La cesta, el marketing y la «justicia social»
¿Tiene sustancia la cesta de Yolanda Díaz y Alberto Garzón?
Como política contra la inflación y su impacto en el presupuesto de las familias trabajadoras, no. El planteamiento original ya era impúdico. La vicepresidenta Díaz, acompañada del ministro Garzón, tras reunirse con los directivos de Carrefour lo dejó claro:
Nuestro planteamiento es que las grandes distribuidoras lleguen a un acuerdo y, a través de los márgenes empresariales, aseguren una cesta de la compra asequible para nuestro país
Traducido: los hipermercados quedaban encargados de elaborar una cesta de productos básicos con precios estables que, eso sí, podrían cambiar prácticamente cada semana con tal de mantenerla a un precio estable, supuestamente a costa de sus «márgenes empresariales»
Carrefour sin embargo, está encantado. ¿En reducir márgenes empresariales? No, en que el gobierno se implique en hacerles gratis una campaña de marketing. Las grandes superficies son maestras de la demagogia por catálogo. Sus analistas les dicen que lo importante es llevar gente a las tiendas, porque en realidad, da igual el reclamo o que tenga márgenes mínimos: en los números de ventas y márgenes totales, el aumento de clientes en tienda rentabiliza de sobra la reducción de márgenes en un producto o paquete concreto.
Es decir, ni una oferta de supermercado va a reducir la inflación, ni el gobierno ha convencido a la patronal de reducir sus márgenes para bien de los consumidores, ni realmente hay nada más que marketing.
Y lo más triste es que, publicada ya la primera cesta por la cadena, ni siquiera tiene sustancia... nutritiva. Es puro fondo de despensa sin productos frescos y con chuches absurdas. A años luz de una cesta similar que Carrefour ofreció en Francia y que contenía 9 productos frescos imprescindibles y un brick de zumo natural por 20€.
La selección, si suponemos que ha sido orientada por el ministerio de consumo a partir de lo que identifica como necesidades de la población, dice mucho de cómo el gobierno ve a sus gobernados: incapaces de cocinar o preparar un menú familiar normalito, dependientes de la comida procesada y las latas, viviendo vidas desestructuradas sin siquiera un horario de comidas compartido entre los miembros de la familia. Una imagen distópica de atomización que puede parecerse a lo que sufren los trabajadores en EEUU pero, afortunadamente no, a la realidad mayoritaria en España. Todavía. Porque este tipo de iniciativas parecen orientarse sin pudor a normalizar lo que se sabe insano con tal de dar negocio a la industria.
¿Hacia dónde quieren que no miremos ahora?
Como anteriores trucos de ilusionismo y «cosas chulísimas» del gobierno de Sánchez y Díaz, el objetivo de esta campaña no es otro que evitar que miremos hacia donde realmente está ocurriendo la acción. Y la acción está ocurriendo en toda la cadena alimentaria, no en las ofertas de los hipermercados.
Si hasta ahora los 15 alimentos esenciales han subido un 17% y según la propia prensa gubernamental «un plato de macarrones cuesta como mínimo un 32% más que hace un año», la perspectiva para lo que queda de 2022 y 2023 no es la del alivio.
Si los precios de las materias primas y la energía se mantienen en la misma tendencia fuertemente alcista, y teniendo en cuenta los efectos de la sequía y su impacto en unas menores producciones, la lógica indica que lo precios continuarán al alza
Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España en 5 Días
Por eso, una vez cumplido el juego de ilusionismo de la cesta, el gobierno y la patronal de distribución negocian, a puerta cerrada, una mayor-
Las empresas juegan una estrategia en pinza. Por un lado quieren que la distribución alimentaria sea calificada como industria electrointensiva para pagar tarifas eléctricas menores. Por otro lado, para reforzar su posición sugieren al gobierno que si quiere hacer algo útil rápidamente, baje el IVA de los alimentos básicos.
Esta segunda propuesta es un posicionamiento táctico, orientado a la negociación. Los supermercados ganarían con la reducción de IVA, porque aumentaría el consumo sin que variaran sus márgenes. Pero no insistirán si consiguen alguna prevenda en el BOE como el paso a electrointensivos.
Y es que las empresas saben que el gobierno no quiere bajar más impuestos para no aumentar el déficit entre ingresos y gastos en el presupuesto y recibir una reprimenda de Bruselas. Algo que a pesar de las alharacas demagógicas importa al gobierno más que lo que le aporta hacer posible que puedan poner comida con cantidad y calidad suficiente en la mesa los miles de familias trabajadoras que ya tienen que elegir entre pagar la factura de la electricidad y hacer una compra decente.
¿Qué significa la cesta en el marco del gobierno de coalición Sánchez-Díaz?
Sánchez, Calviño y Díaz, campeones de la «justicia social»
La cesta, en sí misma poco más que una bufonada demagógica, en realidad es la prueba de que el gobierno no piensa corregir el daño hecho sobre los salarios por la inflación. Creen que pueden permitírselo dado su éxito a la hora de imponer, sin resistencias dignas de tener en cuenta, una transformación de fondo sin equivalente desde los ochenta. Porque aunque haya pasado por alto a la mayoría de los observadores, absortos por los juegos de manos comunicativos del sanchismo, el actual gobierno está consiguiendo sacar adelante el mapa de ruta que el capital español venía arrastrando durante más de una década.
Un verdadero reseteo de la acumulación que, gracias a una transferencia masiva de rentas del trabajo, está recapitalizando a marchas forzadas a las empresas capaces de recibir inversiones de cierta escala. Todo acompañado de una nueva bajada sustancial de los costes totales de la mano de obra y las rentas salariales.
Empresas con mucho capital y salarios relativamente bajos para el mercado europeo es la fórmula con la que venían pensando enfrentar la crisis interminable que arrancó a finales de los 2.000. Ahora, es la realidad en la que confían para insertarse en la división del trabajo dentro del bloque euro-estadounidense.
Para los trabajadores españoles, el legado del gobierno de Sánchez y Díaz supone un paso más hacia la igualación de sus condiciones con las de los trabajadores de los países semicoloniales. Una nueva caída del consumo sin posibilidad de recuperación dentro del sistema, cuyas consecuencias últimas en términos de acceso a la satisfacción de necesidades básicas, desde la alimentación a la cultura pasando por la vivienda, se irán desplegando a lo largo de los próximos años.
Todos los datos salariales y de beneficios indican que la participación de los salarios en la renta nacional están cayendo en 2022 ya por debajo de las cifras de 2019, lo que significa quecae mas rápidamente de lo que venía cayendo desde los años 70. Y no tiene ningún aspecto de ir a corregirse. No es un accidente o un resultado no deseado. Es el núcleo del cambio de modelo productivo.
Como paliativo, Sánchez comenzó vendiendo «justicia social», el viejo lema papal, adoptado en los treinta por fascistas italianos y falangistas y en los cuarenta por Perón. La idea siempre ha sido la misma: acabar con el antagonismo entre capital y trabajo a base de concesiones de ambas partes a un supuesto «bien común». Según el presidente se trata de «la síntesis y el corazón que late en la propuesta política del PSOE».
El «milagro» de la cesta y los precios de Díaz, Garzón y Carrefour es un avance de lo que nos viene como ejemplos de esa «justicia social» que el gobierno dice abanderar: iniciativas ruidosas, aptas para llenar páginas de periódicos y horas de televisión... y perfectamente inútiles para mejorar la situación de los trabajadores porque a lo más que llegan es a coordinarse con el marketing de los hipermercados.