Communia

Tras la toma de posesión de Pere Aragonès como Presidente de la Generalitat vino la reapertura de comunicación entre Sánchez y Aragonès. Y acto seguido una cierta coreografía política: una carta abierta de Junqueras y la escenificación de una reconciliación apadrinada por la gran patronal catalana. Se abre oficialmente una fase de diálogo que supuestamente debería servir para cerrar la crisis de estado abierta por el referendum de independencia y la declaración de independencia fake de 2017.

El diálogo entre Sánchez y Aragonès es «negociación» para otros

Los medios estatales y la prensa cercana al gobierno han sacado sus mejores habilidades hermenéuticas para destilar de la carta de Junqueras el diagnóstico de un cambio de rumbo en el independentismo que justificaría a su vez el indulto a los políticos presos del procés y la apertura de una fase de díalogo entre Sánchez y Aragonès.

En los periódicos de la derecha por contra se prepara la nueva manifestación nacionalista de Colón, a la que convocan PP, Ciudadanos y Vox. La convergencia entre Sánchez y Aragonès se describe como parte de una estrategia de Sánchez para asegurar mayorías parlamentarias... aunque no se cargan las tintas como en otras ocasiones con denuncias de traición y pronósticos sobre la ruptura de España.

El editorial de ABC calificaba los posibles indultos como un golpe de mano al Tribunal Supremo y el de El Mundo sentenciaba que el entreguismo de Sánchez a ERC es algo peor que un bochorno moral: es un error político y una aberración jurídica.

Dado el tono habitual en la derecha española, emocionalmente cada vez más cerca de sus congéneres venezolanos, parece que esta vez la cuestión catalana ya no se considera crisis de estado. O más bien que ven ganancia para el PP en el acercamiento entre Sánchez y Aragonès.

La prensa independentista, por su lado, pone negociación donde se dijo diálogo para legitimar el optimismo impostado de Aragonès. Aunque, en realidad, todos sean conscientes del alcance de la postura del gobierno y sus límites objetivos:

La receta del gobierno español para Cataluña no tiene trampa: un retorno al autonomismo con un poco más de dinero de una nueva financiación. Y el perdón vía indulto de los presos políticos que el 61% de los españoles dicen no querer.

Editorial de «Ara»

En el mismo editorial, por una vez, aunque seguramente de forma involuntaria, el término estado español es usado con propiedad cuando, con un cierto eco derrotista reconoce como si fuera una confidencia una obviedad válida en cualquier lugar del mundo: la maquinaria del estado español desborda incluso el gobierno.

Las claves del «día de la marmota» catalán

La impotencia política del independentismo

El proceso independentista catalán ha sido la expresión de la revuelta de la pequeña burguesía regional ante el colapso durante la crisis abierta en 2009 de las expectativas de colocación y estatus que le ofrecía el sistema político-clientelar establecido con la Transición y la Constitución del 78.

Ante la falta de nuevas rentas estatales, la pequeña burguesía catalana apostó por constituirse en burguesía nacional. Pero desde 2012 fue incapaz de utilizar el concepto de pueblo como un modo de arrastrar a la gran masa de trabajadores e instrumentalizarla para alcanzar sus objetivos... y por eso recurrió al simulacro de octubre de 2017.

El plan pasaba entonces por crear una situación lo suficientemente violenta o tumultuaria como para llevar al estado español a reprimir con cierta violencia, dando oportunidad así a un padrino imperialista a actuar o a forzar, al menos, una mediación. Era la famosa «vía eslovena». Pero cuando el 3-O del 2017 con el «paro nacional» se ensaya, el resultado es un absoluto fracaso. Los trabajadores no siguieron al nacionalismo ni secundaron su «vaga nacional» organizada como cierre patronal.

