Communia

La crisis política se reabre

El triunfo electoral de Boric en las presidenciales de diciembre pasado venía a consagrar el del «sí» en el referendum sobre la elaboración de una nueva constitución en octubre de 2020. Las nuevas expresiones políticas de la pequeña burguesía chilena se aprestaban a dejar una huella institucional duradera dirigiendo la reforma del aparato político de la burguesía chilena y la relegitimación del estado. Su fuerza: las banderas de la transversalidad con las que habían conseguido contener la movilización de clase que despuntó bajo las protestas masivas iniciadas por las contradicciones de la propia pequeña burguesía en octubre de 2019.

Ocho meses después y a sólo una semana del referendum, la propuesta de Constitución entregada por la Convención Constitucional lleva todo el camino de ser rechaza en las urnas, la derecha pinochetista -que sólo contó en la Convención con 17 de 154 representantes- se ha recompuesto alrededor del rechazo, y el gobierno Boric no levanta cabeza en unas encuestas que hacen parecer el escaso 36% de aprobación de abril pasado una verdadera luna de miel.

Una propuesta constitucional «innovadora»

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional chilena

La propuesta constitucional salida de la Convención es un verdadero monumento a la impotencia política de la pequeña burguesía y la disfuncionalidad de sus ideológos. Lo que ellos llaman «innovador» en el texto aprobado es en realidad la expresión de la incompetencia del identitarismo fractal de la interseccionalidad como ideología capaz de articular el estado de un modo coherente.

El pueblo pasa a estar «conformado por diversas naciones» y definido por categorías particulares -«mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género»-, otorgándose derechos a las «personas naturales», «las naciones» y «la Naturaleza», que pasa por tanto de ser objeto de protección a ser sujeto constituyente. Pero el listado de sujetos políticos no acaba en los primeros artículos, sino que se desarrolla a lo largo de todo el texto. La nación ya no sería esa unidad de sujetos abstractos (individuos) bajo unos valores y un destino común (la dirección de la burguesía), sino un conglomerado de particularismos que luchan por sobrevivir como tales bajo el cuidado de una pequeña burguesía especializada.

La progresía chilena ha intentado convertir en constitución del estado la ideología interseccional de la tercera ola del feminismo anglosajón universitario. Si se hubieran limitado al indigenismo sudamericano el resultado hubiera sido, todo lo más, un reparto de poder por cuotas étnicas y con cacicazgos garantizados, al estilo de la constitución del Líbano o de Bolivia. Pero la apuesta es fractalizante y va mucho más allá. Por ejemplo, varones y mujeres se consideran cuerpos políticos distintos que deben representarse separadamente, no como medida temporal correctora (discriminación positiva), sino como representación equilibrada de una división esencial anterior al estado.

La lógica de los derechos humanos que representaron las aspiraciones universalistas de la burguesía revolucionaria -y que jugó un papel radicalmente progresista al barrer los particularismos y privilegios feudales- se invierte: no estamos ante un ciudadano abstracto con derechos inalienables al que el estado se compromete a defender en distintas situaciones, estamos ante sujetos que se definen por esas situaciones -desde su sexo o «disidencia sexual» a su edad, estar estudiando o sufrir alguna eventual discapacidad- y que gracias a ellas son considerados parte del cuerpo político.

El resultado es una constitución romántica, esencialista, que deja de lado la definición de los derechos individuales burgueses clásicos, multiplica los sujetos constituyentes, y trata como sujetos sustantivos de derechos a categorías sociológicas a las que considera esenciales, listando explícitamente los derechos constitucionales a partir de ellas. Es por ello fundamentalmente reaccionaria: restaura los particularismos para colocarlos esta vez no bajo el cuidado señorial sino bajo el cacicazgo de distintas facciones de la pequeña burguesía y sus ideólogos. El interés de clase es evidente, como lo es en todos los movimientos identitaristas que, obviamente, se declaran transversales para encuadrar hacia abajo.

Pero si la burguesía de todo el planeta a día de hoy sigue manteniendo el carácter universal de los derechos legales en la ordenación del estado no es sólo por mera retórica. En la forma de articular los discursos que legitiman al estado, la clase dirigente no olvida que lo ideológico está supeditado a algo muy material: el reparto del poder dentro de su propio seno y su ejercicio automatizado a través de la maquinaria judicial y burocrática.

Algo que al parecer, no sabe ver la pequeña burguesía poli-identitarista. Y que, en el caso chileno, le va a costar cuando menos, el referendum constitucional. Porque la más que difícil operatividad de un texto legal basado en identidades interseccionales constituyentes se ha demostrado antes aún de la vigencia del texto.

Boric va a la guerra del Arauco

Atentado en noviembre de 2021 contra un tren en la Araucaría, hecho descarrilar y quemado posteriormente por un grupo mapuche polarizado

Desde el comienzo fue claro que el proceso de relegitimación y reforma del aparato político del estado chileno iba a tener su propio examen de grado en el llamado conflicto mapuche. Si el poli-identitarismo había de servir de algo era para encuadrar las reivindicaciones de soberanía mapuche -que se extiende sobre territorio no sólo chileno sino también argentino- en formas y modos que los colocaran en relación con el estado.

