Communia

«Desacoplamiento» (decoupling) es la nueva consigna que corre por los think-tanks, las cancillerías y los ministerios económicos. Significa una reducción de la interdependencia entre capitales nacionales. Pero la realidad es que no solo se «desacoplan» ellos, también el sistema institucional y los equilibrios entre clases.

Una ofensiva en toda regla contra los trabajadores

Las imágenes de las noches de Minneapolis llenan los informativos del mundo. Las algaradas se han sucedido ya durante dos noches tras publicarse un vídeo en el que se veía el asesinato a manos de la policía de un detenido que en ningún momento mostraba resistencia. La «Guardia Nacional», una especie de ejército interior especializado en desastres y contrainsurgencia, ocupa ya las calles a pedido del gobernador del estado. En un país en el que los medios describen a diario las huelgas como realizadas por grupos raciales y no por trabajadores, los sucesos se han presentado y explicado como un levantamiento de la población negra contra el racismo asesino de las policías locales... sin entrar en más consideraciones.

Pero el cuadro general del impacto de la crisis y la pandemia en EEUU habla en realidad, en términos de clase. Si vamos al sector servicios, el más ‎ precarizado‎, resulta evidente. A fines de marzo, dos tercios de los trabajadores encuestados habían trabajado menos horas: el 41 por ciento había sido despedido; el 31 por ciento había visto reducida su jornada; y solo el 28 por ciento seguía trabajando como siempre. A fines de abril, los trabajos que antes parecían seguros también se derrumbaron: el 58% había perdido su trabajo y solo el 20% trabajaba con normalidad. Pero entre los que han sido despedidos, menos de uno de cada cinco han logrado hasta ahora recibir el seguro de desempleo. Todo esto sucede en un contexto en el que aproximadamente el 40% de los estadounidenses eran, antes de la pandemia, incapaces de pagar un gasto de emergencia de 400 dólares.

Hace una semana el Departamento de Trabajo informó que más de 40 millones han solicitado beneficios desde que comenzó la crisis, y unos 30 millones los están recibiendo. Con todo, las facturas se acumulan y los bancos de alimentos tienen más demanda que nunca. Pero ahora, el Senado y el presidente se agarran a excusas formales para evitar su renovación y empujar a los trabajadores a volver al mercado cuanto antes.

Para una parte significativa de clase trabajadora estadounidense lo que hay por delante es un verdadero precipicio. Las noches cuasi festivas quemando edificios y símbolos de los odiados cuerpos represivos locales, grabando como locos teléfono en mano para tener un recuerdo, tienen más de desahogo que de ninguna otra cosa. Pero por desgracia, separadas de todo plano de clase y ausentes de cualquier forma de ‎ centralización asamblearia‎ reafirman la ideología de la contingentación por grupos demográficos e identidades que es estratégica para mantener a la clase trabajadora dividida e impotente en aquellos países.

La situación tampoco es mucho mejor en el resto del mundo para los trabajadores. Solo en Iberoamérica, la ONU calcula que 14 millones de personas podrían pasar hambre en la nueva fase de la crisis. La crisis industrial es evidente, los cierres solo han comenzado. Renault presentará hoy un plan para reducir 2000 millones en costes. En España el 80% de los encuestados creen que sus sueldos se congelarán o bajarán. La OIT advierte que el paro juvenil se está tornando «estructural», es decir que va a permanecer hasta nuevo aviso. La «generación Covid» va a sufrir una ‎precarización‎ masiva en todos los países, incluso en Alemania.

Estados que se tensan y aparatos políticos que se agrietan

Al mismo tiempo, las tensiones en el seno de la clase dirigente y la presión de una pequeña burguesía cada vez más airada, contribuyen a una inestabilidad política creciente que no pone, ni de refilón, el sistema en cuestión. Los dos ejemplos de esta semana: España y, como no, Brasil.

