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El despliegue del acuerdo entre Argentina y el FMI, que se está definiendo ahora, está cada vez más cerca de convertirse en un verdadero plan de rescate del capital nacional... a cuenta de medidas draconianas que reducirán la capacidad de compra de los salarios en no menos de un 30%. Todo en un país donde ya hoy casi un tercio de los trabajadores no pueden comprar la cesta básica vital con los ingresos que les proporciona su trabajo.

El acuerdo entre Argentina y el FMI

El acuerdo aprobado por el FMI para el pago de la deuda argentina es un plan de succión de rentas y reducción de los costes generales de explotación de la fuerza de trabajo de manual.

Los objetivos y los medios

1 El gobierno se compromete a obtener un superavit fiscal (recaudar más de lo que gasta) a partir de 2025 mientras mantiene a la economía (=acumulación) en un crecimiento acelerado entre el 3,5 y el 4.5% anual...

Todo ésto sin recurrir al gasto público ni al endeudamiento: la financiación del Banco Central al estado se reducirá drásticamente este año y estará en cero antes de 2024.

2 Política monetaria recesiva: tipos de interés por encima de la inflación para asegurar que los capitales tienen incentivos para quedarse en el país en vez de buscar inversiones fuera (como corresponde a la ausencia de sectores productivos exportadores más allá del sector primario, un rasgo clásico de los países semicoloniales).

El impacto directo sobre los trabajadores

1 El gastar menos, ingresar más habitual de los planes del FMI no es otra cosa que una reducción brutal de los costes generales de explotación de la fuerza de trabajo. Pero incluso los costes que la clase dirigente sigue mutualizando en el estado se reestructuran.

Que nadie piense en nada parecido a un «colchón social» que haga menos duro el golpe, al revés: el porcentaje de gasto público dedicado a inversiones estructurales que reducen los costes de operación de las empresas (carreteras, gasoductos, redes eléctricas, etc.) se duplicará... a costa de programas sociales.

2 El estado meterá tijera brusca a los subsidios al gas, la electricidad y el agua. Para la mitad de la clase trabajadora argentina eso supone un aumento del 200% en sus facturas básicas. Para el resto habrá un aumento medio del 45% en las facturas luz y gas. Incluso para los beneficiarios de la tarifa social, el alza será del 22%.

Pero no solo va de gastar menos, va de ingresar más. Así que como uno de los objetivos es que aumente la recaudación de impuestos, la ideaza del FMI y el equipo económico del gobierno consiste en actualizar el catastro y poner un nuevo impuesto a la vivienda que, cómo la vivienda misma, supondrá un impacto mayor sobre las rentas del trabajo que sobre los ingresos de las clases «pudientes».

Lo que no se reconoce abiertamente pero es inevitable: Reforma laboral y previsional (pensiones)

Oficialmente el acuerdo con el FMI no incluye ninguna exigencia de reforma laboral ni previsional. Sin embargo, el gasto en pensiones y planes sociales representa hoy el 66,6% del presupuesto estatal, por lo que los objetivos de reducción del gasto público son inalcanzables sin ambas.

Y el impacto sólo puede ser masivo y concentrado en los trabajadores porque buena parte de las rentas que reciben los trabajadores con menos ingresos y prácticamente todos los jubilados se canalizan a través del estado. 28 millones de trabajadores activos, jubilados o incapacitados, recibieron algún tipo de pensión, ayuda o transferencia desde el estado el año pasado.

Al parecer los estudios encargados por los partidos coinciden en una serie de puntos sobre las reformas a emprender. Los más significativos: reducción del coste de despido unida a una versión propia de la mochila austriaca para que su pago no dañe la tesorería de las empresas, una reducción general de jornada con bajada pareja de salarios y nuevas restricciones que apuntalen el monopolio sindical para convocar huelgas y negociar convenios.

En segundo plano: introducción de la «jornada dinámica» y reconsideración de los tiempos de descanso de los trabajadores para adecuarlos a las necesidades de las empresas; incremento de las multas al trabajo informal y nuevos contratos de trabajo -más baratos- para las pymes.

¿Imposición o acuerdo?

Como es habitual, la izquierda kirschnerista y el trotskostalinismo están jugando a desmarcarse del acuerdo presentándolo como una imposición extranjera al capital nacional. La base de esta divisoria es la tradicional:

La burguesía y la pequeña burguesía industrial temen, con razón, que el acuerdo con el FMI reduzca el sustento estatal a las empresas industriales, mantenidas artificialmente con compras públicas y protección frente a las importaciones. [...] Esta oposición de intereses es la que reproducen -no siempre mecánicamente- las divisorias que atraviesan al frente gubernamental y la oposición. También las alianzas «inesperadas» entre grupos oficialistas y opositores que sirven para sacar adelante presupuestos y leyes clave.

Argentina, el FMI y los trabajadores, 18/1/2022

Sin embargo, con el acuerdo encima de la mesa, la cosa cambia y un juego más amplio ocupa el espacio. La verdad es que es el acuerdo con el FMI es una verdadera «Carta a los Reyes Magos» de la burguesía corporativa y financiera argentina. El programa que el capital nacional lleva proponiendo desde hace años.

Y evidentemente supondrá costes y «sacrificios» para la pequeña burguesía industrial y comercial, tradicionalmente subvencionada y protegida. Pero ésta, además de contratos laborales más baratos con «horarios flexibles» y licitaciones puntuales, se verá con herramientas para apretar aun más a la baja los salarios y mantener o aumentar productividad en términos de ganancia.

