El nuevo «pacto social» bajo el gobierno Sánchez

7 de enero, 2020 · Actualidad> Europa> España

Verdadero espectáculo de precariedad hasta el último momento, la investidura de Sánchez está lejos de escenificar el fin de la crisis de aparato político español. Con la derecha subida al monte, permitiéndose algunos incluso invocar la intervención militar y Bildu de protagonista de la coalición «progresista» a pesar de su difícil blanqueo, el cuadro general resulta agónico e intelectualmente miserable. Y sin embargo, a pesar de todo, menos preocupante para el poder de lo que aparenta y por tanto mucho más inquietante de lo que pretende para las condiciones de vida, trabajo y libertades de los trabajadores.

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Desde JxCat al nada sospechoso de «indepe» Zarzalejos, en cuanto se sale de los discursos partidarios oficiales de la derecha queda claro que Sánchez y su nuevo gobierno no quedan en absoluto «prisioneros» de ERC… más bien al revés. Una vez investido presidente, es tremendamente difícil «tumbar» al gobierno y lo firmado solo le compromete a «bajar el nivel» de la presión judicial y organizar una negociación con la Generalitat en la que el confederalismo fiscal -un cupo al estilo vasco y navarro- será el límite tácito.

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Otra cosa es que desde los presupuestos del estado a las «reformas estratégicas» vayan a ser fáciles. Todo está dado para que se conviertan en una verdadera subasta territorial por un lado y un tira y afloja entre el núcleo del estado y sus periferias por otro. La pequeña burguesía, una clase en buena parte fraccionada y territorializada, sin grandes perspectivas nacionales ni globales, ha llevado la lucha de clases por sus intereses del terreno de las ideologías generales al de la lucha entre las administraciones territoriales de las que espera obtener rentas y recuperar posición. Al hacerlo ha penetrado en la arquitectura institucional de la Constitución del 78 por su punto más débil y la ha dejado tocada de muerte, se recoja en forma de reformas del texto o no.

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Si la burguesía española acepta territorializar su estrategia de fondo como forma de salir del estancamiento político, eso no significa nada bueno. En la respuesta de Sánchez a la portavoz de Bildu, el presidente insinuó la perspectiva de romper la caja única de la Seguridad Social como «reto» y terreno común entre ambos. Pero no hay territorialización posible de las pensiones, que ya de por sí sería terriblemente regresiva, sin «mochila austriaca». Por lo mismo, en los equilibrios internos de los puestos en el gobierno es especialmente llamativo que al ministerio de Trabajo, que cae a Podemos, se le quiten las competencias en Seguridad Social y pensiones. Sánchez está ahí protegiendo más que controlando a Iglesias y sus ministros. Parece que Sánchez nadará entre intentar vender el carácter «complementario» de la «mochila», apuntándose el tanto ante la banca y la UE y «echarle el muerto» de lo más regresivo al PNV y las derechas regionales, mientras deja en manos de los de Iglesias aquello que más les retrata en su origen de clase: universidades, consumo y una «igualdad» reducida a la «brecha salarial de género» y otras trampas del feminismo.

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¿Quedará Iglesias al margen de lo más regresivo de la hoja de ruta de Sánchez y la burguesía española? No. Entrará de cabeza en el diseño de un nuevo «Estatuto del trabajador» pensado desde Glovo y Deliveroo. Eso sí, vendiendo la ganancia en alguna situación concreta -bien cocida mediaticamente antes- para disfrazar el retroceso global de las condiciones de trabajo que provoca la misma medida. La misma táctica que hasta ahora ha funcionado relativamente bien a Sánchez, convirtiéndole en el favorito de una burguesía corporativa que no apostaba por él en sus comienzos.

Los «aciertos» de Sánchez para la burguesía española

Lo que viene ahora

La legislatura y el gobierno que ahora comienza expresa muy bien la dificultad de encaje de los objetivos de la revuelta de la pequeña burguesía española en el aparato institucional. El conato de «pacto social» que supone en sí el gobierno Sánchez propone en realidad a independentistas, nacionalistas regionales, regionalistas y provincialistas, saltarse los límites del 78 sin cambiar la letra de la Constitución para ganar algunas competencias y rentas… a cambio de no entorpecer demasiado el camino de las «reformas de fondo» en el mercado laboral y las pensiones que son el objetivo central, y cada vez más urgente, de la burguesía española. Y lo que es el territorio para una parte de esa clase es la Universidad y el aparato administrativo para la base de los dirigentes de Podemos.

En conjunto es un «pacto social» entre la clase dirigente y una parte de la pequeña burguesía en boceto inconcluso, cogido con alambres, pobre en contenidos y frágil como la mayoría que eleva hoy a la presidencia a Sánchez. El debate, como en su día los debates televisivos de candidatos, dejó claro que la crisis política es de tal gravedad que la burguesía española no le quedan ojos para pensarse en un contexto imperialista que le deja cada vez menos sitio tanto en Iberoamérica como en la UE y que se torna cada vez más violento. Está por ver si el pacto sanchista sirve para calmar aguas en Cataluña o si, por el contrario, las agita aun más. Pero lo que está claro es que lo que hoy surge acentuará la «visión de tunel» como método frente al estancamiento. Y que al final de ese tunel, su luz es nuestra precarización y su objetivo nuestras pensiones.

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