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El 24 de agosto Biden anuncia un plan para condonar la deuda estudiantil a «los prestatarios que más lo necesitan». Anuncia que el 87% de la ayuda se destinará a los estudiantes que ganen menos de 75.000 dólares al año y que el 13% restante se destinará a los prestatarios que ganen hasta 125.000 dólares al año y que, por lo tanto, reducirá la diferencia de riqueza entre las minorías y los blancos. Y si bien son muchos los demócratas que aplauden estas medidas, hay otros tantos para los que se quedarían cortas. Al mismo tiempo, los republicanos hablan del elitismo del plan, afirmando que el plan es básicamente un rescate para los niños ricos que los trabajadores tendrán que financiar a través de los impuestos.

De cara a las elecciones de noviembre, ambos partidos intentan utilizar el tema para movilizar a votantes. Pero, ¿cómo afectará este plan a la vida de los trabajadores? ¿Es una forma de frenar la inflación que se está comiendo nuestros salarios? ¿O, más bien, aumentará nuestros gastos?

El origen de una bola de nieve

A finales de los 50 y principios de los 60 las universidades de EEUU, en plena carrera militar-espacial con Rusia, se volcaron en la lingüística y las carreras STEM.

Los préstamos estudiantiles estadounidenses comienzan su historia en 1840, cuando la universidad de Harvard creó un sistema de préstamos sólo para sus alumnos. El modelo fue adoptado por el gobierno federal por primera vez en 1944, cuando se ofrecieron y subvencionaron por primera vez préstamos estudiantiles para los veteranos de guerra.

La primera gran expansión de los préstamos federales para estudiantes se inició en el marco de la Ley de Educación para la Defensa Nacional (National Defense Education Act, 1958). El objetivo era aumentar la reserva disponible de matemáticos, científicos y estudiosos de lenguas extranjeras para satisfacer las exigencias de la Guerra Fría. Fue la primera respuesta a los Sputniks rusos.

Con esta ley, el gobierno subvencionaba los intereses de los préstamos mientras el estudiante cursaba su carrera y durante un cierto periodo de carencia. Un porcentaje de la deuda podría cancelarse si el estudiante acababa convirtiéndose en profesor universitario o docente. Pero, eso sí, nadie que no firmara un juramento de lealtad a los Estados Unidos podía recibir un préstamo.

El gobierno de Lyndon B. Johnson en 1965 promulgó la Ley de Educación Superior (Higher Education Act, 1965). Estableció un programa para simultanear trabajo y estudio, un programa de becas y un programa de seguros y préstamos federales para estudiantes que también ofreció a los estudiantes de las escuelas de formación profesional.

En aquel entonces, por la influencia de la escuela de Chicago, el gasto federal en educación y préstamos estudiantiles se calculaba como una pérdida a pesar de que los préstamos se devolverían más adelante. El gobierno Johnson, temiendo el efecto que estos cálculos pudieran tener en los mercados especulativos sobre los tipos de interés de los bonos del Tesoro, decidió ocultar el gasto haciendo que fueran los bancos los que concedieran los préstamos a los estudiantes.

Este sistema continuó durante bastante tiempo. Y con el paso de los años, los bancos exigieron que se aumentaran los tipos de interés de los préstamos estudiantiles.

Así que en 1972 se funda Sallie Mae, una empresa patrocinada por el gobierno dedicada a comprar préstamos estudiantiles a los bancos y concederles préstamos comerciales utilizando los préstamos estudiantiles como garantía. El gobierno Nixon respondía así a las crecientes exigencias de los bancos ante el aumento de la inflación... algo que la subida de precios del petróleo de 1973 no puso fácil.

Los trabajadores buscan refugio para sus hijos en la formación universitaria

El recurso al reclutamiento militar como forma de pagar los costes de enseñanza se multiplicó durante los años Obama entre los trabajadores jóvenes.

La recesión de los años 70, junto con la de los 80, afectó sobre todo al sector manufacturero. Fue durante estos años cuando un gran número de familias de clase trabajadora empezaron a considerar la universidad como una vía para salir de la pobreza y Sallie Mae creció mucho más de lo que sus impulsores hubieran querido.

