El capital español en su peor crisis

25 de junio, 2020 · Actualidad> Europa> España

El humo de un incendio tapa el auriga del antiguo edificio del Banco de Bilbao que simboliza al capital financiero guiando las cuatro grandes industrias del país.

En España, ahora mismo hay entre 30 y 35.000 casos activos de Covid. La «nueva normalidad» antes de tiempo, arrancó ya a producir un rosario de nuevos focos. Al parecer, gobierno y empresas tienen claro que por este camino habrá rebrotes graves, masivos tal vez. O eso indica que se diseñen ya ERTEs condicionados a un nuevo ascenso de los contagios. Pero les da igual. El enfermo a salvar es el capital invertido. Según el FMI el PIB español caerá un 12,8% en 2020 arrastrado por un segundo semestre (julio-diciembre) en el que se espera que caiga un 14,1%. Es la mayor caída del PIB en un país industrializado. También una de sus peores crisis. Para comparar, en 2009, el peor año de la última recesión, cayó un 3,6%. Es solo una perspectiva de conjunto, mirando de cerca y escuchando las «estrategias para salir de la crisis» que proponen empresas, sindicatos y gobierno, la situación es aun peor.

El capital se devalúa, las empresas se descapitalizan

El capital español será uno de los que más sufran globalmente en 2020.

Acaba la «Cumbre empresarial» con un mensaje real al aparato político: deben empujar en Bruselas la «Unión bancaria europea». Las empresas necesitan más liquidez y conseguirla significa más avales estatales y más créditos aceptando aumentar el riesgo de una banca en crisis de rentabilidad mientras se organiza desde el gobierno a una nueva oleada de fusiones que arañen un poco más de beneficio a base de despidos. Que esta sea una de las patas principales del «plan» para salir de la recesión debería ser, cuando menos indicativo de la fragilidad con que el capital y el estado han llegado al Covid.

Las grandes empresas no esperan recuperar la tasa de ganancia de 2019 hasta, al menos, 2023. Las que salieron «zombis» de la recesión anterior se están vendiendo a trozos ante la amenaza del concurso de acreedores (Abengoa) o a derribo (Caprabo se vende hoy por un 17% de lo que costó a Mondragón hace más de una década).

La devaluación del capital y descapitalización de sus aplicaciones (las empresas) van de la mano. Las ampliaciones de capital cayeron un 32,4% de enero a mayo. No es todo Covid local: durante el primer trimestre del año, la entrada de capitales extranjeros pasó de 736.000 millones a 685.900 millones de euros comparando con los mismos meses de 2019.

Las «soluciones»

El rey cierra la cumbre empresarial de la CEOE.

El capitalismo no es un juego excesivamente complicado. A día de hoy la nueva hoja de ruta del capital español está bastante clara. El consenso incluye entre sus ingredientes principales el fomento de la producción nacional, la subida a medio plazo de impuestos, el ataque a las pensiones y la reducción del gasto del estado en salarios de funcionarios y personal contratado.

Pero a corto, la prioridad está en el rescate de las empresas desde el estado y en la garantía de que algunas empresas «estratégicas» y los capitales que las alimentan tendrán garantizados sus beneficios. Uno de los mantras repetidos por todos los grandes gestores en la «cumbre empresarial» fue el de la necesidad de «seguridad jurídica» y «predecibilidad». La prensa militante conservadora y sus contertulios en las radios quisieron interpretarlo como un aviso contra Podemos y sus pretensiones fiscales. Pero no. No tenía nada que ver. Hablaban de otra cosa y es importante decodificarla para entender cómo el capital pretende pasar la tormenta.

La inversión en infraestructuras de la red eléctrica tiene una rentabilidad garantizada por el estado y por tanto riesgo cero. El gobierno aumenta ahora el tope de inversiones permitido a las empresas como forma de dar albergue seguro a grandes capitales durante la recesión y de paso ayudar a la rentabilidad de los bancos. Pero mientras, los fondos internacionales, dicen no confiar «en España». ¿Por qué? Porque en 2013 el gobierno de Rajoy pegó un hachazo a la retribución de las renovables, avalada luego por el Tribunal Supremo que cercenó el beneficio de miles de millones de euros invertidos en infraestructuras de producción solar y eólica. Al capital no le gusta el riesgo. Y menos aun el riesgo de que le cambien el beneficio esperado y los tiempos de amortización con un decreto. A eso, entre otras cosas, le llaman «inseguridad jurídica». Así que lo que ahora exigen no es solo refugios garantizados por el estado a base de impuestos sino que los que se implementen en ningún caso tengan marcha atrás, así el estado sufra riesgo de quiebra.

