Communia

Al final no fue la reforma del sistema previsional (pensiones) ni la reforma de las leyes laborales, ni siquiera la bajada de previsiones del cobre o la aprobación del presupuesto.

La primera crisis para Piñera viene de su «Plan Araucanía», un dispositivo que incluía la creación de un cuerpo paramilitar policial de intervención rápida, el «Comando Jungla», destinado a reprimir en su origen conatos de violencia para evitar su escalada. Pero a la primera oportunidad, se anuncia un enfrentamiento y un joven mapuche resulta herido y finalmente muerto de un tiro en la cabeza. La policía y los políticos relatan un enfrentamiento y acusan al muerto de haber participado en un robo de vehículos indignando a los vecinos y propiciando protestas en Ercilla que acaban en batalla campal y consolidan un ambiente de resistencia y resentimiento. La intervención en twitter de Piñera, reclamando el «derecho de los carabineros a defenderse», encona más los ánimos mientras la familia insistía en que el el joven estaba arando la tierra en el tractor familiar y la fiscalía estudiaba todavía si se pudo tratar de una ejecución dado que el tiro mortal lo recibió en la nuca. Irremediablemente, una violencia difusa, heredera de una vieja tradición de sabotaje, se extendía por la región.

¿Quienes son «los mapuches»?

Para entender la situación de fondo no hay que retrotraerse a la guerra de Arauco y los poemas de Alonso de Ercilla, el capitalismo llega a la Araucanía con la república de Chile entre 1861 y 1883 y procede como el capitalismo procedió en todo el mundo: expropiando tierras y pauperizando campesinos. Pero a diferencia de los «países exitosos», o el mismo fértil valle Central, en la Araucanía las tierras no daban para servir de base a un capitalismo agrario que aumentara la productividad, produjera comida barata y expulsara totalmente a los campesinos como mano de obra para la industria. La migración se produjo, por supuesto, la mayoría de descendientes de los mapuches conquistados en el XIX son hoy trabajadores chilenos sin identidad indígena repartidos por todo el país. Pero la población remanente en la región no acabó nunca de ser absorbida por el desarrollo capitalista chileno. ¿Por qué?

La explotación de la Araucanía es solo atractiva para las grandes madereras y éstas se basan en las grandes superficies boscosas, de modo que las que hoy son comunas más pobres mantuvieron una agricultura de subsistencia mientras realizaban trabajo asalariado para ellas... lo que en realidad solo sirvió para bajar el coste de reproducción de la ‎fuerza de trabajo‎ por debajo del salario de un obrero medio. El resultado de éste modelo «mixto» es un proletariado local a medio formar con niveles récord de pobreza a las que cada empujón de la ‎precarización‎ hunde más y más en la miseria. Hoy las comunas de la zona más conflictivas tienen unas cifras de desarrollo humano equivalente al de Bangladesh:

Collipulli, donde está Forestal Mininco, con un 50% de superficie forestada tiene un 34,2% de pobreza según la Casen; Lumaco el año 2000 tenía 38% de pobreza, con grandes superficies forestales, y hoy aumentó la pobreza a un 48,4%; Ercilla un 44%, es decir, la mayor desigualdad se encuentra en las zonas donde operan las empresas forestales, con trabajos informales, gente sin contratos y mayor tasa de ruralidad.

El izquierdismo reaccionario

El izquierdismo chileno -y el argentino- han abordado «el problema mapuche» desde la perspectiva más reaccionaria posible. El abanico de «soluciones» va desde la reducción de la carga fiscal para la agricultura de subsistencia a la entrega de la propiedad de los recursos a las comunas mapuches y el reconocimiento de «derechos de los pueblos indígenas» que pasarían por una restauración, dentro del aparato del ‎capitalismo de estado‎ chileno de estructuras políticas caciquiles para la gestión de los recursos. Todo antes de reconocer que lo que falla es el capitalismo chileno como un todo, que el minifundio es un lastre del pasado y que la ‎pauperización‎ de los trabajadores mapuches tiene las mismas formas que la del resto de trabajadores en Chile y en el mundo: ‎precarización‎ a base de subcontratas, intermediarios e inseguridad en el trabajo con cada vez salarios más bajos.

Pero ¿no hay un problema también de opresión cultural y lingüística? ¿No hay «derechos nacionales» en juego? Evidentemente siempre que las emigraciones -como en éste caso- o las inmigraciones -como hoy en Europa- permiten «etnificar» o «racializar» a los trabajadores, la oportunidad va a ser aprovechada orgánicamente por el sistema. La pequeña burguesía y el capital nacional verán una oportunidad para dividir y separar evitando «contagios»: mientras haya un «problema mapuche» será una cuestión local, las revueltas de trabajadores son otra cosa. Y además no faltarán voluntarios, propios o ajenos, para «representar» a los oprimidos ganándose una parcelita en el estado y convertirse en inane imitación de una inexistente burguesía nacional.

Hay que salir de la trampa indigenista. Una administración local dotada con rentas de las madereras, incluso un «gobierno mapuche» del «Wallmapu» que «recuperara» la propiedad y la rentara a las empresas, no iba a acabar con la ‎pauperización‎, la ‎precarización‎ y la marginalización de sectores crecientes de la juventud. Solo añadiría una capa de jefes y políticos a partir de las rentas madereras. Los supuestos «derechos de los pueblos originarios» no son sino el «derecho» de la pequeña burguesía «originaria» a ganar poder en el estado y participar de la explotación de los trabajadores araucanos.

El interés de los trabajadores madereros, mapuches o no, es el mismo que el del resto de trabajadores. El capital nacional, en Chile como en todos lados, solo puede sobrevivir atacando nuestras condiciones de vida, negando la satisfacción de las necesidades humanas cada vez más básicas. Es frente al él, que todos juntos y como trabajadores, debemos levantar la bandera de las necesidades humanas, necesidades que son universales y universalmente liberadoras. Hoy, ya, eso significa no quedarse en la desmilitarización de la región, sino enfrentar y movilizarse contra la ‎precarización‎ en todo el país.