El tema de la semana ha sido la investigación judicial de la gestión del gobierno durante los días previos al confinamiento obligatorio. Los informes de la Guardia Civil apuntan, como era obvio en términos políticos, que hubo una voluntad de no comenzar medidas de confinamiento hasta haber realizado la misa mayor feminista del 8M, a pesar de que todo indicaba que era necesario si no quería dispararse en número de contagios. La respuesta del gobierno fue iniciar una serie de purgas en la dirección del cuerpo policial que han acabado en la dimisión, cese o rebelión pasiva de todo el alto mando militar de la organización. Y en el proceso judicial presentar, a través de la abogacía del estado, una desautorización en toda regla del poder judicial y su fiscalización del gobierno.

Este enfrentamiento entre el aparato político y el corazón judicial y represivo del estado viene en realidad de largo y es el resultado de las presiones extraordinarias generadas en la clase dirigente por la revuelta de la pequeña burguesía, especialmente la catalana, durante los últimos años. La novedad es que ha alcanzando una fase «trumpista» o «bolsonarista», en la que el ejecutivo intenta afirmarse con brutalidad sobre el resto de estructuras del estado.

El eco casi inmediato ha sido una campaña de prensa que se preguntaba abiertamente si el ministro de interior debía ser procesado, una opción de radicalización en el enfrentamiento que al parecer viene apoyada por algunos sectores de la judicatura. Para rematar, no se sabe si por incompetencia o maquiavélicamente, el gobierno ha dejado «al descubierto» a altos cargos del servicio de inteligencia.

Todo en un momento en el que, a toda velocidad, intenta poner en marcha una nueva «hoja de ruta» para el capital nacional y necesita de una base parlamentaria para, entre otras cosas, imponer una subida «estructural» de la recaudación que, en los primeros bocetos, podría superar incluso los siete puntos del PIB. Pero la tensión afecta a los partidos políticos también. El PP siente en el interior la tensión entre sus inercias de partido sistémico y la deriva de una parte de su base social que le arrastra hacia Vox. El lenguaje parlamentario toma tintes de agresión y descalificación continua que refleja y al mismo tiempo alimenta el delirante viaje de una parte de la pequeña burguesía hacia la negación de la pandemia y el odio de clase más zafio contra los trabajadores.

En Brasil, Bolsonaro sigue en guerra abierta con el Supremo Tribunal Federal, una encuesta de la empresa demoscópica de la Folha de Sao Paulo mostró esta misma semana, que la proporción de encuestados que rechazan al gobierno aumentó hasta el 43%, mientras que su porcentaje de seguidores se consolida en el 33%. Se trata de esa pequeña burguesía airada, radicalizada por el anticomunismo primario estadounidense, que en su día lo aupó y que ahora niega la pandemia o al menos que sus efectos sean peores que el cierre de sus negocios, y le empuja hacia el golpe militar final:

Bolsonaro recurrió a otros métodos para preservar su poder. Comenzó a agitar aún más frecuentemente a las Fuerzas Armadas y lanzó amenazas abiertas de intervención militar. El jueves (28), el presidente pronunció un discurso favorable a una acción militar frente la Corte Suprema. Ningún comandante lo impugnó. El desafío del golpe sirve para demostrar fortaleza, intimidar a las autoridades y energizar una base cada vez más identificada con su líder. La mayoría del núcleo bolsonarista está de acuerdo con la idea de armar a la población, apoya la participación de los militares en el gobierno y piensa que el presidente solo quería mejorar su seguridad personal, y no interferir con la Policía Federal. Este grupo empuja a Bolsonaro para todo o nada.

En relación a la pandemia y la «desescalada», el delirio es funcional a los intereses del capital nacional. El estado de Sao Paulo (80% del PIB brasileño) reabrirá todo el 1 de junio a pesar de que se está batiendo día tras día el récord de contagios, ya estamos en 26.000 al día. Con el desempleo subiendo a toda velocidad y batiendo récords unos y otros esperan doblegar el miedo fundado de los trabajadores a la enfermedad a base de hambre.

