Communia

Llegamos a fin de 2021 con la pandemia desbocada, los precios de la electricidad batiendo récords hasta en fin de semana y los medios económicos aplaudiendo la «barra libre para la temporalidad» en la que han acabado las promesas gubernamentales sobre la reforma laboral. La crisis del aparato político tampoco pierde el compás acelerado que han tomado los datos económicos: Ivan Redondo, que hasta julio fuera principal figura del gobierno, es ahora su trol oficial y la revuelta electoral de la pequeña burguesía periférica se extiende ahora al conjunto de la «España Vaciada». Todo viene con fecha de caducidad en 2022 dando por hecho un adelanto electoral antes de noviembre.

Las contradicciones entre la burguesía española y la pequeña burguesía

El año comenzó con nuevas movilizaciones de agricultores. La reforma de la PAC, otra cara del Pacto Verde, fue el detonante.

Según las organizaciones de agricultores andaluces el total de ayudas que cobrarían pasaría de 1.500 a poco más de 900 millones. La causa: la explotación media andaluza tiene 17,5 hectáreas y se dedica al cultivo intensivo. La media española tiene, por contra 50 hectáreas. La adaptación española de la reforma de la PAC, viene a agravar a la concentración, y por tanto la contradicción entre pequeños y grandes capitales, y entre regiones de pequeña propiedad intensiva y regiones de gran propiedad extensiva.

La PAC del Pacto Verde y la nueva revuelta de los agricultores andaluces, 27 de enero

Era la primera expresión de cómo las contradicciones del capital se trasladaban al interior de una pequeña burguesía cada vez más agitada.

Para recuperar rentabilidad el capital necesita ante todo extraer rentas del trabajo, pero también encontrar nuevas aplicaciones rentables en las que colocarse. Es decir, no solo necesita atacar a los trabajadores, sino concentrar la propiedad y los negocios de la misma pequeña burguesía a la necesita políticamente para articular el ataque sobre las condiciones de vida de los trabajadores.

La revuelta de la pequeña burguesía vuelve a ponerse en marcha, 25 de mayo

El gobierno, mientras tanto centro toda su estrategia de contención de la pequeña burguesía en repetir en Cataluña la «Operación Arrimadas» de 2017 con el hasta entonces ministro Illa -responsable de la escasez de medidas Covid- como talismán. No podía ponerse más sobre la mesa para obtener un nuevo «día de la marmota» catalana.

El PSC-PSOE solo consiguió heredar parcialmente el encuadramiento electoral que había obtenido en su día la operación Arrimadas. Vox se llevó un buen mordisco. Y la abstención dio por primera vez más del 50% de los votos al bloque independentista, que por otro lado obtuvo una amplia mayoría absoluta en escaños y pasó a estar liderado por ERC, el partido histórico de la pequeña burguesía separatista catalana, ahora independentista. [...]

La aceleración de la crisis económica ha revivido y revivirá una y otra vez la revuelta de la pequeña burguesía independentista. La magia electoral no va a cambiar eso. Tampoco es un fenómeno exclusivamente catalán. Muy por el contrario, basta mirar la composición del parlamento para constatar que en toda España la revuelta de la pequeña burguesía tiene una tendencia indudable a expresarse como problema territorial.

El resultado es una crisis permanente del aparato político de la burguesía española que Sánchez capea, en mitad de la peor crisis capitalista de la historia, con alianzas absurdas que desacreditan aun más sus propios discursos: los presupuestos generales del estado los saca con ERC y PNV, los fondos europeos... con el apoyo pasivo de Vox y con Sánchez alabando el sentido de estado de Abascal.

Necesitada de reencauzar la rebelión territorial y al mismo dependiente de sus expresiones parlamentarias, la burguesía española consigue a duras penas reforzar a los partidos de estado (PP y PSOE), pero no salir del día de la marmota. La operación Illa es el último ejemplo de la cortedad de sus ambiciones y la insuficiencia de sus logros. Por delante quedan nuevos episodios de crisis institucional y nuevas fracturas en el estado.