La deuda estudiantil y los costes universitarios se dispararon. Cada vez más estudiantes recurrían a los préstamos estudiantiles, porque con la inflación, las becas cubrían un porcentaje menor de sus gastos universitarios, que incluían comida, vivienda y transporte.

Para rematar y aumentar aún más el volumen del crédito necesario para cursar una carrera, en los noventa desaparecieron las últimas universidades públicas gratuitas, lo que excluía a buena parte de la pequeña burguesía y a la gran mayoría de los trabajadores de la enseñanza universitaria.

Para corregir el riesgo de una burbuja de créditos impagables, en 1992 se aprobó la Ley de Ayuda a las Rentas Medias (Middle Income Student Assistance Act). La ley ampliaba los límites de elegibilidad de los préstamos para que más estudiantes de la pequeña burguesía pudieran recibirlos. Pero al mismo tiempo, recortaba la financiación de las becas Pell, es decir, las posibilidades de acceso de los hijos de la clase trabajadora y la pequeña burguesía más pobre.

El gobierno también decidió ofrecer por primera vez préstamos federales no subvencionados a los estudiantes dependientes, es decir, los que no trabajan y viven a cuenta de sus padres. Es decir, préstamos en los que el gobierno no paga los intereses durante la carrera y que, por tanto, se conceden a los estudiantes más ricos. También se eliminó en esa década la cantidad máxima que un padre podía pedir prestada para sus hijos en el marco del programa Parent PLUS, un programa que ofrece préstamos no subvencionados a los padres ricos de estudiantes dependientes.

En esa lógica, las políticas de Bush, y más tarde de Obama, tuvieron como objetivo que los estudiantes pidieran cada vez más préstamos no subvencionados como forma de mantener las tasas de estudios superiores sin generar costes mayores al estado.

El resultado de todas estas políticas fue facilitar el acceso a la universidad de los estudiantes de familias de la pequeña burguesía mientras se contenía en una especie de cupo virtual el número de hijos de la clase trabajadora que podía llegar a la universidad. La pequeña burguesía hacía de los estudios universitarios un signo de clase mientras aumentaba la cantidad de dinero que iba a los inversores y al gobierno.

Obama también estableció un sistema, Pay as you Earn, por el que los estudiantes podían pagar menos al mes durante un período de tiempo mayor. Pero los intereses no dejaban de acumularse. La ley establecía que sólo después de 20 años, las deudas de estos estudiantes podrían condonarse. Es decir, solo podía ser un respiro para los estudiantes con carreras largas y costosas, como arquitectura, medicina o derecho, asociadas mayoritariamente en EEUU a los sectores más acomodados de la pequeña burguesía y a la burguesía corporativa. Para los estudiantes de clase trabajadora quedaba la opción de pagar sus gastos educativos a través del Ejército.

Nada cambió en 2010 cuando Obama decidió suprimir el antiguo sistema en el que instituciones como Sallie Mae o los bancos actuaban como intermediarios entre los estudiantes y el gobierno. Lo que hizo fue simplemente eliminar las subvenciones gubernamentales que recibían cuando ya se estaban privatizando. Y si se privatizaban era porque los préstamos no subvencionados eran la mayor parte de los préstamos emitidos por el gobierno.

Mientras tanto, los precios de las universidades no hacían más que aumentar.

El plan Biden

Estudiantes del Hunter College, en pleno Manhattan, la zona más cara de Nueva York, se manifiestan para pedir la abolición de las tasas y la condonación de la deuda estudiantil

Las personas con mayores deudas universitarias son, sin duda, los pequeñoburgueses que hicieron carreras largas y costosas en las universidades de la Ivy League y que dependían en gran medida de los préstamos no subvencionados. Un sector especialmente importante en el partido demócrata que es el que más se moviliza con sus políticas identitaristas (feminismo, racialismo, etc.).

Sin embargo, antes de tomar la decisión, a Biden le preocupaba cómo percibirían los trabajadores el plan... y que lo interpretaran como una subvención para los niños ricos. Biden, en consecuencia promete que el plan beneficiará sobre todo a los trabajadores.

Pero o no sabe cuánto cobra un joven trabajador en EEUU o redefinió el concepto de acuerdo a sus necesidades retóricas. El plan destina el 87% de su presupuesto a los que ganan menos de 75.000 dólares al año y cualquier estudiante endeudado que gane individualmente menos de 125.000 al año es elegible para el plan de Biden.