De este modo, conforme se despliegan sus consecuencias, el acuerdo con el FMI se acerca cada vez más a convertirse en un plan de conjunto para toda la burguesía argentina, sea pequeña o grande, esté orientada al mercado interior o al exterior. Lo que no quita que esa negociación interna se de «a cara de perro» y que pueda tener momentos de tensión.

Pero hasta ahora cuando esas tensiones amenazaron poner en cuestión no ya la unidad de la clase dirigente, sino la coalición peronista en el gobierno, al presidente Fernández le bastó subir la tensión verbal con la derecha macrista para conjurar el peligro. Algo a lo que el kirschnerismo y su izquierda siempre se apuntan, como vimos esta semana con los debates sobre la ley de amnistía fiscal preparada por su bancada parlamentaria.

¿Dónde está el problema de la burguesía argentina?

Conforme el conjunto de la burguesía «comienza a verse» en el acuerdo, queda claro que su problema no es un inexistente dilema entre inserción internacional e independencia nacional. Su principal reto es que su aparato político está demasiado desgastado como para aguantar un «ajuste» como el que el acuerdo implica sin arriesgarse a una contestación generalizada.

Este riesgo se multiplica por su incapacidad a la hora de enfrentar una inflación que ahora no sólo se alimenta de la situación del capital argentino en el mercado global sino de las consecuencias de la guerra en Ucrania y la reorganización de la división internacional del trabajo.

De hecho, las mismas bases del acuerdo no acaban de cuadrar. Como el mismo gobierno Fernández reconoce, la posibilidad de sostenerse sobre la financiación interna depende de la inflación. Y ya ha anticipado que no cumplirá este año el objetivo pactado con el FMI.

Mantenerse en el terreno que marca el acuerdo, como si fuera posible una salida nacional a la inflación imponiendo un «Pacto de Rentas» solo supondría multiplicar y adelantar la ofensiva contra las condiciones de vida de los trabajadores. Todo en un marco en el que el conflicto con la gasera estatal de Bolivia y la situación internacional bien pueden conjurarse para producir desabastecimiento energético básico.

Y aquí es donde las contradicciones económicas se tornan problemas políticos para la clase dirigente. El mismo Alberto Fernández parece cada vez más superado por «los diablos» de la inflación y poco armado políticamente para dedicar los dos años que quedan de su presidencia a imponer un ajuste draconiano.

La jugada típica sería convocar elecciones y enfrentar el ajuste con la «legitimidad» de un gobierno recién electo, claramente alineado con el acuerdo con el FMI y bendecido por el ritual electoral. Pero todas las posibles coaliciones alternativas a la alianza Alberto-Cristina parecen estallar. Y «aguantar» dos años más sin el plan de choque que va parejo al acuerdo es inviable para un capital nacional que necesita más el «ajuste» que el FMI.

De hecho, el principal reto del gobierno a día de hoy es que no tiene capacidad siquiera para financiarse de urgencia subiendo las rentenciones a las exportaciones agrarias sin levantar en su contra a la gran burguesía agroexportadora que, para rematar, cada vez tienen más miedo a verse sin gasoil ni etanol suficiente como para hacer la cosecha.

La debilidad del gobierno y el nerviosismo de los sectores más autoritarios del capital -los ligados a las exportaciones agrarias y mineras- es la que está dando aire al ascenso de una extrema derecha cuya plaza fuerte original era sin embargo urbana y capitalina.

En ausencia de un movimiento de clase independiente no hay duda de que seguirá creciendo y ofreciéndose cada vez más abiertamente como fuerza represora de los trabajadores. La presentación por Milei del «movimiento antipiquetero», un grupo dedicado al monitoreo digital y la denuncia de los cortes de rutas y los que tomen parte en sus actividades, puede parecer folklórico e irrelevante, pero marca un salto de nivel en la beligerancia anti-obrera de la pequeña burguesía porteña.

La perspectiva para los trabajadores

El Indec anunció ayer la tasa de pobreza. Cayó ligeramente a finales de 2021, pero la inflación hizo su trabajo después y la succión de rentas hacia el capital hará que vuelva a superar el 40%. La publicación simultánea de los índices de pobreza laboral -los trabajadores cuyos salarios no dan para cubrir la cesta básica- culminó el cuadro: del 17,6% de 2010 hemos pasado al 28,2%, la cifra actual, un récord absoluto. Y entre los trabajadores más precarizados, los que sufren el «subempleo inestable» de las changas, esta pobreza laboral severa afectó al 58,2%.

Es decir, el punto de partida es que cerca de un tercio de los trabajadores no puede satisfacer las necesidades básicas con su salario.

Ahora sumemos el golpe de la inflación redoblado por la reducción de salarios reales propia de las políticas anti-inflacionarias. Y a eso la reducción brusca de coberturas sociales, la subida brutal de las tarifas de la energía y el agua y el efecto de los impuestos. Añadamos que el abaratamiento del despido tiende a concentrar los salarios en torno al mínimo y que las pensiones, erosionadas ya por la inflación, van a recortarse directamente.

La situación es grave. Tanto más cuanto que Argentina está pasando de la periferia al centro del mapa de conflictos imperialistas. Y sobre todo, porque los trabajadores no acaban de encontrar una salida al sabotaje permanente de la izquierda y los sindicatos a sus luchas. Es todavía una situación abierta, pero urge organizarse.