¿Cómo afecta a los trabajadores el «Green New Deal» de Biden?

7 de diciembre, 2020 · Actualidad> Norteamérica> EEUU

Biden pasea por un parque solar durante un acto de campaña.

La UE ha arrancado su pacto verde a toda velocidad. Es su principal línea de política industrial. Se trata de imponer un cambio tecnológico rápido que anuncia oportunidades de inversión de cientos de miles de millones de euros en los próximos cinco años. Más allá de las subvenciones y las ayudas a la transición, los estados garantizan la rentabilidad de estas inversiones cambiando las condiciones de competencia. Por ejemplo: poniendo una fecha tope a la circulación de coches a motor de explosión, se fuerza al cambio del parque de automóviles y a la compra de coches eléctricos, a los cuales además se subvenciona desde cada administración. Obligando a consumir toda una nueva hornada de productos más caros, se extraen rentas del trabajo y se entregan a la rentabilización de las nuevas inversiones verdes.

Este cambio no solo atañe a los trabajadores europeos, al modificar las condiciones de competencia también afecta a las empresas y los capitales de EEUU en uno de sus principales mercados exteriores. La semana pasada el director en Alemania de Ford denunciaba cómo las grandes compañías norteamericanas, retrasadas en su transición eléctrica, se veían arrinconadas si no expulsadas por las nuevas regulaciones medioambientales de Bruselas. Inmediatamente se produjo un giro drástico de General Motors en EEUU, retirando su apoyo a la política trumpista y alineándose con el Green Deal de Biden. No se quedó sola. El pasado día dos, 42 grandes empresas estadounidenses escribieron una carta al Congreso y al equipo de transición de Biden declarando su apoyo a la reincorporación de los EEUU al acuerdo climático de París. La gran empresa y el capital de EEUU también quiere participar en la fiesta, tanto en Europa como en casa. El comisario de Exteriores de la UE, Josep Borrell, respondió al día siguiente con la oferta de un programa integral verde (Comprehensive Green Agenda) para las relaciones entre la UE y EEUU, mientras el Washington Post celebraba la designación de Janet Yellen para la Secretaría del Tesoro como una prueba de que el gabinete Biden nos salvará del cambio climático creando buenos empleos.

El Carbon Tax

Un Carbon Tax de 230 dólares por tonelada de CO2 emitida aumentará el costo de los bienes y servicios en aproximadamente 750.000 millones de dólares para los hogares estadounidenses

People’s Policy Project

Yellen es una firme partidaria del Carbon Tax, el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono que se propone en el Plan de Acción del Congreso para la crisis climática. La lógica detrás de la idea del impuesto al carbono es en esencia la misma para los republicanos, así como para los demócratas de todas las tendencias. Se trata del típico impuesto en cascada: gravar los combustibles fósiles a boca de pozo o en los puertos, si es importado, eleva los costes a lo largo de toda la cadena de producción que, de una manera u otra los incorpore. Como además, los derivados del petróleo se utilizan en distintas partes de la cadena, el efecto se hará multiplicativo: Por ejemplo, los alimentos se fertilizan, cosechan, limpian, transportan y venden, y el costo de cada paso se vería afectado por el impuesto al carbono. La idea es que el impuesto convierta en más competitivos a los productos y cadenas poco intensivas en energías fósiles modificando las elecciones de compra y los comportamientos de los consumidores. Es la esencia de toda fiscalidad punitiva: todos tendremos comportamientos menos polucionantes, simplemente porque no podremos permitirnos otra cosa.

Los impuestos no son neutrales a las clases. El Carbon tax, como todos los impuestos al consumo, es necesariamente regresivo porque el peso del consumo sobre la renta de los trabajadores es mucho mayor que sobre la renta de las clases propietarias: el trabajador normal gasta prácticamente todo su sueldo en satisfacer sus necesidades básicas, mientras que el propietario solo gasta una pequeña porción por grande que sea su consumo, el resto se convierte en capital personal. En el caso de los impuestos a la energía esto se agrava porque los consumos básicos -alimentación, transporte, calefacción- son los más intensivos en energía. Según el estudio de People’s Policy Project, un impuesto de 230 dólares por tonelada de CO2 costaría a la persona promedio en el decil con menos ingresos 866 dólares, cerca de un 14% de sus ingresos, mientras que a la persona promedio en el decil con rentas mayores le costaría 4.738 dólares, solo un 9% de sus ingresos.