Los imperialismos «aliados»

Es decir, el capital español está dispuesto a aceptar que el estado aumente déficit -este año subirá según el FMI al 13,9%– pero no «medidas de excepción», ahora o después, que afecten a la rentabilidad de sus inversiones. Y así es difícil que salgan las cuentas con fondos propios.

De hecho cuando ahora se comparan las ayudas estatales aprobadas por la Comisión en el conjunto de la UE, resulta que el 44% del total son de Alemania para empresas alemanas. España queda muy atrás, con el 4%. ¿Qué quiere decir ésto? Básicamente dos cosas: que las empresas españolas tendrán que competir dentro de su propio mercado con empresas alemanas muy subvencionadas y por tanto más competitivas; y que si quiere paliar en alguna medida el impacto necesita fondos extra que no aumenten su endeudamiento bajo pena de agravar el efecto adverso del euro. Es decir, el capital español depende para sobrevivir de unos famosos fondos europeos que a día de hoy ni están aprobados ni existe entre los estados UE un consenso sobre su forma y aplicación. Por eso el primer viaje previsto de Sánchez es a Berlín. No basta con la videoconferencia para el tipo de alineamientos que pretende.

La parte más importante para los trabajadores de ellos es la elección de la ministra Calviño para presidir el eurogrupo. La jugada es una variante del típico «intercambio de prisioneros» de los aparatos burocráticos. Por un lado ayudará al gobierno español con una posición más fuerte en la negociación del detalle de los fondos, pero sobre todo garantizará a Alemania, Austria, Holanda, Suecia y Dinamarca que vendrán acompañados de «políticas de austeridad» aun más «rigurosas» que las de la recesión anterior. González Pons, vicepresidente del Partido Popular Europeo lo dijo bien claramente hoy mismo al apoyar la candidatura española: «no hay mejor garantía» de que el gobierno será obediente a Bruselas.

Y como primera señal para propios y extraños: abandonar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas a cambio del apoyo del PP para defender una «tasa Google» limitada a las multinacionales norteamericanas aunque no pocas grandes empresas españolas, desde Grifols a Santander y BBVA utilicen los mismos mecanismos de elusión de impuestos.

Pero frente a EEUU, que amenaza de nuevo con una nueva andanada de agresiones arancelarias, el gobierno puede contar con Bruselas y sus compensaciones dado que Alemania y Francia también sufrirían las represalias norteamericanas en defensa de los gigantes tecnológicos. Buen ejemplo de como cada paso adelante de la crisis produce necesariamente movimientos que, siendo aparentemente internos, aumentan la tensión entre los intereses imperialistas.

Los sindicatos y sus «reivindicaciones»

Los sindicatos presentan la convocatoria de movilizaciones para este sábado.

En el estado actual de la crisis, no hay como escuchar a los sindicatos para descubrir los intereses del capital invertido en la estructura industrial. Hoy mismo el presidente del comité de empresa de Alcoa desgranaba sus reivindicaciones en la radio pública. Ni una sola de ellas tenía nada que ver con los trabajadores. Todas eran las reivindicaciones propias de un inversor en apuros: renacionalización de cadenas productivas y producción nacional incluso con nacionalización si no hay otro remedio y como medio de asegurar «el futuro» de la rentabilidad: precios de «electricidad verde» por debajo del coste de producción y subvenciones bajo la forma de compensaciones de carbono. El capital invertido en la fábrica no podía tener mejores portavoces frente al estado. De hecho el mensaje de los jefes sindicales es indistinguible del de los dueños de empresas industriales. Pero los intereses de los trabajadores no se ven por ningún lado.

A nivel nacional las centrales sindicales convocan este sábado una primera movilización. ¿Para qué? Para pedir unos nuevos «pactos de la Moncloa». Es decir, repetir la jugada que hace más de cuarenta años sirvió para desmontar las luchas del momento en nombre de la democracia, garantizar su poder empresa a empresa e iniciar la precarización masiva del marco regulatorio de las relaciones laborales. ¡¡Una ideaza desde luego!! Pero no para los trabajadores.

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