Elecciones catalanas 2021, 16 de febrero

A las elecciones siguió un interminable proceso de formación de gobierno entre los partidos independentistas que evidenció una vez más la gigantesca incompetencia de las expresiones políticas de la pequeña burguesía, inconducentes hasta para repartir cargos entre fieles y clientes.

Mientras tanto, aunque las elecciones en Madrid supusieron un paso de gigante hacia la «normalización» del aparato político de la burguesía española, al mismo tiempo propiciaron que Sánchez pisara el acelerador. Cuando por fin, apurando los plazos legales hasta el último minuto, los partidos independentistas en la Generalitat consiguieron un reparto a gusto de todos... Sánchez dió vía libre al famoso «diálogo» que condujo a los indultos de los líderes de la declaración de independencia fake de 2017.

El coste político de la medida, el inevitable olor a fin de ciclo que se destilaba desde las elecciones madrileñas y la salida de escena de Pablo Iglesias, el vértigo creado por la guerra fría con Marruecos y sus consecuencias sobre el abastecimiento energético y la impaciencia de una burguesía cada vez con más urgencias por empezar de una vez a succionar nuevas rentas del trabajo, propiciaron la crisis de gobierno de julio y la salida de Iván Redondo. Sánchez quería un reinicio para prepararse para un 2022 electoral entregando «reformas» a la burguesía y rentas a la pequeña burguesía.

Desde entonces, toda la estrategia de Sánchez frente a la pequeña burguesía regional ha consistido en ampliar gastos e inversiones estatales en Cataluña y visibilizarlo sin parar en la televisión pública... aun a pesar y en contra a veces del propio gobierno de la Generalitat, que consiguió -aun no se sabe si queriendo, sin querer o por pura incompentecia- abortar la ampliación del aeropuerto del Prat.

La paradoja de la sobre-visibilización de la «catalanización» y «euskaldunización» del presupuesto con la que Sánchez daba bálsamo sobre los rescoldos del procés y sus socios del PNV y Bildu, es que produjo una respuesta en otros territorios que promete reencauzar el conflicto con la pequeña burguesía regional hacia un terreno manejable por la burguesía española y su aparato político: la aparición de la «España Vaciada» como fuerza electoral.

De todas formas, más que resolver contradicciones, las aumenta y extiende a nuevos planos. Por un lado debilita al PP en sus «granjas de votos» de las regiones agrícolas de Castilla, Aragón e incluso Galicia, debilitando a uno de los dos grandes partidos de estado; por otro aumenta y da dimesión política a las contradicciones entre el gran capital y el campo, aceleradas de por sí con el Pacto Verde.

El entusiasmo por la aparición de esta nueva fuerza entre los medios no es inocente. Desde el punto de vista del estado, la emergencia de una fuerza de la «España Vaciada» significa llevar la revuelta pequeñoburguesa al cómodo terreno de las dotaciones presupuestarias, dejando al margen las exuberancias ideológicas y la vocación de ruptura del estado de nacionalistas e independentistas.

Pero para que eso se materialice de manera realmente operativa para los intereses del estado, el partido de la España Vaciada necesita algo más que rascar votos en las provincias del interior aprovechando el sistema electoral. Necesita poder erosionar la representación rural del nacionalismo catalán, tal vez incluso la del gallego y la de Vox al mismo tiempo.

Dicho de otra forma, necesita demostrarse más capaz que ninguna fuerza nacionalista -regional o españolista- para captar rentas y distribuirlas entre intereses que a día de hoy están ligados mayoritariamente a la pequeña propiedad agraria.

Pero el sector primario es el gran perdedor de la acumulación... y por eso, la pequeña propiedad está en el punto de mira del Pacto Verde. Dicho claramente: sin concentración de propiedades el capital no tiene cómo colocarse de forma rentable en la España Vaciada.

Si la burguesía española quiere utilizar a las expresiones políticas de la pequeña burguesía agraria bajo el discurso de la España Vaciada, o «suelta presa» en el campo -dificultando la competitividad del sector agroindustrial exportador- o se mete de cabeza en una nueva contradicción. Así que es más que posible que los que hoy acarician el lomo de los caciques provinciales animándoles a la aventura, mañana se lo partan si realmente se comportan como lo que aspiran a ser, el partido de la pequeña propiedad agraria.

