Communia

Ayer la Audiencia de Navarra absolvió del delito de violación a un grupo de cinco energúmenos que durante los Sanfermines habían acorralado en un portal y forzado a tener sexo con ellos repetidamente a una chica de 19 años. La brutalidad de la sentencia, que reconoce la situación de abuso pero no la violación, dado que según ellos no hubo intimidación, llenó en pocas horas las calles de miles de personas protestando. Por supuesto no han faltado las interpretaciones feministas que nos dicen que el problema es que «la Justicia es un territorio masculino y por tanto machista» y que si dejara de serlo, todo iría estupendamente. Una vez más, como siempre desde hace más de un siglo, parece que el principal objetivo del feminismo es vendernos un estado y un capitalismo no discriminatorio.

La cuestión es que el estado no es «neutral». Aunque intente mantener ciertas reglas de juego, esas mismas reglas son en sí, reglas de parte. Y para el estado el primer objetivo es la conservación de sí mismo. Por eso tiene una vara de medir la violencia y la intimidación cuya sensibilidad varía en función del hecho juzgado. Si el objeto de violencia o intimidación es una persona, el sensor parece requerir, por lo que dice la sentencia, golpes, desgarros y «fuerza eficaz»... en cambio, si el brazo que se intenta torcer es el del propio estado, si tiene un objetivo político por tanto, basta con la protesta en sí misma para que se considere violencia por poco «eficaz» que sea para cambiar leyes o derogar instituciones. Por dar ejemplos de la memoria cercana, mientras no se aprecia violencia en una superioridad física abrumadora que culmina en una violación brutal, sin embargo, los mismos jueces vieron clarísima la violencia en las manifestaciones de los independentistas el 1 de octubre. Tampoco aprecian intimidación, aunque si «sometimiento» ante una violación grupal en la que la víctima pierde totalmente su autonomía al verse rodeada de cinco bestias, pero si la ven al parecer en las protestas de los CDR independentistas levantando el paso del peaje de unas autopistas lamentables.

Estas dos sencillas comparaciones, cercanas en el tiempo, deberían bastarnos para dudar de que cambiando los jueces e incluso cambiando las leyes, el estado pueda dejar en absoluto de juzgar y actuar de manera cruel, injusta y discriminatoria. La cuestión no es solo que prime a los violadores sobre sus víctimas. La cuestión es que para lo que está es para defender a víctimas que en ningún caso seremos nosotros, seamos mujeres u hombres, nos violen o esclavicen, mientras no representemos al propio estado o al capital nacional que articula.