El fin de las «confluencias»

13 de julio, 2020 · Actualidad> Europa> España

Gómez Reino, candidato de Podemos en Galicia anoche.

Primeras elecciones en España tras el estado de alarma. En Galicia el BNG triplica resultados, heredando íntegramente el apoyo de En Marea, la convergencia gallega de Podemos, que se presentaba fracturada en dos y que desaparece del parlamento. En Euskadi Podemos reduce representación a la mitad y los escaños los recoge Bildu que obtiene el mejor resultado de su historia. Si sumamos un PNV que ha arañado votos a un PP en picada, el resultado global es una mayoría de 4/5 para el soberanismo vasco. En Galicia y en Euskadi la izquierda parlamentaria es ahora nacionalista. La época de las confluencias está definitivamente cerrada; se constata que Podemos no es capaz de centralizar la revuelta de la pequeña burguesía universitaria de la periferia y que para ese sector la llegada al consejo de ministros de los de Podemos-iu no aporta ninguna perspectiva. Quieren otra cosa.

Podemos y la revuelta periférica

El dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, impartiendo clase en la Universidad Complutense de Madrid. El núcleo del partido se formó en su departamento de la facultad de Políticas.

Podemos nació como un fenómeno mediático. Los medios participados o financiados por Jaume Roures construyeron la imagen de un Iglesias heredero del 15M justo a tiempo para las elecciones europeas de 2014. Podemos se presentó en Lavapiés en febrero, las elecciones fueron en mayo. El logo en la papeleta era la cara del mismo Iglesias. Maravillas de la democracia: el partido, sin base organizativa alguna, obtuvo más de un millón doscientos cincuenta mil votos y cinco eurodiputados. A partir de ahí, fueron el fenómeno político de Europa y sirvieron sobre todo, para crear la imagen de que las brutales respuestas de la burguesía española a la crisis -desde el abandono de servicios públicos a los cuatro millones de parados- tenían una alternativa que podía ganar el parlamento.

Los podemitas, convertidos en las nuevas vedettes mediáticas tenían una oportuna teoría heredada del peronismo académico -Laclau y Mouffe- que les decía que la política era «construir pueblo», es decir que toda revuelta cabía, por contradictorias que fueran entre sí, mientras mantuvieran un discurso interclasista que se orientara a la hegemonía cultural y el triunfo electoral. Y desde esa perspectiva emprendieron la creación de una espina vertebral organizativa. La básica territorial, construida a prisa y corriendo antes de aquellas europeas de 2014 la externalizaron en los Anticapitalistas, la rama española de lo que había sido la LCR de Mandel, Krivine y compañía. A aquella estructura mínima pero extensa, desalojada por Errejón e Iglesias en el primer congreso de la formación (Vistalegre I), se colgaron los pares territoriales del autodenominado núcleo irradiador de la Universidad Complutense, los grupos regionales de iu que más se habían distanciado del viejo PCE stalinista: Colau, que era la renovación de la mortecina Iniciativa per Catalunya de Subirats, En Marea en Galicia que unía a Beiras con la iu gallega, Compromís en Valencia… Solo en Andalucía la alianza de Anticapitalistas y el viejo stalinismo del PCA pudo construir y mantener un feudo. Podemos quedó en la práctica como una marca confederal de un conjunto de coaliciones -rebautizadas como confluencias– que expresaban la revuelta de la pequeña burguesía intelectual y universitaria en cada territorio.

El problema del modelo es que, carente de una base organizativa propia y extendida pueblo a pueblo, lo fiaba todo a unas fuerzas centrífugas que al desarrollarse la inhabilitarían necesariamente como fuerza nacional. Los dirigentes podemitas pensaban que con resignificar unos cuantos significantes vacíos como patria o nación, es decir mediante un viejo truco de prestidigitación peronista, los nacionalismos regionales también servirían para construir pueblo, es decir para construir poder en el estado proyectando electoralmente la ilusión de un objetivo común por incoherente que fuera. Pero a fin de cuentas el peronismo nunca había tenido que vérselas con movimientos regionalistas, separatistas y aun menos con un independentismo como el que se desarrolló en Cataluña en 2017 y 2018. El resultado para Podemos fue inmediato y dañino: la novedad de las vedettes había pasado y tanto el estado como la pequeña burguesía en revuelta exigían una toma de posición clara y contundente. Pero era imposible para una organización que seguía siendo, en buena medida un collage unido con alambres y con una militancia propia sobre el terreno con poco o ningún impacto.

Momento del vídeo comunicando el «divorcio» entre Podemos Andalucía y Podemos.

A partir de ahí Iglesias y su entorno inmediato inician una carrera a la desesperada: les da igual romper la poca organización propia que tienen con tal de controlarla realmente. El resultado es desastroso. Una marca nacional en bajada intenta imponer condiciones a movimientos regionales con marcas propias y estructura de cargos públicos, alcaldes, consejeros autonómicos… a los que si una palabra puede producir rechazo es centralización. En Cataluña su propio candidato electoral -y la mayoría de la organización- se mueve al bloque independentista de motu propio.