La España Vaciada y la renovación del aparato político, 22 de noviembre

Contradicciones y derivas del imperialismo español en el Magreb

Toda la política de la burguesía española frente a la pequeña burguesía transparenta la debilidad de sus intereses imperialistas. Que el Pacto Verde se haya convertido en una escabechina para la pequeña propiedad agraria primero y para el comercio y la industria después es un buen reflejo de su debilidad en la UE: no sólo es que el fracaso de sus intereses imperialistas en Bruselas también salga en la factura, es que ni siquiera están en posición de revertir las consecuencias. Draghi definitivamente ha ocupado el lugar de «tercera pata» del eje franco-alemán que pretendía ocupar Sánchez.

Pero donde la fragilidad y debilidad del imperialismo español se ha demostrado más peligrosa ha sido en el Magreb. Ansioso por forzar la mano de la diplomacia española y obtener el reconocimiento de su dominio del Sáhara, el Majzen comenzó con una fuerte presión sobre las empresas españolas radicadas en Marruecos.

España y Marruecos llevan en un crescendo de tensiones imperialistas desde hace meses. En cuyo centro está el reconocimiento internacional del estatuto marroquí del Sáhara Occidental y en consecuencia las alianzas de España -y Alemania- con Argelia, rival regional más cercano de Rabat.

Los contratos gasísticos firmados por Sánchez con Argelia, inevitablemente fueron acompañados de una marcha atrás en la evolución de la posición española sobre el Sáhara, que tendía hacia el reconocimiento de la región como parte de Marruecos si el Majzen le daba un estatuto de autonomía. Marruecos respondió con la apertura de la vía de paso canaria desde el Sáhara, lo que produjo una verdadera crisis migratoria, que de paso le permitía liberar tensiones ante el paro masivo y el hambreo de los trabajdores de las maquilas de la región.

Tras el reconocimiento del Sáhara como parte de Marruecos por EEUU, Argelia hizo rebrotar a través del Polisario el conflicto armado y España maniobró para reanimar el papel de la ONU como parte de sus compromisos con Argel.

Para rematar, los servicios secretos marroquíes filtraron a la prensa que el gobierno español recogió y dio asistencia médica al dictador vitalicio de la fantasmal República Árabe Saharaui Democrática mantenida por Argelia a partir de los 150.000 refugiados/prisioneros que mantiene en su suelo bajo control del Polisario. Como era de esperar, la actitud de la burocracia del Majzen hacia el imperialismo español no podía sino empeorar.

La principal respuesta marroquí ha consistido en dejar que la crisis económica asfixiara a las empresas y capitales españoles en Marruecos cerrándoles el acceso a contratos y financiación pública. Pero, viendo la obstinación del ministerio de exteriores español, Rabat llevaba semanas advirtiendo de que estaba dispuesta a llegar más lejos

Ceuta no vive una «crisis migratoria», 18 de mayo.

Para Marruecos era casus belli que el gobierno español recogiera y diera asistencia médica al dictador vitalicio de la fantasmal República Árabe Saharaui Democrática mantenida por Argelia a partir de los 150.000 refugiados/prisioneros que mantiene en su suelo bajo control del Polisario. Así que llegó efectivamente más lejos, organizando con sus servicios secretos un simulacro de crisis migratoria en Ceuta...

La crisis, que duró 36 horas, dejó en evidencia la soledad del capital español en Europa, su distancia con EEUU y lo fácilmente que el conflicto externo podría traducirse en crisis política interna. Y sobre todo, abrió un periodo de guerra fría en el que España se iba a ver cada vez más pinzada entre Rabat y Argel en el conflicto cada vez más violento entre ambas potencias magrebíes.

Un conflicto que además suponía una cuenta atrás para España. Cortado el «Gasoducto del Magreb» como forma de presión de Argelia sobre Marruecos, España sólo podía suplir su déficit gasístico con envíos por barco, mucho más caros. Ponía así su parte a la subida de precios del gas en el peor momento: cuando el diseño especulativa del Pacto Verde europeo hecho por Bruselas animaba a Rusia a «cerrar el grifo» a Alemania y Europa Central elevando los precios globales.

