, el masismo esperaba que las fuerzas represivas y el ejército se resquebrajaran, estaba equivocado. Al revés. Estaban deseando juramentarse ante el primer conato de institucionalidad que se estableciera, como efectivamente hicieron. ¿Porque habían formado parte de alguna conspiración golpista? No realmente. La clave para entender la actitud de los militares está en la «guerra del gas» de 2003, que acabó en insurrección antigubernamental dirigida por las bases del MAS y que acabó con la victoria electoral de Evo Morales. El gobierno de Lozada ordenó entonces intervenir al ejército para defender el abastecimiento de La Paz y evitar el asalto del parlamento. Los choques entre militares y alteños dejaron 65 muertos. Y los militares y responsables políticos fueron acusados posteriormente acusados y juzgados por genocidio. Al ejército le quedó bien claro que solo tenía que perder como cuerpo si aceptaba órdenes de intervención contra la población civil de un poder político en caída.

Pero no es la inhibición de los militares el principal problema del masismo sino, como ya apuntamos, el haber perdido el apoyo de la pequeña burguesía urbana, cada vez más inclinada a una alianza de poder con la burguesía ganadera y financiera de Santa Cruz, «autonomista» entonces, «bolsonarista» hoy. La elección y juramentación de Áñez buscaba precipitar la situación. Morales, desde México, respondió obstaculizando aun más una salida política a sus seguidores y aliados en el poder, declarando que no habría paz hasta que el volviera al país. Añez devolvió el golpe anulando la derogación de los artículos constitucionales que Evo Morales había proclamado para volver a presentarse ignorando la Constitución y el referéndum. La situación se encasquillaba de nuevo... propiciando el paso a primera línea de las rivalidades imperialistas.

El inmediato reconocimiento por Brasil, pretendía servir a la consolidación del nuevo gobierno al tiempo que señalaba un nuevo «triunfo» imperialista para Bolsonaro. Siguieron el irrelevante Guaidó con su gobierno virtual venezolano y EEUU, una vez más a la zaga de Brasil... por no decir, al traspiés.

En la contra, Alberto Fernández, prometió llevarse a Evo a Argentina en cuanto sea investido presidente. El gesto pretende transmitir que va a seguir dando batalla por Bolivia... sin dar la batalla de los reconocimientos. No es porque tenga que esperar a estar formalmente en el cargo, sino porque todo su juego con el FMI depende de poder hacer contrapeso con China. Y China, como se está viendo en la cumbre de los BRICs, está negociando un acuerdo de libre comercio con Brasil, está dando oxígeno exportador a Bolsonaro a cambio de penetración tecnológica y tiene como prioridad estratégica afianzar su relación con el gigante lusófono. Desde el punto de vista argentino y peruano, resulta prudente esperar aunque sea a costa de recular momentáneamente. Desde la mirada del grupo de Puebla «ganar tiempo» no es un objetivo solo de Morales. Por eso el negociador enviado por la ONU puede esperar ser consensual.

Pero si los intereses imperialistas en juego están por alargar el conflicto, las divisorias en las clases burguesas bolivianas operan azuzándolo. Y mucho. Ánez es del Beni. La provincia de «la media luna» de la que forma parte el TIPNIS. Un parque nacional en cuya defensa frente a las directrices de Morales y sus cocaleros se unieron medioambientalistas, comunidades, grupos defensores de los indígenas... y la burguesía local que temía ser desplazada en cuanto la región se convirtiera en la principal productora de coca para la exportación ilegal (cocaína). Como todos los caciques de la región, Añez es más anti-Evo que conservadora, más separatista que «opositora». Por eso ha dejado a Mesa fuera del gobierno y del diálogo: es excéntrico a su mirada y objetivos, centrados en llegar a un equilibrio cuanto antes con el MAS. Que le llamen «pacificación» ya debería ser suficientemente ilustrativo de las expectativas que siempre tuvieron las relaciones entre la pequeña burguesía rural, sea cocalera o «indigenista» y las oligarquías de la media luna, ahora aliadas de la pequeña burguesía urbana. Porque mientras, las bases masistas de El Alto -esa «capital mundial del neoliberalismo» como la definió un conocido operador local del masismo- están en repetir la «guerra del gas» dieciseis años después, en coordinación como entonces con las columnas cocaleras, ahora con mejor armamento y planteando sin recato la guerra civil.

La respuesta del nuevo gobierno pasa por el momento por recurrir a Colombia para ganar tecnologías represivas en el marco de una rápida puesta en marcha de relaciones con los aliados imperialistas, desalojando a los cooperantes cubanos y venezolanos, acercándose a Chile y EEUU y sobre todo, incorporando a la embajada brasileña en el circuito interno de consultas del poder.

