Communia

Empieza el juicio del «procés» con la cobertura obsesiva de una boda real o una olimpiada. El plan parece ser llevarnos a vivir informativamente durante las próximas semanas a una sala del Supremo y bombardearnos con detalles y menudencias jurídicas hasta que el marco desde el que el problema se aborda por el estado nos quede bien tatuado a todos. Pero hay algunas cosas que no debemos olvidar.

Todo juicio, en la medida en que parte de la afirmación del ‎estado‎ como elemento por encima de los intereses en conflicto, es político. Más en este caso, donde no dirime un mero problema de distribución de competencias entre dos aparatos de sí mismo. El referendum del 1-O fue parte de una estrategia que, seguida de la fracasada «huelga nacional» del día 3 y la declaración «fake» de independencia pretendían hacer aceptar al estado la viabilidad de su propia disolución en dos estados nacionales. Evidentemente eso era y es «política»: clases en conflicto dirimiendo sus diferencias a base de movilizar todos los recursos a su alcance.

El «procés» expresa la ruptura de una gran parte de la pequeña burguesía catalana con un estado que gestionaba localmente y su determinación, en la batalla por obtener más rentas y privilegios que la salvaran de la crisis, para propiciar un conflicto violento en el que, poniendo nosotros el cuerpo, atrajera la intervención imperialista de otras potencias forzando la mano del estado y la burguesía española. Una perspectiva y unos objetivos que no solo no han cambiado sino que siguen siendo los mismos tras un año de demostrar su impotencia política.

Que el juicio sea la representación en el estado y por el estado de una crisis política entre dos facciones burguesas, no significa que quepa ninguna solidaridad con la parte encarcelada o juzgada. Por si su hincapié en construir y defender un capital nacional propio no bastara, dejan claro que el papel que nos adjudican ahí es el de carne de cañón y nada más. Nunca hubo más vía que «la eslovena», nunca hubo otro objetivo final que realizar un ataque directo a nuestras condiciones de vida y de trabajo para resarcirse de los efectos de la crisis aplastando nuestras necesidades en nombre de la «construcción nacional».

Y lo que hace a una bandera hace a la otra. El proceso al «procés», la detención de políticos, ahora su juicio... no es más que la demostración por el corazón del estado de su voluntad de mantener la cohesión de su propio aparato por vías disciplinarias y represivas. Cuanto más difícil le resulte a la burguesía española mantener la cohesión, más contundente, incluso violenta, será su reacción contra los que rompan sus propias filas. Tras la aplicación del 155 la burguesía española se da cuenta de que es la arquitectura territorial del régimen de 1978 la que se ha convertido, bajo las nuevas condiciones, en una palo en la rueda constante que necesita «reformar». A partir de ahí comienza un verdadero show de impotencia política con aroma a «fin de régimen» y momentos de colapso del aparato político que se lleva por delante a dos gobiernos y trastoca, hasta el momento, la renovación del sistema de partidos de la burguesía española. Ni por un momento los intereses de los trabajadores están presentes, ni podían estarlo, en toda esta estrategia de respuesta del estado al reto de la pequeña burguesía catalana. O mejor dicho, lo están... pero como objetivo a derrotar en el que todos compiten por demostrar que pueden hacerlo con menos escándalo que el candidato alternativo.

Si jugamos al poker nacionalista, bajo una bandera u otra, siempre perderemos. El juicio del procés es una batalla entre dos facciones que compiten por explotarnos más. Su interés común siempre pasará por dividirnos para conseguir hacerlo con la menor resistencia posible de nuestra parte.