Las consecuencias se ven ahora en la inflación y en el PIB. Desde los años 50 una manifestación de debilidad del imperialismo español no había producido un efecto tan inmediato y brutal sobre la acumulación y los planes del capital nacional.

El Pacto Verde y sus contradicciones

La crisis de precios del gas, de todas formas, sólo es un producto del frágil diseño del Pacto Verde europeo. Se ha ido de las manos a Bruselas y las burguesías europeas y, como hemos visto, en España se ha agravado por la debilidad imperialista de su burguesía. Pero estamos hablando de diferencias de grado. Desde enero preveíamos ya una subida significativa de los precios eléctricos.

La Transición energética está arrancando como una sobrecapitalización de la producción renovable menos eficiente -la solar, por ejemplo- que se traduce en cifras absurdas en las subastas de concesiones de parques fotovoltaicos y, por supuesto, en la bolsa. Es decir: aumenta el capital a rentabilizar y como está dedicado a la producción mediante los métodos menos eficientes, el coste del KW no puede sino aumentar.

Bajo el hielo, la normalización de lo inaceptable. 11 de enero

Cuando en mayo se anunciaba la nueva factura de la luz entre cantos del gobierno asegurando que reduciría la factura eléctrica de los hogares, pronosticábamos -a la vista de la evolución del mercado de CO2 que es el pilar fundamental del Pacto Verde- que «la subida de precios media oscilará entre el 10% y casi el 20%». Nos equivocamos obviamente, a estas alturas del año y pese a las promesas reiteradas luego por Sánchez, la factura media ha subido entre el 50 y el 100%.

La «tormenta perfecta» de la que hablaban los medios no era en realidad sino la combinación predecible y «espontánea» de la centralidad histórica del sector eléctrico para la burguesía española y las condiciones impuestas por el Pacto Verde como estrategia principal del conjunto de burguesías europeas para transferir rentas del trabajo al capital y reanimar la acumulación a nuestra costa. Era obvio que la pelea entre gobierno y eléctricas se iba a centrar solo en una parte menor de los beneficios extraordinarios... y que al final, tras cumplir con el paripé, el gobierno desistiría.

Por eso, en principio, la inflación, incluso con el pico debido a la jugada especulativa rusa con el gas, no preocupaba demasiado a la clase dirigente española. Estaba en lo previsto y así lo ha repetido el BCE hasta ayer mismo. La inflación se veía como un acelerador de la transferencia de rentas desde el trabajo que el capital exigía y por tanto algo «positivo».

Este movimiento de fondo se ve acelerado por una inflación -subida general del precio de los productos que venden las empresas- por encima de la subida de salarios. Inflación que además, ya se ha dado un buen mordisco a los ahorros de las familias trabajadoras. A nuestros efectos, los de la capacidad de compra de los salarios y los ahorros de los trabajadores, la inflación hoy es una extracción directa, un sablazo, el equivalente a la suma de una bajada de salarios y una multa sobre los ahorros.

Resultado: el coste de los trabajadores tanto en términos absolutos como en comparación con el valor de lo que producen, sigue bajando para las empresas, que así recuperan -a nuestra costa- rentabilidad, que es lo que se pretendía. «Así contratan más», nos dicen. Pero las consecuencias de transferir rentas del trabajo al capital van mucho más allá del impacto inmediato en el beneficio que las empresas ofrecen al capital invertido en ellas.

Pero aunque la inflación suponga una exacción de los trabajadores desde el capital, también es un arma de doble filo para las empresas: los costes industriales crecieron más de un 30% en octubre, mermando la famosa «competitividad internacional», es decir, la capacidad de vender más barato que los competidores en mercados internacionales.

Y sobre todo, atacar la capacidad de compra de los trabajadores directamente obliga a las familias trabajadoras que son el grueso de la población, a concentrar el gasto en bienes de primera necesidad... restando base de consumo al sector industrial y de servicios.