En Galicia En Marea estalla perdiendo en el camino buena parte del poder local y toda una ristra de elecciones internas impugnadas. En Valencia Compromís se presenta a las elecciones generales con Errejón que mientras tanto está intentando crear una base organizativa propia en Madrid –Más Madrid– y renuncia a repetir una aventura nacional mientras no tenga una base organizativa propia. Próxima pantalla: Andalucía donde, tras la ruptura con Anticapitalistas, Podemos ya ha perdido todo el grupo parlamentario que queda en Adelante Andalucía y la marca Podemos difícilmente podrá aspirar por sí misma a otra cosa que la testimonialidad regional.

Colgados del gobierno, sin dónde apoyar los pies

Equipos de PSOE y «Unidas Podemos» tras la firma del pacto entre ambas.

El último error de la dirección podemita fue jugársela todo a estar en el gobierno con ministros y control del gasto social como forma de rehacer su base social. Error porque su base social no se conmueve por cuatro cargos a repartir en el gobierno nacional y políticas que al final tienen que implementar las comunidades autónomas sin ellos dirigiéndolas en su aplicación territorial. Para tener una mínima opción de rentabilizarlo tendría que haber llegado antes a una fusión con la burocracia sindical. Pero tampoco tenía mucho hueco: el programa de la justicia social del PSOE fue redactado en el Congreso que exaltó a Sánchez por los dirigentes de las grandes ramas industriales de CCOO y CGT no llega ni de lejos para lo que Iglesias querría ahora.

El papelón de la Ministra de Trabajo en Galicia lo atestigua: la política social del gobierno Sánchez no puede generar base territorial ni redes clientelares para quien no esté en el gobierno autonómico. Por eso el voto de las confluencias y Podemos se ha recentralizado y lo hará aun más, sobre fuerzas nacionalistas locales. La estrategia y los presuntos logros de Podemos, una vez más, le reman en contra. Podemos está colgada del gobierno y sin lugar donde apoyar los pies.

Errejón salía hoy a sacar como consecuencia que lo que había por delante era un modelo confederal que intente la cuadratura del círculo: unir a las fuerzas centrifugas de la pequeña burguesía regional en… construir pueblo. Acertaba sin embargo sobre Podemos: Eso ya no existe. Existe una cosa que se llama UP y que tiene los resultados de siempre de IU, aseguraba en un tuit.

El futuro de esa parte de la revuelta pequeñoburguesa

«Sol i paella: socialisme», reza la camiseta de Anna Gabriel (CUP) en el debate sobre las consecuencias de la aplicación del artículo 155, que desembocó en la «declaración de independencia» fake del gobierno catalán.

Un dato importante de los resultados electorales de ayer es que el conjunto de partidos que votó a favor de la investidura de Sánchez no pierde votos, solo se reequilibra internamente. Y lo hace profundizando en la tendencia que se manifestó ya en las últimas elecciones generales: la revuelta de la pequeña burguesía española se expresa territorialmente y se aviva con las crisis económicas. En enero, el PSOE y Podemos formaron gobierno más sobre una tregua que sobre una alianza con esos sectores.

La legislatura y el gobierno que ahora comienza expresa muy bien la dificultad de encaje de los objetivos de la revuelta de la pequeña burguesía española en el aparato institucional. El conato de «pacto social» que supone en sí el gobierno Sánchez propone en realidad a independentistas, nacionalistas regionales, regionalistas y provincialistas, saltarse los límites del 78 sin cambiar la letra de la Constitución para ganar algunas competencias y rentas… a cambio de no entorpecer demasiado el camino de las «reformas de fondo» en el mercado laboral y las pensiones que son el objetivo central, y cada vez más urgente, de la burguesía española. Y lo que es el territorio para una parte de esa clase, es la Universidad y el aparato administrativo para la base de los dirigentes de Podemos. En conjunto es un «pacto social» entre la clase dirigente y una parte de la pequeña burguesía en boceto, inconcluso, cogido con alambres, pobre en contenidos y frágil como la mayoría que eleva hoy a la presidencia a Sánchez.

«El nuevo pacto social bajo el gobierno Sánchez», 7/1/2020

Hoy Sánchez está solo empezando a tirar adelante con el plan de ataque frontal a las condiciones de los trabajadores que era el centro de las urgencias de la burguesía española antes del Covid y que ahora, en recesión abierta y con un panorama de crisis general del capitalismo por delante lo es aun más. Está pendiente de unos fondos europeos que cada día parecen quedar más lejos de lo propuesto por Merkel y Macron para poder suavizar el ajuste para la pequeña burguesía. Y ésta, al menos en su facción de izquierdas y por lo que vimos ayer, se ha enrocado. Es probable que veamos algo similar en Cataluña.

El fin de la etapa de las confluencias alrededor de Podemos es el fin de las posibilidades de un encaje de la revuelta pequeñoburguesa en el aparato político del estado. La forma que queda abierta apunta a una crisis de régimen.

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