Una de las propuestas más repetidas para compensarlo es la del dividendo de carbono. Con el dinero recaudado por el impuesto se crearía un fondo que se repartiría a partes iguales entre todos los ciudadanos. Siguiendo el ejemplo de un impuesto de 230 dólares por tonelada, cada persona recibiría un dividendo de 2.237 dólares. La idea es que los que consumen menos CO2 incorporado a productos que la media obtendrían un saldo positivo, ganarían dinero. El pobre pero climáticamente virtuoso saldría beneficiado.

¿La realidad? El argumento según el cual las familias con menos ingresos se beneficiarían porque tienen menor huella de carbono contradice cualquier estimación mínimamente sensata. Para empezar, los trabajadores no verían compensados el aumento de gasto en productos básicos por lo que recibieran del dividendo. Esa es la esencia de todo impuesto en cascada: el impacto sobre los costes para el consumidor es mayor que el monto de impuesto recaudado. En segundo lugar, además de tener que hacer frente a más gastos tendrían que endeudarse más de lo que ya están para reducir costes a medio plazo. Y para rematar, la idea es que el Carbon Tax vaya aumentando su valor conforme se reduzcan emisiones… haciendo cada vez menor el dividendo.

¿Quíen saldría ganando entonces con el Carbon Tax y el dividendo de carbono? En el cálculo directo, la pequeña burguesía que ya tiene su Tesla, ha aislado térmicamente su casa y tiene paneles solares para calentar el agua de la ducha. Pero sobre todo y ante todo, las inversiones colocadas en la producción verde y en la transformación energética de la producción ya existente. Como en Europa, el estado contribuiría con el impuesto a crear una masa de nuevos usos para el capital. Forzando una transformación del consumo, espera generar una transferencia de rentas hacia estas nuevas aplicaciones verdes del capital. El resultado neto final será una transferencia de rentas masiva desde los trabajadores hacia el capital. Dicho de otro modo: con el mismo salario podremos comprar menos cosas, con el mismo capital se obtendrán más dividendos.

La reforma de la eficiencia energética de los edificios

Basándose en sus esfuerzos en la Ley de Recuperación, Biden establecerá un objetivo de reducir la huella de carbono de los edificios de EE.UU. en un 50% para el año 2035, creando incentivos para las profundas modificaciones que combinan la electrificación de los aparatos, la eficiencia y la generación de energía limpia in situ…

Joe Biden. Plan for Climate Change and Environmental Justice

Otro componente esencial del plan es mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios… con el fin de estimular el mercado de la vivienda. El juego es el mismo del Carbon Tax: tendremos que gastar en hacer más eficientes energéticamente nuestras casas para que la subida de costes energéticos no nos impida calentarlas. Al final consumiremos ahorros y aun así gastaremos más… pero las empresas de reforma verde, los capitales invertidos en tecnologías de aislamiento, las inversiones en baterías y sistemas de autoproducción y las constructoras, verán estimulados sus dividendos.

El programa de Biden propone además una serie de medidas para hacer más eficientes y resistentes al clima los hogares de los barrios de menores ingresos. Pero no nos confiemos. No se trata en realidad del bienestar de los trabajadores más precarios. El Plan de Acción del Congreso para una Economía de Energía Limpia y una América Sana, Resistente y Justa habla con frecuencia sobre cómo el cambio climático daña el mercado de la vivienda. La débil resistencia de los edificios que viven en zonas vulnerables a las inundaciones provoca una disminución del valor de las propiedades, un aumento del riesgo de inversión y de los costos de los seguros. Además, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2009 hay decenas de miles de edificios vacíos cuyo coste de reparación, unido a los impuestos atrasados impagados, es mayor que su valor de mercado. Nadie va a comprarlos por encima de ese precio e invertir en ellos para alquilarlos o venderlos una vez rehabilitados.

