Communia

La larga fase recesiva abierta por la crisis financiera de 2008 propició, al prolongarse más que las fases recesivas de las décadas anteriores, dos efectos políticos encadenados: la rebelión de la pequeña burguesía, que tomó mil formas y se hizo prácticamente global, y -allá donde ésta tuvo difícil o mal re-encauce- la emergencia de grietas, si no fracturas entre el corazón del ‎estado‎ y su aparato político. Es en ese marco en el que tenemos que entender las preocupaciones europeas actuales sobre el Estado de Derecho.

El caso más relevante fue Turquía, donde Erdogan y su movimiento islamista habían representado ya desde los noventa el ascenso de una nueva pequeña burguesía dispuesta a reformar el estado kemalista a su imagen y semejanza. Bajo la pujanza de esta clase latían las nuevas oportunidades que el imperialismo turco venía desarrollando en las nuevas repúblicas turcómanas de Asia Central y la expectativa de una integración progresiva en el mercado UE. El súbito acceso a nuevos mercados facilitó primero la transformación de una parte de esa pequeña burguesía comercial pueblerina y pacata en burguesía industrial -es el momento de Turquía la China de Europa- y, casi inmediatamente en nueva aspirante a guiar el ‎capital financiero‎.

Pero tan pronto como hicieron aguas las expectativas económicas, los disensos sobre la orientación imperialista emergieron con fuerza. El núcleo duro del impulso hacia Asia Central, el Hizmet, una cofradía religiosa que actuaba como verdadero partido y banco de esa clase y que estaba más ligada a EEUU, empezó a poner en cuestión a Erdogan. Las batallas políticas, primero del erdoganismo junto al Hizmet contra el kemalismo, luego del erdoganismo contra ambos, se traducirían inevitablemente en un progresivo ahondamiento de la fractura entre el núcleo judicial y militar del estado y el aparato político en general. Ya en 2006 el gobierno tuvo roces graves con los fiscales y acusaciones de atentar contra el Estado de Derecho.

Pero el estallido de la crisis financiera en 2008 aceleró el proceso hasta lo que poco antes resultaba impensable. A los roces con la fiscalía seguirían nuevas batallas políticas y purgas a distintos niveles. La fractura se agudiza a partir de 2009 y va enquistando y radicalizando al régimen en su intento de moldear al estado desde el aparato político. La batalla faccional llega a su punto álgido con el golpe de estado fallido del Hizmet -apoyado por EEUU- en 2016. Al golpe sigue una temporada de purgas masivas y un referendum que consagró el paso a una república presidencialista pero que, de paso, arrasaba con el poder judicial establecido. Tras este verdadero contragolpe Erdogan, ya presidente, capitanea y sistematiza la purga y centrifugado de jueces, hasta acabar creando un poder judicial disciplinado, alineado y proactivo.

La grieta llega a la UE

Si la cuestión del Estado de Derecho ha llegado a convertirse en un tema central del conflicto entre estados y capitales nacionales dentro de la UE, es porque es el principal argumento alemán para disciplinar a los países líderes del grupo de Visegrado que son además, en lo económico, verdaderas semicolonias alemanas. Pero la cuestión está lejos de ser un mero invento en la batalla propagandista de los diferentes intereses imperialistas. Si Hungría y Polonia han llegado a un nivel de enfrentamiento tal entre sus jueces y gobiernos ha sido producto de un fenómeno similar al turco.

En ambos países, los partidos hoy gobernantes llegan al gobierno en 2010 y 2015 respectivamente aupados por una pequeña burguesía cada vez más furiosa y acorralada por la crisis global. Constreñidos por el aparato judicial y las leyes, desde el primer momento empezarán una serie de cambios legales que apuntan al corazón de la organización del estado: Constitución, sistema electoral, medios de comunicación y creación de opinión. La fractura con el corazón judicial del ‎estado‎ se hace inevitable. En 2018 la batalla se hace abierta: tres mil de los ocho mil jueces del país dimiten en protesta contra las presiones del ejectuivo. El presidente crea un circuito judicial paralelo para todo lo que afecte al aparato político para el que el propio gobierno elige quién ha de ser juez. Le seguirá Polonia, con una reforma judicial que comienza con jubilaciones masivas y que es en realidad un verdadero plan de batalla para rehacer la estructura del estado y remozar y someter a la alta ‎burocracia‎, verdadero hilo de continuidad del ‎capitalismo de estado‎ polaco desde los años veinte.

Una vez más el mismo modelo de Turquía: el ascenso de partidos que representan la revuelta de la pequeña burguesía choca con un ‎estado‎ que es esencialmente conservador y una judicatura que ejerce con decisión de contrapoder. La crisis acelera la fractura entre el aparato político del estado y el corazón judicial que acaba culminando en purgas masivas y la imposición de reformas autoritarias en la organización interna del estado.