Es decir, la mayor parte de las ayudas no van a los qué él llama los más necesitados, sino a la pequeña burguesía. Se calcula que el 20.52% de la ayuda se destinará a los hogares que ganan alrededor de 141.000 dólares al año y que el 36% se destinará a los que ganan alrededor de 82.000. Sólo el 14,32% irá a hogares -sean los de los propios estudiantes si trabajan o de sus familias si dependen de ellas- que ganan alrededor de 28.000 euros al año.

Además, el plan está diseñado exclusivamente para ofrecer alivio a los que asistieron a la universidad, sin tocar un ápice del sistema de becas y créditos y su acendrado clasismo. No es un olvido inocente. Lo que los demócratas pretendían no era sólo dar una ayuda económica a los sectores de la pequeña burguesía que les son más cercanos. Está diseñado sobre todo para apelar a su moral, reafirmar su respetabilidad y tranquilizar su miedo a la proletarización.

Otra cuestión es la relación entre el plan y los impuestos. Lo que dicen los demócratas es que el dinero ahorrado por los recortes realizados a través de la Ley de Reducción de la Inflación se utilizarán para financiar el plan de préstamos estudiantiles de Biden... un ahorro de costes que se debe en gran parte en la eliminación de las ayudas COVID. Entre ellas prestaciones de desempleo, atención médica gratuita para enfermos de COVID para los no asegurados, ayuda al alquiler, crédito fiscal por hijos y prestaciones SNAP, a nivel estatal, y pronto a nivel federal. Muchas personas también perderán la cobertura de Medicaid.

Es decir, de lo que se trata es de comenzar a cobrar de nuevo la deuda estudiantil y al mismo tiempo suavizar el golpe sobre la pequeña burguesía universitaria, al tiempo que se recortan gastos generales de explotación de los trabajadores tan básicos como la atención sanitaria. Todo con tal de aumentar los gastos orientados a la guerra cómo el armamento de Ucrania o la Ley CHIPS y de ciencias, que también promete invertir en el fomento de la educación STEM entre la pequeña burguesía de las minorías raciales y las mujeres pequeñoburguesas en general para competir en la guerra tecnológica y comercial con China.

¿Necesitamos la Universidad?

Estudiantes universitarios que pagan su carrera trabajando se manifiestan contra la precariedad en 2019 en París, Francia

La Universidad es una pieza de un sistema que, como un todo, es cada vez más antagónico del desarrollo humano. Aunque presuma de cooptar unos cuantos individuos provenientes de la clase trabajadora, su lugar en la división del trabajo social no puede sernos más ajeno y adverso.

Para la burguesía la educación es una cuestión de estado, su objetivo principal es fabricar con-nacionales y adiestrar en habilidades útiles a la producción -según su posición social- a niños y jóvenes. Para los trabajadores en cambio, no es un problema nacional. Es una cuestión de necesidad. Necesidad de ganar herramientas para resistir a una apisonadora desbocada que nos descualifica y destruye en lo inmediato, y por lo mismo también para nuestra propia emancipación.

Su necesidad de escuela y la nuestra, 14/10/2020

Como clase no necesitamos que nos den acceso a la universidad, necesitamos acceder al conocimiento, que es muy distinto. Como estrategia familiar de resistencia entre los trabajadores es el producto social del empobrecimiento sufrido. Pero la verdad es que, como en Europa, cada vez funciona menos: la probabilidad de que la titulación universitaria sirva a un trabajador -o a los hijos de trabajadores- de escudo frente a la precarización y la descualificación del trabajo es cada vez más improblable, incluso en los oficios creativos y las carreras sanitarias.

Si hemos de pensar estrategias de resistencia en este ámbito, como en todos los demás, la búsqueda de salidas individuales vale aún menos que poner la esperanza en los demócratas. Toda resistencia útil pasa por la organización colectiva y sólo cobrará vida desde la perspectiva, clara y sin concesiones, de la satisfacción de las necesidades humanas universales. Es decir, en confrontación no sólo con el sistema de créditos estudiantiles y con el sistema educativo en general, sino con el sistema antihumano y antihistórico en el que vivimos.