España

Lo que constanta Bolivia es que la pequeña burguesía tiene tan difícil encaje en rebelión como fácil instrumentalización en el conflicto inter-imperialista. La dificultad del encaje es obvia en Europa, donde diversas formas de la revuelta pequeñoburguesa han generalizado la crisis del aparato político. El ejemplo español es muy ilustrativo. Tras las cuartas elecciones en cuatro años y unos resultados que erosionaban tanto a Podemos como PSOE, ambos partidos esbozaron en 48 horas un acuerdo para... llegar a un acuerdo.

https://twitter.com/PSOE/status/1194248616627580929

Pero a estas alturas ni PSOE ni Podemos, ni PP ni el descalabrado «Ciudadanos», ni siquiera el ultranacionalista «Vox», son ya los protagonistas. De 18 fuerzas parlamentarias representadas en el nuevo parlamento, 13 no presentaron candidatos más que en algunas regiones o incluso provincias. Sin ellas no puede formarse gobierno. Así que cuando el acuerdo entre Sánchez e Iglesias se hizo público, comenzó la puja. El nacionalismo vasco fue el primero en abrir el mostrador para recibir ofertas y PSOE-Podemos empezaron a echar cuentas sobre cómo reequilibrar presupuestos a favor de las provincias con partidos con representación regionalista. Es decir, para mantener una mínima gobernabilidad en el gobierno central, alimentan aun más las fuerzas centrífugas de la periferia.

Pero la palabra final queda en los independentistas catalanes. La revuelta impotente de la pequeña burguesía nacionalista ve su «oportunidad de oro». Está en discusión todavía de para qué. Para unos se trata de bloquear la investidura de Sánchez (e Iglesias) para hundir el aparato político español definitivamente con unas terceras elecciones generales. Para otros se dan las condiciones para obligar a negociar la autodeterminación e independencia. ERC, mayoritario entre los independentistas en el parlamento nacional, juega a todas las bandas intentando nadar y guardar la ropa. Todos esperan que finalmente se abstenga en la investidura de Sánchez haciendo esta posible a cambio de algún tipo de «mesa de negociación». Las dificultades del acuerdo son solo el prólogo a las dificultades generadas por el acuerdo. Deber el gobierno a los independentistas que ponen en cuestión las fronteras del estado es la mejor expresión del estancamiento impuesto por la revuelta pequeñoburguesa que Sánchez pretendía superar con las elecciones. En cuatro años, la burguesía española no ha conseguido avanzar en la renovación de su aparato político. Al revés, está más maltrecho que nunca.

Crisis, precarización, lucha de clases

Para la burguesía española es ya urgente desbloquear su hoja de ruta. El IBEX mete prisa. Europa está en una recesión industrial que parece no tener fondo. La experiencia alemana está mostrando que tras la industria vienen los servicios y que, incluso en la principal potencia europea, la recesión industrial ataca directamente a las condiciones de empleo generales: la temporalidad ya está en máximos de tres años y las oleadas de despidos en empresas emblemáticas se suceden.

Este solapamiento entre precarización, crisis y servicios públicos esenciales se vuelve dramático en la sanidad... y puede convertirse en la espita de lo más temido por la burguesía hoy: la aparición en escena de la lucha de clases de los trabajadores.

Desde hace dos años las huelgas en servicios de urgencias concretos y los suicidios de personal sanitario fueron convergiendo en una ola de malestar y rabia que se materializó en marzo en una primera oleada de huelgas. El junio pasado, los sindicatos parecían haberlo conducido al estadio de huelga testimonial y aislada de ámbito nacional. Pero durante el verano, las huelgas en servicios de urgencia por todo el país fueron extendiéndose, exigiendo medios para realizar su trabajo y escapándose como agua entre los dedos a los sindicatos. En septiembre el gobierno Macron esperaba que las concesiones presupuestarias parasen las movilizaciones, cada vez más incontrolables... pero el efecto fue el contrario. Y cuando ayer, los trabajadores de urgencias sacaron a miles de personas a la calle, Macron cedió de nuevo presentando un plan de medidas de urgencia. Tres elementos a destacar:

El ataque a los sistemas de salud no viene de ayer. Desde los años setenta el desmantelamiento de los servicios públicos de salud está en la agenda de la burguesía. Es un elemento central del ataque a las condiciones de vida de los trabajadores y va a estar cada vez más en primera línea.

El movimiento francés de los trabajadores de urgencias ha tomado desde marzo un carácter cada vez más marcado de lucha contra el desmantelamiento de los hospitales públicos. No es algo estrictamente novedoso, pero marca un patrón que se repetirá en el futuro: trabajadores de un sector concreto que abren, a partir de su realidad, consignas y reivindicaciones de lucha que invocan al conjunto de los trabajadores. Solo por ésto el movimiento francés sería ya importante.

El «plan de urgencia» de Macron es efectivamente una concesión. Como vimos con la huelga de SNCF, cuando un movimiento de lucha supera el marco sindical o, incluso dentro de éste, apunta el desbordamiento, Macron organiza una tabla de concesiones, como ya hizo con los «chalecos amarillos» tan pronto aparecieron conatos de demandas de clase. Marca otra pauta, que hemos visto también en Chile: abortar en fases tempranas el ascenso de reivindicaciones de clase con concesiones, dejando después que el discurso de la «transversalidad» característico de la revuelta pequeñoburguesa y los procesos deliberativos organizados desde el estado, reconduzcan hacia la nada los conatos de movimientos de clase.