En la Convención constituyente los pueblos originarios tuvieron 17 asientos reservados y fue una representante mapuche la que ostentó la presidencia. El texto final no sólo consideraba a los cacicazgos tribales como representantes de sujetos constituyentes del estado, les daba poder de veto sobre las grandes inversiones productivas, implantando por tanto una fuente de rentas para ellos a cuenta de las multinacionales. Además, bas a las relaciones internacionales en la defensa del derecho de autodeterminación de los pueblos y comprometía al estado a la hora de «facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas».

Pero no todos los grupos nacionalistas mapuches se reconocieron en sus supuestos representantes convencionales ni aceptaron jugarse la resolución del conflicto y sus rentas al resultado del referendum. A finales de 2021 la situación había salido ya de control. La última gran medida de Piñera como presidente, allá por octubre de aquel año fue militarizar la región macro-Sur... lo que no hizo sino avivar las movilizaciones de los llamados polarizados y la violencia de sus acciones.

Cuando Boric forma gobierno, los guiños al nacionalismo mapuche se multiplican, la ministra de Interior y las cuentas de twitter oficiales hablan del «Wallmapu» imaginado por el nacionalismo indigenista e insinúan su futura autonomía, a pesar de generar inevitable conflicto con Argentina que albergaría la mayor parte del supuesto «hogar ancestral» mapuche. La ministra de Interior, Siskia Siches, habla abiertamente de una futura renacionalización y entrega de las tierras a los cacicazgos.

Pero los grupos mapuches dirimen sus luchas internas golpeando al invasor con más fuerza que la competencia y saben que el estado chileno rara vez cumple con lo meramente declarativo. La principal organización mapuche envía un ultimatum a Boric que sus competidores responden con ataques incendiarios comenzando una espiral que conduce en pocas semanas a un incremento de las acciones violentas del 400%.

Con las quemas de maquinaria a pleno ritmo generando la imagen de estado fallido en todo el Sur, Boric finalmente se decide y a mediados de mayo militariza de nuevo la zona de conflicto a pesar de las tensiones que genera en el interior del Consejo de Ministros... lo que tampoco consigue parar las acciones violentas, que escalan mes tras mes.

El pasado miércoles fuerzas de los carabineros detuvieron a Héctor Llaitul, dirigente máximo de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Aunque la organización es una de las campeonas de los ataques incendiarios y de que Llaitul venía llamando todo el año a la «resistencia armada», sólo le acusan de robo de madera y de violar la ley de seguridad del estado... lo que permite que el resultado judicial pueda oscilar con libertad en función de equilibrios políticos.

Cuando se filtra que una asesora de una de las ministras del gabinete ha contactado con el detenido, algo inimaginable sin aprobación del presidente, el escándalo está servido en los medios conservadores y la ministra es fulminada inmediatamente desde la Moneda, que le ordena dimitir. Boric niega la mayor y deja todo sobre las espaldas de la ministra saliente.

Pero aparecen nuevas filtraciones de la causa contra Llaitul con grabaciones de conversaciones políticas del dirigente. En ellas queda claro que una buena parte de la dirigencia mapuche no cree que Boric vaya a mantenerse firme frente a las madereras y las multinacionales -y llevan razón- porque «va a andar con los grupos económicos». La esperanza de que el proceso constitucional aplaque y eventualmente entierre por sí mismo el conflicto en el Sur, se desvanece definitivamente. La prensa alemana lo llama «el fin de a ingenuidad».

La burguesía chilena, ya desde el principio muy reticente a los alardes identitarios de Boric, y la parte, en principio mayoritaría, de la pequeña burguesía que en un principio era favorable al proyecto de nueva Constitución, empiezan a temer el efecto disgregador que, el reconocimiento de la soberanía mapuche pueda tener sobre el estado. Las encuestas de apoyo al gobierno caen aún más y con ellas las expectativas del voto favorable en el referendum constitucional.

Lo que viene

El próximo 4 de septiembre el estado colocará las urnas. El «rechazo» tiene todas las de ganar. Con él la crisis política chilena entrará en una nueva etapa en la que, con toda probabilidad, la burguesía tomará en sus propias manos la reorganización del estado y el aparato político.

Lo hará con o sin Boric como mascarón de proa; colocándolo bajo la tutela de los viejos popes de la Concertación o mandándole al banquillo hasta nueva orden; remozando de paso a la derecha o inventando un reagrupamiento que reocupe el lugar histórico de la Democracia Cristiana. Da igual.

El capital internacional está mandando un mensaje contundente: estabilidad o cierre del grifo de la inversión externa. Y la burguesía chilena, dueña indiscutida de un país semicolonial que no está sabiendo aprovechar el revuelto momento imperialista global, no puede dejar de escucharlo.