Y es que el nacionalismo catalán nunca ocultó ni su supremacismo frente a una clase trabajadora muy etnificada ni suavizó la voluntad de imponer sacrificios patrióticos a los mismos trabajadores a los que tras el fracaso de su estrategia llamaba, como tantas veces antes, colonos, culpándoles de su opresión por negarse a poner el cuerpo por la causa independentista.

Esta contradicción, constante a lo largo de su historia política, deriva de sus intereses fundamentales: su objetivo es participar en mayor medida de la explotación del trabajo. Los intentos de ampliar la base hacia los trabajadores de ERC y la CUP -desde el fichaje de Rufián hasta las promesas de políticas sociales- han fracasado una y otra vez porque el proyecto independentista de la pequeña burguesía no tiene nada que ofrecer a los trabajadores, ni siquiera en lo inmediato. Esa es la verdadera raíz de la impotencia política mostrada en estos años.

La crisis del aparato político del estado

El aparato político del estado arrastra una larga crisis. La revuelta de la pequeña burguesía se inauguró hace diez años con el 15M y se materializó después en Podemos, Vox, la hegemonía electoral del independentismo en Cataluña... y sobre todo, un Parlamento que ponía muy difícil a los partidos de estado imponer la hoja de ruta de la burguesía española sin desdibujar su propia legitimidad y diferencias. La impotencia para forzar una renovación en el contexto de la crisis catalana derivó para rematar en crisis entre el aparato político y el corazón judicial y burocrático del estado, llevando al famoso régimen del 78 a las puertas del colapso.

Es cierto que los partidos de estado han conseguido recuperar terreno. Pero ni el PP, aunque se vea reforzado tras las elecciones madrileñas, ni el PSOE que está ya en su fin de ciclo de gobierno, pueden cantar victoria. Todo en el contexto apunta hacia un resurgir de la revuelta pequeñoburguesa en el futuro cercano. Y la guerra fría con Marruecos, un aliado-competidor siempre certero en sus intervenciones frente a España, no augura desde luego un horizonte tranquilo para un imperialismo español en crisis.

Las razones del diálogo

Obtener un periodo de paz en Cataluña, poder llegar sin excesivos sobresaltos a unas elecciones a finales de 2022, cuando luzca el efecto temporal sobre el empleo de las subvenciones europeas a la industria, es la última oportunidad a disposición del gobierno actual para que esas elecciones puedan significar una vuelta a la normalidad del aparto político. Aunque en realidad el gran beneficiario será seguramente el PP, al que una pausa en la cuestión catalana le permitiría recuperar a una parte de su base electoral que se decantó por Vox.

El objetivo de Aragonès es poder mostrar un éxito inmediato para consolidarse. Eso serían los indultos y la apertura de una mesa de diálogo entre gobierno español y gobierno de la Generalitat que escenificara un conflicto entre iguales. La mesa en cuestión tendría que llegar a conclusiones en dos años. Esas conclusiones, compartidas o no, se llevarían a votación.

El énfasis en compartidas o no, no es inocente. La autodeterminación estará, sin duda, entre las no compartidas por Sánchez y Aragonès. Sacar la autodeterminación a votación, siquiera perdida dentro de un documento más amplio sobre el que se llamara a un referéndum, serviría ya a ERC para mostrar a la pequeña burguesía catalana airada que ha conseguido cumplir su promesa de un referéndum negociado... y que es necesario seguir adelante en una estrategia independentista a largo plazo entre otras cosas porque sirve para obtener rentas para el gobierno autónomo en el mientras tanto.

Aragonès sabe perfectamente que Sánchez muy probablemente traicione el juego que está definiéndose y convoque elecciones antes de que nada salga a votación en Cataluña, pasando la pelota para un periodo posterior en el que bien no estará en el gobierno, bien se vea lo suficientemente reforzado como para imponerse por no necesitar a ERC en la Carrera de San Jerónimo.

Pero el caso es que Sánchez y Aragonès ganan algo importante hoy con el diálogo: tiempo. No salimos del ciclo sin fin, el día de la marmota no acaba, se alarga.