Pero vivimos bajo el capitalismo. El éxito de la economía, es decir de la acumulación de capital, depende de crear destinos rentables para el capital. Convertir todo ese parque inmenso de viviendas y edificios industriales en algo en lo que se pueda invertir con provecho sería una bombona de oxígeno para el capital y los fondos de inversión inmobiliaria.

Así que… Biden promete crear Land Banks, fondos de las administraciones locales y de los estados que adquirirían estas propiedades. Las demolerían para construir después sobre ellas o las reformarían cuando fuera posible para que, convertidas a la eficiencia energética, todas estas viviendas vacías vuelvan a tener un uso productivo, es decir, puedan ser explotadas por fondos inmobiliarios. La gentrificación que predeciblemente seguiría, se convierte en la propaganda verde que hacen la prensa de negocios en un incremento de la riqueza para las comunidades de color, en particular las comunidades negras y latinas y, especialmente, las comunidades negras. Traduciendo: tu casa sigue siendo la misma de siempre, pero ahora tiene un mayor valor de mercado, así que pagarás más impuestos por ella si tienes la propiedad y un alquiler más alto si la arriendas.

El propio Plan para una Revolución de Energía Limpia y Justicia Ambiental que puede descargarse la página oficial de Joe Biden dice que los esfuerzos para hacer que los edificios sean más eficientes y resistentes al clima pueden elevar el valor de las propiedades y empujar a las familias de menores ingresos fuera de sus vecindarios. Por supuesto, se apresura a decir que por eso los esfuerzos de mitigación del cambio climático deben proteger conscientemente a las comunidades de bajos ingresos de la gentrificación verde. Sin embargo, el plan, detallado en otras cosas, no incluye cómo piensan hacerlo. Y en cualquier caso, las medidas para protegernos de la gentrificación verde, del mismo modo que el dividendo del Carbon Tax, están diseñados para mitigar impactos, no para impedirlos ni compensarlos. Según reconocen los propios textos de la campaña Biden, es un proceso necesariamente doloroso… para los trabajadores.

Las condiciones de trabajo

Biden se asegurará de que estas inversiones creen buenos trabajos sindicales que puedan ampliar la clase media. Los trabajadores americanos deben construir la infraestructura americana y fabricar los materiales que se usen en ella, y todos estos trabajadores deben tener la opción de unirse a un sindicato y negociar colectivamente.

The Biden Plan to Build a Modern, Sustainable Infrastructure and an Equitable Clean Energy Future

Nos aseguran que el Green New Deal abrirá camino hacia millones de empleos bien remunerados y de alta calidad. Deberíamos apoyar la causa verde porque nos dará trabajos en medio de una pandemia y una crisis que ha dejado a millones de trabajadores en EEUU sin empleo. Detalle extra: para conseguir estos trabajos bien remunerados, debemos sindicalizarnos. Y es que la sindicalización es una parte esencial del nacionalismo económico del nuevo discurso demócrata, su elemento de diferenciación respecto a Trump.

En este paquete se incluye la subida del salario mínimo a 15 dólares hora… aunque en realidad no se aplicaría en ningún caso antes de 2026, ni siquiera en estados como Florida que ya aprobaron el aumento. Ni siquiera hay garantía de que el salario mínimo aumente a nivel nacional a 15 dólares por hora. Y es que en realidad toda la parte del plan Biden que tiene que ver con las condiciones de trabajo se centra sobre todo en el aumento de la influencia y poder de los sindicatos. Las subidas de salarios se supeditan a la sindicación.

Según el plan de Biden los sindicatos negociarán mejores condiciones de trabajo en nombre y para los trabajadores que representan y, por eso, su capacidad de representación debe ser fortalecida. El mensaje es que si luchamos para que los trabajadores se sindicalicen en sectores y lugares de trabajo no sindicalizados todavía, los sindicatos lucharán por nosotros…. pero, ¿es eso cierto? Nada parece indicarlo.