Pero la deriva violenta y enloquecida de una parte de la pequeña burguesía y su rechazo del confinamiento no es un fenómeno limitado a Brasil. En Argentina vuelven las caceroladas, en España la «revuelta del Barbour» goza de buena salud, en Perú la parte más pobre de la pequeña burguesía andina, los vendedores ambulantes, han roto masivamente el confinamiento para vender desafiando a la policía... La «nueva normalidad» va a tener a esa clase «echada al monte».

Los capitales se «desacoplan»

El gran capital norteamericano está tomando consciencia de que viene una etapa de inestabilidad política y deslegitimación de los estados. Por eso se está dando prisa en cobrar deudas donde tiene gobiernos amigos como en Ecuador y en llegar a acuerdos reduciendo expectativas donde, como en Argentina, los gobiernos no tienen capacidad de maniobra financiera. BlackRock, Goldman Sachs y compañía están dando por cerrada una etapa. El covid no deja de acelerar las cosas.

Pero donde eso resulta más preocupante es en las relaciones inter-imperialistas. No es ya solo el cerco de conflictos alrededor de China ni la situación en Libia y el Mediterráneo oriental. Lo que llaman «desacomplamiento» (decoupling), la renacionalización o al menos re-regionalización de cadenas productivas marcha a toda velocidad y tiene un efecto cada vez más peligroso: debilita la interdependencia entre capitales abaratando los costes de conflictos de todo tipo. Es lo que está pasando entre Argentina y Brasil, pero también entre la UE y China:

El nuevo consenso es que los europeos deberían estar más aislados de los caprichos de gobiernos extranjeros poco confiables o dominantes, ya sea en Beijing o Washington. Este nuevo pensamiento es evidente en las declaraciones de los altos funcionarios de la UE. Por ejemplo, Josep Borrell, el alto representante de la UE para asuntos exteriores y política de seguridad, pidió recientemente a los europeos que acorten y diversifiquen sus cadenas de suministro, y que consideren cambiar sus lazos comerciales de Asia a Europa del Este, los Balcanes y África. Tocando una melodía similar, la zarina de la competencia de la UE, Margrethe Vestager, quiere cambiar las reglas de ayuda estatal para proteger a las empresas europeas de las adquisiciones chinas.

Es este marco de «desacomplamiento» de capitales nacionales el que explica por qué el «Brexit a la brava» ha pasado de órdago a realidad aceptada. Tanto que no ha generado escándalo que Irlanda lo diera por hecho y esta semana empezara un programa estatal de adaptación. Tampoco que lo que hace poco hubiera parecido un anacronismo, la resurrección de conflictos territoriales entre Chile y Argentina, aparezca para sorpresa de los diplomáticos rioplatenses.

Una sociedad «desacoplada»

Lo que hay por delante de este cuadro va mucho más allá del desacoplamiento entre capitales nacionales y el peligro que conllevan. Porque el «desacoplamiento» es también social, en el seno de las clases dirigentes y entre estas y la pequeña burguesía en revuelta. Un peligro claramente percibido por los estados porque, como vimos ya durante el año pasado, pueden convertirse fácilmente en intrumentos de la batalla con imperialismos rivales.

Si a eso le añadimos movimientos y huelgas de trabajadores al alza como vemos en todo el mundo, en un marco de ataques cada vez más fuertes a las condiciones de vida y de trabajo, la perspectiva es la de un refuerzo constante de las tendencias autoritarias y totalitarias de los estados. Estos estarán enfocados, más que nunca, en comprimir las contradicciones en la clase dominante primero, entre esta y la pequeña burguesía después. Lo que en países como España tomará inevitablemente la forma de conflicto territorial. Pero no podemos olvidar que el objetivo del refuerzo del estado es y será poder definir y emprender «hojas de ruta» que den oxígeno a la ‎acumulación‎ en una época de recesión y competencia redoblada por acceder a mercados exteriores. Volverá pues también el ‎militarismo‎... aunque sea pintado de verde ecolo.