No es casualidad que pese a las «buenas cifras» la OCDE haya reducido la expectativa de crecimiento de la economía española -es decir la expectativa de la acumulación de capital- del 6,8% al 4,5% en 2021 y del 6,6 al 5,5% en 2022.

La recuperación ¿era ésto?, 7 de diciembre.

Pero el capital está tan decidido a hacer del Pacto Verde el pilar de su «reanimación», que todas las estrategias de la burguesía tanto a través de la UE -el programa «Fit for 55»- como en política doméstica pasan por su agravamiento y llegan hasta darse como objetivo cambiar la dieta, «demasiado proteica», de los trabajadores.

Lo que viene: la obligación de reformar la vivienda so pena de no poder pagar calefacción e impuestos por emisiones de la propia casa, el aumento de precios a la hora de comprar o alquilar una, convertir el cambio de coche en un riesgo para las cuentas familiares equivalente al que hasta ahora suponía comprar una casa... en fin, todo lo que el Pacto Verde trae de la mano, puede significar el camino de la «recuperación» para el capital invertido en construcción, especulación de suelo o automoción, pero sobre todo un ataque a las condiciones de vida de los trabajadores.

No es de extrañar la desilusión -en el sentido literal del término- de los trabajadores con la «recuperación» y el Pacto Verde: cuanto más se recupera la economía, menos capacidad de compra tenemos.

Para recuperar el ritmo de acumulación de capital, la capacidad de consumo -esto es, la capacidad de satisfacer necesidades- que permiten los salarios se reduce y reducirá cada vez más. Y consecuentemente, seguirá aumentando el porcentaje del pastel de la producción total que se queda el capital.

Por supuesto, eso produce «desigualdad». A día de hoy el 1% de la población acumula el 25% del patrimonio privado del país y el 10% más rico el 60% de las rentas. Y va a ir irremediablemente a más. Porque la recuperación del capital es, por definición, la reanimación de las rentas y patrimonios de la clase dirigente.

La recuperación ¿era ésto?, 7 de diciembre.

Reforma laboral, salario mínimo y ataque a las pensiones, los tres arietes del sanchismo

Pero si el Pacto Verde y sus consecuencias dan un marco global a las políticas que afectan directamente a los trabajadores, el gobierno Sánchez no ha renunciado a los tres arietes fundamentales que la burguesía española llevaba años planteando como vías principales para transferir rentas del trabajo a al capital, aumentando su rentabilidad.

Se trataba de «mostrar resultados positivos» mientras durase el efecto euforizante de los fondos europeos de recuperación, adelantar elecciones y ganar estabilidad para una nueval legislatura... dedicada a desarrollar «las reformas prometidas a Bruselas», que en realidad son los dos ejes de la vieja hoja de ruta del capital español: reforma laboral precarizadora y reducción de pensiones.

La idea original del gobierno Sánchez era aprobar en esta legislatura solo la parte que podía presentar como más aceptable ante los trabajadores, acompañada del impacto en empleo de los primeros grandes proyectos de los fondos de recuperación.

Un ejemplo de los proyectos en marcha que ilustra el porqué de esta estrategia y cómo conduce a elecciones anticipadas. Entre los planes españoles financiados con fondos europeos está el mayor parque fotovoltaico de Europa: 626 MW de generación y 220 millones de euros de inversión. Su promotor, Solaria, ha planificado crear 4.000 puestos de trabajo... durante la construcción. Pero en cuanto esta acabe... solo quedarán 50 trabajadores a cargo de las operaciones y mantenimiento. Para entonces, Sánchez espera haber tenido y ganado ya unas nuevas elecciones generales.

Pero no había tiempo. La crisis y el panorama general industrial, que refleja el incremento de tensiones imperialistas globales con problemas crecientes en abastecimientos, está quitando vuelo a «la recuperación». La nueva ola Covid amenaza con agravar los agregados, alimentar una nueva crisis de deuda y convertir a la pequeña burguesía de nuevo en morosa...