Durante la Primera Guerra Mundial, los sindicatos se comprometieron con la causa patriótica y se les encargó la tarea de asegurar que los trabajadores cumplieran con las exigencias de la producción de guerra. Una de las formas que utilizaron los sindicatos para mantener la disciplina de la fuerza de trabajo fue implementar el sistema check-off, es decir, deducir automáticamente del sueldo de los trabajadores las cuotas dirigidas al sindicato. El trabajador se convertía automáticamente en miembro del sindicato en el momento de su contratación. Era una forma de imponer una closed shop, es decir, hacer que todo trabajador empleado en un lugar de trabajo fuera miembro del sindicato, sin tener que obligar a los empleadores y la gestión a solo contratar trabajadores sindicados. El sistema fue el resultado de un acuerdo entre sindicatos y empresas. Por primera vez en EEUU funcionaba un sistema similar al europeo en el que los sindicatos negocian las condiciones generales de trabajo en una empresa.

El UMWA insiste en el check-off porque es el instrumento más eficaz para mantener la industria funcionando con la máxima eficiencia. En tales condiciones, el check-off se convierte en la esencia misma de la cooperación [entre clases] y la mutualidad. La historia de la industria demuestra que es tan esencial para la continua prosperidad de los empleadores como de los hombres. Debido a la presión de la guerra, el gobierno americano extendió el principio del check-off para poder disponer de sanciones pecuniarias por absentismo laboral. Esa extensión se hizo a petición de los empleadores y con el consentimiento del sindicato.

John L. Lewis, líder del United Mine Workers of America (UMWA)

Durante la Segunda Guerra Mundial se estableció un sistema similar. Los sindicatos durante este período, al igual que durante la primera guerra mundial, se comprometieron a mantener la paz laboral. Pero no lograron impedir que los trabajadores iniciaran huelgas salvajes. Los trabajadores que participaron en esas huelgas no recibieron protección de los sindicatos y terminaron siendo despedidos. Así que los sindicatos no sólo perdieron credibilidad ante los empleadores y el gobierno por no mantener un control total sobre los trabajadores, sino que también perdieron influencia sobre los trabajadores, cada vez más dispuestos a iniciar huelgas sin autorización. Su flujo de ingresos por cuotas que, contrariamente a lo que ocuría en Europa, eran la principal forma de financiación de los sindicatos estadounidenses, disminuyó rápidamente.

Los sindicatos se enfrentaban continuamente a este dilema… en el que los trabajadores amenazaban con abandonar el sindicato si estos no se adherían a sus reivindicaciones, mientras que las empresas se negaban a ceder a dichas reivindicaciones de aumento salarial y mejora de las condiciones. En el caso de Walker-Turner, la National War Labor Board

…se enfrentó a un aparente dilema: ordenar un aumento de los salarios llevaría a la empresa a la bancarrota; aumentar los salarios sólo en función de la capacidad de pago de la empresa probablemente significaría la muerte del sindicato por la posible pérdida de miembros.

The National Labor Board and the «Maintenance of Membership» Clause.

Para evitar que los sindicatos rompieran la promesa de paz laboral en el esfuerzo de evitar la pérdida continua de miembros, los administradores federales decidieron ordenar cláusulas de mantenimiento de la afiliación en los acuerdos de negociación colectiva. Las cláusulas de mantenimiento de la afiliación obligan a los miembros del sindicato a seguir pagando cuotas durante la duración de un contrato de negociación colectiva y a mantenerse en buenos términos con el sindicato. Es decir, en la práctica, el estado y las empresas concedían a los sindicatos el poder para despedir a los trabajadores más combativos como única forma de mantener los sindicatos en pie.

Cuando la ley Taft-Hartley y las leyes del derecho al trabajo prohibieron las closed shops los sindicatos extendieron el uso del sistema de cuotas por representación. En este sistema los sindicatos cobran cuotas a todos los empleados de un lugar de trabajo sindicalizado, pero no pueden obligar a esos empleados a ser miembros del sindicato. Las leyes sobre el derecho al trabajo, sin embargo, difieren de un estado a otro. Muchos estados hoy en dia tienen prohibido este sistema en el sector privado. Y los sindicatos del sector público, que tienen una historia diferente a la del sector privado, también difieren en sus poderes de un estado a otro. En algunos estados se permite la representación sindical de los trabajadores del sector público, mientras que no está permitido en otros, convirtiendo a los sindicatos en esas instancias en poco más que grupos de activistas. Los sindicatos que están en una posición más fuerte, es decir, los que están en estados donde pueden cobrar cuotas por representación y negociar colectivamente, no tienen que preocuparse tanto por conseguir más miembros como los que están en estados donde no disponen de esos poderes.