España

En España la fractura entre aparato político y jueces empieza con el último gobierno del PP. La revuelta de la pequeña burguesía independentista catalana fue in crescendo desde 2012 sin que el gobierno Rajoy supiera reencauzarla. La proclamación de indepedencia fake de 2017 puso en verdadero peligro existencial al estado como un todo. El gobierno suspende la autonomía catalana in extremis y organiza unas elecciones en la esperanza de normalizar la situación. Pero la derrota de las fuerzas unionistas en las elecciones de diciembre de 2018 consolida la derrota política del estado y da paso a un desánimo generalizado en la burguesía española que solo la intervención navideña del Rey consigue revertir.

A partir de ese momento, lo que se pone en marcha es la respuesta del estado como tal, al margen del gobierno y el aparato político. El Tribunal Supremo pone en marcha el auto de procesamiento de los líderes independentistas: el Llarenazo, que acabará en el juicio y condena de los encausados. Pero el golpe sobre la mesa del estado no sirve para restañar la herida abierta con la estructura política. Al contrario, tras la caída del gobierno Rajoy en una moción de censura justificada precisamente por el último de sus escándalos judiciales, el primer gobierno Sánchez la profundiza, llevando la batalla paralela entre los jueces al gobierno. Entonces, cuando un pacto con el PP es inminente para cambiar la cúpula del poder judicial, todo salta por los aires reflejando el conjunto de reinos de taifas en que se está convirtiendo el estado. El aparato político mismo está ya en una crisis crónica y no deja de amenazar colapso.

Dos elecciones y un estallido brutal de la crisis después, Sánchez lanza un órdago directo al poder judicial: modificar la ley de elección del Consejo General del Poder Judicial para reducir la mayoría necesaria y hacerlo con los apoyos parlamentarios con los que cuenta. La propuesta inmediatamente abre una batalla partidiaria. El PP, C's y Vox se presentan como guardianes últimos de los fundamentos de la Constitución del 78 y piden amparo a la UE. Mientras, el vicepresidente Iglesias hace campaña denunciando con sus socios europeos el acoso judicial al gobierno del que se dice víctima por sus propios asuntos judiciales, incluida la financiación del partido. Amenaza con propiciar una nueva crisis política y tirar al gobierno del que es parte si el Supremo pide su suplicatorio.

¿Dónde va todo esto del Estado de Derecho?

El caso español responde, con particularidades propias de la territorialización de la revuelta pequeñoburguesa en el país- al mismo molde que hemos visto en Turquía, Hungría y Polonia. La progresión en sí misma es significativa: de la periferia hacia el centro europeo.

El allanamiento judicial de casas y oficinas particulares de los exministros macronitas Olivier Véran, Agnès Buzyn y Sibeth Ndiaye y del mismísimo exprimer ministro Edouard Philippe, investigando si el gobierno hizo dejación de funciones para parar la pandemia en sus primeras semanas, apunta a que en el futuro próximo la fractura entre poder judicial y aparato político va a seguir extendiéndose por Europa. Y con ella la tentación de remodelar el estado a necesidad de los gobiernos. Es más, la famosa sentencia del Constitucional alemán el pasado mayo declarando inconstitucional la colaboración del banco central alemán con el BCE en la política de compra masiva de activos, apunta a que los estados pueden llegar a defenderse incluso de las transformaciones institucionales impuestas por la permanente huida hacia delante de los distintos imperialismos europeos en la UE.

Es normal que Bruselas, más allá de ver una excusa para disciplinar a los nacionalistas del Este, esté genuinamente preocupada por lo que todo esto evidencia. Ya solo discursivamente significaría un menoscabo de las posiciones europeas: Las tensiones imperialistas son cada vez más violentas y la ideología de guerra europea pretende que la UE es el último bastión democrático ante el autoritarismo ruso, el totalitarismo chino y la deriva estadounidense. Pero lo más importante es que la nueva andanada de la crisis tiene un horizonte de salida cada vez más lejano, la revuelta de la pequeña burguesía no puede sino agravarse, los gobiernos tienen cada vez un margen de maniobra menor y el capital unas urgencias más perentorias.

Es decir, la evolución turca o la húngara muestran un horizonte en el que la crisis económica se traduce en crisis política y la crisis política en crisis de estado, o lo que es lo mismo, crisis de cohesión de la clase dirigente. Y éso, cada vez más plausible, es peligroso para todos los involucrados en un momento en el que las medidas para reanimar el capital -distintas formas de transferir rentas masivamente del trabajo al capital- arriesgan avivar la lucha de clases de los trabajadores.