Así que el último cuatrimestre el gobierno sanchista, con su ministro «tecnócrata» de Seguridad Social a la cabeza , han apretado el acelerador contra las pensiones... aunque no del todo. Lo más duro sigue quedando para después de las elecciones cuando los fondos europeos se hayan consumido.

Como adelantamos, el ataque a las pensiones no iba a quedar en un aumento forzoso de la edad real de jubilación. Viene ahora un aumento de las cotizaciones y del tiempo de cómputo. Y por si fuera poco, se anuncia que el gobierno «está barajando varios instrumentos» más.

Nadie se engaña sobre el efecto del aumento del tiempo de cómputo. Según lo que el propio ministerio envió hace un año a Bruselas. «El efecto medio de calcular la pensión sobre un máximo de 35 años en lugar de 25 supondrá, a las pensiones comprendidas entre la mínima y la máxima, una reducción media de la pensión inicial del 6,3%».

El incremento de las cotizaciones se esconderá en la parte pagada por las empresas, pero con los costes de despido baratos vigentes, eso significa más incentivos para «rejuvenecer» plantillas sustituyendo trabajadores con trienios por nuevos contratos -de jóvenes y mayores- con el SMI.

Y si vamos a los trabajadores más precarios, los que están bajo el sistema de «autónomos» que les obliga a pagar sus propias cotizaciones, la subida de cotizaciones se traducirá en más trabajadores acogiéndose a los mínimos. Según el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA): «puede suponer una pérdida de la pensión entre un 10% y un 14%».

Salarios, despidos, pensiones… un ataque general e inmediato a las condiciones de vida y trabajo, 15 de noviembre

Pero la parte central del ataque recae en la hiper-promocionada -y bendita por el Papa- ministra «comunista» de trabajo y su falsa derogación de la Reforma laboral de Rajoy. Esta reforma es realmente estratégica para la burguesía española. No solo porque todo indica -y así lo anuncia hoy la prensa económica- que al final va a permitir mantener una temporalidad sangrante que el capital español exige, sino sobre todo porque mantendrá bajos los costes de despido.

Esto es fundamental para acelerar la sustitución de «trabajadores caros» por trabajadores baratos. No se trata de sustituir «viejos por jóvenes», los mismos despedidos cuando buscan un puesto nuevo se convierten ya en «baratos». Especialmente si han pasado mientras tanto, como la reforma quiere hacer obligatorio en caso de ERTE, por una formación en la nueva FP dual.

Y si la nueva FP está hecha a medida de esta sustitución de salarios vestida de rotación de trabajadores, la subida del salario mínimo está pensada para acelerarla y hacerla más tragable.

El resultado final, ya bien testado desde los tiempos de Rajoy, es conocido de todos: el total de los salarios pagados a los trabajadores cae, los salarios de los trabajadores se concentran en torno al salario mínimo y los ingresos de la pequeña burguesía corporativa y los dividendos suben. La redistribución de rentas a medida de los deseos del capital.

Los sindicatos y el sanchismo

Esta aceleración del ataque por todos los frentes contra las condiciones y la remuneración del trabajo está llevando a los sindicatos a una posición cada vez más descubierta. Que se alineen con cada paso regresivo de la reforma laboral pueden salvarlo con mohines y con el viejo cuento del mal mayor. Pero que pasen a «reivindicar» abiertamente bajadas de salarios reales «durante dos o tres años»... les deja literalmente con el culo al aire.

Por eso la huelga del metal en Cádiz se ha convertido en la más importante de 2021. Contenerla en el redil sindical dio pie a un ensayo de movilización general de discursos políticos y recursos mediáticos cara al futuro inmediato. Por eso lo que podemos aprender de ella y del papel que en ella jugaron los sindicatos y partidos de izquierda, es el principal por no decir el único avance que los trabajadores en España podemos llevarnos de 2021.

Este es el primero de nuestros balances de resumen del año 2021. Durante los próximos días publicaremos un análisis global de la evolución de huelgas y luchas y otro sobre la evolución de las tensiones imperialistas durante el pasado año, que permitirán entender mejor el sentido global de los principales temas tratados en este artículo.