Los propios sindicalistas dicen que esta es la razón por la que los sindicatos poderosos, como la UFT en Nueva York, se alinean con la derecha… mientras que los sindicatos de estados como Virginia Occidental serían más combativos y cercanos a la izquierda precisamente porque son débiles y tienen que cortejar a los trabajadores para conseguir miembros e influencia.

En 2018, los sindicatos educativos de Virginia Occidental estuvieron dispuestos a autorizar huelgas ilegales de maestros. Los empleados públicos en ese estado no tienen legalmente el derecho a la huelga pero los trabajadores estaban dispuestos a hacer huelga con o sin autorización. Pero la debilidad de estos sindicatos no les impidió en última instancia suprimir la huelga y participar en su represión.

Los mismos sindicalistas que dicen que la UFT es conservadora porque no necesita ganar la confianza de los trabajadores dicen que hay que fortalecer los sindicatos, es decir, darles la capacidad de actuar como los representantes legítimos de los trabajadores. Pero cuando a los sindicatos se les otorga esta capacidad, como pasó las guerras mundiales, actúan de manera tan conservadora como los que operan en el mundo de Taft-Hartley. Especialmente considerando el hecho de que, la legitimidad de los sindicatos frente al estado y las empresas depende de su capacidad para garantizar la paz laboral… y no solo durante las guerras.

Por eso, cuando se prohibió el sistema de cuotas por representación para los sindicatos del sector público a finales de 2018, los líderes sindicales confesaron sin ningún pudor cual era su función y la del sindicato: mantener la paz social conteniendo a los trabajadores en cualquier situación.

Las cuotas por representación no son sólo una compensación por los costes financieros de la representación, sino por los costes políticos de representar a todos los miembros de la unidad de negociación y mantener la paz laboral. Como el abogado de la AFSCME señaló en sus argumentos orales, las cuotas por representación se cambian rutinariamente por una cláusula de no-huelga en la mayoría de los contratos sindicales. Si esas cláusulas desaparecen, los empleadores tendrán el caos y la discordia en sus manos.

Las leyes laborales estadounidenses, y los empleadores que se benefician de ellas, prefieren que si va a haber un sindicato, sólo uno debe servir como representante exclusivo de todos los empleados elegibles en un lugar de trabajo. Ese esquema impone a los sindicatos la obligación legal de representar equitativamente a todos los miembros de la unidad de negociación, y un imperativo político de defender los términos de cualquier acuerdo como «lo mejor que pudiéramos conseguir» (incluso si incluye concesiones en los beneficios y las normas de trabajo). Recompensa a los sindicatos con un derecho garantizado a existir y una base fiable de miembros de pago. Pero los sindicatos recompensan a los empleadores con la garantía mucho más valiosa del derecho a dirigir el trabajo ininterrumpido de la empresa mientras que la dirección del sindicato tiene que aplacar las quejas y discordias de las bases durante la duración del contrato.

La combinación de la representación sindical exclusiva, las cuotas por representación, las cláusulas de no-huelga y los derechos de la dirección son la base de nuestro peculiar sistema de relaciones laborales. Ningún otro país estructura su sistema de relaciones laborales de esta manera. Si se elimina una parte […]todo el sistema puede desmoronarse. A los empleadores no les gustará el caos que esto traerá…

Shaun Richman, ex director de organización de la AFT

Biden promete en su plan sindical derogar las leyes estatales que prohíben a los sindicatos cobrar cuotas o pagos a todos los trabajadores y las disposiciones de la ley Taft-Harley que les permiten hacerlo. Es decir, Biden devolverá los sindicatos a su estatuto en tiempos de guerra… para reforzar esa función controladora y asegurar la paz social en marco de un Green New Deal que succionará las rentas y reducirá el poder de compra de los trabajadores. Tanto es así que promete crear un grupo entre sus ministros dedicado a promover el sindicalismo y un sistema de convenios colectivos sectoriales similar al europeo para asegurar la igualdad de condiciones en la competencia entre empresas.

