Communia

Está empezando a saltar a la prensa: el gobierno español espera que la propuesta franco-alemana se traduzca en transferencias presupuestarias, pero también que de la resistencia de «los cuatro mezquinos» queden fondos condicionados. Una percha perfecta para presentar la estrategia sanchista de ataque a las pensiones, el mayor ataque directo en más de una década a las condiciones de trabajo y jubilación de los trabajadores, como una imposición europea.

Pero de hecho, lo que empieza a anunciarse, está lejos de ser una novedad. El actual ministro de la Seguridad Social lleva años defendiéndolo... y por eso le nombraron. Ahora lo que hace el gobierno es poner en marcha el programa de la Airef, la agencia que dirigía y a la que el Ministerio de Economía ha encargado el análisis del «programa de estabilidad» y los correspondientes «Spending reviews», es decir, las revisiones de gasto público, que serán la base de la propuesta formal del gobierno español a la UE.

El programa de ataques

El gobierno recoge la idea mil veces repetida por Escrivá según la cual «existe recorrido en la profundización de la reforma [de las pensiones] de 2011, principalmente en dos componentes: un retraso en la edad efectiva de jubilación y una ampliación del período de la carrera de cotización». Está todo escrito y cuantificado: se trataría por un lado de aumentar la edad efectiva de jubilación en al menos tres años, retrasando entre otras cosas las jubilaciones anticipadas, y reducir drásticamente el monto de las pensiones a partir de 2022, mediante un aumento del periodo utilizado para calcular la pensión y añadiendo además un tope al aporte contabilizado en los últimos años. La bajada de las pensiones consiguiente aumentaría en el tiempo conforme se jubilara la primera generación precarizada masivamente.

La mochila austriaca, ya presentada por el gobierno a estudio en Bruselas, aparecería como segunda pata de la reforma de pensiones. Presentada como una forma de «compensar» la pérdida de ingresos de los trabajadores es, en realidad, un paso firme hacia la privatización del sistema y hacia la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Los ganadores directos: unos bancos faltos de capitalización que exigen vías de negocio alternativo y gobiernos autónomos como el vasco que ya gestionan los «fondos complementarios» y piden mayor cuota.

La prensa económica española empieza a dar por hecho que la pretendida «derogación» de la reforma laboral de Rajoy, en realidad va a ser una nueva reforma que aumente la «flexibilidad» del mercado de trabajo, es decir, su ‎precarización‎. Tampoco tendría sentido presentar otra cosa a Bruselas, mucho menos cuando la patronal ha vinculado desde el primer momento de la recesión la capacidad de recuperación del capital que representa -en su mayoría empresas pequeñas y medias- a la capacidad de despedir barato. Sánchez y todo su gobierno saben tan bien que como cualquier empresario que el mecanismo que les permite vender caídas de la masa salarial como subidas de salario mínimo y demás trucos de «justicia social», solo funciona sobre el bajo coste de despido. No van a tocarlo y menos ahora. Es más, posiblemente lo agraven desde algún ángulo nuevo. Todo apunta a que la reducción de la temporalidad en los contratos por ejemplo, se «consiga» a costa de precarizar los contratos «fijos», una idea que también fue argumentada por la Airef en más de una ocasión y que fue la base de la propuesta de «contrato único de trabajo» de Ciudadanos.

«Racionalización»

Con todo esto en marcha, Sánchez conseguiría realizar de un golpe los objetivos últimos de la hoja de ruta que la burguesía española ha intentado sacar adelante desde el estallido de la crisis catalana. Por supuesto eso no arreglaría el estado del aparato político ni las tensiones territoriales, expresión española de la revuelta de la pequeña burguesía. Pero el capital nacional cumpliría sus principales objetivos para enfrentar la crisis y en ese marco la inestabilidad política puede parecerle cuando menos «manejable» si no sale demasiado de los límites actuales. Es decir, si no aparece un movimiento de luchas y huelgas con potencialidad.

Lo interesante es que en este «salto adelante» de Sánchez ha descubierto sus cartas. A falta de una hoja de ruta, tendría, según la prensa, una brújula: «racionalización». Evidentemente no existe «racionalización» en general. Las cosas se «racionalizan» según alguna «razón» en particular de entre todas las que están en conflicto. Y hoy hay fundamentalmente dos: la de la ‎acumulación‎ y la de las ‎ necesidades humanas‎. En el gobierno tienen claro cual es la suya: «reducir gastos que se han detectado como inútiles para relanzar la economía». Así que, tras el ataque que viene, no cabe esperar de este gobierno -y de cualquier otro- otra cosa que un infinito rosario de «recortes» y «sacrificios».