El estado y la esclavitud de los migrantes
Granja en Sarria intervenida por la policía.[/caption]
Ayer la policía intervino en una granja en Sarria (Lugo) en la que dos inmigrantes colombianos eran sometidos a condiciones de trabajo infrahumanas abusando del control de su patrona sobre «los papeles». Papeles que nunca regularizó para seguir man teniéndoles en una situación de explotación extrema. La propia prensa recuerda ahora casos igualmente terribles en la misma provincia hace unos años, pero sabemos bien que no son «casos aislados». Durante la última década, la situación de extrema explotación de los jornaleros migrantes ha permitido una acumulación extraordinaria que ha sido la base de la nueva industrialización de regiones enteras durante los años de crisis.
La asamblea nacional francesa aprueba la nueva ley de migraciones.[/caption]
¿Cómo casa en este marco la acción de la policía con la actitud cada vez más agresiva del estado contra los migrantes? Porque, junto a las acciones policiales, vemos una tendencia -encabezada, cómo no, por la Francia macronita- a convertir la ausencia de permisos de trabajo, que hasta ahora se consideraba una «situación irregular» y podía llegar a comportar deportación, en un delito con prisión y multas brutales tanto al trabajador como a cualquiera que le ayude. ¿Qué racionalidad hay en endurecer una legislación que coloca a los trabajadores en una posición de debilidad que les condena la explotación extrema y al mismo tiempo reprimir a los patrones «que se pasan»?
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saluda al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, durante el posado para la fotografía de familia con los grandes directivos españoles que integran el Consejo Empresarial por la Competitividad (CEC) en Moncloa en 2014.[/caption]
La clave está en la naturaleza del estado y en las funciones que ha desarrollado en nuestra época. Desde hace un siglo, en todo el mundo, la escasez permanente de mercados suficientes para colocar todo el valor producido, ha convertido las distintas economías nacionales en capitalismos de estado: el estado no solo ha crecido sino que organiza y orienta la producción, imponiéndose al conjunto de sectores y sus intereses -ya muy concentrados- para conseguir la reproducción del capital nacional en su conjunto. Un ejemplo extremo de esto es el «modelo exportador» de Argentina, Uruguay... o Cuba, donde la viabilidad del capital depende de un sector exportador del que el estado extrae fondos para generar una demanda suficiente al resto de sectores del capital nacional. Y aunque el modelo sea más complejo y tenga que aglutinar intereses más diversos y contradictorios, es exactamente igual en los países centrales.
Hoy el estado es el tablero de juego que asegura la reproducción del capital. Por supuesto defenderá su propia continuidad con vehemencia si se ve cuestionado. Pero sobre todo articulará a las distintas fracciones de la burguesía y a los distintos monopolios desde la perspectiva global que le da su fusión con el gran capital financiero. Como vemos con el sistema de determinación de salarios a partir del salario mínimo, puede llegar a permitir cierta diversidad y flexibilidad de tratamientos, autorizando por ejemplo a las empresas en crisis a disfrutar -si son capaces de imponerse a sus trabajadores- de condiciones de explotación más duras, por encima de las de la media de las empresas. Pero todo «dentro de un orden» que favorece una cierta «igualdad» entre los distintos sectores productivos, sectores que a fin de cuentas no son sino «propuestas» de usos alternativos del capital, dedicaciones que dentro del juego deben competir por ser más atractivas -rentables- para que el capital acumulado se coloque en ellas.
«Explotados en el paraíso murciano», titulaba «el pajarito» esta foto.[/caption]
Cuando el estado actúa contra la «trata de seres humanos con fines de explotación laboral» no está poniendo en cuestión la «trata de seres humanos», que organiza el propio estado a través de los «contingentes», ni por supuesto, persigue «la explotación laboral» -por definición el trabajo asalariado implica explotación- ni siquiera se puede decir que se resista a un endurecimiento de las condiciones de explotación, pues de hecho impulsa constantemente nuevas vías incrementar la precariedad. Lo que hace es asegurar que no hay sectores de la burguesía que se saltan las reglas aprovechándose de la debilidad de un grupo concreto de trabajadores, para competir con otros con ventaja al punto de desequilibrar el sistema. Esta es en general la función de la legislación laboral y también del día a día de los sindicatos. La homogeneización de las condiciones de explotación es parte de la labor de cohesión que es central en el papel del estado.
Trabajadores recogiendo sandías en un invernadero. Ellos no son campesinos, son obreros agrícolas. El campesino es el propietario.[/caption]
La pequeña burguesía, por supuesto, entenderá toda esta legislación y a los propios sindicatos como una traba objetiva a competir de modo eficaz y poder realizar una acumulación que mejore su situación respecto al gran capital. La sentirá como «opresión», como el resultado de una alianza entre el estado y la gran empresa que le imposibilita levantarse sobre sus propios pies. Será «liberal» y clamará contra los costes de Seguridad Social, la «cuña salarial» y la «excesiva regulación». Para ella «competir» significa aprovechar las oportunidades que le ofrece la debilidad de contigentes bajo situaciones particulares, para aumentar la explotación y generar su propia acumulación. Y si puede se saltará la ley y los marcos regulatorios para conseguirlo. Y, según la coyuntura, las prioridades y los medios, el estado, probablemente, la disciplinará.