Del nacionalismo económico verde y sindicalizado al eco-imperialismo y la guerra comercial

A partir de los acuerdos de París, los países europeos hicieron un uso cada vez más abiertamente imperialista del discurso del Pacto verde. Ya fuera para presionar a Brasil o para enfrentar las amenazas de guerra comercial con EEUU, las políticas verdes son una barrera arancelaria de primer orden… y su implementación está alimentando toda una serie de conflictos y guerras del gas alrededor de sus propias fronteras. En este contexto, la entrada de EEUU en la transición ecológica no solo dará escala a los movimientos de capital homogeneizando condiciones y tecnologías entre la UE, Gran Bretaña y EEUU… también se convertirá en parte central del conflicto imperialista con China. El programa climático de Biden es abierto y brutal al respecto y apunta directamente a la Belt and Road Iniciative (la Nueva Ruta de la Seda que articula la expansión global del capital chino) como objetivo a destruir.

En su plan de infraestructuras, Biden recuerda además que China produce cuatro veces más vehículos eléctricos que EEUU… y promete salvar a la industria automotriz como ya lo hizo en los primeros tiempos del mandato de Obama. Este paralelismo, es casi una confesión que nos devuelve al papel de los sindicatos. Obama no protegió realmente a los trabajadores de los ataques a sus condiciones de vida y trabajo durante la crisis de la industria automotriz. Al contrario, los impuso a los trabajadores a través del sindicato UAW. El mismo sindicato que ha encubierto las muertes de trabajadores durante la matanza del Covid para no dañar la producción. No es algo aislado o exclusivo de la UAW. Durante la pandemia tanto los demócratas como todo tipo de sindicatos han enfrentado las huelgas con contundencia y de forma coordinada.

Ahora, una vez más, el agravamiento del conflicto imperialista, el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores y el incremento del poder otorgado desde el estado a los sindicatos van de la mano.

El Green New Deal y los trabajadores

Los sindicatos demostraron durante la pandemia que eran los primeros dispuestos a sacrificar nuestras vidas con tal de mantener la rentabilidad de las empresas para las que trabajan. Ahora estarán encargados de mantener la paz social en el Green New Deal.

Un Green New Deal que es, ante todo, una oportunidad masiva para el capital, una forma rápida y generalizada de encontrar nuevas aplicaciones en las que colocarse y aumentar su rentabilidad. Pero que para los trabajadores significa perder capacidad de compra, perder hogares, trabajar bajo una vigilancia y una disciplina cada vez más estrecha y endeudarse hasta más allá de lo razonable para no empobrecerse aun más. Y no podía ser de otra manera: su rentabilidad extra solo puede salir de un aumento de la explotación. El Green New Deal y los discursos de los sacrificios para salvar al planeta solo son la cobertura de un plan de dimensiones gigantescas para hacer realidad esa transferencia de rentas de los trabajadores al capital.

Desde el punto de vista de los trabajadores, rebatir el Green New Deal no tiene nada que ver con sostener una discusión climática. Es igual que rebatir las políticas de salud pública durante la pandemia: no consiste en negar la matanza. Al revés, se trata de denunciar que esas políticas multiplican innecesariamente las víctimas al anteponer los beneficios del capital a la vida de las personas. Del mismo modo, frente al Green New Deal los trabajadores no pueden caer en la trampa del debate climático, que es una mera cobertura. Tenemos que afirmar que la satisfacción de las necesidades humanas debe estar por delante de la rentabilidad del capital. Hay medios materiales y humanos de sobra para cambiar la matriz energética, sustituir motores de explosión por motores eléctricos y mejorar la habitabilidad de las casas de todos. Y no es necesario empobrecer a los trabajadores para hacerlo. Solo se convierte en necesario si damos por hecho que el sistema ha de mantenerse y las necesidades del mismo capital que crea los problemas, deben ser respondidas antes de hacer cualquier otra cosa y a costa de todos nosotros.

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